Recientemente, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha abordado diversas acusaciones y revelaciones que vinculan al exmandatario Enrique Peña Nieto con controversias significativas, incluyendo el caso Ayotzinapa y movimientos financieros sospechosos. Estas informaciones han generado un debate público sobre la rendición de cuentas de expresidentes en México.
Acusaciones sobre la "Verdad Histórica" de Ayotzinapa
Luego de que Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), afirmó que el exmandatario Enrique Peña Nieto fue el que encabezó las reuniones donde se construyó la llamada “verdad histórica” por la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo desconocer esa información. En su conferencia mañanera, López Obrador afirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) puede llamar a Peña Nieto a declarar. “Si la Fiscalía considera que se puede y se debe, hay elementos para llamar a declarar al presidente Peña, depende de la Fiscalía hacerlo. Nada más que se me hace del señor Zerón muy truculento el que ahora esté echándole la culpa al presidente Peña”, declaró el Presidente.
López Obrador también se refirió a la situación de Tomás Zerón, señalando: “No conocía yo esa información, pero ayudaría mucho que él (Zerón) viniera a declarar y a asumir su responsabilidad porque tiene acusaciones de que él fue el que llevó a cabo actos de tortura, o él los coordinó a los torturadores para que declararan lo que le convenía al gobierno en ese entonces. Entonces si él recibió instrucciones como se indica en la declaración, que lo dé por escrito y que se entregue a la autoridad. El que nada debe, nada teme, ´para qué se va a Israel a protegerse”. El presidente insistió: “Que venga y lo ratifique en la Fiscalía”. Acusó que Israel protege a quienes son presuntamente responsables de actos de tortura y desaparición de jóvenes, además que no ha habido respuesta por la extradición de Tomás Zerón. En este contexto, el presidente López Obrador agregó: "No soy tapadera ni cómplice de nadie", al negar que su gobierno proteja a Enrique Peña Nieto. Previamente, se comentó que el exprocurador Jesús Murillo Karam “asumió la responsabilidad completa” y por eso se le procesó.
La declaración de Zerón se halla manifiesta en las respuestas a un cuestionario de 70 preguntas que respondió a petición de Alejandro Encinas, entonces subsecretario de Derechos Humanos y titular de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), como lo publicó EL UNIVERSAL. El cuestionario y sus respuestas se obtuvieron a través de una solicitud vía Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El documento entregado está rotulado con la leyenda “Anexo 4” y tiene por título “Cuestionario: Covaj”.
Investigación por Movimientos Financieros Sospechosos
Autoridades han informado que fiscales mexicanos están investigando a Enrique Peña Nieto en un caso relacionado con movimientos sospechosos de millones de dólares. Según los diarios de circulación nacional, esta noticia ha causado gran impacto, pues es un hecho inédito que México ponga bajo investigación a un expresidente. El periódico La Jornada tituló “Investigan a Peña y familia”. El Universal señaló “Investigan a Peña y familia: ¿su patrimonio es legal?”. Esta noticia, que fue dada a conocer en la conferencia mañanera del presidente de México, fue detallada por Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Se detectaron depósitos en el orden de 26 millones de dólares, más de 26 millones, en la siguiente forma:
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A continuación, se detalla la distribución de los depósitos detectados:
| Año | Monto (USD) | Descripción |
|---|---|---|
| 2019 | 16,000,000 | Operación específica |
| 2019 | 5,000,000 | |
| 2021 | 7,000,000 | |
| Total | > 26,000,000 | Depósitos detectados |
El titular de la UIF, Pablo Gómez, fundamentó esta investigación, señalando que "la denuncia siempre tiene operaciones así lo dice el código penal". Cuestionado al respecto, el presidente de México dijo que no se va a fabricar ningún delito pero tampoco se va a encubrir ningún hecho ilícito de ningún expresidente, incluso como él lo ha referido, ni siquiera de uno de sus familiares. Andrés Manuel López Obrador indicó que "es una investigación, es inteligencia financiera. Esto no significa ocultar nada, nada más actuar con responsabilidad y que también quede de manifiesto que nosotros no [encubrimos a] nadie."
Es importante señalar que este dinero, el recurso con el que cuenta el expresidente Enrique Peña Nieto, no está asegurado. Es decir, este recurso con el que cuenta el expresidente aún no ha sido asegurado por la Unidad de Inteligencia Financiera en México. Ellos lo que hacen es notificarlo a la Fiscalía General de la República y, en este sentido, cuando ellos determinen si hay o no delito es cuando las cuentas quedan confiscadas.
Contexto de la Presidencia de Enrique Peña Nieto
Durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, el estancamiento político y las acusaciones de control mediático fueron empeorando gradualmente, junto con la corrupción, el crimen y el narcotráfico en México. Las evaluaciones históricas y las tasas de aprobación de su presidencia han sido en su mayoría negativas. Los detractores destacan una serie de políticas fallidas y una presencia pública tensa.
En este periodo, también se hicieron evidentes otros escándalos y situaciones de violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, en 2011 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó la petición inicial hecha en 2008 por once mujeres víctimas de distintas conductas criminales en los hechos de Atenco. Luego de procesos jurídicos y de rechazar una «solución amistosa» propuesta por el gobierno de México, la comisión emitió un informe donde determinó que el gobierno de México en distintos niveles fue responsable de detenciones ilegales y arbitrarias, torturas físicas, psicológicas y sexuales, carencia de acceso a la justicia y otras violaciones a derechos humanos de las víctimas, y emitió una serie de recomendaciones, las cuales fueron desatendidas por el Estado mexicano.
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La postura y las declaraciones de Peña Nieto sobre el operativo policial en Atenco fueron cambiando con el paso del tiempo. En un primer momento, defendió el operativo calificándolo de «exitoso», argumentando: “Yo diría que, en términos generales, el saldo del operativo fue positivo, fue favorable, porque permitió alcanzar el objetivo, que era restablecer el orden. Ni la autoridad ni la población de Atenco podían ser rehenes de los intereses de un grupo que había violentado el Estado de Derecho. Hay que dar la dimensión al tema.” Sin embargo, ante el advenimiento de su campaña presidencial, Peña Nieto moderó el tono aceptando «excesos» pero hechos por policías a título individual. Afirmó: “Dejo muy en claro la firme determinación del gobierno de hacer respetar los derechos de la población del estado de México. Que cuando se vieron afectados por intereses particulares, tomé la decisión de emplear el uso de la fuerza pública para restablecer el orden y la paz, y que en el tema lamentablemente hubo incidentes que fueron debidamente sancionados y que los responsables de los hechos fueron consignados ante el poder judicial.”
La terrible violencia de Iguala, considerada la peor violación institucional de Derechos Humanos desde la matanza de Tlatelolco de 1968, mostró en toda su crudeza el grado de podredumbre de las estructuras de seguridad en las partes más conflictivas del país, donde millones de mexicanos se sentían desamparados por el Estado e incluso a merced de quienes decían ser sus representantes locales, pero que en realidad estaban conchabados con los narcos o cometían crímenes dignos de ellos.
En 2015 se dieron los primeros números en los que la opinión negativa del expresidente fue mayor a la positiva. En este tiempo ya se había dado a conocer el tema de la casa blanca y la desaparición forzada de estudiantes de Ayotzinapa. Los datos de noviembre de ese año indicaron que Peña Nieto cerraría su gobierno con 74 por ciento de desaprobación y 22 de aprobación. El ex presidente ha mantenido desde entonces un perfil discreto, con escasas apariciones públicas y sin actividades profesionales conocidas. Sin embargo, ha afrontado señalamientos e investigaciones judiciales por actos de corrupción presuntamente cometidos durante su Administración, en particular los enmarcados en el escándalo de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
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