La elección presidencial de 2018 en México representó la pugna de dos proyectos de nación completamente antagónicos. Mientras uno de los proyectos políticos apostaba por la preservación del status quo, el otro apostaba por la renovación del Estado social y una supuesta refundación moral del país; finalmente el resultado fue que el proyecto de la renovación salió victorioso. Un tema en el que todas las facciones políticas parecían estar de acuerdo era la postura de no elevar la carga tributaria, pese a que muchas de las promesas invariablemente requerían de un mayor gasto público.
Los dirigentes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) expresaron públicamente que ellos no aumentarían los impuestos, pues todo se podría financiar con el combate a la corrupción. La administración de Andrés Manuel López Obrador ha puesto en el centro de su discurso y política la confianza en el ciudadano y el combate a la corrupción como ejes para mejorar la recaudación fiscal, lo que se ha manifestado en diversas propuestas y esquemas implementados.
La Propuesta Original de Confianza y Simplificación Fiscal
Desde antes de asumir la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, declaró frente a empresarios su visión de una fiscalización basada en la confianza. Ante 1,900 empresarios de la Cámara de la Industria de Transformación (Caintra) de Nuevo León, el entonces presidente electo aseveró que durante el primer año de gobierno no llevaría a cabo ninguna reforma fiscal, sino que esta la emprendería al ganarse la confianza de la ciudadanía. El objetivo sería no solo la simplificación, sino también confiar en el contribuyente y no verlo como un delincuente en potencia, sino como un ciudadano responsable.
El mandatario planteó la posibilidad de un sistema donde los ciudadanos hicieran una manifestación anual de ingresos y contribuciones, y que, partiendo de esa confianza, no se requerirían aparatos fiscales para perseguir a los contribuyentes. En cambio, se realizaría “una especie de sorteo para hacer una indagatoria en su momento” y, en caso de falsedad, se aplicaría la ley. Reiteró que en todo su gobierno, y particularmente en la Ley de Ingresos para 2019, no habría aumento de impuestos ni nuevos, ni tampoco incremento al precio de la gasolina.
El político tabasqueño planteó a los empresarios esperar a que los ciudadanos confíen en su gobierno para llevar a cabo esa reforma, tendiente a simplificar las declaraciones de impuestos y, si se podía, reducir las tasas de impuestos. “Que se mantenga el mismo marco legal, en lo fiscal, y que después llevemos a cabo una reforma. Vamos primero a acreditar el gobierno, a que funcione, porque no todo tiene que ver con las leyes; el problema es que no se cumple. No todo es el marco legal, es el recto proceder de los buenos gobernantes”, aseveró López Obrador. Se consideró la posibilidad de reducir las tasas de impuestos si esto significaba apoyar el crecimiento económico y crear empleos, tema que se analizaría en su momento.
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El 26 de febrero de 2020, se abrió formalmente en línea el Padrón de Confianza Ciudadana, diseñado para proteger a los contribuyentes de prácticas corruptas en la supervisión de sus negocios. Este procedimiento importante, que parte de la confianza, requeriría que las autoridades a cargo de inspecciones de excepción registraran tanto las inspecciones como a sus inspectores en el sistema.
Opiniones de Expertos sobre la Fiscalización por Sorteo
Las propuestas de fiscalización basadas en sorteos generaron debate entre especialistas. Manuel Baltazar Mancilla, director general de México Fiscal, aseveró que hacer auditorías por medio de un sorteo podría resultar un poco riesgoso. Esto se debe a que se podrían gastar recursos en auditorías que no dejen recaudación al fisco, mientras que contribuyentes que sí adeudan queden sin pagar. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya cuenta con un procedimiento informático y una metodología para cruzar información y saber qué contribuyentes son más riesgosos que otros. Los recursos de auditoría son limitados, por lo que el SAT enfoca las revisiones a contribuyentes que en verdad tengan errores que permitan una recaudación adicional. Gastar presupuesto en contribuyentes que sí cumplen, pero salen sorteados para la auditoría, mientras que otros podrían pasar años sin ser auditados y cumplir adecuadamente con sus obligaciones, podría ser un error.
Por su parte, Carlos Cárdenas, expresidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), refirió que desmontar los aparatos de fiscalización actuales sería llevar a bajo todos los avances que ha tenido el SAT, como lo es la factura electrónica. Asimismo, aseveró que realizar auditorías solo por medio de sorteos, sin un análisis de riesgo del contribuyente, incluso podría generar una mayor evasión fiscal en el país, algo que las autoridades justo combaten con la fiscalización.
Acciones y Estrategias del Gobierno en Fiscalización
A pesar de las propuestas iniciales de sorteo, el gobierno de AMLO implementó un enfoque diferente para la fiscalización, centrado en los grandes contribuyentes. Apenas en el segundo año de su gobierno, grandes contribuyentes como Walmart, América Móvil, BBVA México, Grupo Modelo, IBM, FEMSA, Grupo BAL y Grupo Salinas, se acercaron para ponerse al corriente con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Nunca antes un gobierno se había concentrado en fiscalizar a las compañías con ingresos superiores a los 1,250 millones de pesos al año. Además, desde el primer año de la administración, se rompió con la tradición de brindar amnistía fiscal a los grandes contribuyentes cada inicio de sexenio.
La estrategia principal llegó con el Plan Maestro de Fiscalización y Recaudación, implementado por el SAT desde 2020, enfocado especialmente en grandes contribuyentes. Este plan radica en revisar la contabilidad de las empresas, realizar auditorías a sectores específicos como el automotriz, de bebidas alcohólicas, comercio mayorista y minorista, y la publicación de tasas efectivamente pagadas por las empresas para establecer porcentajes mínimos de pago de impuestos. El plan, que se extendió a las operaciones de comercio exterior en 2022, ha generado importantes recursos para las arcas públicas.
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El actual gobierno recibió una administración tributaria modernizada con una serie de dispositivos tecnológicos a disposición del contribuyente, como declaraciones prellenadas y el buzón tributario. Esto permite al fisco crear perfiles de riesgo, hacer análisis y discriminación de datos para determinar un costo-beneficio. La emisión de facturas electrónicas, iniciada en 2002, ha proporcionado a la autoridad un cúmulo de información para su análisis, facilitando la identificación de omisiones. Estas herramientas permitieron, bajo la dirección de Margarita Torres Fajat (2018-2019) y posteriormente Raquel Buenrostro (2020-2022) en el SAT, identificar grandes contribuyentes con adeudos.
Régimen Simplificado de Confianza (RESICO): Un Nuevo Enfoque
Como parte de las estrategias para simplificar el cumplimiento fiscal y fomentar la confianza, se introdujo el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO). A partir de 2022, las personas físicas en este nuevo esquema están obligadas a pagar entre el 1% y el 2.5% de sus ingresos, utilizando como base los ingresos facturados y cobrados. Esto permite disminuir la labor contable del contribuyente sin requerir apoyo de terceras personas. Sin embargo, debido a estas pequeñas tasas de pago de ISR, los contribuyentes bajo este régimen no pueden deducir ningún tipo de gasto. En cuanto a las personas morales, pueden integrarse aquellas empresas con ingresos anuales menores a 35 millones de pesos cuyos socios sean personas físicas.
Resultados de la Fiscalización y la Recaudación
Los esfuerzos de fiscalización han mostrado un crecimiento significativo en la recaudación. El mandatario mostró cifras que indican que la recaudación de impuestos ha crecido, por ejemplo, un 10.6% respecto a 2022 en un periodo determinado, pasando de 3 billones 457 mil 739 millones de pesos a 4 billones 38 mil 294 millones. La fiscalización a grandes contribuyentes generó 2.3 billones de pesos al erario público en 2023, en comparación con 1.5 billones en 2018, el último año de la administración pasada.
Al cierre de 2023, como resultado de los esfuerzos para la regularización por auditoría y la eficiencia recaudatoria, se alcanzó un monto de 757,155 millones de pesos. Esto representó 140,874 millones más que en el mismo periodo de 2022, implicando un incremento en términos reales del 16.4%. Respecto a 2018, se ha presentado un incremento de 477,508 millones en términos nominales, lo que implica un incremento en términos reales del 110%. De 2018 a 2023, la recaudación de impuestos creció 47.50%, principalmente impulsada por el Impuesto Sobre la Renta (ISR) que creció 50.5%.
El titular de Hacienda comentó que los efectos de acciones como la eliminación de la compensación universal, la catalogación como delito del fraude fiscal y la eliminación de condonaciones a grandes contribuyentes han demostrado que es posible incrementar los ingresos tributarios sin aumentar ni crear nuevos impuestos. En promedio, en los primeros cinco años de gobierno, los ingresos tributarios representaron el 13.42% del PIB, mientras que en los primeros cinco del sexenio anterior, el promedio fue de 11.46%.
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De enero a junio de un año reciente, se realizaron 32,428 auditorías, 59.7% menos que las realizadas en el mismo periodo de 2017. No obstante, se recaudaron 86,269 millones de pesos, un monto mayor en 9,564 millones a lo obtenido en el primer semestre del año anterior. La rentabilidad promedio de la fiscalización fue de 53.6 pesos, es decir, el retorno por cada peso invertido en fiscalización.
A continuación, se presenta un resumen de los resultados de la fiscalización durante el periodo de gobierno:
| Concepto | Datos Relevantes |
|---|---|
| Recaudación de Grandes Contribuyentes (2023 vs 2018) | 2.3 billones MXN en 2023, frente a 1.5 billones MXN en 2018. |
| Monto de Regularización por Auditoría (Cierre 2023) | 757,155 millones MXN, un incremento real del 16.4% respecto a 2022 y 110% real respecto a 2018. |
| Crecimiento de Ingresos Tributarios Totales (2018-2023) | 47.50%, impulsado principalmente por el ISR (+50.5%). |
| Ingresos Tributarios como % del PIB (Promedio primeros 5 años) | 13.42% en el actual gobierno, frente a 11.46% en el sexenio anterior. |
| Rentabilidad Promedio de Fiscalización (Enero-Junio) | 53.6 pesos por cada peso invertido. |
Nota: Los datos se basan en la información proporcionada en el borrador de la artículo.
El Contexto de la Reforma Fiscal en México y la Percepción Ciudadana
La situación fiscal en México muestra la urgencia de una reforma tributaria para que el Estado obtenga mayores ingresos y expanda su rango de acción política. De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2019a), México es el país de la organización que menos recauda en relación con la riqueza generada, con apenas 16.2% de su PIB. Incluso, comparado con otros países de América Latina y el Caribe, la recaudación de México es notablemente menor que la gran mayoría. Además, a nivel local, la recaudación del impuesto predial y la de estados y municipios están muy por debajo del promedio de la OCDE.
México ha postergado una verdadera reforma fiscal durante décadas. La literatura especializada indica que las razones por las que los mexicanos no pagan impuestos giran, entre otras cosas, al desconocimiento, a la complejidad burocrática, a la permisividad institucional y a que las autoridades alcanzan únicamente a los trabajadores formales. La explicación se remonta a décadas de experiencia negativa en la gestión pública con altos índices de corrupción y poca eficiencia en el gasto, así como por falta de transparencia y rendición de cuentas. Esta mala percepción ha impactado la disposición de los ciudadanos para pagar impuestos. Un ejemplo de la desconfianza ciudadana fue citado por el presidente, quien mencionó que “ahí trató de justificar a quienes no pagan impuestos o se resisten a pagar impuestos, diciendo, palabras más palabras menos, que si no se pagan los impuestos es porque hay desconfianza en el gobierno”.
Este escenario contrasta con otros países donde, a pesar de tasas tributarias más pesadas, existe una mayor disposición a pagar impuestos para mejorar los servicios del Estado. Históricamente, el pacto implícito entre la élite económica y el poder político frenó cualquier intento de reforma fiscal que representara un agravio a sus intereses, y la transición política del 2000 hizo aún más pronunciada la cooptación del Estado por parte de los poderes fácticos que se resistieron a una reforma que les obligara a aumentar la tributación.
La Lucha contra la Corrupción y la Percepción Ciudadana en la 4T
Si bien la percepción negativa de los ciudadanos sobre los impuestos en México ha tenido su origen en el gasto irresponsable y la corrupción, el cambio de gobierno en 2018 planteó la pregunta de si los mexicanos mantendrían esta percepción. Esto se debe a que AMLO ha hecho de la lucha contra la corrupción una de sus principales banderas políticas, y la percepción de los mexicanos en este tema parece ser más favorable que en el pasado. De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2019 (IPC) de Transparencia Internacional (2020), México apareció en el lugar 130 de 180 países analizados, un avance de ocho lugares respecto a 2018.
El mandatario ha emprendido una agresiva política de austeridad, ahora convertida en Ley Federal de Austeridad Republicana, que, entre otras cosas, limita el fenómeno de “puertas giratorias” y prohíbe la contratación de seguros médicos privados con recursos públicos. De igual forma, ha cancelado grandes proyectos de infraestructura y ha puesto topes salariales a los gobernantes. Dado que las acciones del presidente tocan directamente las causas principales que originan la mala percepción de los impuestos, surge la pregunta de qué piensan los mexicanos de los impuestos en la era de la Cuarta Transformación (4T).
Desafíos Fiscales y el Gasto Público Creciente
A la sombra de los esfuerzos por recaudar más, las necesidades del gasto público han crecido. Desde 2008, el dinero que gasta el sector público es mayor a los ingresos que llegan a las arcas públicas. En 2022 y 2023 se registró la brecha entre ingresos y gasto más grande desde 2014, y para el cierre de este año, Hacienda espera que llegue al 5% del PIB, el nivel más alto registrado.
A pesar de los recortes, hubo un incremento en algunos gastos, especialmente las transferencias y subsidios por programas sociales como el de adultos mayores, que creció sin tener una fuente de financiamiento prevista. La Pensión del Bienestar para Adultos Mayores, por ejemplo, pasó de 100,000 millones de pesos en 2019 a 465,048 millones aprobados para 2024. Sumado a las pensiones vitalicias, ambos conceptos absorben el 21% del gasto neto en 2024, frente al 17% en 2019. Grandes proyectos de infraestructura como el Tren Maya, AIFA y la Refinería Olmeca tuvieron un sobrecosto significativo, representando un gasto considerable.
La política de austeridad ha sido selectiva, beneficiando a algunos ramos administrativos con mayores asignaciones de recursos. El gasto público neto se incrementó 20.5% de 2018 a 2024, mientras los ingresos totales aumentaron 14.4%, compensándose con un incremento del endeudamiento del 158.5%. El problema de incrementar gastos sin garantías de ingresos extras para programas prioritarios se resuelve jalando recursos de otros rubros, completando el gasto con deuda e ingresos no recurrentes, como la extinción de fideicomisos para programas sociales, lo que no es meramente redituable para la economía.
Los ingresos petroleros reportaron sus niveles más bajos respecto al PIB y al gasto público en 2020 y 2023, y se esperan peores índices para 2025. Hacienda prevé un recorte sustancial al Presupuesto de 2025, cercano al medio billón de pesos, aunque se proponen incrementos para los 70 programas prioritarios del actual gobierno. Los especialistas consideran que la próxima administración federal tendrá que aumentar las fuentes de ingresos y realizar una revisión minuciosa del gasto público para hacerlo más eficiente. “Ya es momento de una reforma fiscal, que no se ha dado en los últimos siete años”, se afirma, pues la aparición de nuevas tecnologías obliga a modernizarse en materia tributaria.
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