El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, hará obligatorio que líderes sindicales, partidistas y de asociaciones civiles que reciban recursos del gobierno transparenten sus declaraciones patrimoniales y las hagan públicas. Aun cuando recientemente declaró que habrá respeto hacia los sindicatos, el tabasqueño contempla una reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con el fin de crear una ley federal de combate a los conflictos de intereses.
Alcance de la Nueva Obligación de Transparencia
De acuerdo con el proyecto del presidente electo, al que El Universal tuvo acceso, en esta ley se establecerá un sistema universal de declaración patrimonial y declaración jurada al que tendrán que someterse todos los funcionarios. Esta obligación aplicará a una amplia gama de actores en la esfera pública y organizaciones que manejan fondos gubernamentales.
Sujetos Obligados a Declarar
- Representantes populares.
- Jueces y magistrados.
- Militantes y funcionarios de partidos políticos.
- Líderes y miembros de sindicatos.
- Miembros de asociaciones civiles.
- Cualquier otra persona física o moral que utilice, recaude, resguarde, gestione dinero o que asuma obligaciones públicas y de naturaleza pecuniaria en nombre del gobierno de la República, indica la propuesta.
Objetivos Fundamentales de la Reforma
El objetivo de los cambios a la ley obliga a todos los funcionarios a presentar su declaración de bienes patrimoniales, así como la de sus familiares cercanos, que será pública y transparente en todos los casos. Esto, para eliminar los conflictos de interés desde raíz. La reforma, que entraría en vigor en la próxima administración, busca también que la Constitución establezca una separación absoluta y categórica entre la función pública y los intereses particulares.
Medidas para Prevenir Conflictos de Intereses
Así, para poder ocupar cualquier cargo público, judicial, de arbitraje en los órganos autónomos, o de representación popular, las personas interesadas deberán deshacerse de forma legal e irrevocable de los activos e intereses económicos que afecten de manera directa el ejercicio de sus responsabilidades públicas. Por tanto, quedaría “estrictamente prohibido que cualquier funcionario público y sus familiares hasta en un cuarto grado de consanguinidad se vinculen al amparo de su cargo público con contratistas, inversionistas o empresarios nacionales o internacionales para establecer cualquier tipo de negocios privados”. El equipo de López Obrador toma el ejemplo de Estados Unidos, según el documento, en el que los funcionarios públicos, además de declarar sus posesiones, también las modifican de manera radical para prevenir cualquier posible conflicto de interés en el futuro.
Fortalecimiento del Marco Sancionador y Diseño Institucional
El texto incluye la instauración de tipos penales especiales por opacidad, simulación o colusión, así como fortalecer las disposiciones sancionadoras en materia de conflictos de intereses en la actual legislación. “El pésimo diseño institucional para la rendición de cuentas ha garantizado a todos los funcionarios públicos que delinquen en este aspecto, total impunidad”, detalla el documento que no precisa las sanciones específicas que podrían imponerse a quien no presente sus declaraciones patrimoniales.
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En el documento se critica que instancias facultadas para castigar a los servidores públicos, como la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República (PGR), no tienen ninguna independencia del Presidente de la República. “Habría que complementar este sofisticado régimen de sanciones con un nuevo diseño institucional que permita hacerlas efectivas.”
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