Ricardo Anaya Cortés, excandidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), se ha enfrentado a múltiples problemas legales y acusaciones de lavado de dinero y tráfico de influencias, tanto en México como en Europa. Estas investigaciones surgieron en un contexto electoral complejo y han tenido un impacto significativo en su carrera política.
Investigaciones Internacionales en Europa
De acuerdo con el medio El Español, se investiga en Europa la presunta comisión del delito de lavado de dinero, en el que podría estar involucrado el candidato presidencial, así como el empresario mexicano, Manuel Barreiro, y el empresario mexicano-español, Juan Pablo Olea Villanueva. Fuentes dijeron al mencionado medio que particularmente se investiga la creación de una estructura financiera que radica en terceros países y paraísos fiscales con el propósito de obtener fondos para Anaya Cortés. Esos fondos, que previamente circularon principalmente por Canadá y Gibraltar, “los habría recibido el Sr. ULISES RUIZ AFP-PHOTO”.
Acusaciones en México y Llamados a la Aclaración
Las investigaciones en Europa se sumaron al inicio de una investigación penal por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) en México en cuanto a actividades que, indiciariamente, pudieran ser calificadas como lavado. Recientemente, dos personas confesaron ante la Procuraduría General de la República haber sido contratadas por el empresario queretano Manuel Barreiro Castañeda para simular una serie de acciones financieras entre 2016 y 2017, que incluyeron triangulaciones en paraísos fiscales y el uso de empresas fantasma para allegar 53.7 millones de pesos a Ricardo Anaya Cortés.
Hace unas semanas, una investigación dio cuenta que la Fundación Por más Humanismo, una asociación civil creada por Anaya Cortés en Querétaro, fue utilizada para encubrir una compleja triangulación de recursos que, en un negocio inmobiliario, les dejó jugosas ganancias a empresarios cercanos al panismo queretano y a los directivos de esa fundación-fachada. La coalición Todos por México exhortó a Ricardo Anaya Cortés a aclarar los graves señalamientos que pesan en su contra, dado a que es altamente peligroso que exista un candidato a la Presidencia de la República bajo sospecha de formar parte de una red de tráfico de influencias y lavado de dinero.
Demandas de Información
En específico, se pidió a Anaya Cortés que, ante la opinión pública:
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- Presente pruebas que certifiquen que ya no era apoderado legal de la cuenta de Santander de la Fundación Por más Humanismo cuando ésta recibió los recursos millonarios producto de la venta del edificio. Si no era él mismo, que especifique quién era el apoderado legal de la fundación al momento de la firma de la venta del inmueble.
- Responda si en sus declaraciones patrimoniales reportó la existencia de la Fundación Por más Humanismo y, que en caso de que no lo haya hecho, explique la razón de la omisión.
- Presente el informe mediante el cual el Partido Acción Nacional reportó, ante el Instituto Estatal Electoral de Querétaro, la existencia de la fundación y la adquisición del préstamo.
- Muestre la declaración fiscal de la Fundación que obtuvo de los 7.8 millones de pesos producto de la venta del inmueble.
Por cuanto hace a la nave industrial, se le invitó a que:
- Exhiba el crédito que dice que obtuvo mediante la hipoteca de su casa-habitación, así como el crédito otorgado por el propio parque industrial con los que supuestamente financió la compra. Que explique los montos y condiciones de cada uno.
- Muestre los estados de cuenta de sus ahorros con los que supuestamente financió parte de la adquisición del terreno, pues en sus declaraciones 3 de 3, él reportaba tener ingresos menores a 100 mil pesos.
- Explique cómo hizo para que le rindiera tanto su salario como servidor público. Resulta inverosímil la versión de que, con sus ingresos como servidor público, pagaba viajes semanales a Atlanta, cubría la renta de su casa y las colegiaturas en esa ciudad estadounidense, y además le alcanzaba para tener un ahorro y construir una nave en un parque industrial. Las cuentas no cuadran.
- Detalle por qué no siguió los protocolos para que personas políticamente expuestas no reciban recursos de lavado de dinero.
Finalmente, se pidió a Ricardo Anaya que explique cuál fue su participación en los procesos mediante los cuales el gobierno de Querétaro enajenó y cambió usos de suelos de dos predios en los que posteriormente se hicieron negocios que beneficiaron a empresarios cercanos a él y familiares suyos, dado que cuando tuvieron lugar dichas operaciones Anaya era secretario particular del Gobernador de la referida entidad. Lo que la opinión pública observaba eran operaciones concertadas, utilizando el poder político para alcanzar poder económico, partiendo de un tráfico de influencias y enajenando bienes del dominio público del estado de Querétaro a particulares que son amigos de Anaya a precios inferiores a los valores del mercado. Por el bien del proceso electoral y del país, se hizo un llamado a la Procuraduría General de la República a que deslindara, sin filias ni fobias, de manera inmediata y completa, las debidas responsabilidades en este grave caso.
Exoneración en el Caso Mexicano y Contexto Político
El excandidato presidencial del Partido de Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, fue exonerado del delito de lavado de dinero que lo marcó durante la campaña presidencial del verano pasado. El expediente nunca llegó a juicio. El Ministerio Público lo archivó el 28 de noviembre, dos días antes de terminar el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, del PRI, por "no existir datos de pruebas suficientes", según indicó el diario Reforma, quien tuvo acceso a la investigación. El caso fue considerado por los partidarios de Anaya como una persecución política de la anterior Administración y orquestada desde la Procuraduría General de la República (PGR), hoy convertida en Fiscalía.
El actual presidente nacional del PAN, Marko Cortés, ha asegurado que su exoneración demuestra que hubo una "perversa estrategia para atacar y desprestigiar" a Anaya. Durante la campaña, la PGR confirmó públicamente la apertura de una investigación sobre Anaya por la supuesta venta fraudulenta en 2016 de una nave industrial de su propiedad a Manuel Barreiro, un empresario supuestamente vinculado al candidato. Dos abogados que habían participado en la operación, Alberto Galindo y Daniel Rodríguez, denunciaron que el dinero de la compra, 54 millones de pesos (unos 2,9 millones de dólares), tenía un origen ilícito y que el propósito era canalizar fondos para cubrir gastos de campaña. Anaya rechazó las acusaciones y denunció "el uso faccioso de las instituciones" para perjudicarlo. Para defenderse, el entonces candidato se distanció del empresario Manuel Barreiro, al que dijo conocer de "manera no tan directa", y citó una cláusula del contrato de venta en el que la empresa compradora afirmaba que el dinero utilizado para la operación tenía un origen legal. Varios meses después, el expediente del caso concluyó que los recursos eran lícitos. "Se encuentran sustentados en diversos ingresos propios de su actividad económica inmobiliaria y un crédito bancario", reza el documento al que hace referencia Reforma.
Las acusaciones de corrupción, de las que ahora se sabe que fue exonerado, mancharon de sospechas a este joven abogado que se había presentado con una agenda de regeneración. La denuncia de la PGR fue aprovechada por el resto de contendientes para arremeter contra él. El presidente Andrés Manuel López Obrador, entonces candidato de Morena, acusó a Anaya de pertenecer "a la mafia del poder" y la candidatura priísta de Meade, estancada en un tercer lugar, pidió explicaciones.
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No fue el único golpe que recibió Anaya durante la campaña. Minutos antes del tercer debate presidencial en junio de 2018, se difundió un vídeo a través de Youtube en el que el hermano del empresario Manuel Barreiro prometía privilegios legales y administrativos a una empresaria argentina si ganaba el candidato. El PAN responsabilizó entonces a Peña Nieto de filtrar el vídeo como parte de una campaña de acoso y derribo. Desde que perdió las elecciones, el panista, que hasta ahora no se ha pronunciado públicamente sobre la noticia de su exoneración, ha optado por un perfil bajo.
Denuncias Internas del Partido
Un día antes del último debate presidencial, la campaña de Ricardo Anaya sufrió un golpe por denuncias de presunto lavado de dinero y tráfico de influencias. La denuncia fue presentada ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el senador Ernesto Cordero, una acción legal que llegó después de que se publicara un vídeo en varios medios de comunicación en donde se ve al empresario Juan Carlos Barreiro asegurando haber donado dinero a la campaña de Anaya a cambio de favores recibidos cuando éste era diputado por el estado de Querétaro. La noticia fue utilizada entonces por sus rivales como arma arrojadiza. El ataque llegó desde un sector de su propio partido, el PAN. El senador Cordero forma parte de ese grupo, contrario al candidato presidencial y cercano al ex presidente Felipe Calderón y a su mujer y ex candidata independiente Margarita Zavala.
El senador Cordero aseguró que lo que le estaba pidiendo al procurador eran tres cosas: una, que tomara en consideración para las investigaciones este vídeo donde se vincula sin ninguna ambigüedad a Ricardo Anaya en la red de lavado de dinero; que llamara a declarar a los Barreiro y a Ricardo Anaya; y que pidiera a la autoridad financiera los estados de cuenta de los Anaya. También aprovechó para asegurar que en las próximas elecciones votaría por el candidato priista Jose Antonio Meade, ya que: "Somos un partido de libertades y de gente honesta; lamentablemente, nuestro candidato no es una persona honesta. Yo creo que al final de cuentas al que deben expulsar del PAN es a Ricardo Anaya, quién entregó ideológicamente al partido y aparte es un deshonesto". Ya entonces, cuando se conocieron los detalles del vídeo, Anaya se defendió al contraataque asegurando que el PRI estaba haciendo uso de los aparatos del estado para desprestigiar su campaña: "El contenido del vídeo es totalmente falso. Se trata de una estrategia orquestada e impulsada por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para dañar mi candidatura".
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