En una república federal como México, donde el gasto público se distribuye entre distintos niveles de gobierno, contar con mecanismos eficaces de fiscalización es fundamental para asegurar el buen uso de los recursos y fomentar la rendición de cuentas. Las Auditorías Superiores Estatales (ASEs) son pilares del control democrático y herramientas esenciales para una administración pública más eficiente, legal y transparente. Comprender sus atribuciones, metodologías y marcos normativos permite a los especialistas anticiparse a requerimientos de información, identificar riesgos comunes en la administración de recursos públicos y fortalecer sus prácticas de cumplimiento y control interno.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF)
A lo largo de los años, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha tenido un papel importante en la construcción, desarrollo y perfeccionamiento de la fiscalización de los recursos públicos federales en nuestro país. La ASF es un órgano especializado de la Cámara de Diputados que cuenta con autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su organización interna, funcionamiento, resoluciones y manejo de los recursos presupuestales que le son asignados.
Los principales ordenamientos jurídicos que dan origen y norman la actuación de la ASF son la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. En el ámbito técnico, la ASF ha emitido diversas normas y procedimientos de auditoría para llevar a cabo sus funciones y los cuales recogen los avances en la materia. En materia de ética y conducta, la ASF cuenta con una Política Institucional de Integridad que está compuesta por el Código de Ética, el Código de Conducta y las Directrices para Prevenir el Conflicto de Intereses.
Producto de una serie de significativas reformas constitucionales y legales, el ejercicio de la acción fiscalizadora de la ASF se ha visto robustecido, a la vez que se han diversificado sus tareas, abarcando aspectos ya no sólo de vigilancia y supervisión del empleo adecuado de los recursos públicos federales, sino también correspondientes a la consolidación de mecanismos de integridad en el servicio público y el combate a la corrupción.
Las Auditorías Superiores Estatales (ASEs)
Complementando la labor federal, las Auditorías Superiores Estatales (ASEs) son órganos técnicos y autónomos que dependen de los Congresos locales. Estas evalúan si el dinero público se ejerció conforme a la ley, si se cumplió con los objetivos de los programas, y si existen irregularidades que deban ser sancionadas o corregidas.
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Es decir, revisan el gasto correcto del presupuesto que se les asigna, como resultado de las contribuciones que pagan las y los ciudadanos. Los organismos públicos ocupan dinero con el que contribuye toda la ciudadanía, por ello, las personas servidoras públicas deben informar cómo y en qué gastan el dinero. Las ASEs pueden emitir documentos administrativos e incluso, como autoridad, sancionar a personas servidoras públicas por faltas, omisiones o corrupción. Tener a la mano un directorio de todas las auditorías del país es esencial para cualquier auditor.
Comparativa entre ASF y ASEs
| Característica | Auditoría Superior de la Federación (ASF) | Auditorías Superiores Estatales (ASEs) |
|---|---|---|
| Nivel de Gobierno | Federal | Estatal |
| Dependencia | Cámara de Diputados | Congresos locales |
| Autonomía | Técnica y de gestión | Técnica y autónoma |
| Función Principal | Fiscalización de recursos públicos federales | Fiscalización de recursos públicos estatales y municipales |
El Sistema Nacional de Fiscalización (SNF)
Para garantizar una supervisión integral del uso de los recursos públicos, las 32 ASEs, junto con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), conforman el Sistema Nacional de Fiscalización (SNF). Esta red permite coordinar esfuerzos para vigilar el uso de los recursos federales, estatales y municipales desde una perspectiva integral.
El Subsistema Nacional de Fiscalización, en funcionamiento desde hace más de cinco años, es presidido por la ASF y la Secretaría de la Función Pública. Además, está integrado por las entidades de fiscalización superior de los estados y los miembros de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C.
Rol en el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)
Es precisamente en el tema del combate a la corrupción que las funciones de la ASF han alcanzado un redimensionamiento en nuestro país tras la aprobación constitucional, en mayo de 2015, del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). El SNA tiene como objetivos esenciales la prevención, detección y combate a la corrupción, para lo cual requiere de la suma de esfuerzos ordenados entre las distintas instituciones que participan en las tareas de transparencia, fiscalización y sanción de delitos y conductas corruptas.
El diseño del SNA auspicia la colaboración de las principales instituciones que pueden incidir en la prevención, detección y sanción de actos corruptos. Es por ello que, al ser integrante de importantes sistemas como el Nacional de Transparencia y el Nacional de Fiscalización, la ASF se constituye como el referente idóneo y pilar sustantivo del SNA.
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El SNA contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación; de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; de la secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno; por el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; y el presidente del organismo garante que establece el artículo 6o. Al ser un elemento central del SNA, al Comité Coordinador le compete el diseño y promoción de políticas en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción.
En este contexto, la participación ciudadana es clave. La Contraloría Social es legalmente definida como el mecanismo de los beneficiarios de los programas de desarrollo social, por el que, de manera organizada, pueden verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a dichos programas. El Subsistema Nacional de Participación y Contraloría Social sería una instancia de coordinación que robustecería los factores para propiciar la participación y contraloría social como una instancia decisiva en la vigilancia de los actos y decisiones de gobierno en México. Por esa razón, la actual inclusión de un Comité de Participación Ciudadana previsto en el marco constitucional del SNA es una buena y alentadora noticia para fortalecer la rendición de cuentas de cara a la sociedad.
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