Las empresas fantasma, conocidas técnicamente como Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFOS), han sido una herramienta recurrente para la evasión fiscal y el desvío de recursos públicos en México durante las últimas dos décadas. El propósito inicial de las empresas fantasma en México era la evasión fiscal, pero al paso de los años, ese actuar se infiltró en las dependencias públicas. No se trata de un caso excepcional, ya que estas compañías han obtenido recursos públicos millonarios que han fortalecido la impunidad.
La mecánica de la simulación y la falta de control
Estas empresas fantasma se caracterizan por carecer de oficinas, activos o personal, y también por registrar domicilios inexistentes. Una de las primeras fallas es la nula verificación de los domicilios fiscales. Como explica el abogado Tron: “La legislación fiscal sí establece los lineamientos de qué se tiene que considerar como domicilio fiscal, no puede ser la casa de uno de los socios ni la casa del representante legal”.
Además, los procedimientos de contratación no son eficaces para identificarlas. La única barrera “anti EFOS” en los procedimientos de contratación federales -y solo para convenios superiores a los 300 mil pesos- es la Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales. Sin embargo, esto resulta insuficiente, pues se han registrado casos donde empresas obtuvieron una opinión positiva del SAT, para ser declaradas EFOS poco tiempo después de firmar el convenio.
El costo al erario y la impunidad sistémica
Además de los 11 mil 472 millones de pesos de dinero federal asignados a empresas fantasma, se ha hallado que el SAT dejó de cobrar más de 7 mil 239 millones de pesos de impuestos a cientos de EFOS contratistas. La principal razón de las cancelaciones fue la insolvencia, es decir, la autoridad fiscal no encontró activos para hacer efectivo el cobro del adeudo.
El riesgo de ser sancionado por contratar una empresa fantasma o beneficiarse de ella es mínimo en México. Aunque se han identificado más de 10 mil EFOS, apenas 17 casos de defraudación fiscal relacionados con ellas llegaron ante un juez entre 2014 y 2023. Esta falta de sanciones severas facilita que los verdaderos dueños del negocio permanezcan ocultos, utilizando a menudo a prestanombres de bajo perfil socioeconómico que terminan enfrentando procesos penales mientras los beneficiarios reales evaden la justicia.
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Tabla: Observaciones sobre la operación de las EFOS
- Finalidad original: Evasión de impuestos mediante facturas falsas.
- Evolución: Desvío de recursos públicos en estados y municipios mediante adjudicaciones directas.
- Modus operandi: Simulación de venta de bienes o prestación de servicios inexistentes.
- Consecuencia: Daño patrimonial al erario y fortalecimiento de redes de corrupción transexenales.
La vulnerabilidad de los prestanombres
Detrás de cientos de empresas fantasma se encuentran miles de personas que las constituyen. Expertos señalan que buena parte de estas figuras se tratan de prestanombres y no de los verdaderos dueños de las compañías. En muchos casos, personas en situaciones vulnerables son contactadas para prestar su identidad a cambio de sumas mínimas, sin comprender las implicaciones legales. Esta situación conduce a tragedias personales, donde los involucrados enfrentan procesos penales por delitos que no comprendieron ni gestionaron directamente.
Perspectivas hacia el futuro
El daño a la Hacienda pública se actualiza bajo dos modalidades: defraudación fiscal y desvío de recursos públicos. Para Vania Pérez, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, es fundamental revelar estas identidades. “Tiene que ver con el rastro del dinero, sobre todo el que viene de los recursos públicos. Para lograrlo haría falta una ley general de beneficiarios finales o un protocolo de compras públicas que los incluyera”.
Las autoridades federales cuentan con suficientes herramientas para fiscalizar a las empresas fantasma e identificar las rutas del dinero. No obstante, el principal problema es el blindaje que el establishment político brinda a estas estructuras. La lucha contra las empresas fantasma tiene que asumirse con visión de Estado, cerrando el grifo de recursos ilícitos y actuando de manera contundente contra los cárteles de la corrupción que depredan las finanzas públicas.
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