El reciente arresto domiciliario de Bolsonaro, ordenado por el juez Alexandre de Moraes, es el último capítulo de esta cruzada que involucra a diversos intereses y actores, incluido el propio gobierno estadounidense. La disputa involucra cuestiones económicas de impacto inmediato, con pérdidas potenciales estimadas en miles de millones, considerando las exportaciones amenazadas por los impuestos impulsados por Donald Trump, lo que aumenta la gravedad de la situación.
El Supremo Tribunal de Justicia (STF) de Brasil dictó este 18 de julio nuevas medidas cautelares contra el expresidente Jair Bolsonaro, acusado de un supuesto intento de golpe de Estado, entre ellas el uso de tobillera electrónica y la prohibición de hablar con embajadores y diplomáticos. A Bolsonaro le fue prohibido el uso de redes sociales y contactar a otras personas que son objeto de investigaciones por parte del tribunal, incluido su hijo, Eduardo Bolsonaro, un legislador brasileño que actualmente vive en Estados Unidos y es conocido por sus estrechos lazos con el presidente estadounidense, Donald Trump.
Bolsonaro también deberá mantenerse a una distancia mínima de 200 metros de embajadas y consulados, después de que las autoridades brasileñas consideraron que existe riesgo de fuga del país. Cabe señalar que en febrero de 2024, el expresidente se alojó dos días en la Embajada de Hungría en Brasilia, cuando días antes las autoridades de justicia de Brasil ordenaron la retención del pasaporte de Bolsonaro, medida aún vigente a día de hoy.
Las restricciones del Supremo Tribunal sobre Bolsonaro forman parte de una segunda investigación contra el exmandatario por presuntamente trabajar con autoridades estadounidenses para imponer sanciones contra funcionarios brasileños. Al respecto, Jair Bolsonaro consideró estas medidas como una "máxima humillación" y señaló que este proceso es una "persecución en su contra".
Bolsonaro, que mantenía una relación de amistad con Trump cuando ambos ocupaban cargos públicos, está siendo juzgado ante el tribunal acusado de planear un golpe de Estado para impedir que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva asumiera el cargo en enero de 2023.
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En este sentido, Donald Trump anunció el 9 de julio la imposición de un arancel de 50% a los productos brasileños, que entraría a partir del 1 de agosto, bajo el argumento de que hay un déficit fiscal entre ambos países y los “ataques” a la libertad de expresión y electoral de los Estados Unidos.
"He visto el terrible trato que está recibiendo a manos de un sistema injusto vuelto contra usted. ¡Este juicio debe terminar de inmediato!", publicó Trump en la red social TruthSocial. Pese a que Trump argumentó que la medida se implemento por temas económicos, analistas de Brasil aseguraron que en realidad se trata de una medida de presión en apoyo a Bolsonaro, ya que en su carta asegura que hay una cacería de brujas conta el expresidente brasileño.
En respuesta, el actual mandatario brasileño Lula da Silva, firmó el pasado 14 de julio el decreto que reglamenta la Ley de la Reciprocidad, herramienta que le permite a Brasil adoptar contramedidas para responder al aumento del 50 % a los aranceles anunciado por Donald Trump. Ahora, cada paso y movimiento se calcula y analiza como una partida de ajedrez. Un paso en falso conlleva costos políticos que antes tenían un impacto menor. Lo que estamos viendo es la aceleración de los tiempos políticos como principal sello distintivo de la nueva situación.
Hasta entonces, Bolsonaro ocupaba una posición frágil y aislada, situación que se agravó con el anuncio de los impuestos, intensificada por el papel desempeñado por Eduardo Bolsonaro como uno de los arquitectos de las sanciones económicas. Los principales medios de comunicación se unieron para pedir todo tipo de condena a sus acciones y un "espíritu" de unidad nacional fue evocado por importantes entidades empresariales para que Lula actuara para mitigar los efectos económicos de las nuevas barreras comerciales erigidas por Estados Unidos. El énfasis estaba en que Lula negociara, en lugar de recurrir a represalias, aplicando la ley de reciprocidad, que establece que Brasil puede aplicar sanciones a cualquiera que se las imponga.
A pesar de seguir este consejo, la retórica "soberanista" de Lula lo llevó a las páginas de la principal prensa internacional, como un líder que se enfrentaba a Trump. Esto le valió puntos y, aprovechando la ola de apoyo a Brasil, logró recuperar algunos índices de popularidad tras sucesivas caídas en el pasado. Incluso el sentimiento antiimperialista volvió a la conciencia social general, tras años en los que este tipo de vocabulario estuvo ausente de la vida cotidiana del país.
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En segundo plano, el juicio por los actos reaccionarios del 8 de enero (intento de golpe de estado, con el asalto a los tres poderes el 8 de enero de 2023. N.deT.) estaba en marcha, con la expectativa de que concluyera a finales de este año. Como muestra de la creciente actitud defensiva de Bolsonaro, vimos su testimonio, en el que incluso bromeó con Alexandre de Moraes, preguntándole si aceptaría ser su vicepresidente. El ambiente parecía amistoso, pero su intención era proyectar una imagen de alguien que no representaba ningún peligro.
Fue precisamente este intento de injerencia imperialista lo que aceleró el ritmo de los acontecimientos. En cuanto Trump declaró que parte de sus impuestos provenían del beneficio de su aliado brasileño, comenzaron a surgir medidas judiciales más severas y restrictivas en su contra. Primero, la tobillera y ahora, el arresto domiciliario por violar medidas cautelares. Todo esto ocurrió en el contexto de que Moraes estaba sujeto a sanciones bajo la Ley Magnitsky, una medida que incluso The Economist calificó de inédita.
Hasta entonces, las opiniones que consideraban excesivas las acciones de Alexandre de Moraes eran escasas. Aunque en ocasiones se expresaban con preocupación, la mayoría de los analistas y editorialistas apoyaban al Tribunal Supremo, una postura que ha cambiado en los últimos días. Con el titular "El regalo de Moraes a Bolsonaro", Estadão fue el primero en declarar que esta medida podría ser contraproducente. Folha de S.Paulo, con un análisis similar, argumentó que "Bolsonaro tiene derecho a la libertad de expresión".
Además, varios analistas señalaron que Bolsonaro había provocado deliberadamente su propio arresto, con la intención de presentarse como víctima de persecución por sus opiniones e impedirle ejercer sus derechos fundamentales, incluso antes de ser condenado. Ahora, se habla mucho de que las medidas cautelares de Alexandre de Moraes fueron “poco ortodoxas”, que impedir entrevistas e incluso publicaciones en redes sociales de terceros es excesivamente ambiguo y otorga un margen de interpretación que termina violando preceptos constitucionales (de esto trata la Ley Magnitsky. N.deT.)
A pesar de ello, se ha ignorado sistemáticamente un punto esencial: las ambigüedades y heterodoxias del Poder Judicial no comenzaron ahora. Hoy el objetivo es otro, pero no es difícil recordar que las acciones abiertamente políticas y los métodos autoritarios del Tribunal Supremo fueron decisivos en el encarcelamiento de Lula y el golpe institucional de 2016. No solo apoyaron las escandalosas arbitrariedades de la Operación Lava Jato y de Sérgio Moro durante años, sino que también impidieron al propio Lula conceder entrevistas.
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Aún más grave: con el encarcelamiento de Lula, el Supremo Tribunal Federal (STF) fue un factor decisivo en las elecciones de 2018, que culminaron con la elección de Bolsonaro. Esta es una grave injerencia judicial sin precedentes desde la llamada redemocratización.
Ahora en conflicto directo, Bolsonaro y el Poder Judicial están envueltos en nuevos enfrentamientos, siendo su detención por violar medidas cautelares un episodio que ofrece una oportunidad para que el bolsonarismo la explote. Más que simple ingenuidad, sería insensato ignorar que Flávio Bolsonaro (primogénito de Bolsonaro) publicó el video de su padre en redes sociales para provocar una reacción del poder judicial.
El discurso de Nikolas Ferreira, responsable de establecer la conexión con Bolsonaro durante la manifestación, también reveló una intención deliberada de provocar una reacción al abogar nada menos que por el arresto de Alexandre de Moraes. El evento se programó para después de que Trump anunciara los productos exentos de impuestos, junto con las medidas más severas contra Moraes.
Ante la imposición de medidas cautelares severas, la ausencia de cualquier reacción por parte de Moraes podría interpretarse como un signo de debilidad; por otro lado, adoptar una postura más confrontativa podría llevar precisamente a la situación que se ha materializado. Una encrucijada fruto de la propia "heterodoxia" judicial, que fue explotada por el bolsonarismo.
Sin embargo, un paso demasiado lejos puede llevar, en algunos casos, a un tropiezo y, en otros, a una caída. La segunda posibilidad no parece la más probable, por ahora. No estamos ante un acontecimiento lo suficientemente contundente como para revocar la condena que Bolsonaro recibirá en unos meses, ni revertir por completo el aislamiento en el que se había estado imponiendo.
Sin embargo, ofrece poderosos recursos al bolsonarismo para seguir explotando esta narrativa incluso después de su condena. Como medida preparatoria para cambios mayores, no es poca cosa.
Al mismo tiempo, Lula seguirá beneficiándose de los efectos de la nueva situación que lo favoreció. El gobierno se ha fortalecido y, a corto y mediano plazo, es probable que el interés en que Lula se mantenga firme en las negociaciones con EE. UU. genere suficiente apoyo para evitar deserciones entre los diferentes grupos de clase afectados actualmente por los aranceles.
Además, los efectos económicos y sociales de los impuestos aún están por verse e influirán en todos los estratos sociales del país. Si la familia Bolsonaro carga con la mayor parte de la responsabilidad de las consecuencias económicas, la actuación del poder judicial quedará relegada a un segundo plano.
Por otro lado, si diferentes sectores comienzan a reconocer la necesidad de un gobierno más alineado con Trump, Bolsonaro y sus sucesores podrían cobrar un nuevo impulso y reposicionarse para alcanzar objetivos más ambiciosos. Depositar la fe en el Poder Judicial para el fin del bolsonarismo está sujeto a este tipo de imprevisibilidad.
Además, es una concepción que otorga poderes imperiales a un ala del régimen que puede dar giros bruscos. No hay que ir muy lejos para ver que Lula pasó de la cárcel a la presidencia tan pronto como las clases dominantes decidieron que era el único capaz de ofrecer cierta estabilidad, aunque fuera parcial, a un régimen político tan debilitado por innumerables crisis que podían amenazar intereses mayores.
Que Bolsonaro logre presentarse como una víctima es una afrenta a la memoria de los cientos de miles que murieron por el COVID-19, los millones cuyos derechos fueron vulnerados y los movimientos sociales que se enfrentaron a la escalada de la retórica más reaccionaria de este país.
El gobierno de Brasil está sopesando posibles respuestas a nuevas sanciones procedentes de Estados Unidos, como la imposición de un impuesto sobre los servicios digitales ofrecidos por grandes tecnológicas. Según recoge 'O Globo', el Ministerio de Hacienda brasileño estaría analizando la posibilidad de gravar los servicios digitales de las grandes empresas tecnológicas con diferentes tasas en función de sus ingresos.
Otra posibilidad que considera el Ejecutivo de Luiz Inácio Lula da Silva, según 'O Estado de S. Paulo' es poner fin a la concesión de licencias de patentes de medicamentos estadounidenses. Entre las medidas planteadas también se incluye la limitación del pago de dividendos por parte de las empresas con sede en Estados Unidos que operan en Brasil, según ha avanzado este último medio.
El presidente Jair Bolsonaro sancionó la ley que extiende la exención de nómina de los 17 sectores que más emplean en la economía hasta el 31 de diciembre de 2023. La medida el 31 de diciembre de 2021, pero su prórroga fue acordada entre el presidente y representantes del sector productivo tras articulaciones con el Congreso.
El régimen permite a las empresas reemplazar la contribución a la seguridad social del 20% sobre los salarios de los empleados por una tasa sobre los ingresos brutos, que puede variar del 1% al 4.5%. Entre los 17 sectores que pueden sumarse a este modelo se encuentran las industrias textil, calzado, maquinaria y equipo y proteína animal, construcción civil, comunicaciones y transporte por carretera.
El jueves, en su transmisión semanal en vivo en redes sociales, Bolsonaro justificó el retraso en la sanción por el hecho de que sería necesario presentar una compensación fiscal por la medida. Pero, recordó que se "conversó" con los empresarios.
El proyecto de ley fue aprobado por el Senado el 9 de diciembre, luego de recibir el escrutinio de los diputados federales. Ese día, varias entidades empresariales se manifestaron a favor de la medida. A través de un comunicado, por ejemplo, la Asociación Brasileña de Teleservicios (ABT) afirmó que la aprobación brindaría mayor certeza jurídica para que las empresas del sector sigan invirtiendo y generando nuevos empleos.
La Asociación Brasileña de Proteína Animal (ABPA), por su parte, destacó que una posible re-gravamen podría tener impactos directos en los costos de producción, agravando el cuadro inflacionario de los alimentos por altos insumos, además de la suspensión inmediata de la contratación y un riesgo probable de perder las manos en medio de la recuperación económica.
"Según esta medida, las empresas pueden optar por no pagar la cotización a la seguridad social calculada en nómina y seguir cotizando en función de sus ingresos brutos. Así, las empresas tienen un mayor incentivo para contratar personal", según una nota de la plantilla del presidente.
El gobierno ahora necesita encontrar fuentes de ingresos fiscales para compensar el déficit. Las alternativas incluyen la extensión del recargo del impuesto a las transacciones financieras (IOF) hasta 2023 y mantener el llamado impuesto CSLL cobrado a los bancos en un nivel alto.
El pasado mes de noviembre, Bolsonaro anunció la extensión en las exenciones de impuestos sobre las nóminas. Muchas empresas habían amenazado con despidos si las exenciones, otorgadas por primera vez en 2014, se dejaban expirar a fines de 2021.
El ministro de Economía, Paulo Guedes, y su equipo, que tratan de encontrar recursos fiscales para evitar la profundización del déficit presupuestario de Brasil, resistieron la extensión que se estima costará al menos ocho mil millones de reales 1,480 millones de dólares) al año.
A cambio de la exención de impuestos, Bolsonaro pidió a los líderes empresariales con los que se reunió que apoyaran la legislación que está impulsando en el Congreso para aliviar las restricciones fiscales. La enmienda constitucional propuesta, que aprobó la Cámara Baja, permitiría al gobierno gastar 92 mil millones de reales (16,500 millones de dólares) adicionales el próximo año, lo que le permitiría duplicar el gasto en bienestar social antes de las elecciones.
La Corte Suprema de Brasil envió a la policía a allanar la casa del expresidente Jair Bolsonaro y colocarle un monitor en el tobillo, justo cuando Donald Trump aumenta la presión sobre el país para que retire los cargos criminales contra el líder de derecha. Bolsonaro, quien está a punto de ser juzgado por un presunto intento de golpe de Estado, se enfrentará a un toque de queda nocturno y tendrá prohibido usar las redes sociales, según su hijo, Eduardo Bolsonaro. También tiene prohibido comunicarse con diplomáticos extranjeros o acercarse a las embajadas.
El equipo legal de Bolsonaro declaró en un comunicado que recibió las medidas contra el expresidente con sorpresa e indignación, y agregó que, hasta ahora, siempre ha cumplido con todas las decisiones del Poder Judicial. El Tribunal Supremo de Brasil no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.
La redada matutina es la última escalada en un tenso enfrentamiento entre los gobiernos de las naciones más pobladas del hemisferio occidental. La semana pasada, Trump amenazó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva con un impuesto del 50 por ciento a los productos brasileños debido al trato a Bolsonaro y a lo que el presidente estadounidense califica de prácticas comerciales desleales.
Si bien Trump ha enviado una oleada de cartas arancelarias a líderes de todo el mundo en los últimos días, el caso de Brasil ha sido singular. La mayor economía de Latinoamérica registra un déficit comercial con Estados Unidos, mientras que casi todos los demás objetivos arancelarios de Trump registran grandes superávits. Su presidente de 79 años no ha dado señales de atender las exigencias estadounidenses.
Lula, como se le conoce universalmente al exlíder sindical, ha aprovechado la oportunidad para revitalizar su base progresista tras decaer en las encuestas de opinión. Desde entonces, ha aparecido en la radio brasileña casi a diario, acusando a sus adversarios de buscar la intervención extranjera y prometiendo defender la soberanía nacional.
“No queremos luchar, pero no huimos”, declaró Lula el jueves durante su visita al estado nororiental de Bahía. “Brasil solo tiene un dueño: el pueblo brasileño”. Lula enfrenta la herencia del caos: El violento asalto de seguidores de Bolsonaro.
La lucha es profundamente personal para Lula, quien derrotó a Bolsonaro por un estrecho margen hace menos de tres años. Días después de la investidura de Lula en 2023, los partidarios de Bolsonaro irrumpieron en la capital, Brasilia, y saquearon edificios gubernamentales bajo la falsa creencia de que las elecciones habían sido manipuladas.
Bolsonaro, excapitán del ejército y admirador de Trump desde hace mucho tiempo, ha negado su participación en los ataques. Sin embargo, él y sus aliados amplificaron las afirmaciones infundadas sobre la integridad del sistema electoral brasileño, lo que avivó la ira de los alborotadores.
Fuera del gobierno, los problemas legales del expresidente se han agravado y han llevado a su inhabilitación para ejercer cargos públicos. Trabajando en su nombre en Washington, su hijo Eduardo Bolsonaro ha presionado al gobierno de Trump para que tome medidas contra el Tribunal Supremo de Brasil.
El clan Bolsonaro siente un desprecio particular por el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, quien preside el próximo juicio del expresidente y quien envió a la policía a su casa el viernes.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, aseguró que De Moraes “es responsable de una campaña opresiva de censura, detenciones arbitrarias que violan los derechos humanos y procesamientos politizados, incluso contra el ex presidente Jair Bolsonaro”. En 2024 De Moraes bloqueó de manera temporal la red social X en Brasil hasta que la plataforma cumpliera la orden de eliminar las cuentas acusadas de difundir desinformación.