La intervención del gobierno federal, comúnmente a través de los gobiernos estatales, sobre las tierras comunales de los pueblos al menos desde mediados del siglo XIX buscaba eliminar el control corporativo sobre ellas con el fin de incorporarlas, en conjunto con los recursos que contenían, a dinámicas de la sociedad mayor.
Para ello fue fundamental la instauración y puesta en marcha de leyes sobre desamortización de tierras comunales tanto en el ámbito federal, en 1856, como en distintos momentos de esa centuria en varios estados del país.
El procedimiento de cambio de régimen de propiedad que ordenaba esa legislación incluía también a los bosques que, por tanto, serían objeto de nuevas formas de aprovechamiento. Esos espacios se incluían principalmente dentro de las fracciones comunales denominadas “de propios” así como en las de “ejidos”, y su usufructo estaba bajo el control de autoridades locales, como el ayuntamiento, o de los propios habitantes.
Recordemos que, comúnmente, los pueblos contaban con superficies distintivas a su interior. El fundo legal era ocupado por el caserío de los pueblos; de los terrenos de común repartimiento se asignaban parcelas asignadas a cada familia para su sustento; mientras que los propios y ejidos eran superficies que podían contener tierras para cultivo, de pastoreo, bosques, aguas u otros recursos.
La diferencia entre éstos era que los propios podían arrendarse por las corporaciones municipales para percibir ingresos mientras que los ejidos se destinaban para el usufructo del común. Sin embargo, durante la segunda mitad decimonónica destacaban ya ciertos señalamientos en la arena pública que demandaban que los montes dejaran de ser controlados localmente y que se transformaran en propiedad privada o que contaran con una fuerte intervención del Estado con el fin de que se explotaran.
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Es decir que, independientemente de que se desamortizaran, fueran objeto de aprovechamiento externo. A pesar de que también existieron opiniones distintas a esa concepción, aquélla fue la que prevaleció e influyó en la labor del gobierno porfirista, cuyas actividades dirigió Miguel Ángel de Quevedo a través de la Junta Central de Bosques y del primer Departamento Forestal en la década de 1900, y en años siguientes.
Esa ideología que comúnmente se interesaba más por la conservación de los espacios forestales y sus ecosistemas y en menor grado por la población que los habitaba o utilizaba (ha sido señalada por Christopher Boyer (2007, p. 119) como la base de lo que ha denominado como “paternalismo científico”.
Éste, basado en directrices científicas y “racionales”, era el referente ideológico del Estado para desarrollar esquemas de manejo forestal en los que se contemplaba la participación de indígenas y campesinos pero educados, guiados y supervisados por una élite intelectual especialista en el ámbito. A la par de ello, de facto persistió la permisividad estatal sobre explotaciones forestales de propietarios particulares de montes así como las realizadas a gran escala con fines industriales y comerciales.
Lo que había de fondo en tal postura era un marcado interés económico del gobierno dadas las actividades industriales que sustentaban los productos forestales. Acorde con Carmagnani, la cultura liberal estatal en expansión durante la segunda mitad del siglo XIX estaba dirigida a incentivar la acción económica y el intercambio comercial entre los individuos, un aspecto de talante anticorporativo, antiproteccionista y antiprohibicionista (Carmagnani, 1994, p. 25; 2011, p. 191).
Debido a ese interés, las instancias gubernamentales preferían que los bosques se explotaran a gran escala y que, dado el caso, los de índole comunal se “abrieran” a las lógicas del mercado, considerando como secundarias, irrelevantes, o no deseables, otras formas de utilización que no estuvieran dirigidas a ello.
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En enero de ese primer año, la emisión de la ley federal agraria detuvo el proceso de desamortización “en contravención a lo dispuesto en la ley del 25 de junio de 1856 y demás leyes y disposiciones relativas”, y en sentido contrario, posibilitó que la “gran propiedad” de la tierra -extensas superficies de tierras que pertenecían a un solo individuo- se dividiera para otorgarse mediante dotación de tierras ejidales -posrevolucionarias- o restitución de tierras comunales, a pueblos circundantes que las solicitaran.
Con su aplicación, en los siguientes años la mayor parte de montes del país pasó a estar bajo posesión de los pueblos, lo que suponía mayores beneficios para sus habitantes, pues estarían bajo su control ahora organizados mediante asambleas y sus representantes, los comisariados.
Por su parte, la ley federal forestal de 1926 -la primera que ordenaba tal aspecto en todo el territorio nacional-, retomando ya consideraciones del artículo 27 de la constitución de 1917, ordenó que las explotación de bosques de cualquier régimen de propiedad, ya fuera comunal, municipal, ejidal o privado, debían sujetarse a regulaciones en la materia, supervisados por instancias federales, pues se consideraban propiedad de la nación, lo que implicaba superponer los intereses de ésta sobre los de otros actores sociales.
Durante el período observado, las explotaciones a gran escala fueron comúnmente realizadas por agentes externos debido a que su puesta en marcha, además de los beneficios económicos, les permitió incrementar el control sobre una diversidad de formas de aprovechamiento de los montes.
Por tanto, en esa postura estatal existió un interés marcadamente económico e, implícitamente, clasista, que influyó en la paulatina percepción social de los montes como mercancía, que privilegió la participación de sectores empresariales y no de campesinos e indígenas.
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Si bien tal perspectiva comercial no era completamente ajena a los habitantes de los pueblos -pues muchos de ellos subsistían gracias a la venta de diversos productos forestales- esa tendencia influyó para concebir como preferibles los aprovechamientos extensivos.
Características de los montes circundantes al Nevado de Toluca
El volcán Nevado de Toluca o Xinantécatl, cuya máxima altura ronda los 4 mil 600 metros sobre el nivel del mar (msnm) forma parte del eje volcánico transversal mexicano, y se localiza a aproximadamente 30 kilómetros al suroeste de la ciudad de Toluca, en el Estado de México.
Los montes que lo rodean en sus partes medias y bajas están frondosamente poblados de árboles de ocote, encino, pino, oyamel y aile, cuyas maderas han servido, en distintos periodos, como materia prima para el ramo de la construcción, fabricación de muebles, durmientes, producción papelera, combustible, entre otros.
Debido a tal extensión de montes era común en los asentamientos ahí establecidos el tránsito de leñeros, carboneros, carreros o de recuas de mulas con productos del monte.
De dichos elementos, la madera y carbón fueron los más demandados por habitantes de las ciudades de Toluca y México además de las minas del sur de la entidad.6 En lo que al abastecimiento de la capital mexiquense y a las poblaciones que la rodean respecta, tales productos se complementaban a los que procedían de otros montes situados al norte y al sureste del valle de Toluca.
Empero, la importancia de los circundantes al Xinantécatl debió ser sustancial. Datos recopilados por Nancy Flores muestran que los productos “de las selvas” -como entonces se registraba en los cargamentos de esa línea a los que provenían de los montes- conformaban el rubro de mayor tonelaje transportado por el ferrocarril entre 1902 y 1918 desde su origen en la estación de San Juan de las Huertas, en el municipio de Zinacantepec, hacia Toluca (Flores 2009, pp. 100-105), urbe de la que podían ser trasladados a la capital del país.
Si bien Germán Vergara (2018) ha señalado que en las últimas décadas decimonónicas el carbón mineral y posteriormente el petróleo y gas natural sustituyeron paulatinamente al carbón vegetal y madera como combustible en el ramo industrial en el valle de México y Monterrey; es un hecho que los habitantes citadinos seguían utilizando aquel producto de manera cotidiana.
Cálculos realizados por el Departamento de Estadística Nacional establecían que en los primeros años de la década de 1920, en promedio, cada una de las 200 mil familias de la ciudad de México consumían dos kilos diarios de carbón, lo que al año implicaba consumir aproximadamente 140 mil toneladas y a su vez, realizar la tala de poco más de 15 mil hectáreas de montes de distintas entidades, incluido el Estado de México.
Aunado a ello, calculaba una cantidad similar sobre el consumo de madera. Esto, sumado al crecimiento el ramo papelero en el país cuya principal materia prima es la celulosa obtenida de la madera, y cuya producción se realizaba principalmente en la capital del país y áreas aledañas.8 Este último dato nos es relevante toda vez que, como veremos, la tala de una extensión de los montes aledaños al Nevado de Toluca al inicio de la década de 1930 se destinaba a la Compañía Papelera San Rafael, líder en el ramo durante esos años.
Registros de 1904 realizados por la incipiente y efímera Junta local de bosques ilustran que en seis de los municipios aledaños, los montes eran de propietarios privados, ayuntamientos, pueblos y rancherías.
Si bien se trata de datos incompletos pues lamentablemente no se incluyó a todos los municipios -como Toluca y Zinacantepec- éstos sí nos ilustran sobre la variedad de formas de propiedad y diversidad de formas de aprovechamiento y de relaciones con el ámbito gubernamental.