Una pregunta recorre América Latina y causa polémica: ¿los presidentes que dejan el cargo deben cobrar pensiones especiales por el resto de sus vidas? La polémica por los pagos a expresidentes de América Latina está lejos de ser nueva, pero parece haber cobrado fuerza entre escándalos de corrupción, descontento con los políticos y crisis. En los últimos meses surgieron pedidos de legisladores en países de la región como Argentina, Ecuador o Costa Rica para eliminar las jubilaciones vitalicias a sus exjefes de Estado, como hizo México antes de desvelar cuánto costaban.
Argumentos a Favor de las Pensiones Vitalicias
Este tipo de pagos existen en otras partes del mundo y desde hace décadas en Latinoamérica, no sólo como retribución a los presidentes por sus labores prestadas sino para prevenir que se unan a empresas o grupos de interés particulares, señalan expertos. «Eso es lo que se quiere evitar», dice Javier Corrales, profesor de ciencia política en el Amherst College de Estados Unidos y experto en temas de poder presidencial en América Latina. «No es bueno que los presidentes de un país tengan que vender sus servicios en el mercado laboral», agrega en diálogo con BBC Mundo.
Argumentos en Contra y la Controversia
Sin embargo, existen motivos específicos para que las remuneraciones vitalicias a los expresidentes estén ahora bajo críticas y revisión. «Hay un aspecto positivo, democratizador sobre esto. La idea es que estas son las personas que menos ayuda necesitan y nosotros les estamos dando la mayor ayuda que el Estado puede ofrecer, algo incongruente con esa idea de que todos somos iguales», dice Corrales.
Pero el experto advierte que la controversia también puede responder a intentos de atacar las figuras de expresidentes que se han vuelto ejes de la oposición en varios países de la región. «En el populismo latinoamericano la idea es que por fin el pueblo gobierna y quienes estaban gobernando antes eran élites explotadoras (y) corruptas», señala Corrales y concluye: «¿Entonces, quién es mejor representante de esta élite anti-pueblo que los políticos del pasado y sobre todo un expresidente?».
En el contexto del debate en Costa Rica, Jonathan Acuña, diputado del Frente Amplio, defendió la reforma señalando: “Eliminemos las pensiones de expresidentes, es una pensión de lujo. Si la definición que se utiliza para una pensión de lujo es una para la que no se ha aportado, esta es la mejor ejemplificación (…) Estos son vestigios monárquicos, de privilegios, de quienes se creen nobleza”.
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Panorama en América Latina: Casos y Cifras
Varios países latinoamericanos otorgan por ley pagos especiales a sus expresidentes, con distintos montos y criterios. Algunos retribuyen además a antiguos vicepresidentes o a los cónyuges de quienes mueren luego de gobernar.
- Argentina: La pensión vitalicia a los exjefes de Estado iguala lo que cobra un juez de la Corte Suprema, que según su antigüedad equivale a entre US$4.500 y US$6.300 por mes. Desde la oposición argentina han planteado eliminar esos pagos extraordinarios, en medio de una polémica porque la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cobra dos pensiones: la suya y la de su fallecido esposo Néstor Kirchner. Kirchner, actual vicepresidenta y condenada en diciembre por un caso de corrupción, percibe así una jubilación varias veces superior a la de muchas personas en su país que cobran pensiones por debajo del índice de pobreza. Mauricio Macri también ha reconocido que cobra su pensión como expresidente argentino, la cual beneficia incluso a quienes estuvieron en el cargo apenas unos días durante la crisis de 2001 y 2002.
- Bolivia: Una ley promulgada en 2013 durante el gobierno de Evo Morales establece un pago mensual a los expresidentes equivalente a 10 salarios mínimos “de por vida”, es decir, unos US$3.250 por mes. Allí también surgió el año pasado una propuesta de la oposición para anularlas, al igual que en Ecuador y Costa Rica, que las mantienen con salvedades (el expresidente ecuatoriano Rafael Correa perdió la suya tras una condena por corrupción, mientras el costarricense Carlos Alvarado renunció a la que le correspondía).
- Perú: Los exmandatarios también reciben una pensión de por vida que equivale a unos US$4.000 por mes, aunque están excluidos de ese beneficio los que hayan sido condenados, como Alberto Fujimori.
- Chile y Colombia: Estos países otorgan entre las pensiones más altas de la región, equivalentes a unos US$8.700 y US$5.500 respectivamente. Nicaragua y Venezuela también pagan jubilaciones vitalicias a sus exmandatarios.
Otros Beneficios Adicionales en América Latina
Hay países latinoamericanos que, además de pensiones vitalicias o en lugar de ellas, reembolsan a sus antiguos jefes de Estado gastos de distintos tipos.
- Chile: Los expresidentes chilenos tienen cubiertos con dinero público costos de traslados y funcionamiento de oficinas que en promedio equivalieron en noviembre a unos US$11.000 cada uno. Así, entre esos pagos y sus pensiones vitalicias, los cuatro exmandatarios vivos que tiene Chile desde su retorno de la democracia reciben ayudas públicas comparables a las de algunos países del primer mundo. El actual presidente chileno, Gabriel Boric, obtendría estos beneficios a los 40 años de edad, cuando deje de ser mandatario.
Comparación Internacional: Europa y Estados Unidos
- Estados Unidos: Los cinco expresidentes vivos ganan pensiones vitalicias por haber ocupado el cargo equivalentes a unos US$20.000 en promedio por mes cada uno. Si a eso se suma lo que cobran por gastos de oficinas, asistentes, viajes y otros conceptos, la media asciende a unos US$200.000 mensuales.
- España: Los expresidentes de gobierno reciben, además de una indemnización temporal, una dotación sin caducidad para gastos de oficina y otros conceptos equivalente a una media de US$6.500 por mes.
- Reino Unido: Todos los exprimer ministros -incluida Liz Truss quien estuvo apenas 45 días en el cargo el año pasado- pueden reclamar una asignación por costos de servicio público, gastos de oficina, salarios de personal y otros conceptos por un máximo anual equivalente a unos US$138.000 (es decir, un promedio de US$11.500 al mes).
- Alemania: Los excancilleres que hayan estado al menos cuatro años en el cargo reciben una pensión mínima equivalente a unos US$4.230 por mes. Sin embargo, la paga aumenta en función del tiempo en que hayan comandado el gobierno: Angela Merkel, quien lo hizo durante 16 años, se retiró en 2021 con una pensión de casi US$16.000 aparte de gastos de oficina y personal.
- Brasil: Los expresidentes no cobran pensiones pero por ley tienen cubiertos con fondos públicos, de modo vitalicio, los servicios de seis personas para apoyo, seguridad y asesoramiento, dos autos oficiales con sus respectivos choferes, gastos de viajes, hoteles y viáticos. Hasta el año pasado los expresidentes brasileños gastaban por esos conceptos una media de unos US$13.000 mensuales cada uno. Sin embargo, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, con su estadía en Estados Unidos desde que terminó su mandato el 1º de enero, ha destinado solo a dietas de asesores que lo rodean unos US$82.700 de recursos públicos, más de lo que antecesores suyos suelen gastar durante todo un año para alojar y mantener a sus equipos, informó el diario O Globo.
Países que han Eliminado o Modificado las Pensiones
- Uruguay: Este país, desde 1996, estableció que sus exjefes de Estado deben jubilarse por el mismo régimen que cualquier trabajador (a partir de los 60 años, con 30 de labor como mínimo) y sus pensiones varían según su historial de aportes, con topes previstos por ley. José “Pepe” Mujica, quien fuera llamado en su momento el “presidente más pobre del mundo”, se jubiló en 2018 en Uruguay ganando el equivalente a unos US$1.800 líquidos por mes.
- México: El caso mexicano llamó la atención después que el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, prometiera en su campaña de 2018 eliminar las pensiones vitalicias que recibían los exmandatarios de su país desde 1976. En aquel momento circuló en las redes sociales el video de una mujer que encaró al expresidente mexicano Vicente Fox en un avión, diciéndole que le iban a quitar sus pensiones. «¿Con eso se van a resolver los problemas del país?» preguntó Fox. El Congreso mexicano eliminó por ley las pensiones a los expresidentes en noviembre de 2018 tras ser electo López Obrador, quien en julio afirmó que esos pagos a sus antecesores iban desde el equivalente a unos US$2,2 millones hasta US$2,6 millones por año (un promedio al mes de entre US$180.000 y US$220.00). La eliminación de las pensiones vitalicias a expresidentes o viudas de exmandatarios de la Ley federal de Remuneraciones de los servidores públicos fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en México. La ley suprime la pensión vitalicia de 205.000 pesos, equivalentes a unos US$10.000, que recibían los expresidentes y derechos a seguridad, personal administrativo, seguro de vida y de gastos médicos mayores.
El Intento de Reforma en Costa Rica
El intento de eliminar las pensiones vitalicias para los expresidentes de Costa Rica fue bloqueado en la Asamblea Legislativa, tras una ajustada votación que impidió darle prioridad al debate de la iniciativa del Frente Amplio. La moción, destinada a agilizar el proceso legislativo, recibió 20 votos a favor y 21 en contra, lo que dejó en suspenso cualquier cambio inmediato al sistema de beneficios actuales. Con 20 votos a favor y 21 en contra, la moción para agilizar el trámite del expediente 24,793 no alcanzó el respaldo necesario, posponiendo la discusión y dejando en el limbo la posibilidad de una reforma inmediata.
Actualmente, siete expresidentes, una ex primera dama y dos causahabientes reciben este beneficio, hecho que la diputada Melina Ajoy, del Partido Unidad Social Cristiana, defendió resaltando el carácter de derecho adquirido que ampara a los actuales beneficiarios. La propuesta legislativa busca derogar el capítulo III del Régimen de Pensiones de Expresidentes de la República. Su aprobación afectaría tanto a quienes ocupen la Presidencia en el futuro como a quienes la ejercieran en el pasado, aunque el propio proyecto reconoce que los derechos adquiridos no pueden eliminarse con retroactividad, lo que blindaría a quienes ya disfrutan de la prestación.
El expediente también contempla disposiciones estrictas para el cobro: exige que los beneficiarios demuestren ingresos por debajo de tres salarios base (₡1,386,600) ante la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Nacional. De superar este umbral, la persona perdería la pensión. Además, si el ingreso mensual del expresidente o beneficiario supera el doble del promedio nacional de ingresos familiares, la responsabilidad de reportarlo, y así suspender de inmediato el beneficio, recae en el propio beneficiario.
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El respaldo a la moción provino de toda la bancada del Frente Amplio, la mayoría de Liberación Nacional (PLN), integrantes del PUSC y legisladoras independientes como Gloria Navas y Kattia Cambronero. Votaron en contra el oficialismo, los bloques de Nueva República, el Partido Liberal Progresista (PLP), la mayoría del PUSC, y los congresistas verdiblancos Óscar Izquierdo y Rosaura Méndez. La diputada Pilar Cisneros, jefa oficialista, cuestionó el momento de la moción e indicó que solo apoyará eliminar las pensiones de lujo si se abarcan todos los regímenes especiales, y no únicamente el de expresidentes: "Estamos en contra de las pensiones de lujo, pero las cosas hay que hacerlas bien y si les vamos a quitar las pensiones al presidente de ahora y a la que viene, se las vamos a quitar a los demás".
La controversia interna y la falta de mayorías claras hacen que el futuro del cambio legal permanezca indefinido, con argumentos centrados en derechos adquiridos y privilegios históricos. La derrota de la moción significa que el expediente 24,793 continuará su trámite en comisión, siguiendo la vía ordinaria. Esto implica que, salvo un cambio en la correlación de fuerzas, el debate probablemente quedará en manos del nuevo Congreso, en el que el oficialismo tendrá la mayoría. Las posiciones enfrentadas expresadas en el Plenario dejan en evidencia la complejidad del tema y la dificultad para alcanzar el mínimo de 38 votos requeridos para reformar el régimen de pensiones de los máximos exmandatarios del país.
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