El gobernador del estado mexicano de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue acusado ante un tribunal federal de EE.UU. por presuntos vínculos con el crimen organizado. Esta es la primera vez que un gobernador y un senador en funciones son acusados por la justicia de EE.UU., marcando un precedente significativo en las relaciones bilaterales y la política interna de México.
Acusación Inédita desde EE.UU.
Rubén Rocha Moya, de 76 años, fue electo en 2021 y termina su mandato en 2027. La acusación en su contra, junto a la del senador Insunza Cázarez, ha generado un amplio debate sobre la soberanía nacional y la intromisión extranjera.
Los Cargos y el Cartel de Sinaloa
En el comunicado, el Departamento de Justicia de EE.UU. señaló que los acusados recibían sobornos a cambio de facilitar las labores del Cartel de Sinaloa y la protección de sus cabecillas en el estado del noroeste de México. En particular, presuntamente ayudaban a la facción de "Los Chapitos", que se quedaron al frente de un fragmento de ese cartel tras la detención y procesamiento judicial en EE.UU. de Joaquín "El Chapo" Guzmán.
Según la acusación, los líderes de ese grupo habrían ayudado a Rocha Moya a conseguir la gobernatura de Sinaloa en 2021 mediante "el secuestro y la intimidación de sus rivales". "A cambio, tanto antes como después de convertirse en gobernador, Rocha Moya presuntamente asistió a reuniones con los Chapitos, en las que prometió protegerlos mientras distribuían cantidades masivas de drogas a los Estados Unidos y, como gobernador, Rocha Moya ha permitido que los Chapitos operen con impunidad en Sinaloa."
El Departamento de Justicia afirma que todos los señalados presuntamente ayudaron al tráfico de "cantidades masivas de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a los Estados Unidos" desde sus cargos. Entre las "funciones esenciales para el cartel", continuó, había "protección a los líderes" para no ser investigados, detenidos o llevados a juicio. También son acusados de proporcionarles "información sensible de las fuerzas del orden y del ejército" para ayudarlos en sus actividades.
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Además, Valenzuela Millán está acusado de presunta participación en los secuestros de un informante de la Agencia para el Control de Drogas de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés) y de un familiar de este, que terminaron en la muerte de ambos. El administrador de la DEA, Terrance Cole, afirmó que "esta acusación pone al descubierto un esfuerzo deliberado para socavar las instituciones públicas y poner en peligro vidas estadounidenses. Los acusados presuntamente utilizaron puestos de confianza para proteger las operaciones del cartel, permitiendo el flujo de drogas letales hacia nuestro país."
El Departamento de Justicia también señala que la Policía Estatal de Sinaloa, la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y la Policía Municipal de Culiacán presuntamente "protegieron los cargamentos de droga almacenados en México y en tránsito hacia Estados Unidos", además de "permitir que los miembros del cartel cometieran actos de violencia brutal relacionados con el narcotráfico sin sufrir consecuencias". A cambio de tal colaboración, según la acusación, los señalados habrían "recibido colectivamente millones de dólares en dinero procedente del narcotráfico del cartel".
Reacciones en México y el Debate sobre Soberanía
Rocha Moya rechazó las acusaciones y dijo que demostraría su inocencia. "Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno". El gobernador añadió que "este ataque no es únicamente a mi persona; sino al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos, y a las y los mexicanos que representamos esa causa. Se inscribe en una perversa estrategia para violentar el orden constitucional, específicamente la soberanía nacional que preconiza el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nuestro movimiento defiende como principio invariable e innegociable".
Por su parte, el senador Insunza Cázarez aseguró que la acusación responde a sus críticas a la presencia de agentes de EE.UU. en México que hizo en los últimos días por un caso ocurrido en el estado de Chihuahua. "Hoy, causalmente, autoridades de ese país dan a conocer la existencia de una supuesta investigación en contra nuestra. Rechazo enfática y firmemente las imputaciones, por falsas y dolosas", escribió el senador en X.
La presidenta Sheinbaum, en su rueda de prensa diaria conocida como "La mañanera", señaló que "nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia (de EE.UU.) es político". Sheinbaum hizo hincapié en la defensa de la soberanía de México, señalando que era la primera vez que ocurría algo así: "Debe quedar sumamente claro: bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México".
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El Proceso de Extradición y Fuero
Luego de la presentación de la acusación, la Cancillería mexicana informó que recibió una solicitud de EE.UU. de detención con fines de extradición "de diversas personas". La petición, indicó la Cancillería, "no cuenta con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas de las cuales se solicita la detención provisional con fines de extradición". Sin embargo, "será la Fiscalía General de la República quien determine si existen elementos probatorios de acuerdo con el sistema jurídico mexicano y la viabilidad de las solicitudes de detención provisional con fines de extradición".
El fiscal especial Ulises Lara señaló que el tratado bilateral "refiere con toda precisión que solamente se concederá la extradición si se determina que las pruebas son suficientes conforme a las leyes de la parte requerida, en este caso, de nuestro país". Añadió que "dicha solicitud no se acompaña de elementos probatorios suficientes que aporten evidencias contundentes respecto de los hechos narrados". A pesar de esto, se anunció la creación de una investigación propia para determinar si hay bases para las detenciones de los acusados y su posible extradición. En los casos del gobernador Rocha Moya y el senador Inzunza Cázarez, el fiscal Lara aseguró que para su detención y procesamiento, primero el Congreso mexicano debe votar por la retirada de su fuero constitucional.
Precedentes de Corrupción Política: El Caso de Javier Duarte
El tema de la responsabilidad política de exgobernadores y funcionarios no es ajeno a la discusión pública en México. Un caso emblemático es el del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. En 2019, la organización TOJIL logró una sentencia en la que un juez de amparo la reconoció como víctima de delitos de corrupción dentro de un procedimiento penal relacionado con el exgobernador Javier Duarte.
Como gobernador de Veracruz, Javier Duarte fue señalado por el desvío de más de 3 mil 616 millones de pesos que originalmente estaban destinados a servicios públicos. Estos hechos se dieron a conocer a través de diversas investigaciones periodísticas. Los fiscales a cargo del caso modificaron el delito de delincuencia organizada por el de asociación delictuosa, el cual amerita una pena significativamente inferior. Con esta modificación Javier Duarte logró “negociar” con la Fiscalía General de la República una condena reducida a cambio de aceptar los nuevos cargos.
Considerando lo anterior y las propias declaraciones públicas de Duarte, resulta evidente que este acuerdo constituyó un nuevo acto de corrupción entre el exgobernador y los fiscales a cargo del caso, pues la condena reducida se obtuvo de manera ilegal con el fin de evadir el juicio y una sanción mayor. Por lo anterior, en octubre de 2018 TOJIL presentó una denuncia en su contra al advertir que los funcionarios pudieron haber cometido el delito de cohecho al haber ofrecido a Duarte el beneficio de un procedimiento abreviado de manera ilegal.
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La Fiscalía negó la calidad de víctima a la organización y, por ende, TOJIL emprendió una batalla legal en instancias federales que generó un precedente sumamente relevante en la lucha anticorrupción en nuestro país. En una resolución histórica, un Juez de Distrito reconoció el carácter de víctima por daños colectivos a una organización de la sociedad civil por primera vez en México. TOJIL considera que la negativa de las autoridades mexicanas a reconocer su carácter de víctimas vulneró diversos derechos humanos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como el derecho a defender los derechos humanos.
Inicialmente, la CIDH determinó no tramitar el caso. En consecuencia, en enero de 2022, TOJIL interpuso una solicitud de reestudio de petición inicial. Actualmente el caso se encuentra en proceso de admisibilidad, lo cual implica que el caso ya fue aperturado a trámite mediante la transmisión de la petición al Estado Mexicano y están en espera del informe de admisibilidad.
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