La Corte Suprema de Colombia eligió una nueva fiscal general luego de una prolongada pugna con el presidente Gustavo Petro, que acusó a los magistrados de dilatar a propósito la decisión para favorecer a sus contradictores.
"La Corte Suprema de Justicia informa al país que (...) hoy se eligió a Luz Adriana Camargo Garzón como nueva fiscal general de la nación", dijo a medios el presidente del alto tribunal, Gerson Chaverra.
La abogada tuvo los apoyos de 18 de los 23 magistrados y derrotó a Ángela María Buitrago, también postulada por el ejecutivo. La tercera candidata, Amelia Pérez, renunció minutos antes de la votación.
La elección de Camargo pone fin al periodo de la fiscal interina Martha Mancera, a quien Petro criticó por sus supuestos vínculos con narcotraficantes señalados en medios locales.
Mancera, encargada del ente acusador desde mediados de febrero también fue durante años la mano derecha de su antecesor Francisco Barbosa, acérrimo enemigo del presidente.
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En los últimos meses, Petro había instado a la Corte a elegir a una de las tres candidatas que había propuesto desde septiembre de 2023.
En febrero, el mandatario izquierdista convocó a una manifestación en la que decenas de personas bloquearon el edificio donde deliberaban los magistrados. El escuadrón antidisturbios tuvo que intervenir para permitir la salida de los jueces, que denunciaron un "asedio" por parte de los simpatizantes del presidente.
Contexto Regional y la Lucha Contra la Corrupción
Es importante señalar que la problemática de corrupción es un asunto que golpea a varios sistemas jurídicos en la región. Un ejemplo de esto es el caso de la Fiscalía de Guatemala, que en enero de 2023, intensificó su crisis judicial con un caso contra Iván Velásquez, ministro de Defensa de Colombia, acusándolo sin evidencias sólidas de corrupción. Este escenario resalta más la problemática de corrupción que golpea al sistema jurídico de Guatemala que al propio Velásquez.
Los cargos, que se basaron en supuestas negociaciones con la empresa Odebrecht, no presentan pruebas de actos delictivos. Por el contrario, muestran a un Velásquez aprobando cooperaciones legales y convencionales usadas en múltiples naciones para destapar esquemas de sobornos.
La situación se complica aún más con la liberación de políticos previamente investigados por recibir sobornos de Odebrecht, lo cual, según Human Rights Watch, revela una persecución hacia aquellos que trabajaron por la transparencia.
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Este caso subraya la volátil situación en Guatemala, donde los esfuerzos por combatir la corrupción se ven socavados por acciones que parecen motivadas por intereses corruptos y políticos.
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