La tenencia de la tierra es un concepto amplio que incluye, por ejemplo, la propiedad intelectual, así como el derecho de propiedad a la tierra. Se trata de una compleja red de derechos y de intereses diversos interrelacionados, donde el titular de cada derecho puede ser una persona diferente. En este contexto, la comunidad con tenencia de tierra representa una forma de propiedad colectiva donde parcelas agrícolas, residenciales y áreas de bosques son administradas de conformidad con las normas de la propiedad común.
La propiedad social en México
Es indudable que la tenencia comunal de la tierra fue y sigue siendo una estrategia defensora del territorio. Para que una comunidad no perdiera su espacio de vida, tuvo que admitir ser propietaria comunal de la tierra; lo mismo sucedió con la propiedad ejidal. En México, los ejidos, las comunidades agrarias y los pueblos indígenas en colectivo son quienes han protegido y conservado la diversidad biológica de los ecosistemas, siendo depositarios de grandes recursos hídricos, así como del 60% de los bosques y selvas.
La propiedad social en México es muy importante. La nueva administración valora la importancia de la propiedad social de la tierra, por lo que es necesario fortalecerla de manera efectiva desde todas las instituciones de gobierno. A pesar de los intentos de privatización, la propiedad social se ha mantenido, generando bienestar local, produciendo y conservando, distribuyendo equitativamente los ingresos y fortaleciendo el tejido social.
Diferencias entre lo comunal y lo ejidal
Entre lo comunal y lo ejidal existen diferencias fundamentales que definen su estructura interna:
- Tierra comunal: Tiene problemas para parcelarse, por lo que se considera una unidad.
- Tierra ejidal: Permite la parcelación, lo que puede conducir a la dispersión de la propiedad.
Ambas formas de tenencia permiten entender el trabajo colectivo, aunque la regulación interna de cada comunidad es el mecanismo principal para resolver los asuntos de mayor trascendencia. En las comunidades, la instancia de decisión máxima es la asamblea, donde los integrantes son nombrados a través de distintos mecanismos, muchas veces basados en la costumbre y la memoria colectiva.
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Desafíos y seguridad de la tenencia
La inseguridad de la tenencia puede estar provocada por cambios sociales, presiones económicas o la falta de reconocimiento oficial. Cuando los derechos a la tierra tienen valor y se puede exigir su cumplimiento, la seguridad aumenta. Sin embargo, existen factores que amenazan esta estabilidad:
- La parcelación de áreas comunes que da paso a la privatización.
- El otorgamiento de concesiones mineras sin consulta previa a las comunidades.
- La “renta” de las tierras por sumas muy bajas, que representa una forma de despojo.
El despojo del territorio y la privatización de las rentas tienen consecuencias muy profundas. No se restringe a la pérdida de la tierra en sí, sino a la transformación forzada de los modos de vida ancestrales asociados a los territorios y a la alteración drástica de las relaciones sociales de las comunidades.
La gestión del territorio y la autonomía
Las comunidades de hecho y de derecho en regiones como la p’urhépecha revelan cierta autonomía en sus asuntos internos. Las autoridades tradicionales, como el Comisariado de Bienes Comunales y el Consejo de Vigilancia, cumplen funciones vitales para gestionar obras públicas y regular la transmisión de derechos. Estas instancias resuelven los asuntos de mayor trascendencia y se acompañan en las gestiones, basándose en el costumbre, una instancia no contemplada en ninguna legislación pero fundamental para la cohesión social.
En última instancia, la tenencia de la tierra es un ámbito de disputa donde el reconocimiento político y el cumplimiento de las normas internas son vitales para evitar tensiones. Fortalecer el manejo forestal comunitario y proteger la propiedad social es esencial para garantizar que las comunidades rurales sigan siendo las guardianas de los recursos naturales y del tejido social del país.
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