Los sistemas alimentarios sólidos, sostenibles e inclusivos son fundamentales para alcanzar los objetivos de desarrollo a nivel mundial. El desarrollo agrícola constituye uno de los medios más importantes para poner fin a la pobreza extrema, impulsar la prosperidad compartida y alimentar a una población que se espera llegará a 10 000 millones de habitantes en 2050. El crecimiento de la agricultura es entre dos y cuatro veces más eficaz que el de otros sectores para incrementar los ingresos de los más pobres. Asimismo, la agricultura es esencial para el crecimiento económico: representa el 4 % del producto interno bruto (PIB) y en algunos países menos desarrollados puede representar más del 25 % del PIB. Conseguir reducir el hambre y la pobreza a la mitad en las poblaciones agrícolas de las regiones en desarrollo depende en última instancia de las decisiones y acciones de aproximadamente 500 millones de hogares agropecuarios. En este contexto, el objetivo del presente trabajo consiste en demostrar la necesidad de un tratamiento tributario especial para la actividad agropecuaria.
La Importancia Vital del Sector Agropecuario y sus Desafíos
Sin embargo, el crecimiento económico impulsado por la agricultura, la reducción de la pobreza y la seguridad alimentaria se encuentran en riesgo: múltiples conmociones -desde alteraciones relacionadas con la COVID-19 hasta fenómenos meteorológicos extremos, plagas y conflictos- están afectando los sistemas alimentarios. El objetivo mundial de poner fin al hambre para 2030 está actualmente lejos de lograrse. Los conflictos, el cambio climático y los altos precios de los alimentos impulsan la inseguridad alimentaria y nutricional, empujando a millones de personas a la pobreza extrema y revirtiendo los avances en el desarrollo logrados con gran esfuerzo. Alrededor de 2500 millones de personas enfrentan ahora una inseguridad alimentaria aguda.
Los cada vez mayores impactos del cambio climático podrían disminuir aún más los rendimientos de los cultivos, especialmente en las regiones del mundo con mayor inseguridad alimentaria. Al mismo tiempo, los sistemas alimentarios son responsables de alrededor del 30 % de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Los actuales sistemas alimentarios también amenazan la salud de las personas y del planeta y generan niveles insostenibles de contaminación y desechos. Un tercio de los alimentos producidos en el mundo se pierde o se desperdicia, y es imperioso abordar este problema para mejorar la seguridad alimentaria y nutricional, así como para contribuir a alcanzar los objetivos relacionados con el clima y a reducir las presiones sobre el medio ambiente. Los riesgos asociados con las dietas deficitarias también son la principal causa de muerte en todo el mundo. Millones de personas no comen lo suficiente o consumen alimentos inadecuados, una doble carga de malnutrición que puede conducir a enfermedades y crisis sanitarias. La inseguridad alimentaria puede empeorar la calidad de la dieta y aumentar el riesgo de diversas formas de malnutrición, lo que podría generar desnutrición, así como sobrepeso y obesidad.
La desaceleración de la economía mundial ha traído consigo efectos muy profundos en diferentes rubros económicos, políticos y sociales. La crisis planetaria de 2009, con la caída de Lehman Brothers en Estados Unidos, ha sido una de las más agudas de las que se tenga registro en la historia económica. La desaceleración global trajo consigo efectos heterogéneos sobre las distintas zonas económicas. La situación del sector agropecuario en los países de América Latina presentó sus primeros síntomas de desaceleración a partir de 2008.
| País/Región | Crecimiento Anual del PIB Primario (2008) | Crecimiento Anual del PIB Primario (2009) |
|---|---|---|
| Argentina | -2.5% | -15.7% |
| Brasil | - | -4.6% |
| Colombia | -0.6% | - |
| Costa Rica | -2.3% | -2.5% |
| América Latina y el Caribe | - | -3.2% |
En el caso de México, el sector agropecuario se ha rezagado en el ámbito de importancia de la economía de ese país, problema que se agudiza con los efectos negativos que trajo consigo la recesión planetaria. El sector agropecuario mexicano cada vez tiene menor importancia relativa en término de producción, muestra efectos diferenciados (el sector agrícola pierde dinamismo, mientras que la ganadería gana fuerza) y las consecuencias en los mercados de trabajo se manifiestan como pérdida de empleo y precarización del mismo. Este sector económico cuenta con menos recursos para financiar su desarrollo, lo que lo vuelve menos competitivo y más vulnerable ante los efectos del cambio climático, llevando a preocuparse por la forma en que se garantizará la seguridad alimentaria en México.
Lea también: Conclusión: Sistemas Contables
Argumentos para un Tratamiento Tributario Especial en la Actividad Agropecuaria
La hipótesis formulada sostiene que existen premisas que fundamentan la necesidad de un régimen tributario especial aplicable a la actividad agropecuaria. El resultado científico consiste en una sistematización de las premisas que argumentan la necesidad de un régimen tributario especial para la actividad agropecuaria. Tales argumentos residen en la propia definición de la actividad agropecuaria, sus peculiaridades como actividad económica, su relevancia social y política y su especialidad, así como los rasgos del sujeto que la realiza y los principios teleológicos que orientan al marco jurídico que rige dicha actividad.
Primeramente, a partir del análisis y la síntesis y del método deductivo, se realiza un estudio teórico jurídico a los efectos de sistematizar los argumentos en la doctrina que se han referido a la necesidad de incentivos fiscales encaminados a la promoción del sector agropecuario. Los tributos, además de ser medios para obtener los recursos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos, podrán servir como instrumentos de la política económica general y atender a la realización de los principios y fines contenidos en la constitución. Este objetivo extrafiscal adicional no constituye la esencia jurídica de la institución del tributo, sino la utilización para objetivos económico-sociales de una herramienta de intervencionismo. Es decir, los tributos son una herramienta de la política económica que permite al Estado intervenir en la economía orientando, de acuerdo con las necesidades sociales, la producción y la distribución de la riqueza, la inversión y el movimiento de los capitales, las tecnologías y los otros recursos de un país.
Diversos autores, sobre todo, desde Adam Smith, sentaron los principios de la imposición, que son considerados como requisitos de un sistema tributario. A este respecto vale la pena considerar que los requisitos de un sistema tributario racional constituyen los siguientes:
- Desde el aspecto fiscal, los tributos deben ser productivos, originando un rendimiento suficiente tanto en épocas normales como anormales.
- Desde el punto de vista económico, el sistema ha de tener la flexibilidad funcional suficiente a efectos de servir como instrumento de promoción económica, sin trabar la producción nacional.
- Desde el aspecto social, los gravámenes deben ocasionar un sacrificio mínimo al contribuyente, y corresponderá que se los distribuya equitativamente entre los habitantes, según su capacidad contributiva.
- Desde el aspecto administrativo, es menester que el sistema sea lo más simple posible, proporcionando certeza en el modo de pago, lugar y fecha, etc.; que el pago resulte cómodo en cuanto a la época en que el contribuyente esté en mejores condiciones económicas, y que el fisco recaude sus tributos con el menor costo posible.
En efecto, la capacidad contributiva consiste en la aptitud económico-social para contribuir al sostenimiento del Estado, significando, por tanto el límite material en cuanto al contenido de la norma tributaria, garantizando su “justicia y razonabilidad”. En lo que se refiere concretamente a la justicia fiscal, se reconoce hoy en día en forma unánime que la misma implica que todos aquellos que se encuentren en las mismas condiciones deben pagar el mismo monto de impuesto (igualdad horizontal), debiendo aquellos que se encuentren en condiciones diferentes pagar montos diversos de impuesto, de forma que la carga tributaria recaiga más intensamente sobre aquellos que estén en mejores condiciones.
También cabe remarcar que se trata de actividades diversas que han sido clasificadas en principales y en afines o conexas, que tienen un carácter estacional, temporal y cíclico. Esto se traduce en que en estas labores, independientemente de su variedad, las intervenciones del hombre en los diferentes momentos del ciclo agrobiológico (para la siembra, la fertilización, la cosecha, la comercialización, la gestación y nacimiento de los animales) tienen que realizarse en momentos muy breves -“el tiempo agrario”-, determinados por leyes naturales y biológicas. Tales actividades se caracterizan además por su territorialidad, dado que en general dependen de la calidad de los suelos y del clima de cada región. A esta particularidad se asocian otros aspectos como lo constituyen los rasgos antropológicos específicos del hombre del campo y de la vida rural. Un hecho general es que, “se mire desde donde se mire, ya sea desde el género, la edad, el estado civil, la categoría profesional, o el sector de actividad, los ingresos rurales son siempre más bajos que los urbanos. Pero la discriminación salarial es también una nota común del mundo rural.”
Lea también: Conclusión sobre el IVA
De lo anterior deriva que en el régimen especial tributario para el sector agropecuario deben conjugarse como presupuestos: el cumplimiento tanto de los fines generales del sistema tributario como de los aludidos principios teleológicos del Derecho Agrario. Las distorsiones en el cumplimiento de los principios pudieran incidir en graves problemas, en la preservación del medioambiente, al desarrollo rural, en la seguridad y soberanía alimentaria y en otras esferas. En este sentido, se debe remarcar el hecho de que no exista ese tratamiento tributario especial a los sujetos que realizan las actividades agropecuarias es causa de graves problemas como el éxodo rural, la marginación social y atraso cultural de los hombres del campo, improductividad y acaparamiento de las tierras.
Definición y Ejemplos de Beneficios del Régimen Especial
Tal régimen especial pudiera definirse como el conjunto de normas jurídicas específicas que se establezcan, dentro o fuera del ámbito de la norma marco de la tributación general y de sus disposiciones complementarias, y que pudieran implementarse en beneficio de los productores agrícolas y de otros sujetos que desarrollan su actividad en el sector agrario. Algunos ejemplos de beneficios que se pueden implementar son:
- Exenciones o bonificaciones en los impuestos sobre la renta sobre las personas físicas o las colectivas.
- Exención de los impuestos fiscales, municipales, especiales y de cualquier otra índole en los contratos de compra-venta, permuta y adjudicación por herencias, legados y donaciones de inmuebles que adquieran las cooperativas, cuando sean destinados a los fines de las cooperativas. Este beneficio en algunos países se extiende a los particulares que vendan a ellas tales inmuebles.
- En el caso de Portugal, se establece que “As Cooperativas agrícolas estão isentas de IRC, com excepção dos resultados provenientes de operações com terceiros e de actividades alheias aos próprios fins.”
- En España, La Ley de Modernización de las Explotaciones Agrarias (LMEA) de 1995 estableció un beneficio fiscal a favor de jóvenes agricultores o asalariados, en cuanto al impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). El beneficio consiste en reducir dicho rendimiento neto en un 25% durante los períodos impositivos cerrados durante los 5 años siguientes a su primera instalación como titulares de una explotación prioritaria, siempre que acrediten la realización de un plan de mejora de la explotación.
El Rol Multifacético de los Actores en el Desarrollo Agropecuario
El desarrollo efectivo requiere de la participación de un sinnúmero de actores: comenzando por los agricultores, sus asociaciones, las comunidades y gobiernos locales; pasando por el sector privado y ONGs; hasta los gobiernos nacionales y agencias internacionales. El papel y las contribuciones de los agricultores y sus comunidades es de vital importancia para que los esfuerzos realizados en pro de la reducción de la pobreza sean exitosos. La capacidad de los agricultores y de las comunidades agrícolas para innovar, desarrollar y difundir tecnologías, por lo general ha sido ignorada. El potencial de inversión en esta área es enorme y está bien documentado y se debería considerar básico en los esfuerzos de desarrollo de tecnologías. La capacidad de los agricultores para el ahorro y para financiar el desarrollo es también frecuentemente ignorada.
No obstante, la efectividad de sus esfuerzos depende de la presencia de un sector privado fuerte, factor cada vez más reconocido para promover el crecimiento agrícola. A pesar de actuar movido por intereses personales, el sector privado puede contribuir de manera significativa al desarrollo rural a través de su aporte en un sinnúmero de áreas, por ejemplo, la comercialización, dotando de valor agregado a los productos primarios, creando empleo, financiando el proceso productivo, y ayudando a los productores a identificar los requerimientos del mercado. La experiencia obtenida en las últimas décadas ha demostrado que el sector privado, especialmente cuando actúa por medio de asociaciones de comercio y organizaciones sectoriales, es capaz de asumir acciones como la inspección fitosanitaria, la difusión de la información de mercado, y acciones de extensión, que anteriormente se consideraban como la prerrogativa del sector público. Sin embargo, el sector privado no puede participar de manera eficiente en las áreas donde es difícil captar los beneficios de la inversión, como es el caso de caminos vecinales, educación y la multiplicación de variedades de semilla viables. A pesar de toda su versatilidad, las iniciativas privadas deben depender del sector público para el establecimiento y mantenimiento de un entorno legislativo, político y fiscal básico en cual operar. El accionar del sector privado puede tornarse destructivo e incrementar la pobreza entre los pequeños agricultores cuando no existen normas o estándares, cuando a pesar de existir éstas no se aplican, o cuando se ha permitido a los actores levantar barreras para la entrada de nuevos participantes.
Además, a pesar de todo lo que se ha escrito acerca de los beneficios de reducir la influencia gubernamental en el proceso de desarrollo rural, una de las posturas centrales de este análisis ha sido que la dotación de bienes y servicios públicos apropiados es también un elemento esencial en el proceso de desarrollo. Las contribuciones de los gobiernos locales y nacionales son de suma importancia, particularmente en lo relacionado a la dotación de bienes públicos. El término 'bienes públicos' por lo general se asocia con las estructuras físicas, como caminos, hospitales, y puertos. Sin embargo, hay un importante grupo de bienes públicos 'intangibles' relacionados con el establecimiento de un entorno de desarrollo apropiado y de una capacidad adecuada para la dotación efectiva de servicios públicos. A pesar de que muchos servicios públicos tradicionales, como los controles y certificación fitosanitaria, se pueden delegar a operadoras privadas, el marco en el que el sistema opera debe mantenerse bajo control público. Es posible que el bien público más importante que los gobiernos pueden proveer es una educación primaria y secundaria efectivas en las áreas rurales. La educación, sumada a los procesos participativos, empodera a los agricultores para ser actores dinámicos del desarrollo, en lugar de beneficiarios pasivos. Existe la necesidad de que la educación rural reconozca la realidad de que muchos niños y jóvenes rurales se ganarán la vida fuera del sector agrícola; con esto en mente, fortalecer la capacitación vocacional de éstos para desempeñarse en empleos no agrícolas es de suma importancia. La descentralización es una opción adecuada para conseguir un control mejorado al nivel local sobre la asignación de recursos y prioridades, permitiendo que la planificación e implementación se realicen basándose en las necesidades de los sistemas locales de producción agropecuaria. No obstante, es lamentable que por lo general la descentralización se haya asociado con una disminución de los recursos y de la experticia al nivel local, y se han dado casos de acaparamiento de recursos y servicios por parte de las elites locales.
Lea también: Conclusiones sobre Contabilidad de Proyectos
Uno de los aspectos principales de la pobreza es el no tener voz y en muchos países en desarrollo, tradicionalmente las ONGs han tenido un papel importante en articular las necesidades de los agricultores pobres y otros grupos vulnerables. Es altamente prioritario fortalecer las capacidades de las ONGs en la dotación de servicios. La labor de las ONGs y las organizaciones de agricultores con relación a la reducción de la pobreza, se enfocará en fortalecer el capital social, como grupos y redes de agricultores, y en la difusión de información pública.
Las instituciones públicas regionales y aquellas que operan al nivel global tienen un papel crucial para alcanzar el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza. La globalización ha incrementado la necesidad de contar con acuerdos internacionales y estándares que contribuyan a la equidad, transparencia y seguridad en las relaciones comerciales internacionales. También se ha tenido éxito en establecer códigos de conducta internacionales en áreas como la pesca y en el establecimiento de acuerdos de consentimiento que se relacionen con organismos genéticamente modificados y plaguicidas. El trabajo realizado por la Comisión del Códex Alimentarius sobre los estándares alimentarios es también de importancia capital para salvaguardar la seguridad alimentaria y para proveer normas de calidad que puedan ser aplicadas a bienes comerciables, y así reducir los costos de transacción. Uno de los desafíos más importantes para el futuro próximo será desarrollar medios prácticos para mediar el establecimiento de mecanismos transnacionales y globales para el manejo de los recursos. Los esfuerzos internacionales de investigación podrían permitir el surgimiento de una revolución sostenible en el desarrollo agrícola.
La Base Analítica y los Desafíos de Datos
El presente análisis se basa en el criterio de expertos pertenecientes a un sinnúmero de disciplinas, así como en datos secundarios seleccionados y en datos espaciales más recientes. Las bases de datos estadísticos y de las zonas agroecológicas realizadas por FAO constituyeron un excelente punto de partida para el análisis, pero no se podían aplicar a sistemas de producción agropecuaria individuales. En los últimos años, han surgido un sinnúmero de imágenes de satélite y de bases de datos asociadas, así como datos sobre los recursos naturales, población, indicadores agroclimáticos y riego que se han derivado de estas fuentes.
Es importante anotar que fue imposible identificar de manera consistente datos estadísticos locales o bases de datos del Sistemas de Información Georeferenciada (GIS) que cartografiaran el alcance subnacional del hambre y la pobreza, lo que probablemente constituyó el vacío de datos más importante que los autores debieron enfrentar. Ante esto, se hizo mano de los criterios de los expertos que se basaron en los estimados nacionales y regionales para realizar estimados específicos sobre la pobreza. Se espera que en un plazo de dos o tres años se pueda disponer de bases de datos georeferenciadas bastante exactas sobre el hambre, la pobreza, las poblaciones humanas y animales y sobre las áreas cultivadas. La actualización de este análisis realizado al nivel global podría generar una visión más detallada sobre las tendencias que empiezan a surgir y sobre los problemas y prioridades estratégicos.
tags: #conclusion #de #regimen #agropecuario