Fue uno de los temas más frecuentes en las últimas décadas: para combatir el robo de combustible también es necesario seguir la ruta del dinero ilícito, decían especialistas. Ahora el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador empezó a investigar el destino de los recursos por el “huachicoleo”, como se conoce al delito.
La Postura Presidencial sobre la Corrupción
En septiembre de 2019, durante un evento en Chihuahua, el expresidente Andrés Manuel López Obrador confesó que ningún acto de corrupción ocurre sin el visto bueno del presidente. “Nada de que el presidente no sabía, no se enteraba, lo engañaban, eso es falso. El presidente de México está informado de todo lo que sucede”, expresó hace seis años en conferencia de prensa. Además, AMLO recordó que las “tranzas más grandes” son las que se hacían desde arriba porque entre más elevada la autoridad, más corrupción. “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y las tranzas grandes que se llevaban a cabo”, añadió.
Sus propias palabras resuenan en el contexto actual: “No me vengan con que el Presidente no sabía, no se enteraba o lo engañaban. Eso es falso. El Presidente de México está informado de todo lo que sucede. Y las transas grandes llevan siempre su visto bueno; aunque no firme, él autoriza, tolera y permite”. La cruzada contra el lavado de dinero por el “huachicoleo” se mantendrá, dice el presidente López Obrador.
Primeras Investigaciones de la UIF y el Lavado de Dinero
En la primera etapa la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) encontró una extensa red de lavado de dinero que involucra a políticos, exfuncionarios de Petróleos Mexicanos y empresarios. Santiago Nieto, director de la UIF, dice que hasta el momento se detectaron operaciones de lavado de dinero por 10.000 millones de pesos, unos US$527 millones. El dinero se “blanqueó” entre 2017 y 2018. Pero en la medida que se profundicen las investigaciones, la cantidad puede superar los 45.000 millones de pesos (US$2.300 millones).
En este inicio de las investigaciones se consignó ante la Procuraduría (fiscalía) General de la República (PGR), a 15 personas supuestamente vinculadas con el “huachicoleo”. “Estamos en presencia de empresarios, pero también de servidores públicos”, explica Nieto. Se mencionó a “un exfuncionario de Pemex, un exdiputado local, un expresidente municipal relacionados con la propiedad de concesiones de venta de gasolina y la comercialización de huachicol”. Es la primera vez que se realiza una operación de esta magnitud contra el robo de combustible.
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En las investigaciones, la UIF encontró que los vinculados al “huachicoleo” realizaron transferencias internacionales importantes, por hasta US$2 millones. También compraron automóviles de lujo, a veces con dinero en efectivo, así como joyas, obras de arte o boletos de avión. “Hemos encontrado cómo servidores públicos adquieren de manera anual bienes inmuebles a nombre propio y de sus familiares o personas cercanas”, añade el director de la UIF. Hasta el momento la red de lavado de dinero comprende a 50 empresas en ocho estados del país.
La Secretaría de Hacienda cree que al menos 194 propietarios de gasolineras pueden estar vinculados con el robo de combustible. Se trata de contribuyentes que en su pago de impuestos de 2017 declararon menos ingresos de los reales, señala Hacienda. Esto representa una posible evasión por 3.217 millones de pesos, US$170 millones. “¿Qué significa eso? Ese diferencial no puede ser otro más que el suministro de ‘huachicol'”, explica Nieto. “El modus operandi implica no solamente la comercialización del ‘huachicol’, sino el blanqueo de esos capitales en el sistema financiero”, añade.
De hecho, en sus investigaciones la UIF encontró que muchas operaciones financieras de alto monto de las gasolineras, ocurrieron en municipios por donde cruzan los poliductos de Pemex. Y en muchos casos son los mismos con alto índice de “huachicoleo” y venta de combustible robado. La especialista Ana Lilia Pérez, autora del libro "El cartel negro", dice que desde hace varios años muchas gasolineras dejaron de tener relación con Pemex. “Desde 2010 ya había gasolineras que de plano no le compraban nada a Pemex y de todos modos los dejaban operar”, le explica a BBC Mundo. “Es grave porque en el contrato de franquicia (la autorización de funcionamiento de las gasolineras) dice que debes comprarle el producto a Pemex”.
El siguiente paso es que la Cámara de Diputados apruebe una enmienda legal para que el robo de combustible se considere como delito grave. Actualmente los acusados de “huachicoleo” pueden enfrentar el proceso en libertad, y en muchos casos reciben sentencias absolutorias.
Impacto Financiero del Huachicol
El impacto que está teniendo en México el desabasto de combustible por la lucha contra el "huachicoleo" es significativo. Las pérdidas para las finanzas públicas alcanzan cifras millonarias.
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| Concepto | Monto | Notas |
|---|---|---|
| Operaciones de lavado de dinero detectadas (UIF) | 10.000 millones de pesos (US$527 millones) | Entre 2017 y 2018 |
| Estimación potencial de lavado de dinero (UIF) | Hasta 45.000 millones de pesos (US$2.300 millones) | Al profundizar investigaciones |
| Evasión fiscal por gasolineras (Hacienda 2017) | 3.217 millones de pesos (US$170 millones) | Declaración de menos ingresos |
| Boquete a las finanzas públicas anual | Más de 9 mil millones de dólares | Huachicol fiscal |
Militarización de Aduanas y Puertos: El Huachicol Fiscal
El expresidente Andrés Manuel López Obrador convirtió a las fuerzas armadas en omnipresentes administradores del país, incluyendo las aduanas. En 2020 se traspasó el control de puertos y aduanas a las fuerzas armadas. Sin embargo, estas aduanas, según la Auditoría Superior de la Federación, entre 2021 y 2023, detectaron irregularidades millonarias en la recaudación, omisiones en controles y pérdidas de combustible robado. El ejército y la Marina, lejos de sanearlas, las convirtieron en un botín con uniforme. Eduardo León Trauwitz, general en retiro y exjefe de escoltas de Enrique Peña Nieto, acusó al expresidente Andrés Manuel López Obrador de maximizar e institucionalizar el huachicol fiscal durante su sexenio.
En entrevista para El Universal, el exsubdirector de Salvaguardia Estratégica de Pemex, aseguró que en la gestión del morenista el contrabando de combustible tuvo una escala masiva a través de barcos y pipas, que pasaban en los puertos mediante prácticas corruptas que involucraron a marinos y empresarios. “Me confirman que desde hace seis años está este robo masivo y volumétrico en los barcos. Lamentablemente está institucionalizado y lo que estamos viendo ahorita es sólo la punta del iceberg, la detención de quienes daban la cara dentro del gobierno para materializar el robo que es institucional”, señaló.
El boquete a las finanzas públicas es de más de 9 mil millones de dólares anuales. Una sangría de Estado consentida, tolerada y, por lo visto, organizada desde dentro. Un informe de 2022 reveló que en las aduanas bajo control militar se omitieron reportes de al menos 80 buques con carga irregular, algunos de ellos vinculados a empresas fantasma en Veracruz y Campeche. Esto significa que mientras se hablaba de “seguridad nacional”, la seguridad real era la del negocio.
La detención de un vicealmirante y de varios marinos por participar en una red de huachicol fiscal no es un episodio aislado, sino el desenlace lógico de haber entregado a la Marina la llave de los puertos. La investigación publicada por MCCI en noviembre de 2024 aborda el huachicol fiscal en colusión con autoridades aduanales, específicamente en el puerto de Altamira, Tamaulipas, involucrando aditivos para aceites lubricantes con un valor de 7.7 millones de pesos de procedencia ilícita. Se nombró a Rafael Marín Mollinedo como titular de la ANAM, cargo que ocupó entre enero y junio de 2023, en un período donde se señala a funcionarios aduanales y marinos, como el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y otros implicados. Se menciona el involucramiento del exsecretario de Marina y, por ende, del expresidente Obrador.
El Caso del Huachicol en Tamaulipas y las Declaraciones de Sheinbaum
El huachicol se refiere al robo y contrabando de combustible, una actividad ilícita que ha crecido en México, especialmente en estados como Tamaulipas. Esta práctica no solo afecta a la economía del país, sino que también alimenta la violencia y la corrupción en las instituciones. En Tamaulipas, la situación ha escalado a tal grado que se han detectado más de mil 100 tomas clandestinas en los ductos de Pemex, convirtiendo al estado en uno de los principales focos de este delito.
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La frase polémica de López Obrador sobre el conocimiento presidencial de la corrupción se dio a conocer con una denuncia del almirante Rafael Ojeda, exsecretario de Marina, quien habría destapado una red de huachicol dentro de la propia institución. El exfuncionario durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ‘dio el pitazo’ para que Fiscalía General de la República (FGR) la investigara los presuntos involucrados en una organización dedicada al robo de combustible en Tamaulipas. Incluso, García Harfuch y Gertz Manero reconocieron al almirante Rafael Ojeda y destacaron que fue él quien hace dos años denunció ante la FGR a una presunta red de corrupción al interior de la dependencia. Las declaraciones se dan en un contexto en el que autoridades del Gabinete de Seguridad han desmantelado una red de tráfico ilícito de hidrocarburos presuntamente operada por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y el contralmirante Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos de Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina.
Entre los 14 detenidos, destacan Manuel Roberto Farías Laguna, un vicealmirante de la Secretaría de Marina, y Francisco Javier Antonio Martínez, exgerente de Administración y Finanzas de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA). Ambos son acusados de complicidad en una red de huachicol que ha causado pérdidas millonarias al estado. Las detenciones son el resultado de una larga investigación que expuso la corrupción dentro de las instituciones. También, derivado de las investigaciones, 20 personas (físicas y morales) fueron incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que en el expediente de la Fiscalía General de la República (FGR) del caso de tráfico de combustibles o huachicol fiscal no se menciona a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán. Durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, la primera mandataria negó también que la investigación del caso por parte de las autoridades mexicanas sea resultado de la presión de Estados Unidos. "Falso", respondió a una pregunta específica.
Sheinbaum Pardo aprovechó para reiterar que las investigaciones sobre el caso iniciaron en marzo del año en curso luego de que las autoridades aduaneras descubrieron un buque tanque con diésel ilegal. “En marzo pasado la aduana tomó conocimiento de un buque que llegó a Tampico proveniente de Estados Unidos. El permiso con el que quiso entrar a descargar el contenido del buque es temporal, de una sustancia química, de naftas. Se dieron cuenta que probablemente ahí venía combustible, no naftas”. Explicó de nuevo que las autoridades detuvieron el buque y pidieron un análisis del contenido, lo que hizo Pemex y la oficina de Aduanas. “Y se encuentra que no, que es diesel que proviene de Estados Unidos. Si hubiese sido una importación legal el documento diría que es diesel y que hay que pagar de impuestos tanto”.
En palabras de la propia Sheinbaum: “Como bien dijo el fiscal de la república, Ojeda denunció hace dos años; ahora, cuando llega este tanque cargado de diésel, da mejores pruebas para hacer las detenciones”. Sheinbaum ha presumido incautaciones históricas -más de 50 millones de litros de diésel en lo que va del año y 31 buques cargados de huachicol-.
La contradicción es inevitable. Si, como afirmó Sheinbaum, Ojeda denunció hace dos años y nadie actuó, ¿qué se espera de un país donde el titular de la Marina denuncia y el Presidente y el fiscal callan? Porque el tema no es si López Obrador sabía -según sus propias palabras, él siempre supo- ni si Ojeda levantó un acta. El verdadero problema es que ambos tenían la obligación de detenerlo y no lo hicieron. Los jefes de las instituciones del Estado no son cronistas que observan y narran; son garantes que debieron actuar.
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