El 1 de enero de 2019, un excapitán del ejército brasileño, Jair Bolsonaro, subió las escaleras del Palácio do Planalto para la inauguración de su mandato presidencial. El 55% de los votos obtenidos en la segunda vuelta electoral demostró una contundencia clara en los resultados.
La Promesa de una Nueva Política sin Corrupción
Entre los aspectos más atractivos de la candidatura de Bolsonaro para el público durante la campaña electoral se hallaba la promesa de recuperación económica bajo la administración del ministro Chicago Boy Paulo Guedes. Asimismo, otra de las razones que llevaron a que el controvertido capitán de la reserva alcanzara la presidencia fue la histórica problemática del crimen en Brasil. En otras palabras, esta postura extrema no terminó siendo un lastre, sino que potenció su llegada a un gran porcentaje de brasileños, que vieron en el entonces candidato a un político transparente que no temía señalar y exhibir a quienes consideraba como una carga para el sistema.
Si en su momento sus posturas extremas lo excluyeron de los acuerdos legislativos construidos por los diferentes partidos que gobernaron Brasil desde los años noventa, en el contexto de una creciente insatisfacción ciudadana con los políticos tradicionales Bolsonaro logró instalar la idea de no estar relacionado o vinculado con actores fuertemente señalados por actos de corrupción. Jair Bolsonaro en su campaña electoral prometió una nueva política libre de corrupción y mano dura contra la violencia. Para la seguridad, reclutó a Sergio Moro, un exjuez federal conocido por su papel indispensable en la Operación Lava Jato, la mayor operación anticorrupción de Brasil que supuso el encarcelamiento del mismísimo expresidente Lula. La operación comenzó en 2014 y continúa en proceso.
Iniciativas y Desafíos en el Combate a la Corrupción
Un ejemplo claro de las iniciativas impulsadas fue el Proyecto de Ley Anticrimen, un proyecto para combatir la corrupción, el crimen organizado y la violencia (Projeto de Lei Anticrime), impulsado por Sérgio Moro, ministro de Justicia y Seguridad Pública. Por lo que se refiere a las cuentas internas del país, destaca la aprobación de la reforma del sistema de pensiones (Reforma da Previdência), que en un principio tenía un carácter marcadamente liberal, con la pretensión de eliminar privilegios y pensiones desmesuradas de altos cargos públicos.
Sin embargo, varias modificaciones durante su paso por la Cámara de los Diputados y el Senado hicieron que el ahorro para el erario público sea ligeramente menor que el previsto por Guedes. Con todo, esta medida, junto con varios otros ajustes en las cuentas públicas, incluyendo la congelación de algunos gastos ministeriales, redujo el déficit público 138.218 millones de dólares en enero (6,67% del PIB) a 97.680 millones de dólares en noviembre (5,91% del PIB), la cifra más baja desde que hace cinco años comenzó la recesión económica.
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La implementación de estas y otras medidas ha enfrentado obstáculos. La cooperación entre el Ejecutivo y el Legislativo está plagada de conflictos: el intercambio repetido de golpes entre Bolsonaro y Rodrigo Maia, presidente de la Cámara de Diputados, tuvo gran repercusión en los medios de comunicación. A la débil coordinación dentro del gobierno se suma la falta de mayorías en el Parlamento. Esta constelación complica la aprobación de aquellos proyectos de ley que se encuentran entre las principales promesas hechas por Bolsonaro durante la campaña electoral.
Controversias y Contradicciones en la Administración Bolsonaro
A pesar de los esfuerzos ministeriales, la imagen del presidente se ha visto afectada. Mientras la labor de diversos ministros mejora la percepción de la administración, el propio Bolsonaro parece no hacer una contribución especialmente positiva. A causa de esto, poco a poco se ha ido deteriorando la imagen pública del presidente. A finales de 2019 su popularidad era del 30%, frente al 57,5% con que comenzó el año. Esto contrasta con el porcentaje de aprobación que tienen miembros de su gobierno, en especial Sergio Moro, que ha logrado mantenerse inamovible por encima del 50%.
La administración de Bolsonaro ha enfrentado acusaciones directas de corrupción y nepotismo. Además, su hijo Flavio, que es senador, ha pasado a ser investigado por un posible caso de corrupción, en un proceso que el presidente ha procurado impedir. Bolsonaro también causó escándalo a mitad del año al intentar nombrar embajador en Washington a su hijo Eduardo, siendo acusado de nepotismo. Todo este caos causado por el presidente ofrece la impresión de un Bolsonaro que va a contracorriente de su propio gobierno.
El aparente éxito de las reformas ya realizadas termina viéndose maculado por la impulsividad e intereses personales del que otrora defendía la impersonalidad del Estado, lo cual acaba causando el deterioro de su imagen política. Adicionalmente, los escándalos de corrupción y los supuestos vínculos con milicias proyectan sombras sobre la familia Bolsonaro. Las organizaciones han pedido al procurador general, Augusto Aras, que abra investigaciones sobre la responsabilidad del gobierno de Bolsonaro. Desde hace cinco meses está en funcionamiento una comisión parlamentaria de investigación en el Senado Federal que ya ha sacado a la luz algunas situaciones que requieren la atención urgente del procurador general, sin que este haya actuado de forma clara.
El Contexto de la Corrupción en la Política Brasileña
La Operación Lava Jato se erige como un punto de referencia clave en la lucha anticorrupción, la mayor operación anticorrupción de Brasil. En ese contexto, la narrativa anticorrupción de la Operación “Lava-Jato” y el consecuente rechazo a los partidos que habían sido gobierno lograron consolidar la idea del antipetismo. El proceso que en 2016 culminó con el impeachment de la presidenta Rousseff no sólo dejó en evidencia la profundidad de esta división, sino que además mostró de manera clara la intensidad del sentimiento anti-petista en muchos brasileños.
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La percepción de que la política brasileña es corrupta ha sido un factor determinante en el panorama político. Este desencanto con la democracia y sus instituciones centrales explica por qué las criticables declaraciones de Bolsonaro reivindicando al gobierno militar que controló Brasil entre 1964 y 1985 y la adulación expresada por algunos de sus más siniestros personajes (como el caso de Carlos Alberto Brilhante Ustra, responsable de numerosos actos de tortura) no sólo no hicieron mella en su popularidad, sino que incluso la potenciaron. Para muchos de los seguidores de Bolsonaro, jóvenes que no vivieron en el periodo autoritario y sólo lo conocían por los libros, ese pasado incluso se consideraba preferible si se le comparaba con el presente.
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