Las declaraciones de Michelle Bachelet en torno a las políticas migratorias han generado diversas reacciones, tanto en el ámbito nacional chileno como en su rol de alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Sus posturas reflejan una visión particular sobre los desafíos y soluciones a los flujos migratorios contemporáneos.
La Visión de Bachelet sobre la Migración en Chile
La reciente propuesta de la fundación de Michelle Bachelet a los candidatos municipales de izquierda, que sugiere que los problemas migratorios son inevitables ya que son signos del desarrollo, pone de manifiesto una desconexión alarmante con la realidad migratoria que enfrenta Chile. Según Bachelet, el mensaje entregado a través de su fundación es que los municipios deben promover la convivencia sin cuestionar el tipo de ingreso de los extranjeros al país. Esta aproximación, no obstante, en realidad se traduce en una carga adicional para los servicios públicos y en crecientes tensiones sociales.
En los últimos ocho años, Chile ha experimentado un aumento exponencial en el flujo de migrantes, primero como turistas, con el “turismo laboral” y luego, a menor intensidad, con los ingresos clandestinos. Este incremento ha desbordado la capacidad del Estado para mantener la seguridad y proveer servicios esenciales, mientras que el número de extranjeros en cárceles se ha triplicado, en gran parte debido a la creciente presencia del crimen organizado. En lugar de aprender de los errores cometidos por otros países que han adoptado políticas migratorias laxas y se han dedicado a acallar críticas a problemas de cohesión, Bachelet parece dispuesta a repetirlos.
Su experiencia con la migración haitiana durante su mandato es un claro ejemplo de cómo una política de puertas abiertas, sin los controles necesarios, genera grandes tensiones. Lo que Chile necesita no es más inclusión sin restricciones, sino una política migratoria que priorice la seguridad, la legalidad y la cohesión social. Los desafíos actuales requieren una respuesta firme y coordinada.
Críticas a Políticas Migratorias en Estados Unidos y México desde la ONU
Desde su rol internacional, Michelle Bachelet, como alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, ha criticado el endurecimiento de las medidas impuestas por los Gobiernos de México y Estados Unidos para contener el flujo de inmigrantes desde Centroamérica. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha dado un revés a la política migratoria de México y Estados Unidos. "Están poniendo a los migrantes en un creciente riesgo de sufrir violaciones y abusos de derechos humanos", ha afirmado la expresidenta chilena, que ha calificado el viraje en la gestión regional de la migración como un "retroceso".
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Las declaraciones de Bachelet llegan en la víspera de una reunión entre la Cancillería mexicana y sus homólogos estadounidenses para discutir el acuerdo migratorio de junio pasado, en el que el Gobierno de Donald Trump dio marcha atrás a la amenaza de imponer aranceles a las importaciones mexicanas si el país demostraba en 90 días que podía frenar la inmigración irregular. Bachelet ha sido particularmente crítica con EE UU y ha puesto el foco en la separación familiar y la vulnerabilidad de los niños que se ven obligados a abandonar sus países.
"En una nación construida a base de recibir migrantes, recientes medidas han reducido su protección, lo que me preocupa profundamente, especialmente la continuada separación de niños migrantes de sus padres", ha dicho Bachelet, en su discurso de apertura del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. "Nada puede justificar infligir un trauma tan profundo a ningún niño".
La alta comisionada también cuestionó la legalidad del Protocolo de Protección de Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), la política unilateral de EE UU que establece que los solicitantes de asilo deben esperar en México a que una Corte estadounidense decida si su petición procede. "Los acuerdos para devolver personas a estos u otros países no pueden considerarse legales si no se respetan los derechos humanos internacionales y el derecho de los refugiados", ha sostenido Bachelet. El protocolo, conocido informalmente como "Quédate en México", ha sido duramente cuestionado por la capacidad del país latinoamericano de ofrecer condiciones seguras y dignas para los solicitantes y ha sido señalado por abogados y activistas fronterizos como parte de una estrategia disuasoria de Washington contra el creciente número de solicitudes desde Centroamérica.
La Respuesta de México y Propuestas Regionales
En este contexto, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, anunció que las detenciones en la frontera sur de EE UU habían caído un 56% entre mayo y agosto, de acuerdo con datos preliminares de la Oficina estadounidense de Aduanas y Protección Fronteriza. Este periodo de cuatro meses se enmarca en el inicio de las amenazas que Trump había lanzado a México hasta los últimos datos disponibles. Esta es la principal carta de México de cara a la reunión bilateral en Washington para desterrar los fantasmas de una guerra arancelaria con su principal socio comercial, a donde envía tres cuartas partes de sus exportaciones y de donde recibe el 94% de sus remesas. "México no es ni aceptará ser tercer país seguro", ha recalcado Ebrard sobre las líneas rojas de la delegación mexicana.
La Cancillería mexicana defiende que su gestión de los ataques de Trump ha sido exitosa y justifica el endurecimiento de su política migratoria como un ajuste apegado a sus propias leyes e interés nacional. Ebrard mandó el mensaje de una contención eficiente y de responsabilidades compartidas hacia EE UU, pero insistió en el apego a los derechos humanos y las pocas denuncias que se han presentado al respecto para contrarrestar las críticas en el interior del país.
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Al mismo tiempo, México aún promueve el Plan Integral de Desarrollo para Centroamérica, una especie de plan Marshall para atacar las causas estructurales de la migración y promover el empleo y la inversión en el istmo centroamericano. El plan ha sido respaldado por varios Gobiernos y organismos internacionales -entre ellos Cepal, el brazo de Naciones Unidas para el desarrollo económico de América Latina y el Caribe-, pero ha tenido problemas para garantizar los fondos que lo conviertan en una realidad en el terreno. La exigencia mexicana es que la Casa Blanca ratifique su compromiso de apoyarlo y, sobre todo, lo materialice en inversiones concretas. Sobre estas políticas y la migración, Michelle Bachelet ha enfatizado: "Las políticas de tolerancia cero no cortarán de raíz los factores que empujan a la gente a salir de su país".
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