El propósito del presente artículo es analizar la relación entre la inflación, el gasto del gobierno y el crecimiento económico e indagar si necesariamente el déficit fiscal es la causa única e indefectible de la inestabilidad de precios en México.
La principal contribución de nuestro estudio consiste en argumentar que la hipótesis convencional se basa en el supuesto restrictivo de que todo el gasto del gobierno y, por tanto, el déficit fiscal es exógeno.
No obstante, si las condiciones son diferentes y si el gasto del gobierno y el déficit fiscal son (al menos parcialmente) endógenos al crecimiento económico, entonces es posible que la inflación no tenga como causa necesaria y única al déficit fiscal.
Es decir, la inflación no es necesariamente “un fenómeno puramente fiscal”.
En las líneas que siguen realizamos un escrutinio de esta hipótesis.
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El Origen y Evolución del Banco de México
La estructura de este artículo se compone de una revisión compendiosa del origen y evolución del Banco de México, seguida de una revisión sucinta de cierta literatura fundamental sobre el tema que analizamos; posteriormente, describimos algunos hechos estilizados relevantes para nuestra discusión y, luego, estimamos dos modelos de vectores autorregresivos cointegrados (CVAR, Cointegrated Autoregressive Vectors) para demostrar que si el gasto de gobierno es endógeno al crecimiento económico, entonces el déficit fiscal no es un factor que impacte negativamente a la inflación.
Los resultados muestran que, aún sin causalidad en el sentido de Granger, se observa una relación negativa de largo plazo entre el gasto público y la inflación.
Nuestros modelos econométricos documentan la presencia de una especie de Ley de Wagner en la economía mexicana: existe una relación positiva entre el crecimiento económico y el gasto fiscal y, en aparente paradoja, una menor inflación.
La herencia porfiriana, en el aspecto monetario, cargó con importantes limitaciones y anacronismos. Oñate Villarreal (2006, p. 133) afirma que José Yves Limantour, secretario de Hacienda de mayo de 1893 a mayo de 1911, organizó un sistema bancario de emisión múltiple en el que billetes de varios bancos privados circulaban simultáneamente y no había banco central.
Uno de los bancos privados, el Banco Nacional de México, actuaba por cuenta del gobierno como su agente financiero y monetario.
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El negocio de los bancos, muy lejos de la intermediación financiera (recepción de ahorros y oferta de préstamos), era el de la emisión de billetes sin que el apoyo en metálico de ese circulante fuera significativo ni, mucho menos, confiable.
El rosario de acontecimientos que eslabonaron a la preeminencia de los bancos de la ciudad de México frente a la palidez del resto de instituciones bancarias, con la estrategia porfiriana y, mucho más grave, con la usurpación de y financiamiento a Victoriano Huerta en la emergencia del movimiento encabezado por Venustiano Carranza, alimentaron el profundo desafecto carrancista hacia los banqueros del viejo régimen y hacia las normas que posibilitaban sus negocios, por lo que la incautación de los bancos privados es el primer paso de la necesaria gestión gubernamental de la política monetaria de la revolución constitucionalista.
En el camino a la construcción del marco institucional revolucionario, alumbrado en Querétaro al despuntar febrero de 1917, Carranza estableció normas que, al mismo tiempo, inhabilitaban a los bancos, incautándolos, y condenaban a los movimientos sociales que amenazaban a la marcha económica del país.
Promulgó un decreto que abrogaba la legislación bancaria vigente, es decir, la Ley General de Instituciones de Crédito de 1897 y las reformas de 1908, con lo cual desmanteló el sistema monetario y bancario del antiguo régimen (Oñate Villarreal, 2006, p. 132).
Un decreto que autorizó la incautación de los bancos privados de emisión.
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Luego del asesinato de Venustiano Carranza, el éxito de la rebelión de Agua Prieta y la presidencia interina de Adolfo de la Huerta, el gobierno del general Álvaro Obregón trataría de buscar el ansiado reconocimiento por diversas vías; una de ellas fue la renegociación de la deuda externa, que trató de alcanzarse mediante acuerdos con Thomas W.
Los efectos políticos, especialmente la renuncia y posterior rebelión delahuertista, el previo asesinato del senador por Campeche Francisco Field Jurado y el secuestro de otros tres senadores, se convirtieron en el pretexto de Adolfo de la Huerta para cancelar su apoyo a la candidatura presidencial de Plutarco Elías Calles y aceptar la propia.
Con Alberto J. Pani en Hacienda, las cosas cambiaron.
Después de enfrentar un sombrío ambiente en las finanzas públicas, agravado por los gastos originados por la rebelión, por el que los créditos al país experimentaron una importante contracción, logró la reconciliación con los banqueros, del país y del extranjero, la creación de la Comisión Nacional Bancaria y la renegociación exitosa de la deuda externa; así, alcanzó el fin buscado: la inauguración, anunciada el 1º de septiembre de 1925, de El Banco de México, S. A. con el gobierno federal como principal accionista -el total de las acciones de la serie “A”, representativas del 51% del total, y 49% de las correspondientes a la serie “B”, a disposición de bancos comerciales adherentes- y cuyo objetivo era asumir la responsabilidad de la acuñación de la moneda, la emisión de billetes, la regulación de las tasas de interés pasivas, de la masa monetaria y del tipo de cambio (Aguilera Gómez, 2014, pp.
La fortalecida confianza que adquirió el gobierno federal mexicano durante 1925 se habría de debilitar considerablemente desde el siguiente año, a partir del creciente conflicto con la jerarquía católica y con el inicio de hostilidades de la Guerra Cristera (1926-1929); el crack de este último año en la Bolsa de Valores neoyorkina y la Gran Depresión subsiguiente complicaron el, de suyo, complejo panorama económico, político y social.
Entre las modificaciones normativas de mayor relevancia, previas a la autonomía, destacan las reformas de abril de 1932 (por las que se suprimieron las operaciones con el público y se obligó a los bancos comerciales a asociarse al Banco de México y a depositar en él sus reservas) y la del mismo mes, pero de 1935, que estableció la circulación obligatoria del billete emitido por esta institución.
Lobato López (1958, p. 459) explica que la fusión del dinero y el crédito hacen de la moneda fiduciaria el circulante nacional único, por lo tanto, la moneda puede crearse para producir mercancías e impulsar el desarrollo económico.
En 1936, el General Lázaro Cárdenas había empleado el déficit creador (gasto público mayor que el ingreso gubernamental, endeudamiento y política monetaria expansiva), antes de la publicación de la Teoría General de Keynes.
La figura central de esta oposición, desde el propio Banco Central, a la labor socioeconómica del cardenismo era Luis Montes de Oca, cuya vida y obra estuvieron consagradas a la promoción de ideas liberales; incluso desde la dirección del Banco de México radica en su temprana advertencia sobre el efecto inflacionario del intervencionismo económico gubernamental y, en paralelo, sobre el carácter inconfundiblemente monetario de la inflación.
Asuntos, ambos, que ocupan parte significativa de la polémica actual en el seno de la disciplina y que tomaron protagonismo nacional con las reformas que facilitaron el otorgamiento de créditos del Banco de México al gobierno federal (Romero Sotelo, 2018, pp.
En contraste, Noyola (1956, p. 604) explica que la inflación no es un fenómeno monetario, sino el resultado de desequilibrios de carácter real que se manifiestan en forma de aumentos del nivel general de precios y es mucho más perceptible en los países subdesarrollados que en los países industriales.
Para Noyola, el conflicto de clases y la inelasticidad de la oferta -sin la menor referencia al dinero- son las variables explicativas de la inflación visible.
Sapir (2004, pp. 166-167) arguye que la teoría cuantitativa del dinero no se verifica más que si se admite una información completa y perfectamente distribuida entre los agentes.
Moreno-Brid y Ros (2010) consideran que durante 1956-1970 la estabilidad macroeconómica en México se debió al buen ambiente internacional resultado del alto crecimiento de la posguerra.
En la década de 1970, las condiciones internas y externas cambiaron hacia incrementos del gasto público sin aumentos en los ingresos tributarios y más bien financiados por los ingresos petroleros.
Luego de la crisis de 1982, la economía mexicana se caracterizó por altos niveles de inflación y deuda.
Las reformas introducidas para estabilizar la economía entre 1980 y 1990 incluyen la modificación de las leyes del Banco de México (1993), las cuales lo fueron dotando de una mayor autonomía instrumental, política y económica para, finalmente, adoptar la política monetaria de metas de inflación (Carrasco Sánchez y Ferreiro, 2019, p. 90).
Los objetivos y las funciones del Banco de México han evolucionado a través de las seis leyes.
En términos generales, las legislaciones de 1925, 1932, 1936 y 1941 establecen que el Banco de México debe emitir billetes, regular la circulación monetaria, la tasa de interés, los cambios con el exterior, encargarse del servicio de Tesorería del Gobierno Federal, operar como banco de reserva y fungir como cámara de compensación.
En la ley de 1984, observamos un cambio fundamental que es la introducción del objetivo de la estabilidad del poder adquisitivo del dinero y procurar las condiciones crediticias y cambiarias para ello.
La ley de 1993, estipula como único objetivo una inflación baja y estable y como función secundaria la estabilidad del sistema financiero.
La Política Fiscal y el Crecimiento Económico
La influencia de la política fiscal en el crecimiento económico ha sido objeto de análisis al menos desde que Wagner (1876) planteó la llamada Ley de Wagner que establece una relación directa entre la expansión de la economía y el aumento del tamaño del sector público.
Asimismo, aunque es un lugar común afirmar que la política fiscal es el principal instrumento de la política económica keynesiana, en realidad Keynes (1936 [1964]) fue muy sobrio al respecto; sólo alude de forma elíptica a vías fiscales para incrementar la propensión al consumo y la inversión pública, para alcanzar la estabilidad cíclica de los salarios nominales y reducir el carácter procíclico de la inversión de capital; tampoco negó la efectividad de la política monetaria, lo cual sólo ocurriría en el improbable “caso límite” de trampa de liquidez (Keynes, 1936 [1964], p. 207) o, lo que en la práctica es un caso similar, cuando el ahorro y la inversión son insensibles a las variaciones de la tasa de interés.
La confusión sobre el papel del dinero en la Teoría General de Keynes, generada a partes iguales por la síntesis neoclásica y por el monetarismo y acrecentada por la nueva macroeconomía clásica, ha impuesto la interpretación equivocada de que la trampa de liquidez es “el caso Keynes”, no obstante que en su magnum opus Keynes aclara que “aunque este caso límite podría ser prácticamente importante en el futuro, hasta ahora no conozco ningún ejemplo de ello” (ibid.).
En todo caso, lo que sí afirmaba Keynes es que la política monetaria podría ser insuficiente para estimular la eficiencia marginal del capital y estabilizar los salarios a modo de superar el estancamiento económico y conseguir un nivel de producto de pleno empleo (Tobin, 1989).
Lo cierto es que fue Hansen (1949 y 1951) quien, en la segunda posguerra, desarrolló lo que hoy conocemos como la teoría keynesiana de la política fiscal, la cual difiere de la teoría de Keynes en aspectos fundamentales, tal como discernió de forma palmaria Leijonhufvud (1968).
La síntesis neoclásica, construida sobre todo a partir de las premisas analíticas del modelo IS-LM (Hicks, 1937) y de la teoría de la política económica de Hansen, formuló la hipótesis de que en el largo plazo el gasto del gobierno desplaza a la inversión privada, distorsiona el uso productivo del ahorro privado y genera exceso de demanda.
En suma, el déficit público es resultado del estímulo fiscal y es la causa última de la inflación.
Como es sabido, Milton Friedman acuñó el dictum que reza que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario.
Esto, en sentido estricto, es una tautología (y en ese sentido es una verdad de Perogrullo), porque la inflación per se implica de forma inmediata una alteración del poder de compra del dinero.
La afirmación de Friedman, por tanto, está vacía si no se sustancia con ulterior argumentación teórica y con evidencia empírica.
Evidentemente, a la perogrullada le subyace una idea más profunda, subyace al dictum la tesis de que la causa de la inflación es siempre y en todo lugar un exceso de dinero en circulación o, lo que es su equivalente, un exceso de demanda.
Este exceso de demanda generalmente tiene su origen en un excesivo gasto del gobierno y, por tanto, en el déficit fiscal.
Para sustanciar la tesis, Friedman y Schwartz (1963) proveyeron la evidencia empírica y Friedman (1968) ofreció el marco teórico que integró la macroeconomía keynesiana de la segunda posguerra con la teoría cuantitativa del dinero para mostrar la existencia de una curva de Phillips de largo plazo.
Déficit Fiscal en el Contexto Global
Uno de los principales problemas económicos que existe en la actualidad es el elevado monto de la deuda que poseen los distintos gobiernos en el mundo, así como su drástico incremento.
Las Naciones Unidas, por medio de UNCTAD, estima que la deuda pública total fue de 102 billones de dólares al final del año pasado.