En México la palabra latifundio trae a la memoria las clases de historia en las que fuerza se hablaba del porfiriato. De hecho, es por este motivo por el cual la palabra tiene una connotación negativa.
¿Qué es un Latifundio y su Connotación en México?
Un latifundio es una extensión de tierra agraria de gran tamaño que pertenece a un solo dueño. Puede, o no, ser de propiedad privada, aunque lo habitual es que sea de propiedad privada. La extensión que ha de tener un latifundio dependerá de la región y cultura en que se encuentre, ya que no existe una dimensión mínima exigida y universalmente aceptada para considerar a determinado terreno como un latifundio. En el siglo XIX en México existía un gran problema alrededor de la explotación de tierras.
El Porfiriato y la Expansión de los Latifundios
Durante el porfiriato se fortalecieron las leyes que fomentaban los latifundios, pues se eliminó la cláusula que limitaba la propiedad de hectáreas por persona a 2,500 hectáreas por persona. Las leyes antes citadas incentivaron a grandes empresarios a comprar terrenos al por mayor. De tal suerte que extensiones inmensas de terreno eran compradas por personas con gran poder adquisitivo a bajo costo, muchas veces comprando tierras de campesinos que no tenían manera de comprobar que ellos eran los legítimos dueños de sus terrenos. De este modo, quedaban obligados a trabajar para un patrón que pagaba poco y que además los obligaba a comprar sus bienes en las llamadas tiendas de raya.
En el estado de Chihuahua existió el caso de Luis Terrazas quien en 1887 llegó a comparar 20,104 hectáreas al bajísimo costo de 20 centavos por hectárea. Durante el Porfiriato se crearon latifundios importantes, que fueron origen de conflictos. El desarrollo agrario del País se basó en los latifundios, lo que conllevó a las condiciones laborales de la mayoría de la población y la acumulación de riqueza en pocas manos.
Como sucedió con la Ley Lerdo de 1874 en México, base de los latifundios del porfiriato y de las subsecuentes rebeliones campesinas e indígenas. Con la dictadura de Porfirio Díaz -periodo conocido como porfiriato" (1877 a 1910)- la exclusión, el despojo y el sometimiento de la población de las comunidades indígenas y campesinas, la creación de latifundios y el sistema de haciendas, fueron condiciones que sometieron a dichas comunidades. Entre 1880 y 1910, durante la etapa del Porfiriato, empezó a generarse de manera palpable lo que sería, al paso de los años, el crecimiento y expansión de los latifundios comerciales. El 22 de noviembre de 1884 se promulgó el Código federal minero y fue un aumento de los latifundios. Este periodo produjo el acaparamiento de grandes extensiones de tierras (latifundios) en pocas manos. Las haciendas constituyeron importantes unidades en que se formaran, desde la época colonial o durante el porfiriato, y por la actividad productiva a la que se dedicaran, agricultura, ganadería.
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La Revolución Mexicana y la Reforma Agraria
A raíz de este tipo de problemáticas, tras la revolución y varias reformas pacíficas de la ley se han logrado establecer en México delimitaciones que ayudan a evitar la privatización de enormes extensiones de terreno. El Artículo 27 de la Constitución otorga al Estado el derecho a repartir los latifundios y revierte las enajenaciones del Porfiriato. La destrucción de los latifundios, y también de las haciendas productivas, era inevitable para quienes emprendieron la tarea ardua de devolver a los pueblos sus antiguas propiedades, y sobre todo la de crear el ejido. La aspiración de un gran número era la disolución de los latifundios y la restitución y la dotación de la tierra. La Ley Agraria reglamenta la coexistencia de la propiedad social, disolviendo los latifundios y restituyendo las tierras a los campesinos, lo cual se concretó en la práctica mediante el reparto de latifundios a través de procedimientos jurídicos expeditos.
El Caso de Nayarit: Un Ejemplo de Restitución Agraria
El primer paso fue la unificación de los políticos en 1929 con la formación del Partido Nacional Revolucionario (PNR), al cual se adhirieron los clubes y grupos nayaritas. En Nayarit, estado joven que estrenaba gobernadores cada mes y a veces cada semana, se hacía necesario unir a los políticos para acabar con los baños de sangre electorales. En 1932, tras de una crisis nacional, el presidente Pascual Ortiz Rubio renunció y fue sustituido por Abelardo Rodríguez. En el mismo año 1932 salió diputado Guillermo Flores Muñoz, quien pertenecía a una buena familia de Compostela y había manifestado su talento de líder político en el norte, en compañía de Abelardo Rodríguez. Valiente, atrevido, se benefició con la amistad del nuevo presidente para tumbar al gobernador en turno y lanzarse contra la Casa Aguirre. Logró lo que se creía imposible: afectar por primera vez, seriamente, haciendas de esa casa. Ahora senador, hombre fuerte de su Estado, apoyado por el presidente, Guillermo Flores Muñoz y su amigo Bernardo M. de León movilizaron la Liga Agraria, así como a comisiones de agitación en todo el estado.
Los trabajadores de las haciendas no se atrevían a pedir tierras ni lo creían posible, y tenían miedo. Flores Muñoz llevó gente de otras partes, y para ello hizo "leva" de albañiles, músicos, mariachis, policías y desocupados; así cayó la finca campestre de los Fresnos. A San Cayetano se acarreó gente de Pantanal, y el dueño se fue, esperando que pasara la tormenta. En un solo día se realizó la hazaña de la entrega provisional de las tierras de las haciendas en torno de Tepic: La Fortuna, Lo de Lamedo, la Escondida, Puga, Mora, San Cayetano y otras. Como no había tiempo para medirlas, se decía a los campesinos solicitantes, desde esta piedra, hasta la punta de aquel cerro, luego al extremo de aquel monte, para rematar en círculo en aquella ceiba. En el norte, Miramar, Cora, Navarrete, Quimichis y otras propiedades pasaron a manos de muchos campesinos. Los Aguirre y otros españoles se fueron a España, con la excepción de los Menchacas. En 1933 se contaba con 78 ejidos dotados y se estaban peleando otras 130 dotaciones. Para 1939 se hablaba de Nayarit como el estado ejido.
El Fortalecimiento del Estado Post-Revolucionario
La historia de todas las revoluciones enseña que la reconstrucción posterior implica siempre la expansión del Estado, el fortalecimiento del poder ejecutivo. En la parte nueva, constructiva de la obra revolucionaria, no fue menos necesaria la presencia del Estado fuerte, tan fuerte que en algunos momentos fue dictatorial, abiertamente o en germen. En tan colosal empresa participaron los esfuerzos individuales, pero no hubieran logrado nada sin el Estado. Los revolucionarios que se proclamaban sinceramente los hijos de los liberales del siglo XIX renunciaron, sin darse cuenta, al concepto liberal de un gobierno abstencionista.
En consecuencia, los mexicanos cambiaron de actitud hacia el Estado, cambiaron de concepto de autoridad. Al gobierno le pidieron mucho más que mantenimiento del orden público, le pidieron resolver los problemas del individuo, de la familia, de la escuela, del municipio, de la nación. Lógicamente el poder ejecutivo, el poder presidencial, se fortaleció con el debilitamiento paralelo del poder legislativo. El problema del equilibrio de los poderes, después de la Revolución y del Congreso Constituyente, es hoy exactamente a la inversa de como era en el siglo XIX. Ya no se trata de fortalecer contra un Legislativo imperialista un ejecutivo débil, sino de fortificar el primero contra el segundo.
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Marco Legal Actual para Prevenir Latifundios
La Cámara de Diputados avaló reformar el artículo 115 de la Ley Agraria con el propósito de prohibir los latifundios, los cuales son definidos como todas las superficies de tierras agrícolas, ganaderas o forestales que, siendo propiedad de un solo individuo, excedan los límites de la pequeña propiedad. En el artículo 116 aclara que por tierras agrícolas se entienden aquellos suelos utilizados para el cultivo de vegetales. De modo que hoy en día es mucho más difícil que se encuentren latifundios en el país.
Además de contar con leyes que obligan a fraccionar, también existen impuestos por poseer tierras, así como impuestos para el sector agrario. Por un lado, el predial es un impuesto que se paga al municipio en los primeros meses del año y se calcula sobre el valor catastral. Las leyes que restringen la cantidad de tierra por persona y los impuestos nos ayudan a evitar abusos de quienes tienen más poder adquisitivo.
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