Lady Diana Salazar Méndez era una joven abogada afroecuatoriana que, en 2019, contaba con menos de una década de experiencia como fiscal cuando asumió el cargo de Fiscal General del Estado, tras ganar un cuestionado concurso de méritos y oposición. Diana Salazar es una mujer afroecuatoriana nacida en Ibarra, en junio de 1981. Durante su gestión demostró un firme compromiso con la justicia.
El gobierno estadounidense valora la destacada labor de Diana Salazar, por seis años, como Fiscal General del Estado. En 2021, el Gobierno de los Estados Unidos galardonó a la Fiscal Salazar con el Premio Internacional a los Campeones Anticorrupción, por procesar casos notorios de corrupción y contribuir a la transparencia en el Ecuador y la región. Diana Salazar, Fiscal General de Ecuador, procesó algunos de los casos de corrupción de más alto perfil, mejoró la atmósfera anticorrupción en Ecuador y sirvió como héroe para jueces, abogados y fiscales en toda América del Sur. La revista inglesa The Economist destacó la trayectoria de la fiscal general Diana Salazar, con el título «¿La mujer más valiente de América Latina?» en su reciente edición semanal. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, consta en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo que publica cada año la prestigiosa revista estadounidense Time. Diana Salazar Méndez, a sus 42 años, según la revista Time, se consolidó como una figura clave en la lucha contra el crimen organizado en Ecuador. Su receta: «Sólo se puede derrotar a los traficantes colaborando a nivel internacional». La suya ha sido llamada «la profesión más peligrosa del hemisferio occidental». Es joven, es mujer, es madre.
Trayectoria y Logros en la Fiscalía
Por un lado, muchos califican el trabajo de Salazar como valiente y firme, al haber logrado el enjuiciamiento y condena de altos jerarcas del gobierno del expresidente Rafael Correa, recordado no solo por su confrontación con la prensa, sino también por sus grandes escándalos de corrupción y de malversación de fondos públicos. En los últimos dos años, el trabajo de Salazar se centró, además, en la construcción de casos de alta corrupción dentro la Función Judicial, evidenciando la existencia de redes de clientelismo, extorsión y corrupción dentro del sistema de cortes de Ecuador a todos los niveles, así como de la infiltración de grupos de delincuencia organizada y narcotráfico en sus filas.
«Hace 6 años, cuando asumí el cargo de fiscal general, lo hice con una sola misión: garantizar el acceso a la justicia (...) Por eso el reto ha sido enorme. Con completa sinceridad puedo decirles que mi equipo y yo hemos realizado esta labor por su compromiso y trabajo incansable contra la impunidad», manifestó la fiscal. Salazar enfatizó que su propósito siempre fue cumplir con su periodo, entregar todo hasta el último día. «Desde abril de 2019 mi compromiso fue terminar mi período, entregarlo todo hasta el ultimo día, pero jamás mi propósito ha sido perpetuarme en el poder. Aferrarse a los puestos, a los cargos, no le hace bien al país. A un Estado que clama por institucionalidad como el nuestro”, expresó. «Como la mujer de palabra que soy, hoy me despido, segura de que hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance", enfatizó Salazar, al subrayar su confianza absoluta en la continuidad del trabajo de la Fiscalía. «Nunca me van a dejar en paz por haber destapado el caso más grande de corrupción de la historia del Ecuador», señaló, sin detallar hechos específicos adicionales.
Casos Emblemáticos Investigados bajo su Gestión
Durante su gestión, Salazar lideró investigaciones emblemáticas que sacudieron las estructuras del poder político, judicial y criminal en Ecuador. A continuación, un repaso de los casos más relevantes:
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Corrupción en la Función Judicial y Crimen Organizado
Caso Metástasis: Una de las investigaciones más significativas durante la gestión de Salazar fue el caso Metástasis, que reveló una red de corrupción en el sistema judicial ecuatoriano. La Fiscalía vinculó a jueces y funcionarios judiciales, acusados de colaborar con organizaciones criminales para manipular procesos legales en beneficio de narcotraficantes. La exfiscal también hizo referencia al denominado caso Metástasis, una investigación que reveló presuntos vínculos entre operadores judiciales, políticos y estructuras criminales. Según Salazar, el reconocimiento público de los chats vinculados a ese caso por parte de distintos actores políticos refuerza su argumento de que las presiones en su contra no fueron infundadas. En ese contexto, destacó que varias de las personas mencionadas en esos intercambios han sido llevadas a instancias de control ético. La fiscal general, Diana Salazar, actualiza los pormenores de los chats subidos a la página web de la Fiscalía.
Caso Purga: Derivado del caso Metástasis, el caso Purga expuso una red de manipulación judicial en Guayas. La Fiscalía procesó a 25 personas, incluidos jueces, funcionarios del Consejo de la Judicatura, de la Corte Provincial de Guayas y el exasambleísta Pablo Muentes, por presuntamente obtener sentencias favorables a cambio de sobornos. Se revelaron chats que evidencian la manipulación de sorteos de causas y favores judiciales a cambio de beneficios personales.
Caso Plaga: Este caso reveló una red de corrupción judicial en la que jueces, abogados, policías y funcionarios del sistema penitenciario presuntamente colaboraban para liberar a personas privadas de libertad a cambio de sobornos. La Fiscalía procesó a 31 personas por delincuencia organizada, de las cuales 15 aceptaron su culpabilidad y recibieron sentencias reducidas gracias a procedimientos abreviados y cooperación eficaz.
Corrupción en Contraloría y Judicatura: La Fiscalía investigó una red de corrupción en la Contraloría General del Estado, donde altos funcionarios exigían sobornos a cambio de desvanecer glosas y auditorías. El excontralor Pablo Celi fue procesado y condenado por su participación en estos actos ilícitos. Adicionalmente, la Fiscalía procesó a vocales del Consejo de la Judicatura por presuntas irregularidades en la designación y evaluación de jueces y fiscales, investigándose posibles actos de corrupción y tráfico de influencias en el sistema judicial. En este caso, dos vocales fueron llamados a juicio.
Caso Isspol: Este caso reveló una trama de inversiones fraudulentas que afectaron al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol). La Fiscalía, bajo la dirección de Salazar, procesó a varios exfuncionarios y empresarios por delitos financieros que comprometieron los fondos de pensiones de los policías. En este caso se investiga el desvío de aproximadamente USD 900 millones de las cuentas del Isspol y se señaló a Jorge Chérrez.
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Redes de Narcodelincuencia: La fiscal dispuso la investigación de una presunta red narcodelictiva liderada por el albanés Dritan G.; el argentino, Mario S; y el ecuatoriano, Carlos G., quienes habrían creado empresas y utilizado otras para ocultar el origen ilícito del dinero y fusionar activos ilegales del narcotráfico con compañías de exportación de productos agrícolas, compra-venta de bienes inmuebles, producción de cárnicos y cannabis.
Casos de Alta Corrupción Política y Económica
Caso Sobornos 2012-2016: Este caso implicó al expresidente Rafael Correa y otros altos funcionarios en un esquema de financiamiento ilegal de campañas políticas a cambio de contratos estatales. Salazar presentó pruebas que llevaron a la condena de Correa y varios excolaboradores por cohecho, marcando un precedente en la lucha contra la corrupción en el país. Este es el caso de más alto perfil liderado por Salazar.
Caso Reconstrucción de Manabí: La Fiscalía investigó irregularidades en la asignación y ejecución de fondos destinados a la reconstrucción de Manabí tras el terremoto de 2016. Se detectaron sobreprecios y contratos adjudicados de manera irregular. El exvicepresidente, Jorge Glas y Carlos Bernal fueron llamados a juicio por este caso.
Caso Singue: Salazar lideró la acusación en este caso que investigó irregularidades en la adjudicación del campo petrolero Singue. El proceso involucró a exministros y funcionarios del sector energético, quienes fueron procesados por peculado y otros delitos relacionados con contratos petroleros. También involucró al exvicepresidente Jorge Glas.
Caso Odebrecht: Fiscalía acusó a la empresa brasileña Odebrecht por presuntamente pagar sobornos a funcionarios ecuatorianos para obtener contratos gubernamentales, especialmente en el proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair. Ocho personas fueron sentenciadas, entre ellas, el exvicepresidente Jorge Glas.
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Caso Sinohydro: Este caso involucra a la empresa china Sinohydro en presuntos actos de corrupción relacionados con la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. La Fiscalía indaga sobre pagos indebidos y sobreprecios en la ejecución del proyecto. La investigación sigue en curso e involucra al expresidente de la República, Lenín Moreno, familiares y empresarios amigos.
Caso Encuentro: La Fiscalía investigó un presunto esquema de corrupción en la administración pública y empresas estatales, que involucraba a Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso. Se revelaron supuestos manejos indebidos de empresas públicas y decisiones a cambio de sobornos. En este caso se vincularon nombres como Hernán Luque Lecaro, Xavier Jordán y Nain Massuh.
Caso Ligados: La Fiscalía procesó a los exvocales del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS): Augusto Verduga, Eduardo Franco y Yadira Saltos. Presuntamente, habrían incurrido en el delito de asociación ilícita, en el marco de varios hechos relacionados con ese organismo. Antes de irse, la fiscal pidió que se vincule a este caso también a Andrés Arauz, secretario de la Revolución Ciudadana, Esther Cuesta, exasambleísta correísta y Raúl González, exsuperintendente de Bancos.
Caso Daniel Salcedo: Investigación de actos de corrupción en la adquisición de insumos médicos durante la pandemia de COVID-19, procesando a Daniel Salcedo y otros funcionarios por peculado y otros delitos relacionados. Salcedo también estuvo vinculado en el caso Metástasis y fue sentenciado a 40 meses de cárcel al aceptar que fue una especie de 'asesor' del narcotraficante Leandro Norero.
Caso Aquiles Alvarez: Se trata de una investigación contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, por el supuesto delito de comercialización ilegal de combustibles. La Fiscalía ha solicitado fijar fecha para la revisión de medida cautelares, pues el alcalde no ha acatado una orden de uso de grillete electrónico.
Caso Sebastián Barreiro: En este caso se procesa al hijo de la ex vicepresidenta Verónica Abad, por el presunto delito de oferta para realizar tráfico de influencias. Según Fiscalía, Sebastián Barreiro habría solicitado dinero a cambio de gestionar cargos públicos en la Vicepresidencia de la República. En este caso se vinculó a Pablo Celi y Luis Miño, excontralor y exdirector de Responsabilidades en la Contraloría, por el presunto delito de tráfico de influencias. Fiscalía sostiene que se manipuló información y personal para dar de baja glosas en contra de una empresa de telefonía móvil.
Caso Lavado de Activos: Es una investigación por el presunto delito de lavado de activos en contra de una abogada guayaquileña, supuestamente, cercana al expresidente Rafael Correa. Según la Fiscalía, se movieron USD 22,4 millones en el sistema financiero.
Otros Casos Relevantes
Caso Freddy Carrión: El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia ratificó la sentencia de tres años de prisión contra el exdefensor del Pueblo, Freddy Carrión, por el delito de abuso sexual. Este caso nació en la pandemia de Covid-19, el 16 de mayo de 2021. Carrión fue detenido luego del escándalo en la casa de Mauro Falconí, exministro de Salud, las imágenes captadas en las cámaras de seguridad fueron de dominio público, sobre una reunión desarrollada en medio del toque de queda.
Desafíos y Controversias durante su Gestión
Sin embargo, la gestión de Salazar también ha sido profundamente cuestionada por un sector no menos importante de la ciudadanía. Los casos de alta corrupción impulsados por Salazar se centraron principalmente en contra de funcionarios de gobierno de Correa, mientras que otros casos que involucraron a integrantes de gobiernos posteriores fueron menos diligentes o incluso archivados, como ocurrió con las investigaciones contra los expresidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso por alegada corrupción. Esto ha llevado a que muchos afirmen que la gestión de Salazar fue sesgada y politizada, y que lejos de intentar combatir la corrupción se convirtió ella misma en un instrumento de persecución judicial (lawfare) contra adversarios políticos de los gobiernos del post-correísmo o enemigos personales de la fiscal. Considerada una heroína nacional por unos, y una villana por otros, Diana Salazar dejó la Fiscalía General del Estado el pasado 21 de mayo de 2025, un mes después de terminado su mandato, que en principio parecía que se prorrogaría de forma indefinida.
Durante su gestión, Salazar enfrentó numerosos intentos de juicio político promovidos por sectores del correísmo, que la acusaban de supuestas irregularidades en su desempeño. La fiscal pasó por un embarazo de alto riesgo y enfrentó intentos de juicio político promovidos por sectores del correísmo, la organización política más crítica de su gestión y también la más golpeada. Sin embargo, estos procesos fueron suspendidos temporalmente debido a su embarazo de alto riesgo, algo que también generó controversia por la filtración de información médica confidencial. Diana Salazar Méndez, Fiscal General del Estado, habla sobre la solicitud a la Asamblea Nacional para reactivar el juicio político en su contra, calificándolo como un “narcojuicio”. Más allá del show político que se hizo en la Asamblea, la Fiscal alerta que tiene todos los elementos para señalar a Wilman Terán en los casos Metástasis y Obstrucción A La Justicia. Han hablado con mentiras sobre las investigaciones que estaban abiertas antes del abuso sexual, solo por justificar a Freddy Carrión. No les ha importado la víctima.
La ex fiscal general del Estado y ahora embajadora de Ecuador en Argentina, Diana Salazar, afirmó que “siempre ha tenido la verdad de su lado” luego de que se conociera el retiro de una demanda presentada en su contra en Estados Unidos, un hecho que ella misma confirmó mediante un pronunciamiento público difundido el 20 de enero de 2025 desde Buenos Aires. En su comunicado, Salazar sostuvo que la acción legal fue impulsada por una persona prófuga de la justicia ecuatoriana y que, durante años, tanto ella como su familia han sido objeto de amenazas e intimidaciones. En el documento, fechado en la capital argentina, Salazar indicó que optó por mantener silencio mientras el proceso judicial seguía su curso, en respeto a los procedimientos legales. Sin embargo, tras el retiro de la demanda, señaló que considera necesario exponer su versión de los hechos. Según su relato, la acción presentada en su contra derivó en un periodo prolongado de persecución, que incluyó actos intimidatorios atribuidos a personas vinculadas con estructuras delictivas y con recursos suficientes para ejercer presión. Salazar aseguró que estos episodios se produjeron en un contexto marcado por las investigaciones de alto perfil que lideró durante su gestión al frente de la Fiscalía General del Estado, especialmente aquellas relacionadas con redes de corrupción y crimen organizado. En su pronunciamiento, afirmó que su salida del país respondió a razones de seguridad y sostuvo que las amenazas no cesaron tras dejar el cargo.
El retiro de la demanda fue comentado públicamente por el procesado ecuatoriano Xavier Jordan, quien aseguró en redes sociales que la acción legal fue desistida para dar paso a una nueva demanda basada en otros elementos que, según dijo, evidenciarían distintos delitos. Jordan afirmó además que se estarían presentando nuevas acciones legales contra otras personas y rechazó la narrativa de persecución sostenida por la exfiscal. En sus publicaciones, Jordan -que es investigado como autor intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio y que también se lo procesó por delincuencia organizada en Metástasis- sostuvo que el desistimiento de la demanda no implica el cierre definitivo del conflicto legal y anunció que hará pública una nueva acción judicial. También cuestionó directamente a Salazar, a quien pidió “no mentirle al país”, y señaló a la Fiscalía General del Estado como la institución que, en su criterio, ha actuado conforme a la ley. Sus mensajes incluyeron menciones a diversas autoridades e instituciones nacionales e internacionales. Frente a estas declaraciones, Salazar señaló que sus abogados continuarán atentos ante cualquier acción que considere infundada o difamatoria. En su comunicado afirmó que ninguna de las acusaciones en su contra se ha sostenido en jurisdicción alguna y reiteró que su actuación como fiscal estuvo guiada por la legalidad. «Con mi conciencia tranquila seguiré adelante», expresó, al tiempo que recalcó que la verdad ha respaldado su trayectoria profesional. Hasta el momento, no se han difundido detalles oficiales sobre la naturaleza exacta de la demanda retirada en Estados Unidos ni sobre el contenido de la eventual nueva acción anunciada por Jordan.
El Fin de una Era y el Futuro de la Fiscalía
Diana Salazar presentó este martes su renuncia como fiscal general de Ecuador después de seis años en el cargo, aclarando que “jamás su propósito ha sido perpetuarse en el poder”, puesto que su período terminó el 8 de abril, pero se prorrogó con la autorización de la Procuraduría del Estado. La fiscal general, Diana Salazar, culmina su periodo prorrogado tras liderar investigaciones de alto impacto contra la corrupción y el crimen organizado. Su salida se produce en medio de varios casos judiciales de relevancia. Con la salida de Salazar, asume la titularidad de la Fiscalía el fiscal subrogante, Wilson Toainga, mientras se inicia el proceso para designar a un nuevo fiscal general del Estado. Diana Salazar hizo el anuncio de prórroga de funciones junto al fiscal subrogante, Wilson Toainga. Finalmente, la funcionaria destacó que deja el cargo con la certeza de haber cumplido su labor y anunció que el fiscal subrogante, Wilson Toainga, continuará con las tareas pendientes al frente de la institución. Wilson Toainga ocupará el cargo de Fiscal General de manera temporal, hasta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designe al titular mediante un concurso público.
Ahora, Ecuador se encuentra de cara al futuro después de Salazar. Uno en que el crimen organizado ya muestra su rostro abiertamente, con decenas de sicariatos que ocurren en las urbes y a plena luz del día. Uno donde las amenazas a operadores de justicia por parte del crimen organizado son cada vez más frecuentes, y donde los varios estados de excepción declarados por el Ejecutivo para combatir la delincuencia no parecen dar mayores resultados. A 2025, Ecuador es el país más violento en América Latina, registrando una tasa de 38 homicidios por cada cien mil habitantes. Los Estados Unidos sigue firme en su compromiso de colaborar con las instituciones del Estado ecuatoriano para asegurar la justicia y luchar en contra de las organizaciones criminales transnacionales que amenazan la seguridad de nuestros dos pueblos y de la región.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) es el ente encargado de impulsar la selección del Fiscal General. Este proceso debió haberse iniciado al menos seis meses antes de la terminación del período de Diana Salazar, en abril de 2025. Sin embargo, inexplicablemente se ha dilatado, al punto de que, tras la salida inesperada de la fiscal, la conducción institucional debió ser encargada provisionalmente a su segundo al mando, Wilson Toainga. Esto ha generado una situación de incertidumbre sobre el futuro de esa institución y un temor latente de que se pretenda cooptarla para fines de manipulación política. Contrario a lo que se creería, el diseño de los concursos de méritos y oposición en Ecuador no contribuye a generar confianza en ese proceso de selección; mas bien, abona a alimentar sospechas sobre posibles manipulaciones políticas del mismo.
El turbulento momento político y social que atraviesa el Ecuador exige que el proceso que termine en la designación de Fiscal General responda a las necesidades actuales. En este sentido, preocupa que el Reglamento para la Selección del Titular de la Fiscalía General del Estado, aprobado en octubre de 2024, no logre esbozar un proceso con criterios claros que aseguren la independencia, la rigurosa formación técnica y la preparación de quien finalmente termine en ese cargo. La experiencia en el ejercicio profesional que se exige para este cargo, así como ocurre en los casos de Juez Nacional o Juez de la Corte Constitucional, no aporta a asegurar que llegue un profesional con una trayectoria amplia y demostrada: apenas diez años de litigio, servicio público judicial o docencia se piden como requisitos de entrada al proceso. Bajo ese estándar, profesionales que no han llegado aún a la mitad de su carrera - y cuya probidad está aún en vías de demostrarse- podrían acceder a un cargo donde, por encima de los títulos, se debe tener experiencia, pericia, temple y carácter para enfrentar los desafíos y los riesgos de una posición de esa relevancia. Cualidades que solo se adquieren con años de ejercicio.
Luego, está la cuestión de la independencia y los conflictos de interés. Aunque el Reglamento vigente prohíbe la postulación de parientes por consanguinidad y afinidad del presidente, vicepresidente, ministros de Estado y jueces de altas cortes, no dice nada sobre las postulaciones de personas que hayan pertenecido recientemente a cualquiera de las ramas del poder público. Mientras más vínculos y cercanía tenga el Fiscal General con otras entidades públicas, menos sólida será su capacidad de decidir de manera neutral casos que involucren intereses de esas carteras o de sus representantes. Finalmente, está el tema de la paridad. A pesar de que la Constitución de la República del Ecuador consagra que “se propenderá” a asegurar la paridad de género en el ejercicio de la función pública, el Reglamento no ha incluido criterios de acción afirmativa en favor de mujeres. Por otro lado, sí se pretende favorecer a personas de otros grupos que no son necesariamente excluidos o desfavorecidos, como aquellos que viven en las Islas Galápagos, quienes fueran héroes nacionales o quienes residan en la Amazonía. Se espera que el proceso de selección del Fiscal General inicie a los 30 días posteriores de la renuncia de Diana Salazar, de acuerdo a lo indicado en el artículo 290 del Código Orgánico de la Función Judicial. En este tiempo, se prevén hacer cambios al Reglamento, para cuyo diseño ha habido muy poca participación ciudadana.
El Nuevo Rol de Diana Salazar
La ex fiscal de Ecuador y ahora embajadora del país en Argentina, Diana Salazar. Daniel Noboa nombró a Diana Salazar como embajadora de Ecuador en Argentina, la noche de este miércoles, a través del Decreto Ejecutivo 634. La Embajadora del Ecuador en la República Argentina, Diana Salazar, presentó oficialmente sus credenciales al señor Presidente de la Nación Argentina, Javier Milei. Paul Starc, presidente de la UIF, recibió a Diana Salazar Méndez, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República del Ecuador ante el Gobierno de la República Argentina. La embajadora Salazar se reunió con el Cónsul del Ecuador en Buenos Aires, nos reunimos con el Director Nacional de Cooperación Internacional Educativa y el Director Nacional de Gestión Universitaria de la Secretaría de Educación de la República Argentina. Recibió la visita de Aje Ecuador, quienes representarán a Ecuador en la Octava Edición del Foro Iberoamericano de Jóvenes Empresarios (Fije).