La administración del exgobernador panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo en Guanajuato se encuentra bajo un intenso escrutinio debido a dos importantes controversias. Por un lado, una indagatoria interna ha sido abierta por la actual gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo, por un presunto conflicto de intereses vinculado a la renta de una propiedad en Texas, conocida como la “Casa Azul”. Por otro lado, la opacidad en el manejo de casi 38 mil millones de pesos por parte del Consejo Consultivo para el Seguimiento a la Aplicación de los Impuestos sobre Nóminas y Cedulares (Cosainceg) durante su gestión ha generado serias preocupaciones sobre la transparencia y rendición de cuentas.
La Polémica de la "Casa Azul" y el Presunto Conflicto de Intereses
La gobernadora panista Libia Dennise García Muñoz Ledo ha abierto una indagatoria interna contra su sucesor, el también panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, por un presunto conflicto de intereses vinculado con la renta de una propiedad en Texas, Estados Unidos, conocida como la “Casa Azul”. Pese a pertenecer a la misma fuerza política, la actual gobernadora aseguró que buscará la forma de aclarar el posible delito del que se le acusa a Rodríguez.
La polémica estalló luego de que el portal PopLab revelara que Rodríguez Vallejo, tras dejar el cargo, estableció su residencia -junto con su familia- en una zona exclusiva de Houston. Según la investigación, el inmueble situado en The Woodlands, y con un valor cercano a un millón de dólares, está registrado a nombre de Daniel Ezquenazi Beraha, representante de la empresa Seguritech.
La empresa, la cual opera los sistemas de cámaras y seguridad en el estado de Guanajuato, habría recibido contratos multimillonarios de seguridad durante la administración de Rodríguez Vallejo. Esto se convierte así en el presunto vínculo directo entre los recursos públicos estatales y el alquiler de la residencia en Estados Unidos. El destape de la propiedad generó descontento entre los guanajuatenses.
La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo subrayó que, en lo que va de su gobierno ni durante el anterior se mantiene contrato alguno con Seguritech ni con la persona ligada a la propiedad. Indicó que la pesquisa busca deslindar responsabilidades y confirmó que su obligación no es proteger personas o empresas, sino guardar transparencia en beneficio de la ciudadanía. Aclaró que el avance será público; no obstante, podría haber información reservada por razones de seguridad. “No podemos poner en riesgo la operación en materia de seguridad”, advirtió la mandataria, quien también advirtió que ya trabaja en el caso.
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Defensa del Exgobernador y Reacciones Políticas
El exgobernador respondió mediante una carta en la que niega ser propietario de la llamada “Casa Azul”. Asegura que quienes residen allí son únicamente su esposa e hijas, estudiantes en Estados Unidos, y que el inmueble es un alquiler temporal.
Desde su partido, el PAN, han surgido voces divididas. Aldo Márquez Becerra, presidente del PAN en Guanajuato, defendió al exmandatario, declarando que no existen irregularidades evidentes en el arrendamiento. En contraste, Román Cifuentes Negrete -exlíder estatal del partido y síndico del municipio de León- exigió esclarecer los hechos para mantener la coherencia del partido en casos de manejo irregular de recursos públicos, en referencia a escándalos como la “Casa Blanca” o la “Casa Gris”. Usuarios en redes sociales han comparado este caso con el de personalidades como EPN y el hijo del expresidente AMLO.
El uso de la Secretaría de la Honestidad estatal, en este caso, indica que se analiza una posible violación a la ley estatal de responsabilidad administrativa y manejo transparente de recursos públicos. La Secretaría de la Honestidad estatal debe entregar pronto los resultados preliminares. Si se confirma vínculo contractual entre Seguritech y el exgobernador, o uso de recursos estatales en beneficio del exmandatario, podría iniciarse un procedimiento administrativo o sancionador. Si se confirman contratos directos o favoritismo en adjudicaciones, la Fiscalía Anticorrupción estatal podría activar procesos legales adicionales. En caso de delitos graves, como tráfico de influencias, la Fiscalía Anticorrupción podría intervenir.
Opacidad en el Manejo de Fondos del COSAINCEG
El Consejo Consultivo para el Seguimiento a la Aplicación de los Impuestos sobre Nóminas y Cedulares (Cosainceg), donde participan seis organismos empresariales, no ha transparentado públicamente en qué fueron invertidos casi 38 mil millones de pesos de los ejercicios fiscales de 2019 a 2024, periodo que corresponde a la administración del panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.
Según los presupuestos de ingresos de esos años, el gobierno del estado proyectó recaudar 33 mil 144 millones 426 mil 710 pesos por el impuesto a la nómina (porcentaje de los salarios que los empleadores pagan a sus trabajadores) y de 4 mil 822 millones 935 mil 394 pesos del cedular (gravamen estatal a ingresos de personas físicas por servicios profesionales, actividades empresariales y arrendamiento de inmuebles).
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Las fracciones 4 y 6 del artículo 13 del decreto 261 que dio vida al Cosainceg estipulan que este último debe “informar a la sociedad civil sobre la aplicación de los recursos provenientes de las contribuciones” e “impulsar una cultura de la transparencia y rendición de cuentas”. No obstante, las últimas cinco actas de sesiones del consejo fueron reservadas, por lo que es imposible conocer los acuerdos tomados entre los empresarios de León, Salamanca, Irapuato, Celaya, San Miguel de Allende y la ciudad de Guanajuato, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y las autoridades estatales.
A raíz de la solicitud de información 111100500203125, hecha por esta corresponsalía, el Comité de Transparencia del Poder Ejecutivo -del gobierno de la panista Libia García Muñoz Ledo- clasificó como reservados los citados documentos. Los escritos de 2024 y 2025 están en esa condición porque contienen información que forma parte del proceso técnico-deliberativo del consejo sobre las inversiones y proyectos, y su difusión “implica un riesgo grave y tangible para el desarrollo del estado al verse comprometida la ejecución de éstas”, argumentaron la presidenta del Comité de Transparencia, Aura Fabiola Romero, además de los vocales, Rocío Sandoval y Jorge Antonio García.
Reformas al COSAINCEG y Concentración de Poder
El 24 de febrero de 2006, el entonces gobernador y actual diputado local, Juan Carlos Romero Hicks, publicó el decreto 261 para crear el Cosainceg como un “órgano auxiliar” del Poder Ejecutivo, de “asesoría, consulta y apoyo técnico” para el seguimiento de la aplicación de los impuestos a las nóminas. En la estructura original estaban el mandatario estatal -como presidente del Consejo Consultivo-, el titular de la Unidad de Planeación e Inversión, además de los secretarios de Finanzas, Desarrollo Económico y el de Obra Pública. También, los representantes de los consejos empresariales de León, Irapuato, Salamanca y Celaya, además de uno del Consejo Estatal de Desarrollo Económico y otro del CMIC.
El 26 de septiembre de 2018 Rodríguez Vallejo rindió protesta como gobernador y casi dos meses después, el 22 de noviembre, publicó una reforma al decreto del Cosainceg para que pasara de “ser un órgano de consulta a un ente que se encargue de incidir en el destino y aplicación de los recursos”. De esta manera, el ex mandatario, quien vive en Estados Unidos, entregó todo el poder a los empresarios para que determinaran el destino de miles de millones de pesos de los impuestos de los guanajuatenses.
En total, Rodríguez Vallejo reformó tres veces el documento a fin de integrar al jefe del gabinete -figura que desapareció en el actual gobierno-, a los consejos empresariales de San Miguel de Allende y de la ciudad de Guanajuato, así como a la Secretaría de Turismo.
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En la primera modificación al escrito, agregó en el artículo 1º que además de asesorar y ser un apoyo técnico, el Cosainceg “tome decisiones” sobre la planeación, presupuestación y aplicación de los recursos. “Los acuerdos y resoluciones que se tomen por el consejo deberán sujetarse a la legislación correspondiente en materia de contrataciones y ejecución”, refiere. En tanto, el artículo 3 señala que la aplicación del dinero público tendrá como destino la inversión social y productiva, infraestructura y el fortalecimiento de la seguridad. “En el rubro de inversión social y productiva, podrán orientarse, entre otras, al estímulo del empleo, atracción de inversiones, apoyos a la competitividad, fortalecimiento a la pequeña y mediana empresas y capacitación”, indica el artículo 4.
Es decir, los consejos empresariales de seis municipios decidieron a qué compañías apoyar con una parte de los 38 mil millones de pesos ejercidos en seis años y son los mismos que manejaban el monto del Fideicomiso de administración e inversión para financiar obras, infraestructura, proyectos y acciones prioritarias en materia de desarrollo social y seguridad pública (Fidesseg). Este fideicomiso se alimentaba con 0.3 por ciento del impuesto a la nómina, por lo que los empresarios definieron el destino de más de mil 700 millones de pesos. Las agrupaciones Actuar por Guanajuato y FE Guanajuato recibieron 148 millones de pesos sólo por fungir de intermediarias y elegir a las asociaciones que serían beneficiadas.
Inversión de Impuestos sobre Nóminas y Cedulares en Guanajuato (2019-2024)
| Concepto de Recaudación | Monto Proyectado (Pesos) | Detalle |
|---|---|---|
| Impuesto a la Nómina | 33,144,426,710 | Porcentaje de los salarios que los empleadores pagan a sus trabajadores. |
| Impuesto Cedular | 4,822,935,394 | Gravamen estatal a ingresos de personas físicas por servicios profesionales, actividades empresariales y arrendamiento de inmuebles. |
| Total Recaudación Proyectada | 37,967,362,104 | Recursos no transparentados por COSAINCEG. |
| Fondos Fidesseg (parte del total) | Más de 1,700,000,000 | Manejados por empresarios, provenientes del 0.3% del impuesto a la nómina. |
| Monto para intermediarias (Actuar por Guanajuato y FE Guanajuato) | 148,000,000 | Por fungir como intermediarias en la asignación de apoyos. |
La gobernadora Libia García (también panista) enfrentó una lucha legal con los hombres de negocios pues extinguió al Fidesseg y ellos tramitaron amparos para frenar el proceso.