A lo largo de los años, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha tenido un papel importante en la construcción, desarrollo y perfeccionamiento de la fiscalización de los recursos públicos federales en México.
Producto de una serie de significativas reformas constitucionales y legales, el ejercicio de la acción fiscalizadora de la ASF se ha visto robustecido, a la vez que se han diversificado sus tareas, abarcando aspectos ya no sólo de vigilancia y supervisión del empleo adecuado de los recursos públicos federales, sino también correspondientes a la consolidación de mecanismos de integridad en el servicio público y el combate a la corrupción.
El Rol de la ASF en el Combate a la Corrupción
Es precisamente en el tema del combate a la corrupción que las funciones de la ASF han alcanzado un redimensionamiento en nuestro país tras la aprobación constitucional, en mayo de 2015, del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
El SNA tiene como objetivos esenciales la prevención, detección y combate a la corrupción, para lo cual requiere de la suma de esfuerzos ordenados entre las distintas instituciones que participan en las tareas de transparencia, fiscalización y sanción de delitos y conductas corruptas.
Al ser integrante de dos importantes sistemas (Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y del Sistema Nacional de Fiscalización), la ASF se constituye como el referente idóneo y pilar sustantivo del SNA.
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En ese contexto, el propósito de estas líneas es reflexionar en torno a los principales retos que la ASF habrá de hacer frente para la consecución de sus metas institucionales y los objetivos de los respectivos sistemas a los que pertenece.
El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)
El diseño del SNA -tal y como se determina en la Constitución- auspicia la colaboración de las principales instituciones que pueden incidir en la prevención, detección y sanción de actos corruptos.
Contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación; de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; de la secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno; por el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; el presidente del organismo garante que establece el artículo 6o.
Al ser un elemento central del SNA, al Comité coordinador le compete el diseño y promoción de políticas en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción.
Ante el contexto descrito, cabe preguntarnos cuáles son los desafíos que con motivo de la reforma anticorrupción 2015 enfrenta la ASF.
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Subsistema Nacional de Fiscalización
El Subsistema Nacional de Fiscalización (en funcionamiento desde hace más de cinco años) es presidido por la ASF y la Secretaría de la Función Pública, integrado también por las entidades de fiscalización superior de los estados, los miembros de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C.
Subsistema Nacional de Participación y Contraloría Social
En tanto que el Subsistema Nacional de Participación y Contraloría Social, al igual que el subsistema anterior, sería una instancia de coordinación que robustecería los factores (normativos, organizacionales, de procedimientos, etcétera) que hoy se tienen para propiciar la participación y contraloría social como una instancia decisiva en la vigilancia de los actos y decisiones de gobierno en México.
Por esa razón, la actual inclusión de un Comité de Participación Ciudadana previsto en el marco constitucional del SNA es una buena y alentadora noticia para fortalecer la rendición de cuentas de cara a la sociedad.
Tratándose de la Contraloría Social legalmente es definida como el mecanismo de los beneficiarios de los programas de desarrollo social, por el que, de manera organizada, pueden verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a dichos programas.
En el caso del rol de la ASF con la participación y contraloría social existen muestras de las actividades que ha venido efectuando, por poner sólo tres ejemplos:
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- El Sistema Público de Consulta de Auditorías, visible en la página web de la ASF.
- La guía para el ciudadano que explica con claridad a la sociedad ¿qué es?
Tribunal Federal de Cuentas (TFC) de Alemania
El TFC cuenta con el apoyo de nueve oficinas de auditoría, las cuales reemplazaron a las anteriores oficinas de preauditorías (o de intervención), que orgánicamente formaban parte de los ministerios federales y demás organismos de la administración pública federal.
Las nueve oficinas de auditoría integran a un total de cincuenta divisiones de fiscalización. El TFC debe informar anual y directamente al gobierno, Parlamento y Senado. Sus facultades se regulan por ley.
Con base en esto, tiene una existencia garantizada; su naturaleza es la de un órgano fiscalizador independiente, sujeto a la ley de manera exclusiva y que se ubica entre los poderes Ejecutivo y Legislativo como un órgano de apoyo.
En suma, como podemos apreciar, es interesante y destacada la labor fiscalizadora del TFC.
Sobre este tema, y en opinión de Uwe Schreiner, director de Auditoría del TFC, la corrupción y el lavado de dinero son amenazas para las instituciones políticas, los países y las economías; debido a estos actos nocivos cometidos por individuos o empresas, en todo el mundo se pierden miles de millones de euros o dólares cada año.
Por esa razón, desde hace aproximadamente diez años el TFC viene colaborando en un grupo de trabajo específico de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), para discutir ideas relacionadas con los mecanismos de combate a la corrupción y lavado de dinero en áreas específicas, gobiernos, países, etcétera.
En los casos en que el TFC detecta un delito, procede a informar a la policía y a la Fiscalía, y se hacen los seguimientos correspondientes.
Asimismo, el TFC establece vínculos importantes con el Ministerio del Interior, el cual se encarga de establecer normas y bases que deberán ser empleadas por todas las instituciones gubernamentales, por los ministerios y por las autoridades alemanas.