Las funciones del Congreso en materia tributaria son esenciales para la gobernanza y el desarrollo de un Estado, abarcando desde la creación de leyes fiscales hasta la fiscalización de los recursos públicos. El poder legislativo, en sus diversas configuraciones nacionales, tiene la responsabilidad fundamental de establecer el marco legal que rige la recaudación y el gasto público.
El Poder Legislativo y la Creación de Leyes Tributarias
Corresponde al Congreso hacer las leyes. Interpretar, reformar y derogar las leyes es una de sus facultades inherentes. El proceso legislativo va a tener su punto de partida en la presentación ante los órganos del poder público encargados de legislar, de un proyecto de iniciativa de ley que deberá ser estudiada, revisada, valorada, reformada, adicionada y finalmente aprobada o rechazada por dichos órganos.
En el sistema federal mexicano, dicha función se encuentra encomendada de manera exclusiva al Congreso de la Unión, dividido en dos Cámaras: la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Una iniciativa de ley, especialmente en materia hacendaria, puede presentarse indistintamente ante cualquiera de las cámaras. Al ser aprobado por ambas, el proyecto de ley hacendaria debe turnarse al Ejecutivo para los efectos de promulgación y publicación.
Legislación Específica: Aduanas y Asuntos Municipales
El Congreso tiene la facultad de legislar en materia aduanera, lo que incluye el establecimiento de aduanas y la regulación de nuevas tecnologías o facilitación en esta área. Asimismo, puede expedir la ley en materia municipal para establecer las bases generales que regulen el funcionamiento del municipio libre, impactando potencialmente en las contribuciones locales.
Facultades Financieras y Presupuestarias
Una de las responsabilidades más críticas del Congreso es la gestión financiera y presupuestaria del Estado. Esto implica una serie de atribuciones fundamentales para el control económico del país:
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- Establecer las rentas nacionales y fijar los gastos de la administración, lo que incluye la definición de salarios y emolumentos para los funcionarios públicos.
- Aprobar el presupuesto general del Estado y vigilar su ejecución. El Ejecutivo deberá enviar el proyecto de presupuesto al Congreso con ciento veinte días de anticipación a la fecha en que principiará el ejercicio fiscal. Si al momento de iniciarse el año fiscal, el presupuesto no hubiere sido aprobado por el Congreso, regirá de nuevo el presupuesto en vigencia en el ejercicio anterior, el cual podrá ser modificado o ajustado por el Congreso.
- Fijar el límite del endeudamiento público, de acuerdo con la ley, y autorizar empréstitos y enajenar bienes nacionales. Decretar leyes sobre el reconocimiento de la deuda pública y crear y asignar los fondos necesarios para su pago.
- Decretar impuestos, tasas y demás contribuciones sobre toda clase de bienes, servicios e ingresos, en relación equitativa.
- Decretar impuestos ordinarios y extraordinarios conforme a las necesidades del Estado y determinar las bases de su recaudación.
- Autorizar el establecimiento de contribuciones parafiscales en los casos y bajo las condiciones que establezca la ley.
- Decretar, de una manera general, beneficios e incentivos fiscales o de cualquier naturaleza, para la promoción de actividades culturales, científicas, agrícolas, industriales, comerciales o de servicios.
- Establecer el sistema monetario nacional y el de pesas y medidas, así como resolver sobre la admisión y circulación de la moneda extranjera.
Regulaciones Presupuestarias y Tributarias en Casos Específicos
En El Salvador, la Asamblea Legislativa debe aprobar su presupuesto y sistema de salarios, así como sus reformas, consultándolos previamente con el Presidente de la República para el solo efecto de garantizar que existan los fondos necesarios para su cumplimiento. Una vez aprobado dicho presupuesto se incorporará al Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Administración Pública.
En casos de emergencia como invasión, guerra legalmente declarada o calamidad pública, el Congreso puede decretar empréstitos forzosos si no bastaren las rentas públicas ordinarias.
Control y Fiscalización de la Gestión Financiera
El Congreso ejerce un control político sobre el Gobierno y la administración, lo cual es fundamental para asegurar la transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos. Entre sus funciones de fiscalización se encuentran:
- Aprobar o improbar anualmente, en todo o en parte, y previo informe de la Contraloría de Cuentas, el detalle y justificación de todos los ingresos y egresos de las finanzas públicas, que le presente el Ejecutivo sobre el ejercicio fiscal anterior.
- La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se encarga de la revisión y fiscalización de la cuenta pública. El Servicio de Administración Tributaria se encargará de hacer efectivo su cobro en caso de detectar irregularidades en el ejercicio de sus facultades de fiscalización.
- El Ejecutivo Federal presenta trimestralmente al Congreso de la Unión informes sobre los ingresos excedentes y el ejercicio de las facultades en materia de deuda pública, especificando las acciones realizadas.
- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ejerce sus facultades de comprobación de conformidad con el Código y dictará, de manera conjunta con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las disposiciones aplicables en la materia. Las autoridades competentes tienen la facultad de realizar investigaciones y recabar los datos que juzguen necesarios sobre los intereses públicos en materia fiscal.
- Las facultades en materia de coordinación fiscal también corresponden al Congreso, que debe recibir el informe del Ejecutivo Federal sobre esta materia.
- Se vigila el crédito público, incluyendo los acuerdos celebrados por el Poder Ejecutivo.
Acuerdos Internacionales con Impacto Tributario
El Congreso tiene un papel vital en la aprobación de acuerdos internacionales que pueden tener implicaciones fiscales y económicas para el país:
- Aprobar los tratados, concordatos y convenios internacionales.
- Pronunciarse respecto de los tratados celebrados por el Presidente de la República antes de su ratificación. Si el tratado se somete a los trámites de una ley, deberá seguir el procedimiento legislativo.
- Ratificar los tratados o pactos que celebre el Ejecutivo con otros Estados u organismos internacionales, o denegar su ratificación.
- Aprobar las convenciones que garanticen una nueva unión económica con otros Estados.
- Permitir o negar el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República, y el estacionamiento de naves o aeronaves de guerra de otros países, por más tiempo del establecido en los tratados o prácticas internacionales, decisiones que pueden tener implicaciones económicas y de seguridad.
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