Nadie sabe dónde para Edgar Veytia, El Diablo, facilitador del horror en Nayarit, el Estado del Pacífico mexicano, bisagra entre Jalisco y Sinaloa, donde fue fiscal tantos años. Quizá su madre, Virgen Veytia, sepa; quizá lo sepa también algún agente de alguna corporación de seguridad de Estados Unidos, donde ha estado preso los últimos ocho años, por narcotráfico. Pero, fuera de ahí, El Diablo ha desaparecido de los radares. Debía salir de prisión este lunes, pero hace un mes que no aparece en custodia del Buró Federal de Prisiones. ¿Lo liberaron, lo tienen escondido? México se pregunta por uno de sus grandes villanos, que todavía debe enfrentar a la justicia al sur del río Bravo.
Símbolo de la trenza entre política y crimen en México, Veytia encarna los males del país, resumido estos días en un concepto, gobernanza criminal, que parece construido a la medida de aquel Nayarit que lo vio crecer, como delincuente y como funcionario. Entre 2011 y 2017, Veytia fue amo y señor del aparato de seguridad del Estado, al frente de la Fiscalía local y de la Policía Nayarit. Colaboró con una de las patas del Cartel de los Beltrán Leyva, Los Haches, hasta que los traicionó, en 2017. Trabajó igualmente con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Recibió sobornos, traficó con droga, torturó a sus víctimas, asesinó, secuestró, despojó… Y nadie hizo nada durante años.
Nacido en Tijuana en 1970, criado en San Diego, portador de la doble nacionalidad, Veytia ha sido fundamental en el trabajo de las agencias de seguridad de EE UU estos años. Detenido en San Diego en 2017 por narcotráfico, se declaró culpable en 2019. Recibió una condena de 20 años, que acabó reducida a ocho, rebaja que respondía a su colaboración con el Departamento de Justicia. Veytia declaró en el juicio contra Genaro García Luna, el zar de seguridad del Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), condenado a 38 años. El exfiscal ayudó igualmente en la acusación que construyó la agencia antidrogas de aquel país, la DEA, contra el jefe del Ejército mexicano durante los años de Enrique Peña Nieto (2012-2018), Salvador Cienfuegos.
“El actual fiscal de Nayarit, Petronilo Díaz Ponce, declaró que hay seis órdenes de aprehensión en contra de Veytia”, destaca Rodrigo González Barrios, portavoz de la Comisión de la Verdad de Nayarit, una organización que ha documentado y llevado ante la justicia casos de secuestro, tortura y despojo, supuestamente cometidos por Veytia y otros altos funcionarios de la época. Las órdenes de captura fueron trasladadas a la Fiscalía General de la República (FGR) para iniciar el proceso de extradición, pero de momento no hay noticias al respecto. Preguntadas esta semana, ni la FGR ni la Secretaría de Relaciones Exteriores han contestado sobre su estatus.
La extradición de Veytia no es una posibilidad remota. La justicia estadounidense ha entregado previamente a criminales buscados en México, que han cumplido su condena en el norte. Es el caso de Osiel Cárdenas, antiguo líder del Cartel del Golfo, que fue extraditado a México hace unas semanas, tras cumplir su condena en EE UU. González Barrios destaca el caso de funcionarios de la época de Veytia, compinchados con el fiscal, caso del gobernador entonces, Roberto Sandoval, del PRI, o del presidente de la mesa del Congreso, Carlos Saldate. “Están todos presos, menos Veytia, que no sabemos”, explica. “Sandoval tiene varios procesos abiertos, y Saldate tiene ya dos condenas, por casos en los que estuvo implicado Veytia, de secuestro y tortura”. En esos casos que menciona el activista, Saldate recibió penas de más de 100 años de prisión.
Lea también: Mitos y leyendas de la Hacienda del Diablo en México
A pesar de los graves delitos por lo que se acusa a Veytia en México, la justicia de EE UU contemporiza y aguarda, confiada en las posibilidades de su testigo contra nuevos indiciados. A finales de febrero, por ejemplo, el Gobierno de Claudia Sheinbaum extraditó al norte a uno de los antiguos líderes de Los Haches, Jesús Ricardo Patrón Sánchez, alias El H-3, líder del grupo, o lo que quedaba de él, tras los golpes que recibió en 2017, todavía con Veytia en el poder. Su llegada a Nueva York podría implicar el uso de Veytia como testigo, en un futuro juicio en su contra.
Sus casos han sido documentados en estos años, ya con el exfiscal detenido en EE UU, y varios de sus compinches recluidos en prisiones mexicanas. Más allá de casos concretos, se repite un patrón, la detención irregular de ciudadanos a los que Veytia y su equipo de policías detectaban, y que luego despojaban de propiedades o robaban dinero, bajo la amenaza de procesos penales en su contra. En esas situaciones, las víctimas eran retenidas ilegalmente, torturadas, coaccionadas… Era difícil enfrentarse a Veytia, contactado con los escalones más altos de la Armada, ahijado político del gobernador. Aun con toda su red fuera de juego, su poder continuó.
El caso Veytia, el volumen de información obtenida de sus declaraciones, de documentos judiciales de EE UU, de los testimonios de sus víctimas, etcétera, dibuja un caso de libro de gobernanza criminal. El exfiscal dirigió una red policías corruptos, amparada por el gobernador, ignorada -al menos ignorada- por las autoridades federales, que, además de delinquir, gestionó el trabajo de grupos delictivos. Llegó a acuerdos con ellos, les dejó hacer. Y cuando consideraba que alguno se pasaba de la raya, que mataba demasiado, que desaparecía a demasiadas personas, o que, simplemente, trataba de armar redes de protección fuera de su control, los eliminaba.
Así ocurrió, por ejemplo, con Los Haches. En febrero de 2017, Veytia y un grupo de élite de la Armada mataron a sus dos líderes del grupo en varios operativos en Tepic, además de otros de integrantes del grupo. Luego Los Haches fueron conocidos por su presunta relación con el general Cienfuegos, que habría fungido de padrino de la red criminal, en su empresa de trasiego de drogas. El caso contra Cienfuegos nunca prosperó, en gran parte por empeño del Gobierno mexicano, que forzó su traslado al sur del río Bravo, después de su detención en Los Angeles, en octubre de 2020. Pero siempre quedó la duda de su implicación en las actividades del grupo.
Según información que él mismo dio al FBI, su patrimonio es amplio. Empresario transportista en sus inicios, Veytia cuenta con 28 autobuses en propiedad, además de cinco a crédito, sus empresas llegaron a gestionar tres estaciones de camiones, cuatro grúas y un estacionamiento. Es propietario de oficinas en Tepic, tiene un negocio notarial, cortesía del exgobernador Sandoval y posee además un rancho ganadero. En total gestiona cinco propiedades en Nayarit, una al menos en Guadalajara y tres en San Diego. Édgar Veytia, el exfiscal de Nayarit apodado “El Diablo”, quien permanece preso en los Estados Unidos por tráfico de drogas, será liberado 10 de marzo de 2025, según información publicada por la Oficina Federal de Prisiones de aquel país (BOP, por sus siglas en inglés).
Lea también: ¿Cómo tramitar la Constancia de Situación Fiscal?
Veytia fue arrestado en la garita de San Diego, California, el 27 de marzo de 2017 y tras un juicio en el que se declaró culpable de los delitos que se le imputaron fue sentenciado en septiembre de 2019 a pasar 20 años en prisión y cinco más bajo vigilancia.
Sin embargo, después de participar como informante en el juicio contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública federal durante el mandato de Felipe Calderón, Veytia obtuvo una reducción de condena dictada por la jueza Carol Bagley Amon en abril de 2024.
La condena del exfiscal nayarita, quien también tiene la nacionalidad estadounidense, se redujo a 10 años y se preveía que saliera libre hasta 2027, tomando en cuenta el tiempo que ya llevaba en prisión; sin embargo, la última información publicada por la Oficina Federal de Prisiones de los Estados Unidos, indica que Veytia, de 53 años, será liberado de la prisión federal de baja seguridad en la que se encuentra, en el estado de Kentucky, el próximo 10 de marzo de 2025.
Veytia fue nombrado como fiscal de Nayarit en febrero de 2013 tras una reforma a modo impulsada por el exgobernador Roberto Sandoval (hoy preso y acusado de varios delitos) que le permitió ocupar el cargo sin cumplir los requisitos que establecía la ley y prácticamente le otorgó poderes plenipotenciarios sobre todas las fuerzas de seguridad del estado.
Durante su gestión logró reducir los índices de violencia en el estado, sobre todo en homicidios dolosos (de 465 casos en 2011 a 36 en 2016, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública), sin embargo ahora se sabe que brindaba protección a capos de varios cárteles, entre ellos el de Juan Francisco Patrón Sánchez, “El H2”, abatido en Tepic por la Marina el 10 de febrero de 2017, lo que le permitía negociar con los grupos criminales.
Lea también: ¿Qué es el Acuse de Recibo de la Declaración?
Desde su llegada a la Fiscalía corrían rumores de que utilizaba su poder para cometer extorsiones, amenazas, despojos, torturas y asesinatos; esas versiones se convirtieron en denuncias formales tras su arresto en los Estados Unidos.
El estudio se realizó en el estado de Nayarit, México, en el periodo 2011-2017. En dicho sexenio, y en el marco de la guerra contra el narcotráfico, el gobierno del Estado realizó una serie de alianzas con diversos grupos del narcotráfico. Ello complejizó el contexto, además de que intensificó la lucha por el territorio y el control de las rutas y zonas de producción y distribución de la droga. Este artículo tiene por objetivo analizar y explicar el contexto de violencia y la manera de operar por parte del gobierno y los grupos del narcotráfico en el estado de Nayarit.
Hernández (2019) argumenta que la violencia nunca se fue del territorio nayarita. Uno de los hechos más recordados por la “espectacularidad” de la acción y su fuerza en cuanto al uso de las armas fue el ataque desde un helicóptero a una casa de seguridad del H2, líder del Cartel de los Beltrán Leyva en Tepic, el 10 de febrero del 2017 (Televisa 2019). Esta fue una de las últimas muestras fehacientes de la coalición del gobierno de Sandoval con los grupos del narcotráfico en Nayarit. Edgar Veytia, mejor conocido como El Diablo, recibió sobornos de por lo menos cuatro grupos del narcotráfico, lo que explica el constante cambio de estrategia de seguridad en el Estado.
El 27 de marzo del 2017, Edgar Veytia fue detenido en una garita fronteriza en California (Excélsior Tv 2017), acusado de producción y distribución de droga, con una pena de 20 años. Veytia aceptó su participación en dichas acciones. Por su parte, las autoridades de los Estados Unidos han puesto en la lista al exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, por vínculos con el Cartel Jalisco Nueva Generación (Tresury 2019). El gobierno mexicano ha iniciado el congelamiento de 42 cuentas a nombre de Roberto Sandoval y su familia, con un monto mayor a 1 196 000 000 de pesos.
Édgar Veytia, alias El Diablo, era uno de los testigos más esperados en el juicio por narcotráfico contra Genaro García Luna. El exfiscal de Nayarit se sentó este martes en el estrado, siguió la línea que le marcó la Fiscalía durante su testimonio y soltó la declaración bomba de que la instrucción del Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de García Luna era proteger a Joaquín El Chapo Guzmán y al Cartel de Sinaloa. “La línea era [proteger a] El Chapo”, declaró Veytia. El testimonio del exfuncionario es el primero en señalar directamente al expresidente de México en el proceso judicial en Nueva York.
“Debíamos proteger a los Chapos y no a los Beltrán Leyva”, aseguró Veytia sobre la guerra de carteles que hundió en una ola de violencia al país. El testigo afirmó que Luis Cárdenas Palomino, mano derecha del exsecretario y principal coacusado en el caso en Estados Unidos, le dijo en otra ocasión en una reunión en el llamado búnker de la SSP que “estaba del lado equivocado” en la disputa entre ambas organizaciones, al privilegiar a la facción de Arturo Beltrán Leyva. “Nos dijo que era a El Chapo a quien debíamos apoyar”, sostuvo en la corte de Brooklyn sin aportar mayor prueba.
El Diablo contó que escuchó por primera vez la orden de proteger a El Chapo en una reunión informal con el entonces gobernador de Nayarit, Ney González (2005-2011). El testigo narró que la instrucción se dio después de que dos agentes fueran secuestrados, lo que desató un escándalo en el Estado. “Fui convocado por su escolta a abordar su vehículo, una Tahoe blanca”, relató. “Ahí fue cuando me dice que si sabía por qué me estaba pasando esto y con quién tenía que hablar”, siguió.
“Acabo de llegar de una reunión muy importante en Ciudad de México con Felipe Calderón y con Genaro García Luna donde nos dijeron que la línea era El Chapo”, zanjó el convicto, recordando las palabras del exgobernador González, vestido con un uniforme café del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, la misma cárcel donde está ingresado García Luna. “¿Y qué le dijo usted?”, le preguntó la fiscal adjunta Saritha Komatireddy. “Nada, al gobernador no se le piden explicaciones”, contestó Veytia, condenado en 2019 a más de 20 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico.
Nacido en México y criado en California, Veytia contó que inició su carrera como funcionario público en Nayarit, donde tenía familia y negocios, en 2007. Empezó en el orden municipal, en el escalón más bajo del poder en el país. Un amigo en común lo presentó con Roberto Sandoval Castañeda, el candidato que compitió por el Partido Revolucionario Institucional y ganó la elección para presidente municipal de Tepic, la capital del Estado, en 2008. Desde la campaña ofreció dinero y vehículos para apoyar a Sandoval. Él le devolvió el favor y lo nombró encargado de la Policía de Tránsito cuando asumió el cargo, en septiembre de ese año.
El jefe de Veytia, entonces un funcionario de segunda línea de Tepic, era el comandante Ángel Violante, el secretario de Seguridad del municipio, que venía de la Policía Federal de García Luna. “Me dijo que había recibido instrucciones de Genaro García Luna que teníamos que tomar el lado de El Chapo”, relató sobre una reunión. En 2008 había estallado una guerra intestina entre el Cartel de Sinaloa de Guzmán y la facción de los hermanos Beltrán Leyva, sus viejos aliados. “A los comandantes de turno se les hizo saber que no debíamos arrestarlos ni reportarlos”, describió el testigo, también conocido como La Bestia.
Poco después de la salida de Violante, tres agentes fueron asesinados a tiros. El sustituto Carlos Patricio Bernal fue acusado de corrupción y destituido. Veytia subió en el escalafón como secretario municipal de Seguridad, primero como interino y después fue ratificado. El alcalde Sandoval le instruyó a que se reuniera con El Chilo, el líder de la gente de Arturo Beltrán Leyva en Nayarit. “Me dijo que sentía mucho haber matado a los tres policías, pero que era necesario, que estaban en guerra”, se disculpó el capo.
“¿Dejó por escrito que tenía un pacto con los Beltrán Leyva?”, le preguntó la fiscal Komatireddy. “No, los acuerdos con el narcotráfico no son por escrito”, comentó Veytia. La Fiscalía hizo esa pregunta para responder a los señalamientos de la defensa de García Luna, que ha reclamado que las acusaciones se sustentan principalmente en declaraciones de testigos y cooperantes. A partir de ahí se selló el pacto entre el grupo de los Beltrán Leyva y el círculo de Sandoval, que en 2011 se convirtió en gobernador de Nayarit, según el testigo. Se postuló por el PRI y ganó con comodidad.
Arturo Beltrán Leyva fue abatido en diciembre de 2009 por la Marina, pero la guerra no terminó. Se recrudeció. “Teníamos colgados en los puentes, desollados y se dio la particularidad de los pozoles”, reseñó El Diablo. La Fiscalía le pidió que explicara que eran los pozoles. Veytia se convirtió prácticamente en empleado del grupo criminal. “Hacíamos todo lo que nos pedían y necesitaban”, señaló La Bestia en una parte de su testimonio.
A finales de 2011, después de que Sandoval se convirtió en gobernador, el Cartel de Sinaloa se acercó a Veytia. “Querían comprar el Estado, la plaza de Nayarit”, dijo el exfiscal. El precio de la gente de El Chapo fueron 10 millones de dólares. Veytia los rechazó. “Ya teníamos un compromiso con los Beltrán Leyva”, justificó. El Cartel le respondió con un atentado a tiros en una de sus casas de seguridad, del que salió ileso, en diciembre de ese año.
Fue después del atentado que Sandoval solicitó una reunión con García Luna en Ciudad de México. Veytia fue obligado a esperar afuera, mientras el gobernador y el secretario discutían lo sucedido. El exfiscal tomó un recorrido por el búnker, se separó un momento y ahí fue cuando sucedió la conversación con Cárdenas Palomino, siempre según su versión. El testigo se encontró con Sandoval, decepcionado al término de la reunión.
Todavía por esa época, hubo un segundo intento del Cartel de Sinaloa de “comprar Nayarit”. “Me ofrecieron cinco millones de dólares y traían otro millón para cerrar el trato ahí”, comentó Veytia. Rechazó el trato para honrar su vieja alianza con los Beltrán Leyva. Le pagaban dos millones de pesos al mes a cambio de protección. “No los deteníamos, les dábamos información para que pudieran escapar y evadir la justicia, encubríamos los delitos que cometían”, recitó El Diablo, para este punto, visiblemente humillado. Ese dinero se distribuía entre jefes policiales, jueces y periodistas “para mantener las apariencias y el control del Estado”. El resto iba para su bolsillo. En 2013 se convirtió en fiscal del Estado y cruzaba la frontera una y otra vez sin ningún problema hasta que fue detenido en marzo de 2017.
Veytia es vinculado en Estados Unidos con el Cartel del H2, una pequeña escisión de los Beltrán Leyva y de El H original, Héctor Beltrán. El H2 era Juan Francisco Patrón Sánchez, que tuvo durante años en nómina al fiscal hasta que lo traicionó. La Bestia ordenó matarlo y capturarlo, según confesó. Es el mismo grupo con el que se relacionó al general Salvador Cienfuegos, secretario de Defensa de Enrique Peña Nieto (2012-2018). Cienfuegos fue detenido en Los Ángeles en octubre de 2020 y exonerado en México en enero de 2021.
“Soy culpable”, dijo Veytia, que se notaba abatido al final del testimonio. “¿Usted conoce la expresión ‘Plata o plomo’?”, le preguntó Komatireddy. “Sí, significa que si no tomas el dinero, te van a matar”, respondió el convicto. “¿Y no existe una tercera opción?”, le dijo la fiscal. “Sí, es un camino duro, pero es el correcto”, contestó el testigo, obligado a repasar su historial criminal, como si la Fiscalía intentara establecer un paralelismo con su historia y el caso contra García Luna. “¿Usted torturó? ¿Mató? ¿Secuestró? ¿Ocultó evidencias? ¿Provocó incendios? ¿Dijo mentiras? ¿Robó bienes que habían sido incautados? ¿Recibió sobornos?”. La Bestia contestó con un escueto sí en cada oportunidad. Su esperanza es una reducción en su sentencia y quedarse en Estados Unidos, donde también es ciudadano.