En política, el término transición se refiere a los cambios de régimen, al paso de un tipo de régimen a otro. Usualmente alude a la disolución de un régimen autocrático para dar paso a otro democrático. Aunque en un sentido más general también designa los cambios en dirección opuesta.
La transición democrática comprende desde el inicio de la disolución de un régimen autoritario hasta el establecimiento y consolidación de alguna forma de democracia. Supone la existencia de algún tipo de autoritarismo y la introducción de formas y experiencias propias de la democracia. La democratización involucra el fin del régimen autoritario, la instalación de uno democrático y su consolidación. En cada una de estas etapas inciden diferentes factores, de cuya combinación dependerá el resultado del proceso.
El inicio del proceso de democratización implica una pérdida creciente de legitimidad de los regímenes autoritarios, que sustentada en la eficacia de su desempeño, se ve minada por los fracasos económicos, el incumplimiento de promesas o derrotas militares. Es entonces cuando, dada la carencia de logros, la gente ya no ve la razón por la cual tiene que soportar la falta de libertad. Asimismo, se genera la aspiración de parte de las élites políticas de instaurar la democracia. El cambio hacia la democracia supone que el régimen autoritario ha perdido muchas de sus capacidades de dirección para conducir a la sociedad.
Factores y Dinámicas de las Transiciones Democráticas
La incertidumbre es una variable fundamental para entender la dinámica de las transiciones democráticas. La ambigüedad de las posturas políticas de los distintos actores (líderes, organismos no gubernamentales, partidos políticos, agencias gubernamentales, etc.) que intervienen en el proceso de negociación de acuerdos que aseguren la estabilidad futura del país, es uno de los rasgos más sobresalientes del fenómeno de la transición democrática.
Esta ambigüedad de las estrategias de acción de los actores políticos provoca múltiples e inciertas alternativas de desenlace de la lucha política. En esta lucha convergen diversos actores y factores, que tienen distinta importancia. Rustow considera que la transición democrática es una lucha intensa y desgastante por ganar, en la cual mucho depende del talento, la voluntad y la capacidad de las élites para negociar un acuerdo que garantice un sistema de compartir el poder y de mutuo acomodo en interés de todas las fracciones principales; también Lijphart ha resaltado el papel decisivo de los acuerdos al nivel de la élite para hacer posible las llamadas democracias por asociación. Nohlen da más peso a los partidos políticos en tanto que situados éstos en una competencia libre y pluralista, pueden celebrar elecciones universales y libres para ocupar mandatos y funciones públicas, y así culminar la transición.
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No hay reglas del juego político durante la transición democrática. Parte de la lucha de los actores políticos es justamente por definir estas reglas que determinarán quienes perdieron o quienes ganaron; asimismo, señala Huntington, en la transición los líderes en el poder y en la oposición desafían el status quo y subordinan los intereses inmediatos de sus seguidores a las necesidades a largo plazo de la democracia, sin caer en las provocaciones de los radicales de ambos bandos.
O'Donell y Schmitter plantean que la transición pasa por varios procesos: la liberalización en la que se redefinen, amplían y se vuelven efectivos ciertos derechos frente a actos ilegales o arbitrarios del Estado; y la democratización, en la cual las normas y procedimientos de la ciudadanía son aplicados a las instituciones políticas antes regidas por otros principios, o son ampliados a individuos que no gozaban de ellos, o bien a instituciones que antes no participaban en la vida ciudadana. En ese sentido es preferible una transferencia del poder o una entrega del mismo, que un derrocamiento de quienes ocupan el poder. Por eso Hungtinton considera que la condición principal de la transición es la capacidad del sistema para transferir el poder pacíficamente a los actores políticos emergentes; si la transferencia del poder se hace a un grupo anteriormente excluido, entonces puede hablarse de una transición democrática exitosa.
La transición termina cuando la anormalidad ya no es la característica central de la vida política, cuando los actores se han asentado y obedecen una serie de reglas más o menos explícitas para acceder a los roles del gobierno, acerca de los medios que pueden emplear y de los procedimientos para tomar las decisiones. Como dice Linz, cuando no hay ningún actor político (partido, grupo de interés, fuerza o institución) que considere que hay otra vía diferente a la democrática para obtener el poder. Para O'Donell y Schmitter la transición llega a su fin "cuando los activistas políticos llegan a confiar en que cada cual jugará de acuerdo con las reglas fijadas y el conjunto de reglas es lo que llamamos un régimen".
Consolidación Democrática y sus Obstáculos
La consolidación democrática es la resultante de las transiciones exitosas y termina con la incertidumbre y provisionalidad, que es característica de los procesos de transición. Przeworski ha planteado qué tanto las transiciones conducen o no a democracias autosostenidas, es decir, a regímenes en donde las fuerzas políticas protagónicas sujetan sus intereses y valores al juego incierto de las instituciones democráticas y respetan los resultados de los procesos democráticos. Para Linz no son las circunstancias sino las acciones de los gobernantes las que pueden obstaculizar la instauración de un régimen democrático. Para Huntington, lo que define a la democracia es la selección de dirigentes por la misma gente que ellos gobiernan, mediante elecciones libres, periódicas y competitivas.
Históricamente, todo cambio político importante ha implicado violencia. La transición democrática también genera violencia política, pues quienes se benefician del autoritarismo y los grupos revolucionarios acuden a ella para impedir la transición o la consolidación de la democracia instaurada, cuya fragilidad institucional se aprovecha para intentar la vuelta al autoritarismo. El riesgo está presente en cualquier proceso de democratización; por eso, algunas transiciones democráticas finalizan con el regreso al autoritarismo, pues solo una democracia sólida puede resistir el embate de sus múltiples enemigos.
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Para la consolidación de un sistema democrático tienen que resolverse distintos tipos de problemas:
- Durante la transición: el establecimiento de nuevas leyes y sistemas electorales, el reemplazo de instituciones, organismos y funcionarios que eran funcionales al autoritarismo, el trato que se dará a quienes han cometido delitos y violaciones, la reducción del ejército a los cauces constitucionales, la separación del partido antes dominante del gobierno que estaba en el poder, la difusión y arraigo de comportamientos y cultura democráticos, etc.
- Durante el ejercicio del nuevo gobierno, los problemas acumulados por los gobiernos anteriores, cuya no solución puede propiciar la vuelta al autoritarismo por la desilusión popular ante la "ineficacia demostrada" de la democracia: inflación, desempleo, pobreza, guerrilla, recesión económica, deuda externa, etc.
- Otro tipo de problemas que se tienen que enfrentar son propios de toda democracia: conflictos políticos periódicos, demagogia, demora en la toma de decisiones políticas, predominio de los intereses económicos existentes, escándalos, etc.
La Transición Democrática en México: De la Hegemonía a la Pluralidad
En el contexto de globalización económica que México experimentó una alternancia política. La transición a la democracia en México marcó el rumbo político de nuestro país durante el último cuarto del siglo XX, pues puso en el centro de la agenda política el extendido reclamo social de contar con elecciones limpias, justas y competitivas. La democratización política no fue fácil, las reformas electorales que permitieron la alternancia política se llevaron a cabo paulatinamente gracias a la presión constante de la ciudadanía y de las organizaciones sociales, así como los grupos de oposición. La apertura democrática en México es un fenómeno reciente ya que fue hasta finales de siglo pasado que se iniciaron las primeras alternancias políticas en algunos estados y en ciertas legislaturas locales.
Como recordarás, en sesiones pasadas se abordaron los temas de la crisis económica de los años ochenta y el inicio del modelo neoliberal en la economía mexicana. La gran mayoría de las reformas electorales tiene origen en contextos difíciles, tanto en el ámbito social, como en el político y el económico. Sin la participación social la democracia no existe. Las reformas electorales fueron demandas del pueblo organizado que incluso costaron vidas. Es innegable lo mucho que se ha avanzado, de un sistema de partido único a uno donde coexisten más de siete partidos políticos.
Lujambio señala que la transición significa un proceso de aprendizaje para los ciudadanos, quienes en elecciones sucesivas aprenden a ejercer el poder del sufragio realmente efectivo, pero también, por supuesto, para los partidos. En consecuencia, la transición a la democracia en México ha de entenderse como el paso de un sistema de partido hegemónico en elecciones no competitivas a un sistema multipartidista en elecciones competitivas. Becerra, Salazar y Woldenberg consideran que la transición es un cambio diferente a la revolución, no súbito sino que se desarrolla por etapas; un cambio negociado entre actores que no tienden a rupturas definitivas sino al diálogo y al compromiso; y que se centra en la negociación de "las reglas del juego", no definidas y que constituyen la parte medular del litigio político, esto es, una transición centrada en lo electoral.
Reformas Electorales Clave en México (1977-2014)
México experimentó 11 reformas electorales entre 1977 y 2014. Ocho fueron de amplio alcance e implicaron cambios constitucionales y legales: 1977, 1986, 1990, 1993, 1994, 1996, 2007 y 2014, mientras que tres fueron focalizadas a aspectos puntuales y requirieron solo modificaciones legales: la del 2002 para establecer cuotas de género en candidaturas legislativas, la del 2003 para elevar los requisitos para formar partidos políticos y la del 2005 para regular el voto de los mexicanos en el extranjero. El reformismo electoral mexicano es reflejo de un proceso de cambio político que buscó pluralismo como la meta principal y encontró en las reformas electorales la vía para conseguir su cometido. La obsesión por el pluralismo es consecuencia de la hegemonía política de un partido oficial durante buena parte del siglo XX y de la exclusión que padecieron grupos políticos, activistas sociales y segmentos de la población. Además del pluralismo, el reformismo electoral mexicano ha buscado otros objetivos que han ido cambiando a lo largo del tiempo:
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- Inclusión (notoriamente en las reformas de 1977, 1986 y 1990)
- Certeza y Transparencia (1990, 1993, 1994)
- Equidad (1993, 1996, 2007)
- Imparcialidad de la autoridad (1994 y 1996)
- Legalidad (1986, 1996)
Para muchos autores, el inicio de la transición se ubica en la reforma de 1977, aquella que Rafael Segovia llamó "la Reforma Política con mayúscula" y que abrió la representación en la Cámara de Diputados a los entonces partidos de oposición, con lo cual se transformó el mosaico de fuerzas políticas, aunque ello no se traduciría de inmediato en que las elecciones fueran competidas. Durante el gobierno de José López Portillo se anunció una reforma política, la cual abrió espacios a los partidos de oposición. Primera, el reconocimiento de los partidos políticos como intermediarios de la vida democrática.
Durante la década de los ochentas, por primera vez el Partido Acción Nacional (PAN) logró derrotar al PRI en unas elecciones locales, al obtener los gobiernos de la capital del estado de Chihuahua y de Ciudad Juárez. Además, se fundó el Tribunal de lo Contencioso Electoral Federal, es decir, una institución que regulaba la vida y los procedimientos electorales. El año 1988 tiene un lugar especial en este recuento porque las elecciones de 1988 fueron un parteaguas en la historia electoral porque una oposición desprendida del propio partido del régimen logró desafiar al sistema. Después de la jornada electoral, tras una serie de irregularidades en el sistema de conteo de votos, se declaró presidente a Salinas. Tras la denuncia de fraude en 1988, la sociedad estaba desencantada y proliferaron los movimientos de protesta y las manifestaciones en contra del resultado de las elecciones, lo que tuvo repercusiones en la apertura política.
En este contexto se expidió en 1990 el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual estableció la creación de un instituto que regulara las elecciones. Fue entonces que se creó el Instituto Federal Electoral (IFE), el Tribunal Federal Electoral (TRIFE) y que se puso en el centro de la demanda la construcción de un padrón electoral confiable y vigilado para asegurar su integridad. Sin embargo, se nombró como presidente del IFE al entonces secretario de gobernación, que pertenecía al PRI. Entre las atribuciones del IFE destacaban fijar topes en los gastos de campaña, expedir credenciales para votar sin fotografía y constancias de mayoría a quienes ganaran elecciones. En estas condiciones político electorales, el PAN ganó su segunda gubernatura, en Chihuahua, en 1992.
En 1994, año electoral, fue asesinado el candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio. En ese año se realizó otra reforma electoral en la que el IFE, por primera vez, se integró por algunos consejeros ciudadanos. Las elecciones de 1994 pusieron en el centro a la inequidad en la competencia. En 1996 otra reforma electoral propuso que la presidencia del IFE estuviera a cargo de un ciudadano. También el IFE tendría la función de capacitar a ciudadanos para que ellos organizaran las elecciones, es decir, el gobierno ya no lo haría. La autonomía que se dio al IFE tenía entre sus objetivos contrarrestar las prácticas fraudulentas y darle independencia del gobierno y del partido oficial. El gran objetivo de la reforma de 1996 fue construir un terreno de juego electoral capaz de soportar una contienda electoral democrática en la que cualquiera de los competidores pudiera erigirse en el ganador.
El fin de la transición lo coloca en las elecciones de 1997, en las que el PRI perdió por primera vez la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y la oposición ganó el gobierno del Distrito Federal. Con esta ley, y por primera vez en setenta años, el PRI dejó de tener mayoría en la cámara de diputados en 1997. Lo ocurrido en el año 2000 que trajo la alternancia pacífica y ordenada en el Ejecutivo Federal, fue posible justamente porque la transición estaba ya concluida. El reformismo electoral mexicano ha sido exitoso para propiciar el pluralismo político que hoy vive México.
Como resultado de las elecciones de 2006, la diferencia del primero y el segundo lugar no llegó ni al 1% de los votos totales. El IFE declaró triunfador a Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador denunció un fraude electoral. La falta de legitimidad de Felipe Calderón y una clara desconfianza en el IFE, provocó que en 2007 se hiciera una nueva reforma electoral, en la que se establecía la reducción de los gastos de campaña de los partidos políticos.
Durante las elecciones presidenciales del 2012 el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, ganó la contienda con un margen amplio respecto al segundo lugar, el otra vez candidato del PRD Andrés Manuel López Obrador. Fue hasta el 2014 cuando se hicieron nuevas reformas, por ejemplo, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General en Materia de Delitos Electorales. En ellas se permitía que particulares donaran dinero a campañas y se autorizaba la reelección de diputados y alcaldes. En esta misma reforma el IFE se transformó en INE, es decir Instituto Nacional Electoral, ya que normaría y vigilaría las elecciones a nivel nacional.
La Alternancia Política en Cifras
Los datos que nos ofrece Woldenberg evidencian la magnitud del cambio que significó la transición a la democracia durante esos veinte años y que se resume en "la alternancia":
| Categoría | 1977 (PRI) | 2000 (Oposición) |
|---|---|---|
| Municipios gobernados por el PRI | Más de 2396 | 1817 (PRI), 583 (Oposición) |
| Congresos estatales con mayoría calificada del PRI (de 32) | 31 | 1 |
| Entidades federativas gobernadas por el PRI (de 32) | Todas (1988) | 21 (PRI), 7 (PAN), 4 (PRD) |
| Capitales de estados gobernadas por el PRI | Todas (no especificado directamente, pero inferido) | 14 (PRI), 12 (PAN), 6 (PRD) |
Otro dato más que da cuenta de la dimensión de la transformación que se operó es el relativo a los recursos públicos de cada una de las fuerzas políticas contendientes en el 2000:
| Partido/Coalición | Porcentaje del Financiamiento Público (2000) |
|---|---|
| PRI | 30.3% |
| Coalición PAN y PVEM | 30.1% |
| Coalición PRD, PT, Convergencia, PSN y PAS | 34.78% |
Por primera vez en la historia, una coalición opositora tenía más dinero público que el PRI. Además, en el 2000, ningún partido alcanzó la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados ni en el Senado y esta circunstancia se ha recreado sistemáticamente en las subsecuentes elecciones, demostrando que la voluntad de los mexicanos es que existan equilibrios, pesos y contrapesos para que ninguna fuerza política tenga la tentación de dominar.
Nuevos Retos: Regímenes Híbridos y el Poder Judicial
A partir de lo electoral se alteraron y siguen alterándose otros ámbitos de la vida nacional, de modo que las elecciones se convirtieron "en la ocasión y la forma privilegiadas mediante las cuales se ejercen y reafirman los derechos y las libertades políticas". El siglo XXI parece caracterizarse por el predominio de nuevas realidades políticas. Proliferan hoy los llamados regímenes híbridos, donde las dinámicas autoritarias se van afianzando en medio de un entramado institucional formalmente democrático. En tanto impera esta “hibridez”, lo que demanda la democracia no parece ser tanto una transición propiamente dicha, sino el fortalecimiento del Estado de Derecho.
En México, la liberalización se inicia en 1997 con la reforma electoral de López Portillo. Ahora, con la alternancia en la presidencia de la república, resultado de las elecciones del año 2000, se han abierto opciones a la democratización. Sin embargo, transcurridos cinco años del “gobierno del cambio” (refiriéndose a la administración post-2000), las esperanzas de democratización, de lucha contra la corrupción, de crecimiento económico y de una administración pública austera, honesta, eficaz y responsable, que sustentaron la alternancia, no solo no se cumplieron, sino que en esos campos como en otros, han existido retrocesos. Las colusiones con los poderes fácticos opuestos al cambio democrático, como sindicatos corporativos y medios electrónicos, por ejemplo, han fortalecido los obstáculos a la democratización. La creación de empleo nunca se ha acercado al millón anual prometido; tampoco el crecimiento económico al 7% anual ofrecido en la campaña.
El Asedio al Poder Judicial en México
Un desafío contemporáneo que ilustra las tensiones dentro de un sistema político en evolución es la situación del Poder Judicial. El Poder Judicial en México inició una nueva época el 1 de septiembre de 2025, derivado de la elección por voto popular de las y los integrantes del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y de varios cientos de magistradas, magistrados, juezas y jueces. Pero el asedio para poseer esta preciada joya de la corona comenzó antes de que Andrés Manuel López Obrador asumiera la Presidencia de la República, el 1 de diciembre de 2018.
Una persona integrante del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) relató en octubre de 2018, a unas semanas de que López Obrador asumiera la Presidencia de la República el 1 de diciembre de ese año, que el político estaba explorando cómo hacerse del Poder Judicial. El mismo AMLO había dibujado la idea en su Proyecto Alternativo de Nación para la elección presidencial de ese año. En agosto de 2018, López Obrador acudió a la sede del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para recibir su constancia de mayoría y en su discurso ofreció respeto a los togados, declarando: “El Ejecutivo no será más el poder de los poderes ni buscará someter a los otros”.
Sin embargo, Andrés Manuel López Obrador empezó el ataque permanente contra la Corte apenas llegó a Palacio Nacional, desde la conferencia de prensa diaria. Eso de que no habría halcones ni palomas mensajeras quedó en letra muerta. AMLO necesitaba un Poder Judicial sometido. Nunca perdonó que juzgadores -jueces, tribunales o la Corte- le tiraran alguna decisión que él había tomado, sea en materia energética o el peliagudo caso de la Guardia Nacional.
Hernán Gómez Bruera ha revelado la forma en la que se sometía al control a juzgadoras y juzgadores de todo el país para fines presuntamente de negocios y políticos, en el sexenio de López Obrador. Los testimonios alertaban que AMLO iba por el Poder Judicial. Uno de los primeros en recibir ataques fue el ministro Luis María Aguilar. El caso mejor documentado de asedio es el de Eduardo Medina Mora. En los primeros meses de 2019 se supo que el exprocurador General de la República iba a ser desaforado. Por fuentes directas se confirmó que el ministro renunciado no quiso someterse a la metralla y al escarnio en el pleno de la Cámara de Diputados.
Si bien López Obrador pudo proponer como ministras a Yasmín Esquivel, Margarita Ríos Farjat, Loretta Ortiz, Lenia Batres y a Juan Luis González Alcántara Carrancá, no soportó que varios de ellos lo encararan en casos como la Guardia Nacional o la extensión dos años más de la presidencia de Arturo Zaldívar. Con varios de ellos conversaba en privado o recibía documentos en los que los juzgadores le daban santo y seña de por qué se violentaba la Constitución. Eso no le gustó nunca. En 2021, un grupo de legisladores del partido en el poder propusieron una reforma para extender dos años más la presidencia de Zaldívar al frente de la Suprema Corte. El jurista Juan Luis González Alcántara Carrancá también vio perder la amistad que tenía con López Obrador, y todo indica que fue por la interpretación de la Constitución que hacía el doctor en Derecho, en especial porque no lo apoyó en el tema de la Guardia Nacional.
En febrero de 2024, López Obrador presentó un paquete de reformas constitucionales que incluía la judicial. En 2018, Jorge Ramos impulsó un reportaje que documentó el nepotismo en esa gran estructura del Poder Judicial. Lo que se vivió entre 2024 y 2025 fue una andanada de descalificaciones. Ivonne Melgar escribió que Norma Piña fue víctima de violencia política, de género, de calumnia; fue “un ataque misógino a todas las mujeres que aspiran y llegan al poder”, le dijo Sara Lovera a la autora.