Luego del periodo de «modernización» neoliberal del Estado y de la transformación del ciclo político de la economía en gobiernos económicos de la política, de las «gobernabilidades» y «gubernamentalidades» democráticas sometidas a los dictados del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), después de estos procesos de «gran transformación», comenzaron a plantearse tensiones, conflictos y confusiones entre la razón de Estado y la razón de mercado.
La desestatalización del Estado se convierte, de manera casi invisible, en una mercantilización del Estado. Del Estado, como de las demás instituciones de la sociedad, el mercado conserva la apariencia de sus formas, pero vaciándolo de su sustancia institucional; de todo lo que produce socialidad, vínculos sociales y cohesión social, categorías todas ellas incompatibles con la lógica y los intereses del mercado. Es así como el Estado ha sido progresivamente despojado de su función de gobernar. No solo ha perdido su eficiencia gobernante, sino que también ha confundido y cambiado los modos de gobernar, y ha dejado de ser un organismo e instrumento de gobierno.
La redefinición organizativa en México
La reforma del estado en México va más allá de los veloces e intensos procesos de reducción estatal (privatización). Hablamos de un intento de transición de un estado benefactor a un Estado selectivo. Esto, más que un cambio de forma, habla de una redefinición organizativa de las relaciones estado-sociedad. A la luz del sistema presidencial-corporativista que México generó en el presente siglo y de la grave crisis social y económica de la década de los 80s, la reforma estatal ha sido dirigida para afectar los centros neurálgicos de las relaciones Estado-sociedad.
El pasado 14 de marzo de 2016, Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por medio del cual el Congreso de la Unión reformó la Ley General de Sociedades Mercantiles para crear una nueva modalidad de persona jurídica que se denomina Sociedad por Acciones Simplificada (SAS). El Estado mexicano aspira a cumplir a través de este reciente estatuto con algunos estándares internacionales sugeridos por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
En esta novedosa sociedad mercantil se introduce entre otras cosas, la utilización de la firma electrónica avanzada como requisito indispensable para su constitución lo que significa un avance en la utilización de tecnología informática para abatir trámites burocráticos. Otra innovación interesante en este nuevo régimen societario lo constituye la privilegiación de los mecanismos alternativos de solución de controversias previstos en el Código de Comercio para sustanciar conflictos que surjan entre los accionistas, así como de éstos con terceros.
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La tensión entre economía formal e informal
De acuerdo con el antropólogo Claudio Lomnitz, hay una corriente de ansiedad profunda respecto a la falta de autonomía o filtración del gobierno. El nuevo Estado se caracteriza por el desdibujamiento de las fronteras entre la economía ilícita, el gobierno y la sociedad. La diferencia del Estado que empezó a desarrollarse en el proyecto neoliberal y el actual no tiene su eje en un conflicto entre Izquierda y Derecha, sino en usos con relación a la economía formal e informal.
Para ilustrar esta transición dentro de la estructura institucional, se detallan a continuación los elementos fundamentales que definen el concepto de Estado en su relación con la sociedad:
- Funcionarios estables y burocracia: vital para su funcionamiento administrativo y manejo eficaz de su nación.
- Monopolio fiscal: es necesario que posea el completo control de las rentas, impuestos y demás ingresos, para su sustento.
- Monopolio de la violencia: para poder ser un Estado es necesario que estados modernos y contemporáneos desarrollen el uso exclusivo y legítimo de la fuerza para poder asegurar el orden interno.
- Soberanía: facultad de ser reconocido como la institución de mayor prestigio y poder en un territorio determinado.
- Territorio: determina el límite geográfico sobre el cual se desenvuelve el Estado.
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