El triunfo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en la elección federal del primero de julio de 2018 no sólo marcó un parteaguas en la historia política reciente de México por ser la primera vez que un partido de izquierda logró ganar de forma contundente la presidencia de la República, sino también porque Morena y su líder articularon una coalición electoral que obtuvo una mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Los resultados electorales del 2018 modificaron significativamente el escenario político del país porque, tras 21 años de gobiernos sin mayoría en la incipiente democracia mexicana, por primera vez un titular del Ejecutivo comenzó su sexenio con apoyo mayoritario en el Poder Legislativo.
A diferencia de las administraciones previas a 2018, la relación entre el titular del Poder Ejecutivo y el Congreso no fue de negociación y adaptación, sino de confrontación directa por parte del presidente, a pesar de contar con mayorías absolutas en ambas cámaras. La política de conflicto de AMLO tuvo como consecuencia un cambio significativo en la naturaleza de la relación Ejecutivo-Legislativo, que había caracterizado a los gobiernos anteriores sin mayoría (1997-2018).
Transformación de la dinámica entre poderes
La intervención de la SCJN en temas esenciales de la agenda presidencial también modificó la interacción entre el presidente y el Poder Judicial ya que, ante los ojos del Ejecutivo, los miembros de la judicatura dejaron de ser el árbitro que dirime las diferencias y se convirtieron en un rival político a vencer. Esta dinámica se articuló a través de tres acciones específicas:
- La violación de la coalición gobernante al debido proceso legislativo al tramitar y aprobar iniciativas importantes provenientes del titular el Ejecutivo.
- La promoción de iniciativas con el objetivo de debilitar componentes fundamentales del sistema democrático de división de poderes y del sistema de frenos y contrapesos.
- La impugnación de la oposición de reformas clave ante la SCJN por medio de acciones de inconstitucionalidad.
La confrontación entre estos dos poderes llegó a grado tal que el presidente López Obrador presentó una iniciativa de reforma constitucional al Poder Judicial en febrero de 2024 para modificar no sólo la forma en que se integra la Suprema Corte, sino para transformar por completo al Poder Judicial con la elección de jueces -de todos los niveles- mediante el voto popular.
Resultados y consolidación del proyecto
Dados los resultados electorales de junio de 2024, en los que Morena no sólo refrendó su victoria en la presidencia con el triunfo de Claudia Sheinbaum, sino que obtuvo la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, la iniciativa del presidente López Obrador de modificar por completo el Poder Judicial se vio concretada. Con el control del Poder Judicial, López Obrador logra lo que no pudo hacer el PAN en 12 años de gobierno y el PRI al repetir el triunfo electoral con Enrique Peña Nieto.
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La elección de jueces, magistrados y ministros es la última pieza del proyecto político que Andrés Manuel López Obrador diseñó para permanecer como forma de gobierno a su imagen y semejanza en las próximas décadas. La gobernabilidad de México es una mesa de tres patas y a Morena le hacía falta la tercera, que finalmente tendrá, fortaleciendo su proyecto de gobierno para las siguientes décadas. De esta manera, se cumple aquella frase de “¡Al diablo con sus instituciones!” que lanzó AMLO, la cual en realidad era el preámbulo, el anuncio de integración de instituciones ad hoc a su proyecto.
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