El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha sobrevivido a un supuesto intento de asesinato cuando, según fuentes oficiales, dos drones cargados de explosivos atacaron un acto militar que presidía en Caracas. Maduro salió ileso pero la explosión hirió a siete personas. El líder venezolano ha acusado al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y a "la ultraderecha" colombiana y venezolana de estar detrás del atentado. Maduro revive las tesis del magnicidio asegurando que se trata de un atentado, pero analistas expresan sus sospechas por la versión de los hechos que ofrece el Gobierno.
Detalles del Atentado
La explosión de drones cargados de explosivos ocurrió en un acto de Nicolás Maduro el 4 de agosto de 2018 en Caracas. El supuesto atentado tuvo lugar durante la celebración del 81º aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana en Caracas. En imágenes transmitidas por VTV puede verse que los soldados que estaban en formación escuchando al presidente corren al producirse las explosiones, mientras Maduro es puesto a salvo por sus escoltas y el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, es evacuado del lugar. Se trató de un atentado con dos drones que estallaron en las proximidades de una tarima en la que el dictador presidía un acto con militares. Horas después, un grupo autodenominado "Soldados de Franela" se atribuyó a través de las redes sociales la autoría de la "Operación Fénix", el nombre con el que han identificado el supuesto atentado, cuyo objetivo era acercar dos drones cargados con explosivos C4 hasta el palco presidencial.
Acusados y Condenas
Tres acusados por la explosión de drones cargados de explosivos en un acto de Nicolás Maduro en 2018 fueron sentenciados a 30 años de cárcel, pena máxima en Venezuela, informaron familiares de los condenados. María Delgado Tabosky, el mayor retirado Juan Carlos Marrufo y el coronel retirado Juan Francisco Rodríguez fueron condenados por cargos de "terrorismo, traición a la patria y asociación para delinquir" en una audiencia que comenzó la noche del jueves y que se prolongó hasta la madrugada del viernes, dijo una fuente familiar que pidió mantener su nombre en reserva. María Delgado Tabosky, de 48 años de edad y de nacionalidad venezolano-española, es hermana de Osman Delgado Tabosky, quien vive en Estados Unidos, acusado por el régimen de Maduro de haber financiado un atentado. Marrufo, de 52 años de edad y con doble nacionalidad venezolana e italiana, es su esposo. "Ellos jamás tuvieron relación con los hechos. Simplemente fueron detenidos por ser familiares de una persona presuntamente vinculada", sostuvo la fuente. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU estimó que las detenciones de Delgado Tabosky y Marrufo, en 2019, fueron arbitrarias. Ambos han permanecido presos por tres años y ocho meses y están recluidos en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Caracas. Sus familiares piden casa por cárcel por motivos de salud y han solicitado sin éxito a los gobiernos de España e Italia interceder por la pareja.
Las autoridades venezolanas han reportado un número creciente de personas implicadas y detenidas. Otros 17 acusados por el caso, entre ellos el exdiputado opositor Juan Requesens, fueron condenados en agosto a penas de entre 5 y 30 años de cárcel. El fiscal general Tarek William Saab anunció que el número de implicados en el caso subió a 34, y que muchos de los detenidos han "admitido su responsabilidad" en los hechos. Saab no descartó que la cifra de implicados y detenidos pueda aumentar.
Listado Detallado de Condenados
La siguiente tabla resume la información sobre algunos de los acusados y sus respectivas condenas:
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| Acusado | Cargo/Motivo de Detención | Detalles Relevantes | Condena |
|---|---|---|---|
| María Delgado Tabosky | Terrorismo, traición a la patria, asociación para delinquir | Venezolano-española, 48 años. Hermana del presunto financista Osman Delgado Tabosky. Detención arbitraria según la ONU. | 30 años |
| Juan Carlos Marrufo | Terrorismo, traición a la patria, asociación para delinquir | Venezolano-italiano, 52 años. Esposo de María Delgado Tabosky. Detención arbitraria según la ONU. | 30 años |
| Juan Francisco Rodríguez | Terrorismo, traición a la patria, asociación para delinquir | Coronel retirado. | 30 años |
| Alejandro Pérez Gámez | Participación en los hechos del atentado | General de división de la Guardia Nacional, ex director de Servicios para el Mantenimiento del Orden Interno y Jefe de Operaciones. | 30 años |
| Juan Carlos Monasterios | Participación en el atentado (piloto de dron) | Ex sargento mayor de primera de la Guardia Nacional. Recibió entrenamiento en Colombia. | 30 años |
| Argenis Valera ("El Ingeniero") | Manejo de drones | Conocido por su experiencia en el manejo de drones, detenido con un control. | 30 años |
| José Miguel Estrada | Labores de avanzada y observación durante el atentado | Estudiante de Contaduría. | 30 años |
| Oswaldo Castillo | Supuesto magnicidio (reclutado en campamento) | Estudiante. Secuestrado por la policía chavista. | 30 años |
| Alberto Bracho | Participación en el atentado | Joven oriundo del estado Zulia. Detenido el 5 de agosto de 2018, desaparecido 45 días. | 30 años |
| Brayan Oropeza (de Jesús Oropeza Ruíz) | Piloto de uno de los drones | Se desempeñaba como piloto de uno de los drones que explotó. | 30 años |
| Henryberth Emmanuel Rivas | Participación en el ataque, intento de fuga | Admitió en un video plan de traslado a embajadas. Alias "Morfeo". | 30 años |
| Yolmer Escalona | Participación en el atentado | Detenido desde el 5 de agosto de 2018. Ha denunciado torturas y tratos crueles. | 30 años |
| Emirlendris Benítez | Participación en el atentado | Detenida el 5 de agosto de 2018. Sometida a tortura en la DGCIM, perdió un bebé, su salud se deterioró significativamente. | 30 años |
| Yanin Pernia | Planeación de la operación contra Maduro | Masoterapeuta. Aseguró que la operación no tenía fines políticos ni lucrativos. | 30 años |
| Pedro Zambrano (Hernández) | Participación en el atentado | Coronel de la Guardia Nacional Bolivariana. Sufre insuficiencia renal grado 3. | 30 años |
| Angela Expósito | "Conspiración" (resguardar a implicado) | Nacionalidad española. Representante de Fundanimal. | 24 años |
| José Eloy Rivas | Presunto financista de los ataques | Detenido el 5 de agosto de 2018. Sufrió torturas y problemas de salud. | 20 años |
| Héctor Hernández Da Costa | Participación en los hechos | General de Brigada de la Guardia Nacional. Juzgado en un tribunal civil. Exjefe del comando antidrogas. | 16 años |
| Juan Requesens | Traición a la patria, terrorismo, homicidio en grado de frustración, asociación para delinquir, instigación pública, posesión ilícita de armas | Líder opositor, exdiputado. Secuestrado por el SEBIN, detenido sin orden judicial, incomunicado, expuesto a tratos crueles. | 8 años |
| Wilder Vásquez ("El Capo") | Cómplice, encubrimiento | Encargado de encubrir a Henryberth Emmanuel Rivas. | 5 años |
La Versión Oficial del Gobierno Venezolano
Según la versión del propio presidente, dos grupos entrenados entre abril y junio en una finca en la población de Chinácota, en el norte de Santander (Colombia), fueron los encargados de operar los dos drones que explotaron durante un desfile militar en Caracas. Maduro señaló que el objetivo era situar los dos drones en la parte superior y frontal de la tarima presidencial, "para asesinarlos a todos" en la que llamó "Operación Junque-Martillo". Además, detalló que uno de los drones estaba cargado con pentrita y pólvora y fue explotado a control remoto sobre la avenida Bolívar, cuando se percataron de que los inhibidores de señal que forman parte de la seguridad de Maduro habían desorientado el equipo que despegó desde el piso 10 de un edificio de oficinas cercano. "La onda expansiva tumbó a algunos oficiales e hirió a otros", dijo Maduro, mientras mostraba unos balines de plomo que estaban dentro del explosivo e impactaron contra los siete militares heridos en el atentado. El segundo dron, al perder la señal, se estrelló contra el edificio Don Eduardo, a una cuadra de distancia del acto. Este estaría cargado con un componente de C4 y pólvora.
Entre las pruebas que ha aportado el mandatario están las declaraciones que dieron seis de los presuntos participantes en el atentado y que fueron divulgadas en cadena de radio y televisión. Durante la retransmisión también se difundieron los audios de las comunicaciones entre los involucrados en el atentado en las que se daban instrucciones sobre el manejo del dron que revelan cierta inexperiencia. "Hay que mantener el mando en P para darle al blanco", insistía una mujer que está entre los siete detenidos que hay hasta ahora.
Según la versión oficial, el grupo que organizó el atentado está vinculado con el coronel Juan Caguaripano, que comandó el asalto y el robo de armas al fuerte militar Paramacay y fue detenido días después. El enlace entre Caguaripano y los autores del ataque sería José Monasterio Venegas, de quien se difundieron sus declaraciones ante las autoridades con el rostro difuminado. El detenido habría sido contactado por un aliado del coronel para realizar esta operación para la que le ofrecieron 50 millones de dólares y la residencia en Estados Unidos. Monasterios Venegas -con orden de captura desde el asalto al fuerte militar- necesitó entrenamiento para el manejo de drones que le fue ofrecido en Colombia, siempre según la versión oficial. Este sargento retirado del Ejército viajó a este país en una ocasión con el carnet fronterizo. Pero una segunda vez tuvo problemas con sus documentos y en su declaración asegura que fue ayudado por el diputado de partido opositor Primero Justicia Juan Requesens, por orden del también parlamentario Julio Borges, exiliado en Bogotá. Monasterio Venegas estaba en el grupo que operaba este aparato desde un vehículo y, según el presidente, fue capturado junto con su acompañante por los vecinos de la zona a los que les resultó sospechosa la presencia de los hombres. "¿Cómo se capturó a esta gente? Por la inteligencia popular, un grupo de caraqueños vieron la actitud extraña de unas camionetas y de unos individuos extraños. Esas mujeres procedieron a capturar al primer grupo de terroristas que levantó el dron desde la esquina de Curamichate y lo entregaron a las autoridades. Quiero rendirle un homenaje a esa valentía popular. Eso es lo que se llama la guerra de todo el pueblo, batallando en cada esquina con lo que tiene en la mano, defendiendo el derecho a la paz".
Acusaciones Internacionales
Maduro endureció su discurso contra el Gobierno colombiano e insistió en involucrar en el atentado al presidente saliente Juan Manuel Santos. "No queremos que Venezuela se colombianice con los métodos del crimen político, de los sicarios y los asesinos. Venezuela tiene que limpiarse todas esas plagas que vienen de Colombia, de la Colombia oligárquica". Además, pidió tanto a Bogotá como a Washington que entreguen a los involucrados en el atentado, en particular a Osman Delgado Tabosky, acusado de ser el principal organizador y de financiar el ataque, y que estaría residenciado en Florida, según Maduro. También reclamó la de Rayder Russo Márquez, en paradero desconocido. Aunque son acusados de ser los autores del atentado, ambos nombres y sus fotos aparecen en una denuncia hecha en diciembre a través de las redes sociales del grupo disidente del expiloto ejecutado Óscar Pérez, en la que los acusaban de ser infiltrados del Gobierno en el llamado movimiento de la resistencia.
Como una prueba de la conspiración en su contra del llamado eje Bogotá-Caracas-Miami, Maduro se refirió a los recientes comentarios del presentador peruano Jaime Bayly en su programa de televisión, quien desveló que se había reunido con los implicados y que tenían la intención de realizar un atentado con drones en Caracas. El gobierno colombiano dice que las acusaciones de Maduro no tienen base. Por su parte, el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, también negó cualquier participación de ese país en el incidente y agregó que podría ser "un pretexto establecido por el propio régimen". Sin embargo, Maduro ha dicho que permitirá que agentes del FBI de Estados Unidos en Venezuela ayuden a investigar lo sucedido. El fiscal Saab dijo que el Ministerio Público entregó a Interpol los recaudos para la captura internacional de algunos de los implicados en el caso, entre quienes figura el expresidente de la Asamblea Nacional y dirigente opositor, Julio Borges, quien se encuentra desde hace varios meses en Colombia.
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Dudas y Críticas a la Versión Oficial
Expertos policiales y de seguridad han puesto en duda la solidez de las pruebas presentadas por el presidente venezolano. El relato del supuesto sargento tiene muchas incoherencias y carece de detalles que puedan dar veracidad a su versión, grabada en vídeo. La versión no aporta prueba alguna ni valida la narrativa del complot presentada por Maduro, pues no arroja luz sobre los puntos de reunión, habitaciones de alojamiento, vehículos utilizados o códigos de los conspiradores. Tampoco explica los roles ni adjudica misiones concretas a quienes formaban este supuesto grupo que pretendía matar al presidente. Además, en la retransmisión oficial del evento no se ve ningún dron. Bomberos citados por la agencia Associated Press sostienen que las detonaciones se debieron a la explosión de un tanque de gas en un apartamento cercano.
A la confusión que ha nublado el atentado se suman las declaraciones de Salvatore Lucchese, ex dirigente de Voluntad Popular, quien aseguró inicialmente haber sido parte de la organización del ataque, aunque luego se desdijo. Diversos referentes de la oposición han criticado la falta de transparencia del proceso. David Smilde, de la Washington Office on Latin America, duda de que el ataque sea un engaño, señalando que las caóticas escenas retransmitidas muestran una imagen de un Maduro débil. Sin embargo, Smilde considera probable que el asediado presidente aproveche este ataque para fortalecer su posición. "Quienquiera que haya hecho esto, Maduro lo usará para concentrar su poder (...), para restringir más las libertades y purgar el Gobierno y las fuerzas armadas", opina.
Detenciones y Denuncias de Derechos Humanos
Detenciones de Opositores y Militares
El diputado Juan Requesens fue detenido la noche de un martes mientras Maduro hablaba en cadena nacional, junto con su hermana, la dirigente estudiantil Rafaela Requesens -que fue liberada unas horas más tarde-. Los vídeos de seguridad de su residencia muestran cómo fueron sacados a golpes por funcionarios del servicio de inteligencia venezolano y cómo uno de los agentes tapa la cámara cuando se percata de su presencia. Se trata del tercer diputado de la Asamblea Nacional que es detenido por el Gobierno, pese a la inmunidad parlamentaria que les da la Constitución. La detención de Requesens ha desatado en Venezuela el miedo a "caza de brujas" en contra de la oposición. Diosdado Cabello, uno de los hombres fuertes del chavismo, dijo que la Asamblea Nacional sesionaría con el propósito de retirar la inmunidad parlamentaria a "diputados implicados en el magnicidio". Algunas fuentes creen que ocho parlamentarios podrían perder el fuero.
El fiscal Saab confirmó que el diputado opositor Juan Requesens, que fue inhabilitado por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, fue presentado en tribunales donde se le imputó de los delitos de traición a la patria, homicidio en grado de frustración contra Maduro y siete militares que resultaron heridos en el hecho, terrorismo, asociación para delinquir, instigación pública continuada y posesión ilícita de armas y municiones. Dos videos de Requesens se filtraron en las redes sociales. En uno aparecía semidesnudo en un baño. En otro video, daba una supuesta declaración en la que indicó que recibió órdenes de Borges para ayudar a pasar por la frontera a uno de los detenidos por el caso. Este ha sido utilizado por el gobierno para implicar al dirigente opositor en el intento de atentado y solicitar su captura internacional. Algunos opositores y familiares del diputado detenido aseguran que Requesens habría sido torturado y drogado para declarar ante la policía.
Medina Roa precisó que entre julio y el mes de los hechos han sido arrestados cuatro generales, con lo que se eleva a 154 los militares detenidos en los últimos meses. Afirmó que las detenciones de los altos oficiales así como de otros de rangos medios y bajos revelarían la situación de "inestabilidad" que hay en la fuerza armada, e instó al gobierno a aclarar si hay una "cacería de brujas" en los cuarteles. El anuncio de los arrestos de dos altos oficiales coincidió con la detención de otro general de la Guardia Nacional, Héctor Hernández Da Costa, jefe de Estado Mayor de la Región Capital de Defensa Integral y exjefe del comando antidrogas, quien fue apresado por funcionarios de contrainteligencia militar en su residencia. La detención del alto oficial fue confirmada por el abogado Alonso Medina Roa, quien representa a algunos militares detenidos.
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Violaciones a los Derechos Humanos
La familia de Requesens emitió un comunicado señalando que se les ha "negado cualquier posibilidad de verlo, constatar su estado físico o que contacte a sus abogados". "El régimen lo mantiene secuestrado por lo que reiteramos nuestra exigencia de poder verlo como nos corresponde", indicó la familia Requesens. En el caso de Emirlendris Benítez, detenida el 5 de agosto de 2018, la presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, Marta Valiñas, recogió que Benítez fue sometida a tortura en las instalaciones de la DGCIM en Boleíta y no ha tenido acceso a un tratamiento médico eficaz. Como resultado, su salud se ha deteriorado significativamente, dejándola postrada en una silla de ruedas. Emirlendris estaba embarazada al momento de su detención y por las torturas que le ocasionaron perdió al bebé.
El Grupo de Lima, que agrupa a 14 países de América, rechazó "la detención arbitraria, ilegal, y sin investigación previa" en un comunicado emitido por la Cancillería de Perú. La directora de la ONG Cofavic, Liliana Ortega, denunció que su organización documentó de manera independiente 215 casos de presuntos ataques contra defensores de derechos humanos en Venezuela solamente durante el año 2021. "Los ataques consisten en detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso, uso de la justicia para persecución, actos de criminalización a través de los medios de comunicación estatal sistemáticos y allanamientos", afirmó Ortega. "Se trata de una política sistemática para 'entorpecer, debilitar, inhibir y en definitiva eliminar las capacidades de ONG y de defensores de derechos humanos'", manifestó.
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