El papel que desempeñó la Bolsa en el crecimiento económico de México, en los primeros años de la globalización, ha sido subestimado por la historiografía estadunidense, a pesar del interés que le confiere la revolución y sus postulados económicos. No obstante, el agravio con México es mayor, ya que a diferencia de la contribución del sistema bancario a la industrialización del país, de lo sucedido en la Bolsa en los años que van desde la llegada al poder de Porfirio Díaz en 1876, al fin de la revolución, poco sabemos. Resulta difícil encontrar trabajos que le hayan prestado una mínima atención. Hay una realidad por dar a conocer, la del mercado de bonos y acciones en estas tierras, de la que poco sabemos. Pasar por alto lo sucedido ahí invita a verter interpretaciones sobre el atraso económico de América Latina desde una perspectiva financiera forzosamente sesgada.
Retos para el Estudio de la Historia Financiera
Las mencionadas carencias estadísticas bursátiles en México son mayores que en otros países latinoamericanos. Esto se debe a la pérdida del archivo de la Bolsa y a la carencia de datos oficiales que puedan subsanar su falta. La ausencia de información es aún mayor en lo que se refiere a la renta fija, de valores emitidos tanto por la Hacienda pública como por las empresas, y a la deuda externa. No hay cálculos oficiales disponibles de ninguna de estas variables. Para remediar, en lo posible, este vacío estadístico, se ha construido un índice Laspeyres con una treintena de valores industriales, bancarios y mineros que cotizaron a lo largo de todo el periodo, ponderados con arreglo al volumen de negociación de cada uno de los grupos sectoriales señalados. El índice tiene sus limitaciones, habida cuenta de la penuria estadística a la que se ha tenido que enfrentar; pero es lo más elaborado que se puede hacer, y lo más importante, el único que se ha realizado hasta la fecha. Es preciso medir, desde luego, tarea inexcusable en la historia financiera.
El Estado y el Nacimiento del Mercado de Valores Formal
Las primeras operaciones de compraventa de acciones en la ciudad de México se fechan en torno a 1850. Sin embargo, el retraso respecto a otras capitales hispanoamericanas obedeció a las reticencias del Estado. El gobierno no sólo tenía pavor a la especulación bursátil y a las crisis financieras que, entendía, le eran inherentes; temía también que la venta de títulos de renta dificultase su acceso al crédito, imprescindible por la debilidad del régimen impositivo. Por esta razón, las transacciones con acciones se efectuaron en la clandestinidad, en un portal, en un carruaje o en una taberna, durante más de tres décadas. No significa esto que México no contase con un mercado de valores, sino que no estaba organizado formalmente. La creación de una institución formal que amparase estas negociaciones en un país sacudido durante 60 años por las guerras civiles, el caudillismo, las revueltas y las ocupaciones extranjeras resultaba poco menos que una quimera. Además, México, debido a la inestabilidad política, dispuso de un Código de Comercio en 1884, lo que significó un retraso de dos décadas respecto de las otras grandes economías latinoamericanas, y no hubo regulación de las transmisiones de acciones hasta entonces.
El alumbramiento de la Bolsa de México, en cuanto tal, fue el resultado de la política económica liberalizadora emprendida por Porfirio Díaz, presidente de la república desde 1876. Su gobierno vio con otros ojos el intercambio de valores tras la crisis financiera de 1884, dada la inutilidad de las prohibiciones. El reconocimiento a la legalidad de tales operaciones obedeció también a las necesidades de la Hacienda. Las empresas mexicanas, en especial las mineras, padecían entonces problemas de financiación. Curiosamente, México constituyó una anomalía en el contexto latinoamericano: el gobierno, en lugar de instituir una Bolsa propiamente dicha, permitió en 1885 que cuatro empresas privadas dirigidas por corredores, la más potente de ellas la Agencia Mercantil, facilitasen el encuentro de vendedores y compradores. A pesar de esta singularidad, los resultados superaron las expectativas del ejecutivo, y hasta un centenar de empresas extractivas resolvieron vender sus acciones en uno de estos locales.
Periodo Especulativo y Crisis Bursátil
La irrupción de capital francés en búsqueda de nuevos yacimientos infló aún más la burbuja bursátil, provocando que los precios de las acciones se multiplicaran por cuatro en un solo día. No obstante, se trataba de operaciones meramente especulativas que dieron una vitalidad artificial a la Bolsa. La combinación de euforia bursátil con el endeudamiento público tuvo efectos letales en el corto plazo. Animado por el fervor minero, el gobierno de Porfirio Díaz había tomado a préstamo de Gibbs & Son, Selimann y Dredsner Bank, Glyn, Mills & Co., sumas muy elevadas entre 1890 y 1893 para costear la construcción del ferrocarril. Para tal fin, emitió deuda externa garantizada con 25% de los impuestos que gravaban la exportación de plata, a un tipo de interés de 6%, muy moderado en relación con los países vecinos y una rentabilidad de 9%. Así pues, convivían en un mercado de capitales ajeno a lo que estaba sucediendo en el resto del mundo, acciones sobrevaluadas y bonos que devengaban rendimientos altísimos. La burbuja acabó por estallar a comienzos de 1894, tras la reducción del capital de las compañías mineras, consecuente con la evolución del precio de la plata. Estas operaciones de split provocaron el desplome de la cotización de las acciones. A pesar de darse por segura y ser anticipada esta situación por los mercados, México no se declaró finalmente en suspensión de pagos gracias a la pericia del responsable de su política fiscal.
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Las Reformas Fiscales de José Yves Limantour
A lo largo de 1895 el secretario de Hacienda Limantour, nombrado dos años atrás, acabó con el desorden financiero y la insolvencia que comprometían la estabilidad económica del país. José Yves Limantour trazó tres objetivos principales a su entrada a la Secretaría de Hacienda: la nivelación del presupuesto, el arreglo de la deuda y la moralización del personal. Es bien sabido que los gobiernos del México decimonónico habían enfrentado un constante déficit generado en buena medida por las altas cargas que los pagos de la deuda representaban al erario público, de ahí que la nivelación entre ingresos y egresos fuese prioridad.
Estrategias para la Estabilización Presupuestaria
Planificación de Gastos e Ingresos: La primera medida fue considerar primero los ingresos para después planificar el gasto público, a diferencia de sus predecesores que tenían como práctica común primero determinar los egresos en aras del cumplimiento de los deberes del Estado, para luego buscar las fuentes de financiamiento. Después clasificó todas las entradas del erario público para conocer los ramos más productivos y los que eran susceptibles de aumento.
Control de Partidas y Presupuestos Parciales: La segunda estrategia del secretario se relacionaba con el monto de las partidas, porque era común que no se establecieran límites específicos a algunas, y representaban puntos de fuga. La tercera estrategia del secretario fue determinar que todas las Secretarías de Estado elaboraran presupuestos parciales sujetos a revisión y aprobación de la Secretaría de Hacienda.
Fondo de Reserva y "Plan de Economías": La cuarta estrategia fue la no disposición de algunas asignaciones presupuestarias, lo que permitió la formación de un fondo de reserva manejado directamente por la Secretaría de Hacienda con anuencia del presidente. El llamado “plan de economías” trazado por Limantour concretó algunos proyectos de anteriores secretarios de Hacienda, que en su momento no pudieron consolidar debido a la fuerte oposición política que existía en el Congreso cuando se trataba de proyectos de largo aliento.
Gestión de la Deuda Pública
El arreglo de 1894 le valió a Limantour la presentación del primer presupuesto nivelado, que se mantuvo durante todos los años que fungió como secretario. El arreglo de 1899 introdujo a los estadounidenses como nuevos acreedores; mientras que el préstamo de 1904 otorgado por la casa Speyer & Co. destacó por haberse conseguido con la sola garantía del “buen nombre de la nación”, lo que indica la confianza de los acreedores en la economía mexicana. Finalmente, el arreglo de 1910, aunque estableció nuevos y mejores términos para los bonos mexicanos, no llegó a efectuarse debido al inicio del movimiento revolucionario. Para asegurar que la contratación y renegociación de la deuda fuese competencia única de la Federación, Limantour propuso en 1901 la introducción de un nuevo artículo constitucional que prohibiese a los estados de la República emitir deuda en moneda extranjera pagadera en el exterior y contratada con banqueros extranjeros.
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Modernización del Mercado de Valores
Junto a las reformas fiscales, Limantour acometió una profunda renovación del mercado de valores. La existencia de cinco instituciones donde intercambiar acciones no era operativa ni viable porque provocaba distorsiones en la difusión de información. Convenía la unificación en una Bolsa cuyo funcionamiento fuera regido por la ley. En octubre de 1895 se constituyó a tal fin la Bolsa Mercantil de México, con un capital de 60 000 pesos. Gracias a la modernización institucional y a la repentina apreciación de la plata, la euforia financiera volvió a la Bolsa. No obstante, se demuestra que el elevado endeudamiento del sector público causó las recurrentes crisis bursátiles.
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