En México, el fenómeno del desplazamiento forzado interno (DFI) es una problemática social persistente que obliga a miles de personas a abandonar sus hogares por amenazas o actos violentos en su contra. Las personas ponen en riesgo sus vidas y seguridad ante un contexto inseguro y violento, un miedo fundado de ser víctimas. Esta situación no solo implica una problemática de movilidad, sino que se refiere a las condiciones en las que se encuentra y se desarrolla una parte de la infancia en México, con afectaciones en el tejido social, familiar y comunitario. La problemática, sin embargo, no concluye con los eventos de desplazamiento forzado, sino que se agrava ante la percibida ineficacia de la respuesta gubernamental.
Causas del Desplazamiento Forzado: Violencia y Crimen Organizado
Las principales causas de estos movimientos forzados son los enfrentamientos de los grupos criminales y el incremento de diversos delitos. Los cárteles luchan por el control de los territorios, lo que genera violencia generalizada. En muchas ocasiones, estos grupos criminales se enfrentan con las fuerzas armadas, creando zonas de alto riesgo para la población civil. Estos riesgos incluyen homicidios y desapariciones de familiares, amigos y vecinos, reclutamiento por parte del crimen organizado, abuso y explotación sexual, violencia de género y extorsión, entre otras amenazas. También se suman la falta de oportunidades de vida en sus comunidades de origen.
Ejemplos de estas situaciones se observan en varias regiones del país:
- En el municipio de Aguililla, en la región de Tierra Caliente, Michoacán, los conflictos entre cárteles como el CJNG y la Cárteles Unidos (integrado por el Cártel de Tepalcatepec y los Viagras) han generado una crisis desde comienzos de 2020.
- En Chiapas, el Secretariado Internacional de la OMCT ha recibido con preocupación informaciones sobre una serie de desplazamientos forzados de varias familias habitantes en la Comunidad de Andrés Quintana Roo, en el municipio de Sabanilla. Estos desplazamientos se deben a los ataques, amenazas y actos de hostigamiento infligidos por personas vinculadas con el grupo paramilitar conocido como Paz y Justicia. El Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas” ha documentado el desplazamiento forzado de 20 familias, con un total de 117 personas de Andrés Quintana Roo. Según las denuncias, las autoridades estatales no han tomado las medidas cautelares necesarias ni brindado la atención humanitaria que requieren las familias.
- En Chihuahua, en Parral, se documentó el caso de familias provenientes de rancherías colindantes entre Sinaloa, Durango y Chihuahua. Las personas deplazadas también narraron los enfrentamientos armados y el uso de explosivos en las comunidades, lo que llevó a varias familias a huir para evitar el reclutamiento forzado de adolescentes.
Condiciones de Vida y Barreras para los Desplazados
Una vez desplazadas, las familias se enfrentan a condiciones precarias y a múltiples barreras para su subsistencia y desarrollo. La interrupción de la educación o el cambio abrupto de residencia son consecuencias inmediatas. Las niñas, niños y adolescentes que se ven forzados a desplazarse de sus lugares de origen, se ven expuestos a serios riesgos de violaciones graves a sus derechos.
- En Chihuahua, más de 80 personas desplazadas permanecen actualmente en casas prestadas o viviendas rentadas. Las familias relataron que han pasado de albergue en albergue viviendo en condiciones precarias, e incluso habitan seis cuartos rentados por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVE), espacios insuficientes para la cantidad de personas que ahí residen.
- Varias personas señalaron que no han logrado conseguir empleo debido a que les solicitan documentación oficial o cartas de recomendación que perdieron durante el desplazamiento.
- Madres de familias desplazadas denunciaron que han tratado de inscribir a sus hijas e hijos en primarias y secundarias de Parral, pero les han negado el acceso porque tienen que comprar uniformes y pagar una cuota escolar.
- Se documentaron problemas graves de acceso a servicios de salud, como el caso de una mujer joven que falleció días después de dar a luz, a pesar de que en repetidas ocasiones solicitaron atención médica sin recibir una respuesta adecuada.
- Las expertas en acompañamiento psicosocial documentaron que niñas y niños desplazados presentan miedo constante, dificultades para dormir y problemas para adaptarse a la vida fuera de sus territorios. El informe “Es mucho daño lo que yo tengo” destaca el costo emocional provocado por las causales del desplazamiento forzado.
Falta de Apoyo Gubernamental y Debilidad Institucional
La respuesta estatal al problema del DFI en México se ha caracterizado por una alta debilidad institucional, siendo tardía, asistencialista e ineficaz. La intervención de las instituciones estatales y los gobiernos ha sido, en muchos casos, insuficiente o nula. Esto contrasta con la obligación de proteger y defender los derechos humanos.
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El Secretariado Internacional de la OMCT manifiesta su preocupación por la evidente ausencia de garantías para la seguridad y la integridad física y psicológica de los miembros de comunidades indígenas y campesinas, y solicita que las autoridades tomen medidas urgentes para proteger a cada miembro de estas familias contra todo tipo de intimidación o represalia. Asimismo, expresa preocupación en cuanto a que estas violaciones de los derechos humanos puedan quedar impunes y sus perpetradores sin sanción alguna.
En el caso de Chiapas, la intervención del Comisionado para la Reconciliación de las Comunidades en Conflicto no ofreció a la población las garantías necesarias. El gobierno del Estado, a través de dicho Comisionado, había estado entablando reuniones entre agresores y agredidos de diversas comunidades, pero esta estrategia ha sido criticada por las familias desplazadas, quienes aseguran que las amenazas continuaron a pesar de los acuerdos establecidos. Además, el grupo de desplazados no entiende por qué el gobierno “atiende en paquete” a representantes de diferentes comunidades, ya que no tienen el tiempo suficiente para exponer con claridad el problema de cada una. La capacidad de las instituciones que debían implementarla ha quedado seriamente limitada.
Desde Chihuahua, las familias desplazadas cuestionaron la falta de presencia institucional en las comunidades serranas. Señalaron que “lo que más llama la atención es que existe una completa fragmentación de la respuesta pública por parte del Estado”. Afirman que el problema es que se están haciendo “cosas muy pequeñas que no resuelven ni siquiera los problemas menores”, y que “uno de los problemas mayores es que la Federación, por alguna razón, no ha querido intervenir en el problema del desplazamiento forzado interno en Chihuahua”.
Marcos Normativos Ineficaces
A pesar de la existencia de marcos normativos, su aplicación es débil. La Ley General de Víctimas de 2013 y legislaciones subnacionales como la Ley de Prevención y Atención del Desplazamiento Forzado Interno en el Estado de Chiapas (LPADI) promulgada en 2012, buscan ofrecer soluciones. La ley de Chiapas, por ejemplo, establece el reconocimiento del desplazamiento forzado y la obligación del Estado de fungir como “garante que atienda y apoye a las personas en esta situación”, reconociendo derechos como la protección a la vida, seguridad, libertad, vivienda y a “no ser despojados de su tierra”. Sin embargo, la ley no se ha aplicado desde el momento de su promulgación, y el gobierno de Sabines fue omiso en acatar el mandato contenido en la legislación. La aplicación de la ley en Chiapas, tanto antes de que existiera la ley y después de ser promulgada, es mínima, y la respuesta del gobierno para impulsar soluciones duraderas fue parcial. Las acciones son dispersas y carecen de articulación normativa e institucional.
Búsqueda de Asilo en Estados Unidos como Última Opción
Ante la inseguridad en México y la percibida falta de apoyo gubernamental, muchas familias desplazadas consideran tratar de huir a Estados Unidos para solicitar asilo. Las mujeres manifestaron el deseo de solicitar asilo en EE. UU. con la esperanza de que fuera favorable para sus familias, porque “en mi país no pueden” solucionar la violencia.
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La espera de poder solicitar asilo en EE. UU. impone un sufrimiento adicional. Sin embargo, este camino se ve enfrentado por las políticas restrictivas de EE. UU. y las omisiones impuestas por las políticas migratorias de México y EE. UU. Estas barreras al asilo en EE. UU. dejan a muchas familias solicitantes de asilo en la frontera, en condiciones precarias, agravando su ya compleja situación de desplazamiento.
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