Uno de los más importantes desafíos que enfrenta el perfeccionamiento de la democracia en estos tiempos es la disposición y aplicación de instrumentos jurídicos efectivos para controlar el ejercicio del poder político, especialmente, cuando se tiene el convencimiento pleno de que los gobernantes son responsables frente a los ciudadanos y ciudadanas que ellos representan. De ahí que, para reducir los ámbitos de conflictividad, es crucial la búsqueda constante de mecanismos que contribuyan a la oportuna rendición de cuentas por parte de la autoridad pública. Es precisamente por esto que el régimen de responsabilidades en el Estado sigue alcanzando importantes niveles de preponderancia, como ya hemos dejado establecido al abordar algunas de sus manifestaciones en otras reflexiones.
Definiendo la Responsabilidad Política
Toca ahora abordar la responsabilidad política, como una de las expresiones del régimen de responsabilidades en el Estado, la que encuentra sustento innegable en la lucha permanente contra el autoritarismo y en pro de la cualificación democrática; ella, además, es parte de una fiel interpretación de los principios centrales de la democracia representativa, y se explica mejor con su evolución hacia la consolidación de la democracia y sus nuevas características: participativa y protagónica.
La responsabilidad política es aquella, diferente a la civil o la penal, que determina la Asamblea cuando investiga la gestión de un funcionario público y en la que establece la responsabilidad de éste por irregularidades en su administración, aunque no haya participado directamente en un hecho ilícito, sea por falta de supervisión o por negligencia. Es un término utilizado para designar el procedimiento para fincar responsabilidad política u oficial a un servidor público.
Existen individuos que están investidos de autoridad pública frente a otros. Estos son los gobernantes, escogidos por el pueblo de forma directa o indirecta, quienes a su vez tienen deberes concretos. Estos servidores o funcionarios públicos de alto nivel ocupan los cargos políticos de la Nación, cuyas atribuciones y funciones son de particular relevancia para la conducción del Estado y las políticas públicas, y, como tales, no se discute su trascendencia e impacto en el bienestar de la sociedad; estos pueden incurrir en actuaciones u omisiones que lesionan gravemente los derechos y el interés general de la ciudadanía. Ahí radica la importancia del análisis del tema. Concluyendo, las sanciones que puede producir la Responsabilidad Política, son menores a las que podrían producir la Responsabilidad Administrativa y Penal.
Antecedentes Históricos y Evolución
El juicio político tiene como antecedentes remotos al Impeachment* inglés, y como antecedente mediato al Impeachment norteamericano. El Impeachment es una figura del Derecho anglosajón (específicamente en Estados Unidos y Gran Bretaña) mediante el cual se puede procesar a un alto cargo público. El parlamento o congreso debe aprobar el procesamiento y posteriormente encargarse del juicio del acusado (normalmente en la Cámara alta).
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La supervisión del actuar de los servidores públicos, desempeñando su cargo, es un asunto que la sociedad ha tenido en constante crítica, pues el actuar de los servidores públicos es desempeñar sus funciones con honestidad. Con base en la acepción representativa de la democracia, los gobernantes son pasibles de responsabilidad política frente a los gobernados; con base en la acepción participativa y protagónica, esa responsabilidad política adquiere una dimensión superior.
Causales y Proceso del Juicio Político
Tanto la doctrina como el derecho positivo suelen señalar con cierta precisión los hechos y daños que tipifican la responsabilidad política, por ejemplo, poner en peligro las instituciones públicas, atentar contra la forma de gobierno, transgredir el ordenamiento jurídico vigente, violación de las libertades y derechos fundamentales, así como desconocer sus correspondientes garantías, usurpar atribuciones de otras autoridades públicas, desviar la ejecución de los planes, programas y presupuestos estatales, entre otros. Entre las causales también se incluyen violaciones graves o sistemáticas a los planes, programas, presupuestos de la administración pública federal o del Distrito Federal y a las leyes que determinan el manejo de los recursos federales o del Distrito Federal.
En este caso, sin menoscabo de otros tipos de responsabilidades, dichos funcionarios comprometen su responsabilidad desde la óptica política; como consecuencia de esto se debe activar un ámbito jurisdiccional y un procedimiento especial denominado juicio político. La aprobación de una moción de censura a un Ministro o Ministra por una votación no menor de las tres quintas partes de los o las integrantes presentes de la Asamblea Nacional, implica su remoción.
Marco Legal y Desafíos en la Aplicación
Por otra parte el artículo 109 Constitucional, brinda la base para la expedición de leyes federales y locales sobre la responsabilidad de los servidores públicos. En nuestro país, aunque insuficientes, se han hecho algunos esfuerzos jurídicos por regular lo concerniente a la responsabilidad política de las autoridades públicas. No podemos afirmar que esta sea una cuestión consagrada en la realidad política, jurídica, institucional y social de la República Dominicana; lamentablemente, falta mucho por recorrer.
Un desafío muy sentido es el escaso desarrollo político y los niveles de connivencia que ello prohíja, lo que opera como un obstáculo para que se defina de manera concreta un régimen de responsabilidad y consecuencias políticas de los altos funcionarios y, peor, que sean debidamente enjuiciados políticamente; por eso, la consolidación del Estado democrático de derecho en nuestro país sigue siendo una expectativa y un deseo no cumplidos.
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Regulaciones Constitucionales Específicas (República Dominicana)
Las siguientes disposiciones constitucionales ilustran los mecanismos y procedimientos para la atribución de responsabilidad política:
| Artículo Constitucional | Descripción de la Atribución/Procedimiento | Consecuencias / Requisitos Clave |
|---|---|---|
| 80.1 (Senado) | Conocer de las acusaciones formuladas por la Cámara de Diputados contra funcionarios públicos. | Voto favorable de dos terceras partes del Senado. El culpable es destituido del cargo e inhabilitado para desempeñar otro cargo público por diez años. Queda sujeto a ser juzgado por tribunales ordinarios. |
| 83.1 (Cámara de Diputados) | Acusar ante el Senado a funcionarios públicos (electos por voto popular, por Senado, por Consejo Nacional de la Magistratura) por faltas graves en el ejercicio de sus funciones. | Voto favorable de dos terceras partes de la matrícula de la Cámara. Si la acusación es contra el Presidente o Vicepresidente, se requiere el voto favorable de tres cuartas partes. El funcionario acusado queda suspendido en sus funciones si la Cámara declara que procede la acusación. |
| 88 (Pérdida de Investidura Legisladores) | Establece que los legisladores deben asistir a sesiones y someterse a regímenes de inhabilidades e incompatibilidades. Quienes incumplan perderán su investidura. | Previo juicio político según la Constitución y reglamentos. Los legisladores destituidos no podrán optar por una posición en el Congreso Nacional dentro de los diez años siguientes a su destitución. |
| 115 (Procedimientos de Control) | Dispone que la ley debe regular los procedimientos de control y fiscalización, incluyendo el juicio político. | Mandato constitucional no honrado hasta la fecha por los legisladores, lo que impide establecer la responsabilidad política de los funcionarios públicos. |
El siguiente paso para el juicio político será implementarlo de tal manera que funcione como un mecanismo regulador apoyado de la introducción de prácticas democráticas.
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