En los años cincuenta, las primeras familias llegaron a establecerse en la Colonia Pedregal de la Villa, mejor conocida como "Piedra Bola", ubicada al Sur de la ciudad. Ignacio Lagarda, Cronista Municipal, contó que el nombre "Piedra Bola" se lo atribuyeron los primeros habitantes, debido a que en un cerro está una piedra bolada.
"Esa piedra parece que se va a caer, por eso le pusieron así; esa colonia inició como un caserío de ladrillo con techo de cartón, cerco de ocotillo y alambre de púas", contó.
Nació como una continuación de Villa de Seris, explicó, pero ubicada al otro lado de la carretera, donde llegó a poblarla gente de la Sierra como la familia Martínez, originarios de Ures.
"Hasta el día de hoy hay familias provenientes de Suaqui Grande, Huásabas, Bacanora, Tónichi, Baviácora; de todos los pueblos de la Sierra que bajaron en esa época al auge de la agricultura en la Costa de Hermosillo, por eso se establecieron", relató.
Tiendas y Abarrotes en los Primeros Años
Alrededor de los años sesenta- setenta, hubo gran cantidad de abarrotes muy conocidos, además de comercios tradicionales, por ejemplo, la cantina Sultana, y el restaurante de la señora Panchita Lohr, llamado "La Hacienda".
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"La Nueva Providencia" fue el nombre que le otorgaron los residentes de la Luz del Mundo a dicha colonia, pero el cronista comentó que no prosperó.
“A principios de los años ochenta se le cambió oficialmente a Pedregal de la Villa y dejó de ser Piedra Bola, para darle un nombre más elegante”, agregó.
Cambios y Evolución en los Años Setenta
Después, en los años setenta se inauguró la nueva Penitenciaría en la ciudad, por lo que llegaron a vivir a la colonia gente de otros rumbos, en sí, parientes de los presos, pues desde ese momento dio un giro distinto.
"Cuando llegaron otras personas la colonia se descompuso, cambió porque llegaron personas con otros valores, y otras formas de vida; era la colonia más cerca a la ‘peni’", señaló.
Mejoras Recientes
Por otro lado, dicha colonia ha tenido mejorías, gracias a algunos habitantes que fueron los primeros en llegar a Piedra Bola, aunque como toda localidad carece en algo, por ejemplo: La inseguridad radica en algunos sectores y el asfalto dañado.
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Jesús Ruíz, de 65 años, indicó que batalla con la basura y los vándalos.
"Los carros de basura no tienen hora para pasar, y luego los perros la tumban toda, pasan muy apurados.
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Contexto Histórico y Fiscal de México
Muy poco ha llamado la atención de los historiadores y en general de los estudiosos de la fiscalidad mexicana contemporánea la extinción de la contribución federal (CF en adelante), una carga que obligaba a los estados y municipios a entregar una parte de sus ingresos fiscales al gobierno federal. Al aprobar la medida, prevista en la ley de ingresos para el año de 1949, el Congreso de la Unión dejó atrás 125 años de vigencia de esa carga fiscal, conocida también como la “cuarta federal”.
¿Qué significado tiene tal decisión? Este trabajo intenta mostrar que la desaparición de la CF es un acontecimiento cargado de pistas que permiten profundizar en la historia política mexicana, en especial en las relaciones entre el centro y las provincias; además, ofrece criterios novedosos para distinguir épocas y tendencias que bien pueden servir para ensayar una visión de largo plazo.
Al estudiar la extinción de la CF, se busca establecer una conexión entre esa carga fiscal y un fenómeno más amplio, referido a la formación del centro político de la nación, entendido éste simplemente como el gobierno general o federal, con sede en la Ciudad de México, con capacidad para imponer sus decisiones al conjunto de provincias en los ramos fundamentales del quehacer gubernamental, en particular en materia tributaria.
Se trata de argumentar que en términos tributarios hay un antes y un después de 1948, y que en el esfuerzo por caracterizar una y otra época aparecen indicios que ilustran bien la complejidad que entrañaba la tarea de construir el centro político de la nación. Se da preferencia al periodo posterior a 1948, en particular a los acontecimientos de 1972-1973, referidos a la negociación que hizo posible la generalización del impuesto federal sobre ingresos mercantiles (ISIM en adelante).
El trabajo consta de cuatro apartados: el primero trata de los antecedentes de la CF, que nació en 1824 con otro nombre (contingente); el segundo detalla el acontecimiento de 1948 a la luz de los cambios de la hacienda pública federal iniciados en la década de 1870; el tercero revisa gruesamente las secuelas del arreglo de 1972-1973 en la trayectoria de las participaciones federales, el mecanismo opuesto por antonomasia a la CF; y por último, en las conclusiones, se recapitula en torno a una propuesta de periodización que intenta conectar la extinción de 1948 con la situación de la década de 1820 y con la situación presente (2015-2017).
El Origen de la Contribución Federal
¿Cuál es el origen de la CF y por qué se dice que su extinción es una atractiva vía para hacer una historia política de largo plazo? La CF nació en el contexto del ascenso político de las provincias, fenómeno influido por la creación de las intendencias en 1786 y de las siete diputaciones provinciales surgidas a raíz de la Constitución de Cádiz de 1812, lo mismo que por la guerra de Independencia.
En los primeros años de vida independiente, los grupos provincianos temían y se oponían a que el nuevo país se organizara alrededor de un poderoso centro político con sede en la ciudad de México. Recuérdese que en marzo de 1823 el emperador Agustín de Iturbide había caído en virtud del alzamiento de Casa Mata, encabezado por el entonces veinteañero Antonio López de Santa Anna.
En un contexto de crisis de las finanzas públicas, provocado entre otras cosas por la extinción del tributo indígena, la crisis de la minería y la desorganización administrativa, el plan respondía a la decisión del emperador de suprimir el Congreso en octubre de 1822, una medida que buscaba acallar las voces opositoras, entre ellas las provincianas.
La rápida caída del imperio iturbidista mostró la inviabilidad de un gobierno central fuerte. Los grupos regionales ganaron terreno e influencia, en particular los de Jalisco y Zacatecas. La nueva criatura política cumplía con las exigencias de los rebeldes triunfantes de 1823, a saber, un centro político de bajo perfil, rasgo que se aprecia bien en el modo en que se arregló la hacienda pública y detrás de ella la relación centro-provincias.
En la ley de clasificación de las rentas, del 4 de agosto de 1824, el Congreso distribuyó los ramos tributarios entre los gobiernos provinciales y el federal. Algunos de los principales (alcabalas, derechos de oro y plata, contribuciones directas, venta de cigarros) quedaron en manos de los estados. El gobierno federal obtuvo, entre las rentas más importantes, las del comercio exterior (la aduana de Veracruz en primerísimo lugar), el papel sellado, el cobro de las alcabalas en el Distrito Federal y demás territorios federales, la explotación de la sal, el correo y la renta del tabaco en rama.
El resultado fue que el poder federal quedó maniatado por los estados, limitando su quehacer a los territorios federales. Por ello, no tenía trato tributario con la población en su conjunto. La distribución de rentas de 1824 tuvo consecuencias duraderas.
Minar de ese modo la hacienda federal obligó a los estados a proveerla de recursos. Y tal es precisamente el origen de la CF, en un principio llamada contingente. Ésta nació imponiendo una carga a los estados, cuyo monto se estimó por el número de habitantes, por las características económicas regionales y por el monto de los pagos del diezmo eclesiástico realizados en cada una de las provincias.
Los municipios no tenían obligación. Los estados más poblados y prósperos, ubicados en el centro y occidente del país (México, Puebla y Jalisco), quedaron comprometidos con las mayores aportaciones; a los tres les correspondería pagar más de la mitad (casi 53%) de los 3.1 millones que arrojaba la suma total anual del contingente.
El diseño hacendario de 1824 enfrentó graves dificultades, en buena medida por los efectos económicos de la guerra de la década anterior, por el desmantelamiento del sistema hacendario colonial y por la beligerancia de los grupos provincianos que no dejaron de oponerse al gobierno con sede en la Ciudad de México.
La insuficiencia de ingresos y los excesivos gastos (militares) llevaron al gobierno federal a contratar deuda extranjera y poco después a recurrir a agiotistas, medidas que enrarecieron el ambiente político. Como ingrediente de esa complicada situación, los gobiernos estatales, luego de un inicio prometedor, dejaron de pagar el contingente, dando un nuevo revés a la hacienda federal. Para 1831 los adeudos de los estados ascendían a 23% del total, proporción que aumentó en las siguientes décadas.
Pero aun así, el contingente era clave en la organización política de la naciente nación. La capacidad de los gobiernos estatales para negociar continuamente sus obligaciones con la Federación, fue uno de los varios elementos que contribuyeron a mantener la unidad nacional, aunque en el mediano plazo no llegó a ser suficiente para lograr estabilidad y paz social. De igual forma, las tensiones políticas entre los poderes regionales, y de éstos con el gobierno nacional, reflejaron la deficiente integración de la economía nacional y con ello las propias debilidades del contingente.
Las dificultades hacendarias de las primeras décadas de la vida nacional han suscitado diversas reacciones en distintos momentos. Una de ellas es la crítica al federalismo y a la crecida fortaleza de los gobiernos provinciales, rasgo que se asocia con lo que parece ser su corolario: un centro débil.
Lucas Alamán y Lázaro Cárdenas parecen emparentados en su caracterización del problema fiscal y, más allá, de la cuestión de las relaciones entre el centro y las provincias. El primero culpaba al federalismo del estado de cosas: las “autoridades generales” carecían de “medios para hacerse obedecer […] habiendo las locales usurpado un poder absoluto; de donde resulta que con Estados libres, soberanos e independientes no puede haber hacienda, ni ejército, y, en suma, ni nación”.
Por su parte, el presidente Cárdenas afirmaba en 1937 que “en los días siguientes a la desaparición del Imperio de Iturbide el problema que debió plantearse y que ha sido el origen de muchas tragedias de la historia mexicana, fue el de inyectar vitalidad a las descentralizaciones estatales del territorio patrio”.
El argumento parece claro: las “descentralizaciones estatales” imposibilitaban la existencia nacional, o al menos la ponían en riesgo y por ello eran vistas como origen de tragedias nacionales.
En 1861 el gobierno del presidente Benito Juárez introdujo cambios en este gravamen que unía fiscalmente al centro con las provincias: por un lado, pasó a llamarse precisamente contribución federal; y por otro, amplió la obligación tributaria a los municipios, que al igual que los gobiernos estatales debían entregar una proporción de sus ingresos al gobierno general.
El porcentaje varió en numerosas ocasiones, desde el 25% juarista hasta el 60% carrancista; en los últimos años de vida, el porcentaje se mantuvo en 20%. Después de un alza notable en 1918-1921, cuando llegó a aportar casi 21% del total de los ingresos federales, en los años siguientes la CF vino a menos.
Si bien entre 1923 y 1948 su monto pasó de 20 a 43 millones de pesos (corrientes), el peso porcentual en el ingreso tributario federal disminuyó de manera notable, de casi 10% en el primer año a apenas 2% en el que vendría a ser su último año de existencia.
Varios estudios han mostrado las confusiones que caracterizaron la última etapa de vida del gravamen. Frente a la demanda reiterada de los estados por desaparecerlo, expresada al menos en las convenciones fiscales de 1925 y 1933, la Secretaría de Hacienda había respondido con una política titubeante y contradictoria. Por lo pronto distaba de ser una carga general, pues 13 estados habían logrado obtener algún tipo de exención, mientras que el resto la cubría completa.
Si el propósito era acabar con la denominada anarquía fiscal, una verdadera obsesión de las autoridades federales de esta época, lo cierto es que el manejo que la propia Secretaría de Hacienda hizo de la CF en estos años acrecentó el desorden. Era un nudo federalista que revela todo menos una política definida; en todo caso era expresión de una débil hacienda federal, acosada por las presiones de los gobiernos estatales, un escenario político muy parecido al que describe Castañeda Zavala acerca de la década de 1820.
La Decisión de 1948 y su Significado a Largo Plazo
Veamos ahora por qué se afirma que la decisión de 1948 es útil para elaborar una visión de largo plazo y también para reflexionar en torno a una nueva periodización relativa a la transición entre los siglos XIX y XX. De entrada, lo más aparente de la iniciativa presidencial de 1948 es que expresa la continuidad del problema surgido en 1824 al crearse la doble soberanía tributaria, es decir, la federal y la de los estados. En esa medida, se trata de un nuevo intento por resolver o por dar un nuevo formato a un problema antiguo.
En la iniciativa citada se lee que la extinción de la CF buscaba cambiar la relación entre el gobierno federal y las provincias. Sin embargo, al mediar el siglo XX, el problema antiguo se ventilaba en condiciones por completo distintas. Tómese en cuenta que en 1824 la CF había nacido con la misión de aportar casi un tercio del presupuesto federal y que en 1948 apenas aportaba 2% de ese presupuesto.
A juicio del presidente Miguel Alemán, tal cambio era una evolución saludable del federalismo mexicano. Quizá por esa pequeñez la extinción de la CF se aprobó sin mayor reparo en el Congreso de la Unión. No hubo voces en contra ni largos discursos de justificación, nutridos con doctas y floridas lecciones de historia patria, como ocurría en el propio Congreso a propósito de otros asuntos (como las reformas al artículo 27 constitucional, de diciembre de 1946).
La extinción de la CF formaba parte de la iniciativa de ley de ingresos para 1949, misma que fue entregada a la Cámara de Diputados el 16 de diciembre de 1948. Cinco días después, la comisión de presupuestos y cuenta de la propia instancia legislativa emitió su dictamen favorable. La supresión de la CF es el fruto de los gobiernos revolucionarios en su afán de tener una hacienda bien organizada y beneficiar a los fiscos locales. Nada que ver con la elocuencia de la iniciativa presidencial. En la misma sesión, la ley de ingresos fue aprobada en lo general (85 votos a favor, 3 en contra) y en lo particular (84 a favor y los mismos 3 en contra).
La extinción de la vieja carga fiscal, heredera del contingente de 1824, aparecía en el segundo transitorio de esa ley. Los senadores, por su parte, fueron un poco más explícitos. En el proyecto que estudiamos, es sin duda punto capital el que se refiere a la supresión del gravamen que, con el nombre de Contribución Federal, ha venido cobrándose desde el año de 1861 y que se originó en los primitivos “contingentes” con que los Estados ayudaban al sostenimiento de la Federación.
El Senado no sólo no discutió la ley de ingresos, sino que, al no haber discusión, aprobó el dictamen el mismo día, por unanimidad y por “votación nominal en un solo acto”. Otro trámite, después de todo. No deja de llamar la atención el uso del calificativo “primitivos” en referencia a los contingentes.
Si el desdén legislativo se explica por la pequeñez del monto de ingresos federales involucrados en la extinción mencionada, hay que explicar tal pequeñez. Ésta obedece a los cambios notables ocurridos en las ocho décadas anteriores en las relaciones hacendarias entre el centro y las provincias. Muy poco se parecía al México de la década de 1820, que había hecho necesaria la creación del contingente. Una de las principales diferencias era la transformación de la organización fiscal del país. El gobierno federal había logrado relacionarse con la población y el territorio en su conjunto. Un gobierno federal de carácter nacional, en sentido estricto.
En términos hacendarios, la nueva época dio inicio en la década de 1870, con la creación del impuesto del timbre, de la mano del secretario Matías Romero. Un estudioso indica que el propósito de ese gravamen, además de diversificar las fuentes de ingresos de la hacienda federal, era gravar el consumo de mercancías a lo largo y ancho del país, y no solamente en el Distrito Federal y en los territorios federales, como ocurría hasta entonces, siguiendo la ley de 1824 mencionada antes. En esa medida, pretendía lograr que los ciudadanos (y no las provincias) contribuyeran al sostenimiento del gobierno general, una apuesta de claro sello liberal.
Con ese impuesto indirecto, se sentaban las bases para la expansión (lenta y accidentada pero sostenida) de la soberanía hacendaria federal. A la vuelta de varias décadas, hacia 1910, el resultado era una preponderancia creciente de la hacienda federal sobre las de estados y municipios.
Lejos de interrumpir o contradecir la expansión federal iniciada en la década de 1870, los gobiernos posrevolucionarios la fortalecieron y diversificaron. Prueba de ello fue la creación en 1925 del impuesto sobre la renta (ISR), también de alcance nacional.
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