Si bien Baja California constituye uno de los estados más jóvenes de la república, la historia del proceso a través del cual se transformó en estado es altamente significativa por lo que revela de la formación de la región fronteriza norteña y de la nación en general durante el periodo de consolidación posrevolucionaria.
Este proceso de transformación en estado ha sido tratado tradicionalmente por los historiadores y escritores del periodo casi como un fait accompli. Según esta interpretación, cuando la entidad ya contaba con los criterios para ser incorporada a la federación con esta categoría, así se hizo.
No se han tomado en consideración varios de los antecedentes importantes de este proceso evolutivo, así como de las tendencias hacia la autonomía y autodependencia existentes entre la población de la entidad, que se remontaron desde muchas décadas atrás. Del mismo modo, existe un consenso entre los escritores del periodo de que la fuerza principal detrás del movimiento hacia la conversión del Territorio de Baja California en estado consistió en una serie de políticas y acciones ejercidas por el gobierno federal, sin una injerencia significativa por parte de la población nativa de la región.
Esta visión puede ser atribuida, hasta cierto punto, al sentimiento nacionalista que ha sido difícil depurar en las obras históricas escritas en México. Asimismo, puede constituir, en parte, una derivación del culto en torno al legado histórico del cardenismo en sí mismo, en el cual la figura de este gran líder se ha visto tal vez, como la más dominante en la historia de la nación durante la primera mitad de este siglo.
El propósito del siguiente trabajo consiste en revisar este proceso por medio del cual la región norte de la península bajacaliforniana se convirtió en estado a la par de otros estados de la federación mexicana. Será visto que, aun cuando el proceso de construcción del estado recibió fuertes impulsos desde afuera en la forma de acciones y políticas adoptadas por parte del gobierno federal, también estaba en proceso de desarrollo en la entidad un movimiento a través del cual la gente ya había comenzado a expresar su voluntad para autogobernarse, así como la convicción de que su región algún día llegaría a ser una zona verdaderamente integrada a la vida nacional.
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Antecedentes Históricos
A lo largo del siglo XIX, se había estado formando un sentimiento de identidad nacional entre los habitantes de la región frente al expansionismo estadunidense e intentos filibusteros provenientes de Estados Unidos (1851-1857) para apoderarse del territorio. Sin excepción, los invasores fueron derrotados por los mexicanos y expulsados de estas zonas.
Las incursiones filibusteras en el noroeste de México y su legado acentuaron el odio y la desconfianza de los estadunidenses, sentimientos que habían surgido a raíz de conflictos anteriores, tales como la guerra de Texas (1835-1836) y la de 1846-1848. En la mente de los bajacalifornianos y sonorenses persistió el temor de una futura separación de estas regiones de México y su absorción a Estados Unidos.
La preocupación estaba bien fundamentada, especialmente en el caso de Baja California. A lo largo del porfiriato, a consecuencia de las fuertes inversiones extranjeras en la región, Baja California, al igual que en el caso del norte de México en general, se volvió cada vez más sujeta económicamente a la poderosa atracción gravitacional de Estados Unidos.
Para principios del siglo XX, había cientos de estadunidenses que vivían en la península, además de la población mexicana de pequeños empresarios, comerciantes, rancheros y pescadores que vivían en Mexicali, Tijuana y a lo largo de la costa del Pacífico, y de los indios cucapás, guaicuras y yumas que habitaban las regiones montañosas. Todos estos factores hicieron patente, para muchos mexicanos, la necesidad de inculcar la unidad nacional, al mismo tiempo en que se desarrollaba entre ellos un fuerte sentido de xenofobia que serviría como un poderoso elemento unificador para las diferentes facciones revolucionarias que surgieron en las décadas subsecuentes al levantamiento de 1910.
La idea de anexar la península a Estados Unidos llegó a echar raíces en la mente de muchos ciudadanos de aquel país, sobre todo de los que vivían en Texas y los estados del suroeste, cerca de la frontera. Estas personas opinaban que la Baja California tenía poco valor para los mexicanos y que, en cambio, podía ser de gran beneficio para la futura grandeza y prosperidad de su propio país.
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La necesidad de ejercer una vigilancia más estricta sobre la región bajacaliforniana, sobre todo respecto a las actividades de la Mexican Land and Colonization Company (Compañía Mexicana de Tierras y Colonización), la principal empresa extranjera de la zona, había motivado al gobierno mexicano a elevar, el 1 de enero de 1888, a los partidos Norte y sur de Baja California a la categoría de distritos, cada uno de los cuales tendría su propia cabecera y dependería directamente de la federación.
A finales de 1918 y principios de 1919, la International Water Commission, una dependencia del Departamento del Estado, en colaboración con el senador Henry F. Ashurst, hicieron recomendaciones al Congreso estadunidense referentes a la compra de la península, así como a una porción de Sonora. "Si [Baja California] permanezca bajo el dominio de México," aseveraba Ashurst, "estaría en la misma situación dentro de cien años como está hoy en día -una tierra desolada; en cambio, el dinero, espíritu e la iniciativa estadunidense podría transformarla en una tierra de granjas y jardines, así como una bendición para la civilización".
Otra destacada propuesta de compra fue realizada por Charles Kramer, un congresista de California, quien presentó una iniciativa al respecto en la Cámara de Representantes en Wáshington. Después del ataque japonés contra Pearl Harbor en diciembre de 1941, el senador Robert R. Reynolds hizo una propuesta semejante.
El gobierno mexicano rechazó tajantemente todas estas propuestas; de hecho, la Constitución prohibía cualquier venta del territorio nacional.
Desde principios del siglo XX, el gobierno federal mexicano había hecho intentos para llevar a cabo una política dirigida hacia la "mexicanización" de la península bajacaliforniana y de unirla más estrechamente con el resto de la república. Estos esfuerzos -que se habían iniciado desde el porfiriato (1876-1911)-, comenzaron a cobrar especial importancia después de la fallida intentona rebelde magonista en el territorio durante la primera mitad de 1911.
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La revuelta llevada a cabo por fuerzas revolucionarias magonistas en el Distrito Norte de la península, del 29 de enero al 22 de junio de 1911, si bien terminó en una derrota, constituyó el acontecimiento más significativo en la historia de la región durante el siglo actual en términos de reforzar el sentido de identidad nacional entre la población local, que ya estaba en proceso de formación desde muchas décadas atrás.
Después de haber aplastado la rebelión, los gobiernos regional y federal comenzaron a adoptar una serie de políticas y medidas con el fin de integrar el territorio más fuertemente con el resto de la nación. Durante el verano de 1911, el presidente interino Francisco León de la Barra, había enviado a la región una comisión, encabezada por Y.S. Bonilla y F. Urbina, con el propósito de estudiar la manera de colonizarla con ciudadanos mexicanos, así como construir un ferrocarril a través del Río Colorado que permitiera mantener a los habitantes en un contacto más estrecho con el resto del país.
En noviembre de aquel mismo año, el nuevamente constituido gobierno de Francisco I. Madero emprendió estudios más concretos, bajo la dirección del general Manuel Gordillo Escudero, para el cumplimiento del objetivo anunciado por la administración anterior.
Estos intentos iniciales, sin embargo, no dieron lugar a resultados tangibles, debido a las condiciones turbulentas que prevalecieron a lo largo del periodo de lucha armada de 1910-1920.
El Movimiento Hacia la Soberanía Estatal
Al mismo tiempo, durante el periodo de consolidación política en el Distrito Norte bajo la jefatura del coronel Esteban Cantú Jiménez y los gobiernos posrevolucionarios de la década de 1920, en la región se crearon ciertas bases para fomentar su desarrollo en general, así como estrechar sus lazos con el resto de la república. Cantú, quien había sido nombrado como gobernador y comandante militar del distrito por la Convención revolucionaria a finales de enero de 1915, también fue posteriormente reconocido por Venustiano Carranza en este puesto después del triunfo de éste en la lucha de facciones.
Durante el periodo en que gobernó, Cantú adoptó varias medidas para fomentar el desarrollo del distrito y de sus poblados. Persuadió a Carranza para que declarara caducas las concesiones que el gobierno de Porfirio Díaz había otorgado a la Mexican Land and Colonization Company y a la Lower California Development Company (Compañía para el Desarrollo de Baja California), en 1888.
Con la finalidad de crear una fuerza laboral para la industria agrícola en auge, invitó a asentarse en el valle de Mexicali a colonos chinos, japoneses e hindúes. Gradualmente, reemplazó a esta población foránea al invitar a asentarse a mexicanos refugiados de los trastornos de la guerra civil en otras regiones de México, o bien, aquéllos que habían regresado de Estados Unidos. De esta manera, se establecieron las colonias agrícolas Sonora, Herradura, Benito Juárez y Zaragoza.
Esta política por parte de Cantú marcó el inicio del proceso de recuperar las tierras de la región en manos de los terratenientes extranjeros y de su colonización paulatina con mexicanos. Como resultado de esta política, la población del valle de Mexicali se incrementó de poco más de mil habitantes en 1910 a más de diez mil en 1920.
El auge algodonero del valle de Mexicali y los ingresos provenientes de las casas de juego, tiendas de licores y cantinas, permitieron a Cantú emprender varias obras públicas, la más importante de las cuales fue el inicio del camino nacional. Esta carretera, que en su primer tramo conectaba a Mexicali con Tecate, fue extendida posteriormente a Ensenada y Tijuana, así como entre estos dos últimos puntos. Con el tiempo, el Camino Nacional se convirtió en una red que ligaba las poblaciones más importantes del distrito.
A lo largo de la década de 1920, hubo un auge económico en la región como consecuencia de la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas en Estados Unidos y la apertura de gran número de cantinas y restaurantes en las comunidades fronterizas mexicanas. Los impuestos provenientes de estas fuentes sirvieron para crear, por primera vez, una base sólida para el establecimiento de una economía regional que permitiría que la administración territorial se hiciera cargo de los gastos públicos y reducir las aportaciones federales.
El desarrollo de una fuerte base administrativa y económica para la región constituyó una de las prioridades del régimen del gobernador Abelardo L. Rodríguez de 1923 a 1929. Al darse cuenta de que la gran mayoría de empleados públicos, tanto del gobierno federal como de la región, residía en Estados Unidos, una de las primeras actas administrativas de Rodríguez consistió en prohibir tajantemente esta práctica. Se dio a los empleados gubernamentales que vivían en Estados Unidos un plazo razonable para fijar sus residencias en territorio nacional. Se hicieron préstamos en efectivo a los empleados gubernamentales para la construcción de casas-habitación. A través de la Secretaría de Hacienda, se llevó a cabo un acuerdo para la introducción de materiales para la construcción de viviendas y obras públicas.
Esta reforma tuvo el efecto de crear un núcleo administrativo propio del distrito, que serviría para la posterior creación del aparato gubernamental estatal. El auge económico propiciado por la ley seca permitió la creación de un núcleo industrial y fuentes de trabajo en el distrito. Se establecieron, por ejemplo, varias compañías despepitadoras de algodón, que se dedicaban a producir productos derivados de las semillas, tales como el jabón, aceite, borra, harinolina y cascarilla. Otras industrias que tuvieron amplio desarrollo en el distrito en este periodo fueron la harinera y la cervecera. También notable fue la fábrica de aeroplanos, que se estableció en Tijuana en noviembre de 1927.
Los ingresos al erario regional permitió al gobierno regional crear otras fuentes de trabajo en la forma de obras públicas. El gobierno también utilizó una porción de los ingresos para la compra de terrenos y su distribución entre pequeños agricultores, muchos de los cuales eran mexicanos repatriados de Estados Unidos, o para la formación de cooperativas agrícolas. A estos colonos les fue proporcionado crédito, así como facilidades para la adquisición de maquinaria y otras necesidades.