Este ensayo busca esbozar y comprender la historia de la ocupación occidental de las tierras del norte de la Baja California entre 1769 y 1861, siempre enlazada con la historia de los decretos emitidos -pero no necesariamente aplicados- sobre la tenencia de la tierra o la formalización de esa ocupación.
Como parte de las nuevas perspectivas historiográficas se considera pertinente volver al estudio de las historias de las instituciones o de los aspectos políticos de las sociedades en el pasado. Pero además cada vez es más importante la incorporación del análisis de las identidades colectivas en la historia, y uno de los caminos por los cuales podemos estudiar esos temas caros a la historia cultural es a través de la reconstrucción de la tenencia de la tierra de los propietarios durante los siglos XVIII y XIX en las regiones periféricas de la Nueva España y del México independiente.
Es de señalar que en la historiografía regional a veces se ha cometido el error de asumir que si un decreto o disposición reglamentaria fue emitida en la Ciudad de México o en las capitales regionales, tuvo una aplicación en los hechos y de manera inmediata en las regiones periféricas. En este ensayo se busca no caer en esa falacia, ya que se considera que la forma de reconocer o aplicar decretos y leyes por los grupos de poder locales puede auxiliarnos en la reconstrucción de los elementos de identidad que ayuden a esbozar sus posibles identidades colectivas.
Asimismo, se busca mostrar que el proceso de ocupación de la tierra explotable tuvo una estrecha relación con la gestión y desarrollo de los grupos de poder en la Alta California, especialmente hacia 1845-1846, antes de la invasión estadounidense al noroeste mexicano. Se considera que se pueden encontrar elementos de identidad de los grupos sociales a través de la reconstrucción del proceso de posesión de las tierras y propiedades, ya que en los diferentes conflictos que se dieron en la región a mediados de esa centuria, se pueden observar referencias a los denominados "frontereños", que en su mayoría fueron rancheros y propietarios de ganados mayores.
Por lo cual es que se propone la revisión de la historia de la tenencia de la tierra en el norte de la Baja California; y para una mejor exposición del devenir histórico y jurídico de la tenencia de la tierra, pero también vinculado al poblamiento, se sugiere dividir de manera instrumental el amplio periodo histórico de 1769 a 1861 en tres etapas intermedias:
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- de 1769 a 1822, centrada en las tierras misionales y las mercedes a los soldados presidiales y misionales;
- de 1822 a 1846, en la cual el eje fue el proceso de secularización; y
- de 1846 a 1861, que se relaciona con la formalización de la ocupación y la especulación de las propiedades, motivadas por la cada vez mayor presencia de los gobiernos regionales y nacionales.
Como comparación, para el caso de Sonora, Romero establece tres periodos que son:
- 1740-1769, relacionado con el antiguo régimen;
- 1770-1829, con la política ilustrada y liberal; y
- 1830-1860, con el estado de Sonora (Romero, 1995).
Con relación a la Alta California, Robinson postula de manera indirecta dos grandes periodos:
- 1784-1822, bajo el estilo colonial; y
- 1822-1846, bajo la influencia de la secularización (Robinson, 1979:51-67).
Tierras misionales y mercedes a soldados, 1769-1822
Después de la expulsión de los jesuitas de la Antigua California (1767) y la llegada del gobernador Gaspar de Portolá con un contingente de soldados y posteriormente los franciscanos (1768), se dio inicio a una nueva circunstancia histórica en las Californias, destacando el impulso hacia el norte de la colonización novohispana.
En un inicio se estableció una división entre las administraciones religiosas y temporales de las misiones peninsulares, la primera a los franciscanos y la segunda a los soldados comisionados, por lo que se puede plantear que los bienes misionales se consideraban comunales de propiedad de sus neófitos y que eran administrados por los soldados o por los misioneros. Para el 12 de agosto de 1768, José de Gálvez "dio decreto para que los comisionados entregasen a los padres misioneros las temporalidades de las misiones para su económica administración".
Pero también en esa fecha el visitador real expidió una "Instrucción" que fue pieza angular para el posterior sustento legal de la adjudicación de tierras. Esta disposición era en realidad un reglamento de "las prerrogativas y condiciones indispensables con que a nombre del rey nuestro señor, concede mercedes de solares y suertes de tierra", y dirigido a nuevos pobladores.
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No obstante, poco detalla sobre la tenencia de la tierra para las nuevas fundaciones misionales que se realizaron a partir de 1769, aunque en el artículo segundo se estableció que "estos repartimientos de tierras se han de hacer sin perjuicio de los indios naturales, en soldados reformados, y en otros españoles de buenas costumbres". Lo que sí es de resaltar es que se percibe una fuerte referencia a que el poseedor último de los derechos a las tierras es el soberano, quien por su gracia concede el usufructo de la tierra a sus súbditos por convenir a los intereses de la corona, ya sea para el desarrollo y consolidación de las posesiones imperiales o el reconocimiento de ser súbditos tributarios.
Ahora bien, las principales fundaciones misionales, tanto de franciscanos como de dominicos, en el norte de la Baja California, se realizaron entre 1769 y 1797, siendo que de 1769 a 1794 se concentraron en consolidar la zona costera de la frontera misional y por consecuencia el conjunto de senderos que comunicaban a las misiones del sur con las del norte, y de 1794 a 1797 se dio un intento por reducir la frontera de gentilidad hacia la sierras conocidas hoy como Juárez y San Pedro Mártir, con las fundaciones de las misiones dominicas de San Pedro Mártir (1794) y de Santa Catarina (1797).
Esta última orientada por el camino tradicional de comunicación de los valles intermedios con la zona del golfo y delta del Colorado, donde en 1781 se había cancelado por la oposición indígena un proyecto de colonización. Salvo el presidio de San Diego establecido en 1769 y la fundación y corta vida de los pueblos con misión de las confluencias de los ríos Colorado y Gila en 1780 (San Pedro y San Pablo, y La Purísima Concepción), en el norte de la Baja California no se establecieron pueblos como en la Alta California, en donde se establecieron los de Nuestra Señora de los Ángeles, en 1781; San José, en 1797; y la villa de Branciforte, en 1797.
Resulta interesante que mientras en la frontera del Gila y Colorado en 1781, se detuvo la incipiente colonización con el exterminio de los nacientes poblados, en la zona costa del Pacífico de la Alta California se fundó un nuevo pueblo; y mientras en 1797 en el norte de la Baja California se avanzaba de manera tímida hacia las regiones de la sierra y hacia el camino del desierto y delta del Colorado, en el norte de la Alta California se fundaron dos pueblos con misión y con nuevos colonos: San Rafael, 1817, y San Francisco Solano, 1823.
Además de las fundaciones misionales realizadas en la región con sus congregaciones y sus tierras de cultivo, el caso más temprano y al parecer único de dotación de tierras en el norte de la Baja California fue a favor del alférez José Manuel Ruiz, quien lo había solicitado en 1804. Ruiz recibió del gobernador José Joaquín de Arrillaga dos sitios de ganado mayor en el denominado "paraje de la ensenada de Todos Santos" en 1805, que equivalen a aproximadamente 3 494 hectáreas a una conversión de 1 747 hectáreas por sitio. Asimismo obtuvo los consentimientos de los misioneros de San Miguel y de Santo Tomás, de las dos misiones más cercanas a la concesión.
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Recuérdese que la de Nuestra Señora de Guadalupe del Norte se fundó en 1834, y sería la más inmediata desde una perspectiva actual. No obstante, al parecer desarrolló poco los terrenos asignados, salvo el uso para pastoreo del ganado, ya que para el año de 1822, el citado propietario estaba residiendo primero en la misión de San Vicente y luego en el poblado de Loreto, donde se hizo cargo del gobierno peninsular. Posteriormente, en 1821, trasladó sus derechos a su yerno Francisco Xavier Gastélum, quien ocupó el predio fundando el rancho de La Ensenada.
Coincidentemente, en 1823 se estableció el primer rancho en el área del actual San Diego, Los Peñasquitos, otorgado al capitán Francisco María Ruiz, hermano del alférez José Manuel Ruiz.
En general, poco se avanzó en materia evangelizadora en la reducción de la frontera de gentilidad hacia las sierras interiores y la zona oriental del norte de la Baja California (hacia el golfo de California, el delta y parte sur del río Colorado, lo que en la actualidad es delimitación estatal entre California y Arizona), pero también en la formación de ranchos privados, salvo el de José Manuel Ruiz en la ensenada de Todos Santos, concedida en 1805, pero con un uso eminentemente ganadero por lo menos hasta 1824.
Ocupación y secularización, 1822-1846
Con el proceso de decaimiento de las misiones del norte de la Baja California que se inició alrededor del ciclo 1808-1810, pero que es notorio desde una perspectiva contemporánea hacia el año de 1818 cuando se abandonaron las misiones de San Francisco Borja y San Fernando Velicatá, que facilitaban la comunicación terrestre entre la Antigua California (vía San Ignacio) y el norte de la Baja California (vía Nuestra Señora del Santísimo Rosario), los pobladores fortalecieron e intensificaron sus actividades agropecuarias con base en el aprovechamiento de las tierras roturadas por los misioneros, los soldados misionales y los neófitos, fundando ranchos particulares.
Como lo describe Peveril Meigs, "a medida que decaían los ranchos [...] de las misiones, y cuando las propias misiones fueron secularizadas, una parcela tras otra fue cayendo en manos privadas [...] El periodo de los ranchos privados estaba ya bien encaminado antes de que la última misión fuese abandonada en 1849". Estas propiedades privadas eran de tipo principalmente ganadero, basados en la autosuficiencia familiar precaria, con una cultura rudimentaria ligada a la supervivencia en una zona ecológicamente hostil para los estándares occidentales, que debido a su situación propició un acercamiento cultural con los indígenas colindantes, primero con los cristianizados y después con los no cristianizados o gentiles.
Esto parece que se presentó principalmente después de la década de los años veinte del siglo XIX, cuando los nuevos propietarios empezaron a estructurar y hacer económicamente rentables los antiguos predios misionales. Los nuevos, o mejor dicho incipientes rancheros buscaron ocupar los sitios de labor dejados por los misioneros y sus indígenas cristianizados, en algunos casos despojándolos de tierras y en otras conviviendo con ellos, pero es de insistir en que no fueron nuevos colonos, sino los propios soldados misionales, mayordomos, sirvientes, sus familias y sus descendientes.
Es de señalar que mientras en la Alta California las misiones estaban no sólo activas sino con un desarrollo importante al momento de la secularización (1833), en el norte de la Baja California estas comunidades se encontraban, en su mayor caso, en decadencia o abandonadas. En el año de 1797 se dio el mayor avance dominico con la fundación de San Miguel Arcángel, y no se realizó ningún nuevo desarrollo misional como tal.
Así, para 1818 fue cerrada la misión de San Fernando Velicatá y para 1834 tan sólo mantenían cierta actividad, con dos o tres misioneros en total, las misiones dominicas de Santo Domingo, Santo Tomás y Santa Catarina, fundándose la última "misión dominica", la de Nuestra Señora de Guadalupe del Norte, que realmente se instaló bajo las necesidades administrativas del ranchero y padre presidente fray Félix Caballero.
Para los años de 1839-1840 fueron abandonadas Santo Domingo, Santa Catarina y la de Guadalupe del Norte, quedando una misión: Santo Tomás, la cual fue cerrada oficialmente hasta el año de 1849, aunque el misionero fray Tomás Mansilla permaneció como capellán de la colonia militar posiblemente hasta principios de 1851.
Se propone que el año de 1822 es crucial en cuanto a la concesión de tierras en las Californias, no sólo por la jura de la Independencia mexicana, sino también por la promulgación de la Ley Agraria del 4 de enero de 1823, que planteó la enajenación de los bienes territoriales del Estado, así como el establecimiento de colonias y el reconocimiento de la propiedad privada.
Esta ley abrió la posibilidad de que los particulares solicitaran tierras al gobierno y se convirtieran en propietarios legítimos, siempre y cuando cumplieran con ciertos requisitos, como el cultivo de la tierra, la construcción de viviendas y la defensa del territorio.
En el caso del norte de la Baja California, esta ley tuvo un impacto limitado, ya que la región se encontraba en una situación de aislamiento y abandono por parte del gobierno central. Sin embargo, algunos rancheros aprovecharon esta oportunidad para legalizar sus posesiones y obtener títulos de propiedad.
Entre ellos se encontraba Francisco Xavier Gastélum, quien en 1824 solicitó al gobierno la confirmación de sus derechos sobre el rancho de La Ensenada, que había heredado de su suegro José Manuel Ruiz. Gastélum argumentó que había ocupado y cultivado la tierra durante varios años, y que había construido una casa y un corral para el ganado.
El gobierno aceptó su solicitud y le otorgó el título de propiedad del rancho, que se convirtió en uno de los más importantes de la región. Otros rancheros siguieron el ejemplo de Gastélum y solicitaron la legalización de sus posesiones, lo que contribuyó a consolidar la propiedad privada en el norte de la Baja California.
Formalización de la ocupación y especulación, 1846-1861
El periodo de 1846 a 1861 se relaciona con la formalización de la ocupación y la especulación de las propiedades, motivadas por la cada vez mayor presencia de los gobiernos regionales y nacionales. En este periodo, la región experimentó cambios significativos debido a la guerra entre México y Estados Unidos (1846-1848), que resultó en la pérdida de la Alta California y el establecimiento de una nueva frontera entre ambos países.
La guerra tuvo un impacto directo en el norte de la Baja California, ya que la región se convirtió en un escenario de conflictos y tensiones entre mexicanos y estadounidenses. Algunos rancheros apoyaron la causa mexicana y se unieron a las fuerzas de resistencia, mientras que otros colaboraron con los invasores y buscaron obtener beneficios económicos.
Tras la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, que puso fin a la guerra, el gobierno mexicano se vio obligado a ceder la Alta California a Estados Unidos. Esto provocó una ola de migración de mexicanos hacia el sur, en busca de nuevas oportunidades y tierras para establecerse.
Muchos de estos migrantes se asentaron en el norte de la Baja California, lo que aumentó la presión sobre los recursos naturales y la tenencia de la tierra. El gobierno mexicano intentó regularizar la situación mediante la emisión de nuevas leyes y reglamentos, pero la falta de recursos y la corrupción dificultaron su aplicación.
Además, la presencia de especuladores y aventureros estadounidenses en la región generó conflictos y disputas por la propiedad de la tierra. Algunos de estos individuos se aprovecharon de la ignorancia y la pobreza de los rancheros mexicanos para adquirir sus tierras a precios bajos, o incluso mediante el fraude y la violencia.
Uno de los casos más emblemáticos de especulación de la tierra en el norte de la Baja California fue el de la Compañía Internacional de Colonización, una empresa estadounidense que en 1854 obtuvo una concesión del gobierno mexicano para colonizar una vasta extensión de territorio en la península.
La compañía prometió construir ciudades, caminos y ferrocarriles, y atraer a miles de colonos de Estados Unidos y Europa. Sin embargo, su verdadero objetivo era apoderarse de las tierras y los recursos naturales de la región, y explotarlos en beneficio propio.
La Compañía Internacional de Colonización nunca cumplió sus promesas, y su gestión se caracterizó por la corrupción, el abuso y la explotación de los trabajadores mexicanos. Finalmente, en 1861, el gobierno mexicano canceló la concesión y expulsó a la compañía del país.
A pesar de este fracaso, la especulación de la tierra continuó siendo un problema en el norte de la Baja California durante las décadas siguientes. La falta de una regulación efectiva y la debilidad del gobierno mexicano permitieron que los especuladores y los acaparadores de tierras se enriquecieran a costa de los rancheros y los campesinos.