Nepotismo, acoso, complicidad con la delincuencia organizada… ¿Cuántos de estos casos no hemos escuchado alguna vez alrededor de jueces y magistrados no sólo en la Ciudad de México sino también al interior de la República? Cientos, sino es que miles. Recientemente se dio a conocer que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, identificó algunas conductas ilegales de varios de funcionarios, las cuales se relacionan con corrupción, nepotismo y acoso sexual.
De acuerdo a información difundida en El Universal, el Poder Judicial de la Federación (PJF) documentó los últimos cuatro años, varios casos en contra de jueces y magistrados relacionados no sólo con temas de corrupción o acoso sexual, sino también de estar coludidos con grupos de delincuencia organizada. Se reveló que desde la administración pasada, a cargo del ministro Luis María Aguilar Morales, se sancionó a 36 magistrados y 49 jueces de Distrito por irregularidades que cometieron dentro de la Corte.
Presiones externas y presunta injerencia política
Mientras que el titular del órgano jurisdiccional es señalado de aceptar actuar de acuerdo a los intereses del Gobierno Federal o de lo contrario, con pretexto de nepotismo, acciones afirmativas o medidas de necesidad, se les cambiaba de adscripción de manera inmediata. El siguiente paso, según la denuncia, consistía en que Scherer se entrevistaba con Zaldívar o Alpízar solicitándoles intervenir en dichos casos para que los juzgadores y magistrados resolvieran en determinado sentido.
“En ese caso sabemos (que) se llamó al juez Adrián Rivera para que de forma urgente se presentara en las Oficinas del CJF, por supuesto sin decirle el motivo. Sin embargo, debido a que el ahora magistrado no sucumbió, dice la denuncia, fue adscrito a Guanajuato, a sabiendas que su familia vive y labora en la Ciudad de México.
Actores clave mencionados en las denuncias:
- Julio Scherer Ibarra: Exconsejero jurídico de Presidencia.
- Carlos Antonio Alpízar Salazar: Exsecretario general de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
- Netzaí Sandoval Ballesteros: Exdirector del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP).
Primer proceso penal contra un juez por administración de justicia
Por primera ocasión en el actual Poder Judicial de la Federación, un juez sancionado por el Tribunal de Disciplina Judicial fue llevado a proceso penal por presuntos delitos contra la administración de justicia. En este caso, Juan Fernando Alvarado López fue vinculado a proceso por supuestamente haber cometido actos ilícitos al otorgar amparos de manera indebida al ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
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Cabe recordar que en febrero pasado el TDJ, encabezado por la magistrada Celia Maya García, inhabilitó por un año al juez federal Alvarado López por incurrir en “faltas graves” que, según el organismo, “afectaron la administración de justicia” en el caso del ex mandatario tamaulipeco. De acuerdo con la resolución, el juez emitió resoluciones que favorecieron al político panista y evitaron su detención por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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