El pasado 25 de noviembre de 2009, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Procuraduría General de la República (PGR) reiteró sus infundadas acusaciones en contra de Alberta Alcántara y Teresa González. Lo hizo a través del agente del ministerio público de la federación adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito en Querétaro, quien presentó conclusiones acusatorias en contra de ambas mujeres.
Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio se encuentran encarceladas en el Centro de Readaptación de San José El Alto desde agosto de 2006. Fueron aprehendidas por ser señaladas como responsables del secuestro de seis agentes de la hoy extinta Agencia Federal de Investigación (AFI). La acusación derivó de lo ocurrido el 26 de marzo de 2006, cuando dichos servidores públicos pretendieron decomisar ilegalmente la mercancía de algunos tianguistas de la comunidad ñhañhú de Santiago Mexquititlán, Querétaro, propiciando la inconformidad de los vendedores.
Cronología y contexto del caso
Los agentes afirman que ellas y otros vendedores de los puestos del mercado de la plaza de Santiago Mexquititlán los tomaron como rehenes en marzo de 2006 durante una operación contra vendedores de DVDs “pirata”. La única evidencia en su contra es una fotografía publicada en un periódico local en la cual Alberta y Teresa se ven al lado de los agentes de la AFI. Durante las audiencias, los agentes de la AFI se contradijeron y el testigo principal nunca apareció en los careos.
Resumen de la situación jurídica
- Detención: 3 de agosto de 2006.
- Ubicación: CERESO de San José el Alto, Querétaro.
- Contexto: Incidente por decomiso ilegal de mercancía en Santiago Mexquititlán.
- Estado procesal: En espera de sentencia tras nuevo juicio.
Denuncias de irregularidades
Para la defensa de Alberta y Teresa, a cargo del licenciado Leonides Ortiz Castillo, las conclusiones presentadas por el ministerio público expresan la reiterada intención de la PGR de mantener en prisión a ambas mujeres como represalia. Para los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro (Centro Prodh) y Fray Jacobo Daciano, las conclusiones acusatorias constituyen un claro ejemplo de la inexistencia del debido proceso en México.
Lo primero, en razón de que como defensores de Jacinta Francisco Marcial constatamos de primera mano la ausencia de pruebas contundentes que conduzcan a sostener que efectivamente los agentes fueron “secuestrados”. Lo segundo, atendiendo a que a todas luces lo que busca la PGR en el caso no es tutelar bienes fundamentales, sino sancionar desproporcionadamente a quienes se defienden de la arbitrariedad de los servidores públicos.
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El papel del sistema judicial
Tras la determinación de la PGR, el destino de Alberta y Teresa queda en manos del juez cuarto de distrito en el estado de Querétaro, Rodolfo Pedraza Longi. Dicho juzgador, en el pasado, ya dictó sentencia condenatoria en contra de Jacinta, Teresa y Alberta, mostrándose complaciente con las irregularidades patentes en la acusación. Las dos mujeres, que fueron condenadas a 21 años de prisión, están esperando el resultado de un nuevo juicio. La audiencia final del nuevo juicio fue el 3 de febrero de 2010.
“El caso es emblemático ya que muestra la discriminación y juicios injustos que muchos y muchas indígenas enfrentan en el sistema de justicia penal mexicano,” dijo Rupert Knox. Por tal motivo, la defensa de Teresa y Alberta, sus familiares y los centros Prodh y Fray Jacobo Daciano, realizarán en lo inmediato una serie de acciones orientadas a demandar la exoneración de las mujeres, destacando la presentación de las conclusiones absolutorias, la difusión de una nueva campaña de firmas y la realización de actos públicos.
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