Desde que Nicolás Maduro accedió al poder en 2013, el régimen político venezolano ha conocido un continuo proceso de autocratización hasta la actualidad. Dicha evolución ha sido recogida por distintos índices que miden la democracia (por ejemplo, V-Dem o The Economist) u otros como Freedom House, que analizan derechos y libertades. A pesar de que el chavismo ejerce un claro dominio político-institucional en Venezuela, controlando los poderes del Estado y las fuerzas armadas, los acontecimientos recientes demuestran que las elecciones y la falta de recursos económicos están debilitando la estabilidad de su estructura de poder.
La dinámica de autocratización y el dilema de la legitimidad
El caso de Venezuela representa el de una autocracia electoral que se mueve entre la búsqueda de legitimidad formal a través de la reelección de su líder y una mayor autocratización ante el riesgo de salir del poder como consecuencia de la pérdida de competitividad electoral. Cuando los que ejercen el gobierno pierden gran parte de su popularidad, el tema de la disponibilidad de recursos económicos se vuelve más importante para mantener la maquinaria electoral y alimentar las redes clientelares. Si lo anterior falla, el gobierno para sobrevivir pasa a depender mucho más de lo represivo y de su progresiva autocratización.
La trayectoria seguida por el régimen venezolano durante el periodo chavista ejemplifica la gradualidad de la autocratización. Mientras que en los primeros años del gobierno de Maduro aún se podía hablar de un autoritarismo competitivo, la pérdida de integridad electoral se agudizó tras la derrota legislativa de 2015. Desde entonces, el chavismo ha recurrido a un amplio menú de manipulación electoral para evitar sorpresas en las urnas.
El impacto de las elecciones presidenciales de 2024
El 28 de julio de 2024, millones de personas venezolanas votaron en unas elecciones presidenciales críticas. La oposición, agrupada en la Plataforma Unitaria, logró articular el malestar de los venezolanos en torno a la candidatura de Edmundo González Urrutia, bajo el liderazgo de María Corina Machado. A pesar de los esfuerzos del régimen por bloquear y deslegitimar el proceso, la estrategia opositora de recopilar y digitalizar las actas de escrutinio expuso la magnitud de los resultados.
El Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el oficialismo, proclamó la victoria de Maduro con el 51,20 por ciento de los votos, pero sin presentar los datos desglosados que permitieran una auditoría independiente. Esta falta de transparencia fue condenada por observadores internacionales como el Centro Carter, que declaró que las elecciones no pueden considerarse democráticas.
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Datos sobre el impacto electoral y económico en Venezuela
- Pérdida del PIB: Desde 1998, el Producto Interior Bruto (PIB) de Venezuela ha perdido aproximadamente un 75%, consolidando uno de los peores colapsos económicos de la región.
- Devaluación de la moneda: El bolívar se devaluó un 52,2% entre enero y junio del año posterior a los comicios, impulsando una inflación estimada en un 250% por firmas independientes.
- Participación electoral en declive: Tras el descontento y las denuncias de fraude del 28J, la participación en las elecciones legislativas y regionales descendió notablemente, alcanzando apenas el 25% según estimaciones de analistas independientes.
El aumento de la represión como mecanismo de supervivencia
Ante la pérdida de respaldo popular e internacional, el régimen de Maduro ha incrementado el uso de la fuerza y el hostigamiento. La dureza de la acción estatal tras las protestas postelectorales fue calificada como "terrorismo de Estado" por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas de corta duración y la persecución política se han convertido en las herramientas principales para sembrar el miedo e inhibir a la disidencia.
Además del aparato de seguridad oficial, el régimen se apoya en grupos civiles armados y estructuras locales para coaccionar a los votantes y vigilar a la población en las comunidades. Sin embargo, para diversos analistas, este recurso sistemático al miedo y a la violencia no es una señal de fortaleza, sino un síntoma de la creciente vulnerabilidad y precariedad de la autocracia venezolana.
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