En las últimas décadas, México ha enfrentado diversas crisis financieras y económicas que han afectado su desarrollo económico y social, impactando principalmente a los sectores sociales más vulnerables. Esto ha impulsado al gobierno mexicano a implementar cambios en la gestión pública desde la década de los 80, consistentes en la creación de nuevos sistemas tributarios y la privatización de empresas paraestatales. De esta forma, se esperaba un mayor auge económico y una mejor sustentabilidad financiera pública, con el fin de impulsar mejores beneficios para la sociedad.
Sin embargo, Ramírez (2012, p. 81) señala que, después de más de tres décadas, México aún no ha logrado erradicar los problemas sociales, económicos y financieros que afectan al país. En el ámbito económico, México sigue en vías de desarrollo y con déficit comercial; en el aspecto social, las brechas de desigualdad se han ampliado y ha crecido el número de personas en situación de pobreza; y en cuanto a las finanzas públicas, la política fiscal no ha sido capaz de financiar eficientemente el gasto público.
Por otro lado, la experiencia empírica en países en desarrollo ha demostrado la necesidad de un sistema tributario eficiente y progresivo que genere una mayor sustentabilidad financiera e impulse una mejor distribución de la riqueza a través del gasto social. En este sentido, en 2019, México solo recaudó el 16.5% en relación con el Producto Interno Bruto (PIB), ubicándose por debajo del promedio de 22.9% del PIB de la región latinoamericana y del promedio de 33.8% de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Además, el porcentaje se reduce aún más al quitarle el porciento de los ingresos petroleros, rezagándose México en recaudación tributaria en los últimos lugares de Latinoamérica (OCDE, et al, 2021, p.
Con respecto a lo anterior, es necesario explorar el contexto económico, social y financiero de México para encontrar nuevos espacios fiscales en el marco de justicia tributaria, a fin de compensar las brechas de desigualdad y de pobreza. En relación con el impuesto al valor agregado (IVA), a pesar de sus fallas estructurales dentro de su normativa jurídica, aun así, es uno de los impuestos que mayor aporta al Estado mexicano, sólo por debajo del impuesto sobre la renta (ISR), por lo que, un ajuste a su normativa jurídica podría mejorar su eficiencia recaudatoria.
Sin embargo, Sáez (2004, p. 504) señala que los impuestos indirectos también contribuyen a la justicia social o a la injusticia, siendo relevante que se corrijan los problemas que causa el establecimiento de las tasas de 0%, ya que pueden provocar un acreditamiento, una devolución o una compensación en exceso, lo cual beneficia a ciertos sectores económico, cuyos privilegios se convierten en un gasto tributario para el resto de la sociedad.
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Metodología de la Investigación
Es una investigación de tipo documental de carácter descriptivo (Rodríguez, 2006, p. 40), a través de la cual, se estudia la recaudación del impuesto al consumo en México y se compulsa contra otros indicadores fiscales para determinar su eficiencia. De esta forma, se analizan las estadísticas de recaudación del impuesto al valor agregado y de los ingresos tributarios federales de México, así como las estadísticas de recaudación de la región de América Latina para hacer las comparaciones correspondientes de dicho impuesto.
Con respecto al análisis documental, las principales fuentes de información son artículos de investigación publicados en revistas especializadas, la Ley del Impuesto al Valor Agregado y libros especializados en el tema abordado. En cuanto al análisis cuantitativo del impuesto al valor agregado, las principales fuentes de información son las estadísticas de recaudación publicadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público de México y las estadísticas de los organismos internacionales en los que México forma parte.
La Justicia Tributaria en el Contexto Latinoamericano
Una de las críticas de los sistemas tributarios en la región latinoamericana, ha sido la adopción de la política del consenso de Washington, ya que sus resultados en materia económica, social y financiero no han sido los esperados, pues a varias décadas de su implementación, aún siguen las brechas sociales. Lo anterior, ha generado el establecimiento de sistemas tributarios con preferencias hacia ciertos sectores económicos, los cuales son ajenos al principio de capacidad económica de los individuos, relevando así al principio de justicia tributaria sobre la política del gasto público.
En el sentido de la justicia tributaria, García (2018a, p. 47) señala que, una de las finalidades más íntimas de los sistemas tributarios son su acoplamiento al principio de equidad y su imparcialidad ante cualquier presión fiscal, prisas o necesidades del Estado, y que, siempre debe limitarse a imponer una carga impositiva de acuerdo a la capacidad económica del sujeto pasivo. Así mismo, también deben permitir a los individuos la obtención de ingresos suficientes para la realización de sus necesidades básicas y aspectos culturales (García, 2018b, p. 181).
No obstante, en la región latinoamericana y en México, las brechas de desigualdad social y la pobreza han justificado el establecimiento de sistemas tributarios progresivos, que funcionan como estrategia para alcanzar un mejor equilibrio en la distribución de la riqueza entre la sociedad más vulnerable. Y a su vez, complementarse con programas tributarios a través de subsidios fiscales destinados a los sectores sociales menos desarrollados. Si bien, esta tendencia ha ganado terreno (principalmente en el impuesto sobre la renta), en donde se ha notado más, es en la política del gasto, mediante programas sociales destinados a los estratos poblacionales de los deciles más bajos.
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Finalmente, los gobiernos han justificado la implementación de mecanismos regresivos bajo el argumento de la competitividad comercial, los cuales consisten en reducciones para la simplificación de la base fiscal de los contribuyentes, con un costo grande para toda la sociedad.
Retos del Sistema Tributario Mexicano
Uno de los retos más importantes del sistema tributario mexicano es buscar su consolidación fiscal a través de la ampliación de la base del impuesto, que permita la obtención de mayores recursos financieros a fin de poder dejar de depender de los ingresos petroleros. De alcanzar esta meta, al gobierno mexicano le permitiría elevar su eficiencia recaudatoria y financiar un mayor gasto público sin necesidad de recurrir al financiamiento externo.
Además, es necesario una mejor redistribución de los ingresos, ya que, a pesar del crecimiento económico, cerca de 30% de los beneficios han sido captados por 10% de la población más rica, y tan solo 70% para el otro 90% de la sociedad. Al respecto, Inzunza y Sánchez (2013, p. 136) expresan la necesidad de dejar de beneficiar ciertos sectores económicos en México, y en cambio, desarrollar una política fiscal capaz de impulsar un mayor crecimiento económico homogéneo y de erradicar las brechas sociales. Dichas reestructuraciones, consisten en eliminar los regímenes exentos, especiales y establecer mayor progresividad en los sistemas tributarios, pues la experiencia empírica ha demostrado resultados positivos y no como lo señala el neoliberalismo.
Con respecto a los párrafos anteriores, resulta interesante revisar las tasas establecidas en la Ley del Impuesto al valor Agregado (LIVA) y analizar si efectivamente contribuyen a una mejor recaudación fiscal, tal es el caso de la tasa del 0% que grava ciertos bienes y de los actos exentos para efectos de dicha ley, en donde se genera un contraste por su existencia en una misma ley, ya que ambos se destinan a proteger a ciertos sectores sociales. Además, la complejidad del sistema tributario mexicano es otro de los problemas que enfrenta el Estado mexicano, ya que lo convierte en un sistema costoso para los sujetos obligados y los impulsa a llevar prácticas de alusión fiscal, principalmente a las empresas grandes o los sectores económicos con mayor capacidad económica. En este sentido, dicha complejidad es un motivo para la generalización de las tasas del IVA.
Incidencia y Efectos del IVA
Cuando se establecen los impuestos, una pregunta obligada es ¿Quién pagará el impuesto o a quiénes les impactará?, no se debe olvidar que una de las finalidades de todo sistema tributario es equilibrar la distribución de la riqueza. Así, la incidencia es considerada una medida del reparto de la carga tributaria entre los diferentes participantes del sistema económico. No obstante, en el caso de los impuestos indirectos, dicha carga no siempre queda repartida en proporciones iguales entre los participantes en el proceso productivo, aunque el único beneficiado siempre será el Estado al tener cautiva la base total del gasto.
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Otra de las cualidades de los impuestos indirectos es que no permiten identificar la capacidad económica de los individuos, y en el caso del IVA, eso lo convierte en regresivo, afectando el desarrollo económico y social de las personas, al alterar la demanda agregada y de consumo. La aplicación del IVA genera ventajas al Estado y al sector económico, en primer lugar, representa un mecanismo tributario simple y de bajo costo para las autoridades fiscalizadoras, y en segundo, al ser indirecto, no afecta la acumulación de riqueza. Sin embargo, este genera desventajas a gran parte de la sociedad.
A pesar de la simplicidad del IVA, en México este ha tenido deficiencias recaudatorias a causa de las distorsiones que generan sus regímenes. Cuando se aplican tasas elevadas, estas son percibidas como costos excesivos de operación por la sociedad y fomentan el comercio informal (contrabando de mercancías); una forma de evasión del pago de los impuestos. En el caso del IVA, al ser de tipo monofásico y causado en cada una de las etapas de intermediación en la comercialización de los productos o bienes, cuando estos son desviados al mercado informal, los sujetos logran eludir el pago del impuesto, resultando imposible a las autoridades su control y recaudación.
Impuestos Especiales e IVA
Los impuestos especiales han sido una herramienta tributaria de gran utilidad para establecer imposiciones fiscales ante la necesidad de poder establecer nuevos impuestos indirectos, que junto con los de “ad valorem”, se han desarrollado en la gran mayoría de sistemas tributarios del mundo. El IVA fue introducido en Francia en 1954 como un impuesto al consumo, siendo adoptado inmediatamente en varios países del mundo, tras su éxito en el país francés, caracterizado por su gran facilidad y practicidad impositiva, ya que gran parte del PIB del mundo gira sobre el gasto, lo que genera una base muy amplia, así como su poderosa neutralidad al ahorro, pues algún día se tiene que recurrir al gasto, es decir, se podrá aplazar el consumo en el tiempo pero nunca evitar el pago del impuesto.
En el caso de México, en la post revolución mexicana, la hacienda pública aprovechó la estela dejada por la primera guerra mundial, ya que con los impuestos sobre la renta y el comercio exterior logro recaudar los recursos financieros que el país necesitaba para hacer frente a la crisis financiera de la gran depresión, pero sin dejar de lado a los impuestos al timbre. Aunque, en México, el IVA tardó 26 años en ser introducido como tal en el país, con lo cual terminó por desplazar a la antigua Ley del timbre decretada en 1887 que llegó a comprender el 96% del total de ingresos.
La introducción del IVA a México en 1978, derivó de las recomendaciones hechas por el economista polaco Nicolás Kaldor y por las fuertes presiones externas, tras la crisis financiera de los 70´s a causa de la deuda pública incontrolable. Su introducción fue considerada como una de las hazañas más trascendentes, tras eliminar el impuesto sobre ingresos mercantiles; un impuesto a las ventas con efecto de cascada, que simplificó 25 impuestos federales y 300 impuestos estatales en uno solo. En su aparición en 1980, contó con actos exentos, una tasa fronteriza de 6%, una tasa general de 10% y tasa de 0% para alimentos agrícolas y básicos.
Fundamento Constitucional y Sujetos del IVA
El fundamento constitucional para el establecimiento de tributos en México se encuentra en el artículo 31, fracción IV, el cual señala que es obligación de los mexicanos contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa, en la manera que los establezcan las leyes. El nacimiento de una obligación tributaria está sujeta generalmente al cumplimiento de una hipótesis establecida en una normativa tributaria, y en su devengo se genera una relación jurídica entre dos sujetos, uno con la calidad de acreedor del derecho generado, quien recibe el nombre de sujeto activo, y un segundo con el distintivo de sujeto pasivo, quien tiene la obligación de cumplir con el crédito fiscal.
De acuerdo con el artículo primero de la LIVA, se hace el señalamiento del sujeto obligado y señala los hechos imponibles que generan la obligación tributaria. No obstante, a pesar del señalamiento de las personas físicas y morales, esta normativa no señala realmente a los legítimos sujetos pasivos de la obligación tributaria, sino únicamente señala a sujetos responsables de la obligación. Lo cual genera deficiencias para cumplir con los principios constitucionales al establecer estímulos fiscales, exenciones y tasas al 0% a ciertos productos básicos o sectores económicos.
Por otro lado, la base imponible es uno de los elementos cuantificadores de la relación tributaria y esta dependerá de la naturaleza del mismo acto realizado. La cual, debe encontrarse inmersa en la propia normativa, y es la encarg...