La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT) es la norma fundamental que establece las reglas del juego en materia de impuestos en España. Esta ley es el eje central del ordenamiento tributario, donde se recogen sus principios esenciales y se regulan las relaciones entre la Administración tributaria y los contribuyentes. La LGT establece los principios y las normas jurídicas generales del sistema tributario español y es de aplicación a todas las Administraciones tributarias.
Los principales objetivos que pretende conseguir la Ley General Tributaria son: reforzar las garantías de los contribuyentes y la seguridad jurídica, impulsar la unificación de criterios en la actuación administrativa, posibilitar la utilización de las nuevas tecnologías y modernizar los procedimientos tributarios, establecer mecanismos que refuercen la lucha contra el fraude, el control tributario y el cobro de las deudas tributarias y disminuir los niveles actuales de litigiosidad en materia tributaria.
Se aplica en todo el territorio español, sin perjuicio de los convenios de concierto económico con Navarra y el País Vasco. La nueva Ley General Tributaria se adecua a las reglas de distribución de competencias que derivan de la Constitución Española.
Jerarquía Normativa del Sistema Tributario Español
Para situarnos en el marco de la regulación de los tributos en España, podemos imaginar una pirámide en la que los diferentes niveles son los siguientes:
- La Constitución: Se encuentra en la cúspide y establece, en su artículo 31, la obligación genérica de todos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad, que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio.
- La Ley General Tributaria (LGT): Establece el marco legal de todo lo relativo a los tributos y contiene los principios esenciales y básicos que rigen en esta materia.
- Las leyes y reglamentos propios de cada tributo: Cada tributo se regula por su propia normativa, que suele ser una ley ordinaria y el reglamento que la desarrolla, profundizando en los detalles que la ley establece.
Principios de la Ordenación y Aplicación del Sistema Tributario
La ordenación del sistema tributario se basa en la capacidad económica de las personas obligadas a satisfacer los tributos y en los siguientes principios fundamentales:
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- Justicia.
- Generalidad.
- Igualdad.
- Progresividad.
- Equitativa distribución de la carga tributaria.
- No confiscatoriedad.
Definición y Clasificación de los Tributos
En contra de lo que sucedía con la anterior normativa, la Ley 58/2003 define por primera vez el concepto de tributo.
El artículo 2.1 de la LGT establece que "Los tributos son los ingresos públicos que consisten en prestaciones pecuniarias exigidas por una Administración pública como consecuencia de la realización del supuesto de hecho al que la ley vincula el deber de contribuir, con el fin primordial de obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos". Además de sufragar los gastos públicos, los tributos son instrumentos de política general y atienden a la realización de los principios y fines contenidos en la Constitución.
La propia LGT, en su artículo 2.2, establece que existen tres clases de tributos:
Clases de Tributos
| Clase de Tributo | Hecho Imponible | Ejemplo |
|---|---|---|
| Tasas | Utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de Derecho público que beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando no sean de solicitud voluntaria o no se presten por el sector privado. | Importe a pagar por pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) o por un vado en una cochera. |
| Contribuciones Especiales | Obtención por el obligado tributario de un beneficio o un aumento de valor de sus bienes, como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos. | Cantidades exigidas a propietarios de inmuebles por la peatonalización de una calle o la ampliación de una línea de autobús que beneficia su negocio. |
| Impuestos | Negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del contribuyente, exigidos sin contraprestación directa por parte de la Administración. | Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) al obtener ingresos, o Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) al realizar una compra. |
Potestad Tributaria
La potestad originaria para establecer tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley. Las demás entidades de derecho público podrán exigir tributos cuando una ley así lo determine.
Contenido General de la Ley General Tributaria
El Título II de la LGT, "Los tributos", contiene disposiciones generales sobre la relación jurídico-tributaria y las diferentes obligaciones tributarias, así como normas relativas a los obligados tributarios, a sus derechos y garantías, y a las obligaciones y deberes de los entes públicos. Se definen y clasifican las obligaciones, materiales y formales, que pueden surgir de la relación jurídico-tributaria.
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Asimismo, la LGT regula las pautas a cumplir en lo relativo a la creación, aplicación e interpretación de las normas tributarias. También establece los distintos elementos que configuran la obligación tributaria (sujeto pasivo, hecho imponible, deuda tributaria, responsabilidad, formas de pago, etc.), los procedimientos administrativos en esta materia (gestión, inspección, recaudación) y las infracciones y sanciones tributarias.
Obligaciones Tributarias Formales
Las obligaciones tributarias formales son aquellas que, sin tener carácter pecuniario, son impuestas por la normativa tributaria o aduanera a los obligados tributarios, deudores o no del tributo, y cuyo cumplimiento está relacionado con el desarrollo de actuaciones o procedimientos tributarios o aduaneros. Además de otras que puedan establecerse legalmente, los obligados tributarios deberán cumplir las siguientes:
- La obligación de presentar declaraciones censales por las personas o entidades que desarrollen o vayan a desarrollar en territorio español actividades u operaciones empresariales y profesionales o satisfagan rendimientos sujetos a retención.
- La obligación de solicitar y utilizar el número de identificación fiscal en sus relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria.
- La obligación de presentar declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones.
- La obligación de llevar y conservar libros de contabilidad y registros, así como los programas, ficheros y archivos informáticos que les sirvan de soporte y los sistemas de codificación utilizados que permitan la interpretación de los datos.
- La obligación de expedir y entregar facturas o documentos sustitutivos y conservar las facturas, documentos y justificantes que tengan relación con sus obligaciones tributarias.
- La obligación de aportar a la Administración tributaria libros, registros, documentos o información que el obligado tributario deba conservar, a requerimiento de la Administración o en declaraciones periódicas.
- La obligación de facilitar la práctica de inspecciones y comprobaciones administrativas.
- La obligación de entregar un certificado de las retenciones o ingresos a cuenta practicados a los obligados tributarios perceptores de las rentas sujetas a retención o ingreso a cuenta.
- Las obligaciones de esta naturaleza que establezca la normativa aduanera.
- La obligación, por parte de los productores, comercializadores y usuarios, de que los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos contables, de facturación o de gestión garanticen la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros.
La Administración Tributaria
El artículo 5 de la LGT define la Administración Tributaria como el conjunto de órganos y entidades de derecho público que desarrollan las funciones de aplicación de los tributos, de imposición de sanciones tributarias y de revisión, en vía administrativa, de actos en materia tributaria. Esto incluye órganos centrales del Ministerio de Hacienda, como la Dirección General de Tributos (DGT), y los tribunales económico-administrativos, entre otros.
La LGT también establece diferentes mecanismos de revisión para que los contribuyentes puedan recurrir las decisiones de la Agencia Tributaria, como el recurso de reposición y la reclamación económico-administrativa, garantizando así los derechos de los ciudadanos.
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