Perú ha vivido una ola de manifestaciones desde que el pasado 7 de diciembre el Congreso decidiera destituir al entonces presidente Pedro Castillo, luego de que este anunciara en televisión que disolvería el Parlamento e instauraría un gobierno de emergencia que gobernaría por decreto. Desde entonces, Perú ha estado sacudido por fuertes protestas, que tuvieron una breve tregua durante los días festivos de diciembre, protagonizadas por los seguidores de Castillo, que exigen su liberación, el cierre del Congreso, la convocatoria a nuevas elecciones y la renuncia de Boluarte, así como algunos cambios a la Constitución. En 12 meses, el panorama no solo político, sino también penal de la presidenta del Perú, Dina Boluarte, ha enfrentado múltiples controversias y acusaciones, las cuales incluyen el presunto tráfico de influencias, encubrimiento, cohecho, irregularidades laborales y financiamiento ilícito.
Investigaciones por las Muertes en Protestas
Las manifestaciones callejeras han derivado en fuertes choques con las fuerzas del orden público. El día más violento -por número de víctimas- fue este lunes, cuando en las protestas en el departamento de Puno perdieron la vida 18 personas y resultaron heridos 68 civiles y 75 policías. En respuesta a esta situación, el gobierno decretó un toque de queda por tres días en esa región del país. El lunes por la noche, el primer ministro, Alberto Otárola, lamentó las muertes ocurridas en Puno, pero resaltó que unos 2.000 manifestantes intentaron tomar el aeropuerto de Juliaca, para lo cual atacaron a la policía y a las Fuerzas Armadas. "Fue un ataque organizado, sistemático, de vandalismo y de actividades violentas contra instituciones de Puno", señaló. Este martes, en un discurso ante el Congreso, el alto funcionario dijo que el gobierno no se opone a las protestas, pero indicó que el Estado tiene la obligación de salvaguardar el orden público.
La Indagación Preliminar contra Dina Boluarte y su Gabinete
El Ministerio Público de Perú abrió una investigación preliminar contra la presidenta del país, Dina Boluarte, por los presuntos delitos de "genocidio, homicidio calificado y lesiones graves" por las muertes ocurridas durante las protestas de las últimas semanas. La indagación también afecta al primer ministro, Alberto Otárola, así como a los ministros de Interior y Defensa, Víctor Rojas y Jorge Chávez, respectivamente. El segundo caso emblemático de acusación constitucional contra la presidenta Dina Boluarte que no logró prosperar en el Congreso, pese a la contundencia de las responsabilidades, se relaciona con las muertes ocurridas durante las protestas contra su gobierno. Las consecuencias directas de no admitir a trámite esta investigación por homicidio calificado, genocidio y lesiones graves impactan con el desarrollo de las investigaciones por las muertes en protestas contra Boluarte.
Obstáculos en las Investigaciones y la Ley de Amnistía
Estos hechos se enmarcan en un contexto preocupante en el que, desde el Ejecutivo, ya se han desplegado acciones para garantizar lo opuesto al cumplimiento de penas en temas de crímenes de lesa humanidad, tras la aprobación de una nueva ley de Amnistía que prescribe los crímenes de lesa humanidad perpetrados desde antes del 2002. En un pronunciamiento conjunto con el Congreso, el Ejecutivo mostró una posición en la que desconocía las muertes perpetradas por efectivos militares durante el periodo del Conflicto Armado Interno. La preocupación central radica en que ciertas acciones y leyes, como la recientemente promulgada Ley de Amnistía, podrían promover la impunidad de crímenes cometidos durante las últimas manifestaciones de diciembre del 2022 y enero del 2023. Según la fiscal Elizabeth Quispe, vocera de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público, “La preocupación rectoral es que el mensaje que enviamos con esta Ley de Amnistía es de impunidad. Las muertes y las violaciones de derechos humanos durante las protestas pueden quedar sin respuesta judicial adecuada”.
Amnistía Internacional documentó 25 de las 49 muertes en protestas ocurridas entre diciembre 2022 y febrero 2023 y concluyó que al menos 20 de ellas podrían considerarse ejecuciones extrajudiciales, consideradas crímenes bajo el derecho internacional, y que todas ellas deben ser investigadas como tales. El último informe revelado por Amnistía internacional refiere que, teniendo en cuenta el último antecedente de Alberto Fujimori -un gobernante implicado en asesinatos a ciudadanos en situaciones de alta conflictividad social- la responsabilidad penal que recaería contra la jefa de Estado es la de autora mediata de crímenes de lesa humanidad. Además, el ejército y la policía han seguido sin cooperar con la Fiscalía, lo que ha dado lugar a obstáculos que los fiscales aún tienen que superar. Los registros sobre armas y munición siguen incompletos, en parte debido a que la Fiscalía no incautó las armas y las pruebas balísticas con prontitud después de que ocurrieran los hechos; esto también debido a la falta de cooperación del ejército y la policía.
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El Caso Rolex y Otras Acusaciones de Corrupción
En el marco del caso conocido como “Rolex”, que ha sido uno de los más mediáticos y polémicos en el mandato de la presidenta Dina Boluarte, es importante conocer que consta de dos partes, la acusación de cohecho pasivo impropio y una investigación por enriquecimiento ilícito. Es por el primer hecho, que la Fiscalía de la Nación emitió una primera denuncia constitucional. Para el abogado penalista Andy Carrión, desde el punto de vista jurídico, la acusación se justifica porque la Fiscalía ha recopilado pruebas suficientes en una fase preliminar.
El Caso Rolex: Cohecho y Enriquecimiento Ilícito
El último jueves 18 de julio, el Congreso de la República aprobó admitir a trámite la denuncia constitucional por el caso Rolex en el caso que implica directamente el delito de cohecho, es decir, la existencia de un presunto soborno. Esta acusación deberá seguir su respectivo proceso en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Aquí entra en juego una dimensión política, pues, según lo precisado por Carrión, constitucionalmente, no se puede acusar a un presidente en funciones, quien precisa que, según el precedente de Pedro Castillo, la Fiscalía puede iniciar una investigación preliminar, pero no formular una acusación hasta que el presidente culmine su mandato. Mientras que por el caso de enriquecimiento ilícito y omisión de declarar o de incorporar información en declaración jurada, la denuncia constitucional ante el Congreso queda pendiente pues este aspecto del caso es más complejo y aún está en proceso de investigación.
Vínculos con Nicanor Boluarte y Obstaculización a la Justicia
El caso Rolex vino acompañado con una serie de revelaciones relacionadas con el hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, quien es señalado por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP) como el líder de una organización criminal llamada ‘Los Waykis en la Sombra’. Estos hechos y los intentos de sancionar al equipo de la Diviac que protagonizó el allanamiento a su domicilio suscitaron el inicio de una nueva investigación por el presunto delito de encubrimiento, relacionados con la desactivación del equipo especial de la Diviac. Carrión critica la decisión de desactivar el equipo en el momento en que estaban investigando a figuras poderosas, incluidas personas cercanas a Boluarte: “La oportunidad ha hecho que precisamente se gatille esta investigación en contra de la Presidenta y del ex ministro también respecto a la desactivación del equipo especial de la Diviac”. Y en ese sentido, considera que “la investigación por obstrucción a la justicia sí tiene futuro”.
Otros Indicios de Corrupción
El presente escrito analiza los presuntos indicios de corrupción durante el primer año de Gobierno de la primera presidenta del Perú, Dina Boluarte. El ensayo presenta el análisis de 40 fuentes revisadas minuciosamente y aborda seis indicios de corrupción en la que estaría involucrada la exministra de Desarrollo e Inclusión y ahora mandataria como las presuntas cuentas bancarias, el financiamiento ilícito al partido Perú Libre, la denuncia constitucional de Patricia Benavides, el polémico pago millonario de EsSalud a la empresa Aionia, los 20 millones de presupuesto para el distrito de Nanchoc y los viajes millonarios al extranjero. El estudio de los presuntos indicios de corrupción en la que está ligada estrechamente Dina Boluarte muestra que sí, estaría cometiendo actos de corrupción que va en contra del patrimonio, del interés, de los bienes, de los activos, de la economía, de la ciudadanía y del Estado peruano.
A continuación, se presenta un resumen de las principales acusaciones:
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| Acusación | Delitos Implicados | Estado Actual |
|---|---|---|
| Muertes en Protestas | Genocidio, Homicidio Calificado, Lesiones Graves | Investigación preliminar, denuncia constitucional rechazada en Congreso. |
| Caso Rolex | Cohecho Pasivo Impropio, Enriquecimiento Ilícito | Acusación constitucional por cohecho admitida a trámite en Congreso. |
| Financiamiento Ilícito | Lavado de activos, organización criminal, financiamiento prohibido | Investigación fiscal en curso. |
| Caso Aionia | Irregularidades en pago millonario | Investigación fiscal en curso. |
| Caso Nanchoc | Presunto tráfico de influencias (Nicanor Boluarte) | Investigación fiscal en curso. |
| Viajes Millonarios | Cuestionamientos por gastos | Investigación fiscal en curso. |
Además, un hecho fehaciente se manifiesta en el Índice de Percepción de la Corrupción entre 2022 y 2023, donde hubo un aumento de un punto. Esto deja entrever que, durante el primer año de mandato de la presidenta, la corrupción en Perú ha aumentado y se acerca al nivel de muy corrupto.
El Papel del Ministerio Público y la Búsqueda de Justicia
El 27 de noviembre, la Fiscal de la Nación Patricia Benavides presentó una denuncia constitucional en contra de la presidenta Dina Boluarte y sus ministros, a tan solo unas horas de que fiscales acusaran a la misma fiscal Benavides de dirigir una red criminal de corrupción. En un informe anterior, se pudo llegar a la conclusión de que el principal motivo por el que otros casos en los que se investiga a Dina Boluarte no han avanzado tiene mucho que ver con la relación entre la entonces fiscal Patricia Benavides, quien fue destituida por su implicancia en la existencia de una presunta estructura criminal llamada “La fiscal y su cúpula de poder; y la jefa de Estado. Ahora, la salida de Benavides del cargo han puesto a la cabeza del Ministerio Público a un nuevo personaje, sobre el que el letrado muestra sus apreciaciones. Según Carrión, a pesar de las limitaciones de su mandato interino, el fiscal de la Nación interino Juan Carlos Villena Campana ha avanzado en investigaciones clave y “ha formulado también acusaciones en contra de Dina Boluarte. Eso es enfrentarse también al poder de turno y ha venido formulando acusaciones contra otros funcionarios”.
En cuanto a la segunda línea de investigación, el EFICAVIP, establecido al interior de la Fiscalía especializada en Derechos Humanos e interculturalidad con sede en la capital Lima, ha avanzado a lo largo del año con un equipo que ha crecido y que cuenta actualmente con 41 fiscales de distintos niveles en relación con las diferentes regiones donde ocurrieron las protestas. Si bien este equipo ha logrado importantes avances, persisten serias deficiencias. Los abogados de las familias afectadas informaron a Amnistía Internacional que la Fiscalía realizó su primera visita al aeropuerto de Andahuaylas, lugar de la represión policial, ocho meses después de que se produjeran las muertes. Lo mismo ocurrió en la ciudad de Juliaca, en la región de Puno, donde 18 personas perdieron la vida durante la represión policial de las protestas el 9 de enero de 2023. Las familias y sus abogados denunciaron que los fiscales no realizaron una inspección adecuada del lugar de los hechos en el aeropuerto de Juliaca hasta octubre. Finalmente, la coordinación entre los equipos de fiscales que manejan los casos parece deficiente, lo que significa que importantes piezas de evidencia pueden haber sido analizadas por una sección de la investigación sin que esto haya sido compartido con otras áreas de la misma institución para avanzar hacia el objetivo común de descubrir la verdad. Tanto el caso Rolex como el caso de las muertes en protestas suponen dos investigaciones cruciales que pintan la imagen de la presidenta en distintos ámbitos y niveles. La crítica se traslada hacia el ámbito de las relaciones políticas internacionales, debido a la denuncia ante la Corte Penal Internacional presentada por la Asociación pro Derechos Humanos y la Federación Internacional por los Derechos Humanos.
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