De acuerdo con especialistas, en Aguascalientes los órganos que vigilan, fiscalizan e investigan casos de corrupción están tomados por el poder político que gobierna al estado. Por esa razón, explican, el alcalde de Asientos, José Manuel González Mota, podría no ser investigado -ni sancionado- por entregar cerca de 100 millones de pesos del presupuesto destinado a donaciones a sus propios funcionarios, la mitad del dinero en años electorales.
Este lunes, Poplab reveló que al menos desde 2016, González Mota implementó un sistema para entregar a sus propios funcionarios, e incluso a sí mismo, dinero destinado al presupuesto de donaciones, que tiene un objetivo de asistencia social. El alcalde, que lleva una década controlando políticamente ese municipio, busca la reelección este 2024 bajo las siglas del PRD, aliado político del PAN, de la gobernadora Teresa Jiménez, y del PRI. “Hay una simbiosis perversa en la que le permiten o le toleran enriquecerse y fortalecerse como cacique, y él a su vez contribuye con recursos y con votos”, considera Socorro Ramírez, analista política.
La cooptación de los órganos de vigilancia
En Aguascalientes, esos órganos están cooptados por el poder político:
- Órgano Superior de Fiscalización: Es conducido por Francisco Martín Muñoz Castillo, compadre de la gobernadora y cuyo hijo trabaja en el municipio capital, gobernado por el PAN.
- Instituto de Transparencia (ITEA): Los comisionados son militantes de Acción Nacional o han trabajado en administraciones panistas.
- Fiscalía del Estado: Ha sido señalada por su poca independencia frente al poder político.
Las irregularidades en Asientos, documentadas con información pública disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), ocurrieron bajo el cobijo del Congreso Estatal, dominado por el PAN, y encargado de aprobar las cuentas públicas del municipio. Además del actual presidente municipal, entre las filas de Morena también está Juan Luis Jasso Hernández, que gobernó a Asientos entre 2019 y 2021, y durante ese periodo entregó a sus funcionarios 20.9 millones de pesos del presupuesto destinado a donaciones.
Precedentes y procedimientos legislativos
La problemática sobre la designación de autoridades y la falta de transparencia en los procesos tiene antecedentes complejos. Por ejemplo, el día 11 de diciembre de 2008, el Presidente de la Comisión propuso que sólo se analizara la iniciativa de reforma al artículo 52 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, dejando las demás iniciativas pendientes. Inmediatamente después, el dictamen se aprobó sin tiempo suficiente para un análisis, consulta o debate amplio y profundo. El Congreso del Estado de Durango, como poder público constituido, se encuentra sujeto a normas de rango constitucional y legal, mismas que al ser violentadas afectan la validez de sus actos.
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El principio de legalidad, establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determina que todo acto debe de provenir de autoridad competente y estar fundado y motivado. En el apartado de CONSIDERANDOS, no se precisa el hecho o relación social que justifica la necesidad de establecer la atribución del Congreso para designar funcionarios, lo que contraviene la debida fundamentación y motivación del acto de autoridad.
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