En México, la desaparición como un recurso represivo tiene un largo historial ya que fue utilizado durante el proceso de consolidación autoritaria del país (Ovalle 2021; Robledo 2017). Desde hace cerca de 14 años, el país ha acumulado más de 80 000 desapariciones y 250 000 asesinatos (Belmont 2020). Una vez que ocurre la transición democrática, luego de que el PRI perdió la presidencia en el 2000 y la guerra es lanzada en 2007, las líneas que definían la desaparición se desdibujan, haciéndola un concepto más complejo que va más allá de los lindes estatales.
Frente a dicho escenario, las familias de las personas desaparecidas buscan a sus seres queridos tanto a través de mecanismos oficiales como fuera de ellos. Sin embargo, el papel que juega el Estado sigue siendo fundamental en el proceso. La situación se replica en miles de casos a lo largo de México, ya que el aparato estatal está saturado con todas las carpetas que siguen esperando una respuesta.
La Carpeta de Investigación: Entre la Esperanza y la Negligencia Burocrática
Las madres de personas desaparecidas invocan de manera constante la figura de la carpeta de investigación, un objeto que contiene la investigación a cargo de la Fiscalía Especializada. Este documento es un símbolo de la ausencia, una huella de la desaparición, y una encarnación material de la persona desaparecida. Según la activista Romina, “estamos presenciando la emersión de muchas instituciones, protocolos y de la carpeta de investigación. La carpeta es justo una de las mayores esperanzas que tenemos las víctimas” (entrevista a Romina, marzo de 2019).
La carpeta de investigación, como artefacto gráfico que guarda la promesa de justicia, es producida por el Estado y está definida por la violencia de la guerra contra las drogas en conjunto con un sistema burocrático. Sin embargo, las madres han resaltado la dificultad para tener acceso a una copia certificada, incluso cuando las familias tienen el derecho constitucional de solicitar una copia. Las carpetas llegan a tener un lugar central en la vida de los familiares de las víctimas. Un ejemplo de esto es Adriana, quien me compartió la noticia respecto a posibles recortes económicos en el presupuesto de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas. Adriana me contó que estaba ansiosa por su cita al día siguiente en la Fiscalía Especializada, luego de varias trabas burocráticas por fin le entregarían las copias certificadas de su carpeta de investigación. La noticia fue también escuchada por las mujeres a nuestro alrededor, y de pronto, Luisa exclamó: “Por fin Adriana, todo ha valido la pena”.
La carpeta, según el testimonio de Nora, está enmarcada por una dicotomía entre la incertidumbre y la esperanza condicionada por el “si” como una condicional empleada para demostrar las expectativas que se desprenden de este artefacto. Consideramos que la carpeta de investigación es un artefacto gráfico del Estado cargado de potentes significados e interpretaciones, y es un fragmento de la violencia masiva de la guerra.
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A pesar de su importancia, la accesibilidad a estos documentos es a menudo negada. Debido a la negación de los agentes para entregar este “artefacto gráfico”, las madres suelen acudir a organizaciones no gubernamentales, cuyos integrantes acompañan a estas mujeres a las agencias del ministerio público para ejercer presión ante los agentes al invocar puntos específicos del artículo 19 constitucional, que avala a las familias como coadyuvantes de la investigación. Este proceso se complica fuera de las ciudades, en donde la presencia de las organizaciones tiende a ser baja y en ocasiones existe un panorama más complicado al compactarse la violencia en una zona geográfica reducida.
Casos de Abandono y Revictimización por Parte de las Autoridades
Las madres y familiares de personas desaparecidas con frecuencia denuncian la inacción y negligencia de las fiscalías. Un caso ilustrativo es el de Alejandrina, madre de Juan Alejandro Polanco Pinales, secuestrado y desaparecido el 4 de noviembre de 2020 en Matamoros, Tamaulipas, cuando tenía 33 años. Por temor, siete meses después, su madre, Alejandrina, promovió una denuncia penal en un ministerio público de Ciudad Victoria. “Con los amparos para que no desaparezcan de la lista de desaparecidos a nuestros familiares, hay una licenciada que nos asesora, entonces nos manda aquí al edificio del Poder Judicial. Vine yo, y me llegó otra notificación anoche (21 de diciembre), y ahí es donde yo me entero de que mi hijo no está en la lista de los desaparecidos. Cómo no va a estar en lista; mi hijo no aparece.” Ella resume: “Para el país, mi hijo no está desaparecido, y para sus hijos y para su madre, sí”. Cuando cuestionó al personal de la fiscalía estatal que elaboró la ficha de búsqueda, le contestaron que haberla hecho no significaba que su hijo estuviera registrado, y en la fiscalía antisecuestros responsabilizaron a la dirección de víctimas. Alejandrina cuestiona: “¿Entonces, ¿quién lo va a registrar? Y hasta después de tres años yo enterarme de esto; si está uno con el dolor que no duerme, te estás acabando ya en vida, está uno muerto en vida, y luego que salgan con esto…. ¿Entonces si encontraron un cuerpo por ahí, si encontraron algo, mi hijo qué…? Como no lo están buscando, entonces va a la fosa común. “¿Qué no va una cosa con otra, o qué? ¿No hay información, no se reúne la misma información, no va todo donde mismo?”, cuestiona." Insiste en que no se explica dónde está el error; luego, ella misma responde: “El error es que las autoridades no trabajan.”
Otro testimonio es el de Esther, cuya hija desapareció en 2003 en Tijuana, hace casi 21 años, cuando tenía 16. Ella relata la frustración de buscar sola durante años: “Te hacen sentir culpable de lo que está pasando y no saben ni siquiera cómo tratar a la gente, son groseros, déspotas y prepotentes”. En el Centro de Atención de Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA) “únicamente la hacían esperar y la cambiaban de agente con frecuencia. Cada vez, era empezar de nuevo”. Esther pudo acceder a un expediente en 2016 y le pareció una burla, dándose cuenta de que no la buscaban. Tras 18 años sin que ninguna autoridad encontrara indicios de su hija, fue la propia familia la que encontró un dato en una base de datos de Liconsa en Rosamorada, Nayarit. Esther afirma: “Si nosotros no les hubiéramos dicho lo que había encontrado Valeria, ellos no hubieran sabido dónde estaba. Todo fue gracias a lo que nosotros encontramos, que fue por lo que ellos se movieron.” Concluye con desesperación: “No ha cambiado en nada la fiscalía. Son más jóvenes y todo lo que tú quieras, y son diferentes caras, pero es el mismo método. No se interesan.” Tras su experiencia, lo único que espera ahora de las autoridades es que busquen de verdad, que hagan su trabajo y hagan bien las cuentas. “Que digan la verdad, ¿cuántos desaparecidos hay en cada estado?”
Esta situación se repite en diversas regiones. Mientras la Fiscalía General del Estado presume áreas especializadas para atender la crisis de desapariciones, madres y familiares de personas desaparecidas en Escárcega y Candelaria denunciaron que los verdaderos avances en sus casos no han llegado de las autoridades, sino de colectivos de búsqueda. Guadalupe Hernández Domínguez, quien busca a su hermano Abraham Reynoso Ustrilla desde hace cinco años, relata que “durante todo este tiempo la Fiscalía les ha dado largas sin ofrecer resultados”. Asegura que “las autoridades les han dicho que cuentan con pruebas e incluso información sobre los responsables de la desaparición, pero que hasta ahora no han actuado”. La situación no es distinta para la madre de Jimena Grafira Echavarría Carmona, desaparecida desde agosto de 2025 cuando tenía 16 años. También denunció que, pese a haber proporcionado información clave, la Fiscalía no le ha dado resultados concretos, siendo los colectivos ciudadanos quienes impulsan los avances.
En este contexto de ineficiencia y corrupción, como señala Nora, “si el gobierno condujera las investigaciones de manera adecuada, cientos de nuestros desaparecidos estarían hoy en casa. Si tan solo no hubiera corrupción y desprecio a las familias” (entrevista a Nora, abril de 2019, énfasis del autor).
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La Fuerza de los Colectivos de Búsqueda y la Sociedad Civil
Desde que comenzó la guerra contra las drogas, colectivos formados por familias y organizaciones no gubernamentales han arrojado luz sobre la ola de violaciones a los derechos humanos, la impunidad y la falta de información sobre las consecuencias de la estrategia de seguridad a raíz de la militarización del país. Las familias, acompañadas por organizaciones que fungen como aliadas, han conducido la discusión respecto a la necesidad de crear leyes e instituciones cuyo fin sea el acceder a la justicia.
La sociedad civil juega un rol crucial. Las denunciantes de Escárcega y Candelaria reconocieron públicamente el apoyo de los colectivos “Madres Buscadoras de Fernanda Cayetana” y “Buscando por Amor”, cuyos integrantes, afirmaron, les abrieron puertas que la propia Fiscalía mantenía cerradas. Una madre que busca a sus dos hijos desaparecidos desde el pasado 16 de abril señaló que fue gracias a estas organizaciones que pudo aportar información a la investigación y lograr que se realizaran pruebas de ADN.
A estas mujeres que celebraban la entrega de un documento, llegué a conocerlas gracias a mi relación con una organización no gubernamental que acompaña los procesos burocráticos de madres y familiares de personas desaparecidas. Romina, una renombrada activista, observa que “algo es distinto ahora. Hay más acceso a la información, hay más colectivos, más medios prestando atención a las desapariciones. Hay menos silencio, y los políticos intentan mostrar una cara democrática a las víctimas” (entrevista a Romina, marzo de 2019). Esta colaboración es vital, especialmente cuando las autoridades no trabajan y dejan a las familias en la desesperada tarea de buscar a sus seres queridos por sí mismas.
Estadísticas de la Desaparición en México
La magnitud de la crisis de desapariciones en México es abrumadora, con cifras que reflejan tanto la tragedia humana como la ineficiencia estatal en la gestión y resolución de estos casos.
| Categoría | Cantidad | Fuente/Contexto |
|---|---|---|
| Personas desaparecidas (acumuladas en 14 años) | Más de 80,000 | Belmont 2020 |
| Asesinatos (acumulados en 14 años) | 250,000 | Belmont 2020 |
| Registros "sin indicios para la búsqueda" | Al menos 36,000 | Censo reciente de diciembre, familias llamadas a completar información |
| Registros "sin datos suficientes para identificar a la persona" | 26,000 | Censo reciente de diciembre, familias llamadas a completar información |
Estos datos evidencian la enorme tarea pendiente por parte del Estado y la carga desproporcionada que recae sobre las familias en la búsqueda de sus seres queridos.
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