La situación de los derechos civiles y políticos en Venezuela bajo el mandato de Nicolás Maduro ha generado numerosos debates internacionales. Durante años, el país ha enfrentado una grave crisis social, económica y política, marcada por el aumento de la delincuencia, la represión sistemática y el deterioro de las garantías fundamentales. Los números, fríos e implacables, documentan una de las mayores catástrofes humanitarias que ha vivido la región en tiempos de paz.
Letalidad policial y militar
Uno de los aspectos más críticos es la tendencia al incremento de las muertes a manos de las fuerzas de seguridad del Estado, frecuentemente invisibilizadas bajo la etiqueta de «resistencia a la autoridad». Según cifras oficiales proporcionadas a la ACNUDH, en 2018 el 33% de los homicidios ocurridos en el país fueron consecuencia de la intervención de la fuerza pública. Se estima que, entre 2010 y 2018, fallecieron a manos de los organismos de seguridad unas 23.688 personas. Las Naciones Unidas han reportado más de 9.000 ejecuciones extrajudiciales entre 2013 y 2023 durante las «operaciones de liberación del pueblo» contra presuntas organizaciones criminales, con una alta letalidad enfocada en barrios populares.
Comparativa de letalidad policial (tasas por cada 100.000 habitantes)
- El Salvador: 5,2
- Jamaica: 4,1
- Brasil: 2,0
- Suráfrica: 0,6
- Venezuela (promedio últimos años): 16 - 19
Violencia política y represión en manifestaciones
Las calles venezolanas se tiñeron de sangre de forma recurrente durante el gobierno de Maduro. El total supera las 300 víctimas mortales en manifestaciones durante sus 12 años de gestión. El año más sangriento fue 2017, cuando entre abril y julio murieron entre 127 y 157 personas. Un panel de expertos independientes designado por la Organización de Estados Americanos concluyó en 2018 que existían fundamentos razonables para determinar que se cometieron crímenes de lesa humanidad en Venezuela durante las protestas de 2014 y 2017.
El ciclo de violencia se repitió en 2024, tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, donde Provea documentó 25 personas asesinadas en apenas cuatro días de protestas. La represión había alcanzado una nueva dimensión de violencia, con una letalidad inédita.
Presos políticos y control social
Si las calles fueron el escenario de la represión visible, las cárceles se convirtieron en el instrumento de control invisible. Desde 2014, el Foro Penal ha documentado 18.612 detenciones por motivos políticos. A finales de 2025, cientos de personas permanecían privadas de libertad, muchas de ellas bajo cargos infundados e imprecisos tales como “terrorismo” o “traición a la patria”.
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La instrumentalización del Ministerio Público como órgano de persecución política y del poder judicial como brazo ejecutor fue clave en la implementación de la política de represión del gobierno contra la disidencia. Además, el régimen utilizó la censura sistemática, el cierre de medios de comunicación y el exilio forzado para silenciar las críticas. El éxodo de 7,9 millones de venezolanos -la segunda mayor crisis migratoria del mundo contemporáneo- es, quizás, la cifra que mejor resume la magnitud de la crisis humanitaria provocada por la gestión de Maduro.
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