Monografía Completa de Contabilidad: Ejemplos Clave para una Gestión Ambiental Efectivapost-template-default single single-post postid-46 single-format-standard et_pb_button_helper_class et_fixed_nav et_show_nav et_secondary_nav_enabled et_primary_nav_dropdown_animation_fade et_secondary_nav_dropdown_animation_fade et_header_style_left et_pb_footer_columns4 et_cover_background et_pb_gutter et_pb_gutters3 et_right_sidebar et_divi_theme et-db
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Hoy en día es una realidad la degradación progresiva que sufre nuestro entorno. Existe una gran incertidumbre sobre la importancia y las consecuencias a largo plazo del deterioro del suelo, de los problemas ambientales, de la contaminación del aire y el agua, de la diversidad biológica, de los cambios climáticos, del manejo de desechos tóxicos, de los daños a la capa de ozono, entre otros. Explican Jiménez y Lamo (1998) que los efectos negativos que afectan al ambiente no se aprecian inmediatamente, se agravan sólo a lo largo de los años. No se le presta atención a los problemas, hasta que se crea una situación irreversible o cuando el costo es demasiado elevado.

El ambiente se puede definir como un sistema integrado por un conjunto dinámico de todos los elementos, objetos y seres vivos presentes en un lugar. “Todos los organismos viven en medio de otros organismos vivos, objetos inanimados y elementos, sometidos a diversas influencias y acontecimientos. Este conjunto constituye su medio ambiente “(FAO, 2017). Los problemas ambientales constituyen la base del análisis económico, y por ende se constituyen en el fundamento de la contabilidad para la gestión ambiental en las empresas, tema del manual que se encuentra en desarrollo.

Según Sandia, Cabeza, Arandia y Bianchi (s/f), plantean que el ambiente es un bien de capital natural, cuyo periodo de duración es normalmente superior al de una generación humana actual, y que por tal razón, no debe pensarse sólo en explotarlo, sino obtener de él, el máximo valor agregado sin afectar el stock en existencia. Igualmente, manifiestan los autores anteriores, que la situación del deterioro ambiental comienza a alertarse en los países en desarrollo, a principios de los años setenta, hasta hoy, las manifestaciones más importantes se han tenido en los países en desarrollo.

Poca atención se le ha prestado a los cambios substanciales que tales procesos implican en la degradación de los componentes ecológicos del ambiente y en los aspectos de orden social y cultural, cuyas consecuencias palpables se manifiestan en la pérdida del patrimonio ambiental y en la marginalidad, la violencia, la inequidad y la pobreza. Ante este escenario, los investigadores del área económica y contable han considerado (…) “valorar la necesidad de incluir en su ámbito la relación simbiótica del ser humano con su medio ambiente” (Palacios, s/f: 25). Sin embargo, señala Fernández (2004) que las manifestaciones en el área contable se inician en 1987.

En este sentido, García (2014) le dio especial relevancia a los costos ecológicos o costos ambientales, los cuales se refieren, que éstos son costos por eliminar los efectos contaminantes debido a los gases, humo, ruido, descargas residuales, desechos sólidos o líquidos, etcétera, que se desprenden de un proceso de producción de la planta fabril, así como también de convertir los productos terminados que no dañen el medio ambiente.

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Actualmente, la práctica empresarial es diferente y se ve influenciada por acciones políticas, sociales, religiosas, culturales, geográficas, ambientales, entre otras, “tan dispares son que pueden invalidar cualquier razonamiento lógico perfecto” (Mallo, Kaplan, Meljem y Giménez, 2000: 8). En el caso ambiental, las empresas se resisten a responder a las exigencias sociales por una mejor calidad ambiental, es decir, las empresas reaccionan de distinta manera ante la creciente importancia que la sociedad dispensa a las consecuencias que sobre el medio ambiente tiene su actividad, y ante las iniciativas de minimizar sus aspectos más negativos.

Por ello, Blanco (2006) considera que existen múltiples razones que avalan la necesidad de esta gestión y la responsabilidad social de las empresas en la protección del medio ambiente, esta responsabilidad puede ser básica (cumplimiento de las normas que exija la sociedad), organizacional (relaciones con todos los afectados por la actividad económica) y social (relaciones con otras fuerzas sociales), logrando desempeñar en esta materia un papel activo, que implique un compromiso de mejora continua y razonable de su actuación ambiental, reflejando sus costos en la información financiera.

Por tanto, se podría decir que la relación de la contabilidad con la gestión ambiental, tiene sus raíces en el concepto de contabilidad, tal como lo establece Fernández (2004), al determinar que el objeto de estudio de la contabilidad es la realidad socio-económica, en su situación pasada, presente y futura, de cualquier organización o unidad económica: empresas, organismos del sector público, entidades sin ánimo de lucro, nación, entre otros, lo que implica que se apoya en metodologías propias que permitan captar, medir, valorar, representar e interpretar esa realidad.

Como lo expresa Fernández (2004) y Quintero (2016), la contabilidad de la gestión ambiental nace por la necesidad de evaluar, cuantificar, registrar e informar los daños causados al medio ambiente por la actividad económica, así como las acciones preventivas y correctivas necesarias para evitarlas, el objetivo final de esta contabilidad es proporcionar una base para la definición de políticas públicas, destinadas a orientar a los países del mundo hacia patrones deseados de crecimiento y desarrollo sostenible.

Este objetivo de incluir la variable ambiental en los registros contables, presentan algunas dificultades, tales como: asignar costos ambientales en los procesos productivos; actualizar los valores futuros ambientales, la estimación de las responsabilidades ambientales; el suministrar datos que pueden ser usados por la competencia, etc.

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La contabilidad de la gestión ambiental está vinculada con las políticas ambientales suscritas en cada país, su fin es aportar información que permita visualizar las obligaciones y los compromisos que adquieren las empresas con el ambiente, permitiendo disminuir o eliminar los efectos negativos que causan a los recursos naturales producto de sus operaciones. En este sentido, las entidades deben apegarse a la legislación ambiental vigente, la cual tiene por objeto la protección del ambiente y la conservación de los recursos naturales.

En Venezuela el marco jurídico ambiental es amplio, y contempla un conglomerado de acuerdos internacionales, leyes y normas que regulan la gestión de los recursos naturales, y tienen como objetivo lograr la sostenibilidad del ambiente para las futuras generaciones.Estos tratados se crearon con el fin de que todos los países participantes sean responsables de la gestión ambiental, de forma tal que las generaciones futuras puedan disfrutar de los beneficios que genera la naturaleza en el planeta, y a su vez garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo de la vida humana en el mundo.

En la declaración de Estocolmo se ratifica que es una necesidad para los ciudadanos y un deber para los gobiernos coadyuvar a la protección del ambiente. (CNUMAD, 1972). Por su parte, en la conferencia de Río de Janeiro de 2012, los Estados participantes reafirman el compromiso de asumir el desarrollo sostenible y la promoción de un futuro económico, social y ambientalmente sostenible. (CNUMAD, 2012).

En Venezuela los derechos y los deberes ambientales están consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela publicada en Gaceta Oficial Nº 5.453 de fecha 24 de marzo de 1999. La Constitución expone en los artículos 127, 128 y 129 las bases prioritarias que fomentan el desarrollo de las políticas ambientales tendientes a mantener el equilibrio entre la naturaleza y las actividades sociales, culturales, económicas y políticas del país, con el objeto de propiciar un desarrollo integral que tenga como fundamento la sustentabilidad de la naturaleza.

Al respecto, De Lisio (2011), señala que con la Constitución el país asume un nuevo proyecto, donde el equilibrio ecológico y los bienes ambientales jurídicos forman parte de un patrimonio común e irrenunciable de la humanidad, asimismo, se asume el desarrollo sustentable como una guía de acción para el Estado Venezolano. En este sentido, quedan delimitadas las políticas en el marco del desarrollo sustentable, las cuales están contempladas en el plan de la patria 2013-2019.

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Ahora bien, en el contexto institucional el órgano rector de la gestión ambiental es el Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas, el cual tiene como misión: construir e impulsar el modelo económico productivo eco socialista, basado en una relación armónica entre el hombre y la naturaleza, que garantice el uso y aprovechamiento racional, óptimo y sostenible de los recursos naturales, respetando los procesos y ciclos de la naturaleza.

En otro orden de ideas, las entidades económicas están regidas por una serie de leyes, reglamentos y normas tanto de carácter legal como de carácter profesional para el registro de las operaciones financieras. Por consiguiente, tomando en consideración que la contabilidad de la gestión ambiental forma parte de la contabilidad financiera de las empresas, estas leyes y normas están directamente vinculadas a la contabilidad ambiental.

En este sentido, las normas profesionales para el ejercicio de la contaduría pública son emitidas por la Federación del Colegio de Contadores Públicos de Venezuela (FCCPV), el cual a través de los Boletines de aplicación establece los lineamientos contables para el registro y la presentación de la información financiera. Por otra parte la FCCPV (2017), en el Boletín de Aplicación (BA VEN-NIIF Nº 8) Versión 0, establece los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Venezuela, y expone la normativa contable vigente, especificando que para las pequeñas entidades se aplicará la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para la PYME) versión 2015, mientras que para las grandes entidades se aplicarán las NIIF completas.

De estos principios contables los que se relacionan con el registro de la contabilidad ambiental son la sección Nº 21 de las NIIF PYME versión 2015, y la NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes, versión 2016 (FCCPV, 2017). La Norma Internacional de Contabilidad 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes (IASB, 2016), comprende los lineamientos contables para el registro, el reconocimiento y la medición de las provisiones, los activos contingentes y los pasivos contingentes que se generen en el transcurso de las operaciones de una entidad económica.

En el párrafo 10 la norma define la provisión como “un pasivo en el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento”. Es decir, es una obligación contraída por la entidad sobre la cual no existe certeza ni de su representación económica, así como tampoco del período en el cual debe cancelarse dicha obligación. Cabe resaltar que una provisión es un pasivo, y la norma define el pasivo como “una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos”. En este sentido, todo pasivo lleva implícito la cancelación de una obligación contraída por la entidad. En consonancia con lo anterior, la norma señala que “El suceso que da origen a la obligación es todo aquel suceso del que nace u... MONOGRAFÍA.

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