Un hombre de 35 años fue detenido en San Luis Potosí por retener ilegalmente a una menor de 13 años, quien había sido reportada como desaparecida desde el 11 de agosto. Agentes de la Policía de Investigación (PDI) realizaron la detención tras ser señalado por el robo de la menor, informó la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP).
De acuerdo con las autoridades, el sujeto identificado como Ángel N. retuvo a la adolescente durante varios días en una vivienda ubicada sobre la avenida Ricardo B. Anaya, en la capital potosina. La menor había sido reportada como desaparecida desde el 11 de agosto, luego de salir de su casa sin volver. Ante la situación, se activó una ficha de búsqueda. El individuo se negó a devolverla a sus padres, alegando que "ya estaban casados".
Tras la denuncia y las indagatorias correspondientes, la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos coordinó las acciones necesarias para ubicar a la menor y detener al presunto responsable. La víctima fue rescatada y puesta a salvo.
Proceso Legal y Consecuencias para el Detenido
Ángel N. fue vinculado a proceso luego de que el Ministerio Público presentara los elementos de prueba ante un juez de control. Enfrenta un proceso penal por su presunta responsabilidad en el delito de robo de infante, motivo por lo cual el juez determinó que deberá permanecer en prisión preventiva en el centro penitenciario de La Pila, durante un plazo de tres meses, tiempo en el que se llevarán a cabo las investigaciones complementarias.
| Delito Imputado | Medida Cautelar | Plazo de Investigación | Pena Máxima Estimada |
|---|---|---|---|
| Robo de infante | Prisión preventiva | 3 meses | Hasta 40 años de prisión |
En caso de que sea declarado culpable, el imputado podría enfrentar una pena de hasta 40 años de prisión, conforme a lo establecido en la legislación vigente.
Lea también: guía sobre impuestos subsidiados en política fiscal
Persistencia de Matrimonios Forzados y Violencia contra Menores en SLP
A pesar de los avances legales, en San Luis Potosí continúan registrándose casos de matrimonios forzados entre niñas y adultos, denunciaron organizaciones feministas durante la presentación de la Red Libres, una iniciativa que busca erradicar la violencia contra mujeres y niñas en el estado.
Fátima Alvizo, integrante de la asociación civil Lúminas A.C., señaló que este fenómeno se mantiene en la sombra debido a la falta de mecanismos efectivos de documentación, lo que impide conocer con precisión cuántos casos de uniones forzadas ocurren actualmente.
- Casi 4 de cada 10 mujeres, es decir, el 40 por ciento de las personas encuestadas en el diagnóstico, fueron obligadas a casarse o unirse antes de los 18 años. Esto ha perpetuado la violencia y el ciclo de exclusión, afirmó Alvizo.
- Las activistas recordaron que recientemente se conoció un caso ocurrido en el municipio de Matehuala, donde un hombre embarazó a una niña de 12 años, lo que evidencia que estas prácticas siguen ocurriendo en comunidades potosinas, muchas veces con la tolerancia o el silencio de su entorno.
Alvizo también destacó que la violencia o abuso durante la infancia y adolescencia sigue siendo una problemática grave.
Investigaciones sobre Explotación Sexual Infantil y sus Consecuencias
El problema de la explotación sexual de niños y niñas ha sido expuesto en diversas investigaciones, revelando redes complejas y la vinculación de figuras poderosas.
El caso de Lydia Cacho y su libro "Los Demonios del Edén"
En su libro "Los Demonios del Edén", la periodista Lydia Cacho denunció una red de explotación sexual de niños y niñas en la que estaban vinculados senadores, diputados, gobernadores y empresarios multimillonarios, y por otro lado, el lavado de dinero. En el libro, Cacho menciona a los empresarios Jean Succar Kuri y Kamel Nacif como responsables de esa red.
Lea también: Sacerdote acusado por el crimen de Hugo Leonardo Avendaño: hechos clave
Detención y Tortura de Lydia Cacho
Meses después de la publicación de su libro, en diciembre de ese año, Cacho fue detenida en Cancún, donde residía, por agentes de la Fiscalía de Puebla bajo acusaciones de difamación y calumnia. La demanda había sido interpuesta por Nacif. Según denunció la periodista, durante su traslado por tierra desde Cancún a Puebla fue sometida a torturas para intentar callarla y que desmintiera el contenido de su investigación.
"Fueron veinte horas de tortura en un viaje de 1.500 kilómetros en cinco estados de la República mexicana durante toda la noche y un día completos, rodeada con cinco judiciales armados, que me ponían el arma en la cabeza, proferían amenazas de muerte constantes, control de alimentos, en síntesis, tortura psicológica", relató Cacho. "Fue el evento más difícil de toda mi vida y yo creí que iba a perder la vida en ese momento. Me siento como una sobreviviente de la violencia de Estado". Cacho fue exonerada de las acusaciones en su contra en enero de 2006.
Un mes más tarde, salió a la luz una grabación de una conversación telefónica entre el entonces gobernador de Puebla, Mario Marín, y Nacif, en las que el funcionario afirmó que le había dado a Cacho un "pinche coscorrón" porque "en Puebla se respeta la ley". Fue entonces cuando la Suprema Corte de Justicia de México abrió la investigación del caso por tortura a la periodista. Sin embargo, esta se mantuvo años estancada y no fue hasta años después que se produjeron las primeras acciones penales. En julio de 2019, entraron en su casa, mataron a sus dos perros y le robaron material de trabajo, entre el que se encontraba información relacionada con un caso de pederastia.
Lea también: Todo lo que necesitas saber sobre el INPC y la inflación