La escasez de trabajos relacionados con el comercio y las políticas fiscales de la frontera entre Sonora, México, y Arizona, Estados Unidos, provoca la necesidad de profundizar en la presencia del Estado en las regiones a través de las aduanas. La consolidación de estas se realizó a través del proceso de institucionalización y la aplicación de normas fiscales al comercio exterior.
Es pertinente apuntar el carácter institucional a la aduana, pues su objetivo fue establecer límites en la interacción comercial transfronteriza para mejorar y proteger tanto la economía como la soberanía nacional a través de la recaudación fiscal (North, 2014; Samuelson, 1981). Respecto a este punto, Juan Pro (2010) señala que la extracción de recursos a través de la Hacienda Pública es parte de la legitimización en el proceso de construcción de los Estados.
Para Riguzzi (1999), el cambio institucional fue transicional, viéndose reflejado, principalmente, en el marco legal que reguló las actividades económicas. El autor señala ejemplos como el Código de Comercio de 1884, el cual fomentó el desarrollo de las instituciones de crédito y reguló la figura de las sociedades anónimas con participación limitada.
Las administraciones de Matías Romero (1877-1879 y 1892-1893), Manuel Dublán (1884-1891) y José Yves Limantour (1893-1911) en la Secretaría de Hacienda, trataron de conseguir el fortalecimiento del sistema fiscal. En particular, la administración de la Secretaría de Hacienda durante el gobierno de Porfirio Díaz (1880-1910) se caracterizó por el control e intervención del Estado, en función de salvar las dificultades, principalmente, de tipo económico y político (Quintanar, 2017, p. 25).
En el ámbito económico, las instituciones son las que definen y restringen la interacción humana, permiten la reducción de la incertidumbre e intervienen en la elección de los individuos, es decir, influyen en los procesos de producción y transacción. Debe considerarse también el influjo de los diversos factores culturales, políticos y sociales que determinan la eficiencia del marco institucional, como las crisis de diversa índole o prácticas culturales, entre muchas otras.
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Para Riguzzi (1999), el cambio institucional fue transicional, viéndose reflejado, principalmente, en el marco legal que reguló las actividades económicas. El autor señala ejemplos como el Código de Comercio de 1884, el cual fomentó el desarrollo de las instituciones de crédito y reguló la figura de las sociedades anónimas con participación limitada.
Es importante enfatizar que las acciones correspondientes al comercio se realizaban de forma bilateral. Un ejemplo son las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos a finales del siglo xix, en las que se puede identificar a los textiles estadunidenses como uno de los productos más impactados por las cargas fiscales -con el afán de proteger a la naciente industria mexicana de este ramo-.
Las condiciones geográficas de la frontera, aunadas a la debilidad del centro de México, provocaba que en las diferentes regiones del país se antepusieran los intereses locales a los de la federación, por lo que era común el incumplimiento de la ordenanza vigente. Así, en el ámbito local, una de las particularidades de la frontera sonorense a finales del siglo xix era la falta de industria, y su escasa presencia se relacionaba con el auge de la agricultura y la minería. Entonces, pese al carácter de fomento a la industria nacional que poseían algunas de las políticas comerciales porfiristas, en Sonora, ante la falta de esta actividad y su cercanía con Estados Unidos, su aspecto comercial más evidente era el recaudatorio.
La Ordenanza General de Aduanas de 1891 señala que los impuestos al comercio exterior tuvieron relación con las Aduanas Marítimas y Fronterizas, las Secciones Aduanales de Despacho, de Vigilancia, así como con la gendarmería fiscal; todas instituciones dependientes de la Secretaría de Hacienda (Labastida, 1899). Bajo la administración de Manuel Dublán y Lozano se nombró una comisión para evaluar el estado de las oficinas federales de Hacienda en las entidades federativas, en las que se consideró a las aduanas. Se concluyó que debía unificarse el sistema aduanal ‒en cuanto a sus operaciones y estadísticas‒ buscando homogeneidad en el sistema de registro, las unidades de medida y otros criterios. En la década siguiente se aplicaron dichas conclusiones a través de la reforma al arancel de 1891 y con la Ley de Organización de Aduanas de 1893.
Los incentivos incluían gratificaciones para los empleados que aprehendían productos de contrabando, al igual que para los ciudadanos que denunciaran. Regularmente, el proceso incluía el remate de los efectos; de la cantidad extraída de esta venta se cubrían los impuestos y el remanente se repartía entre empleados y denunciantes, la distribución dependía del número de personas implicadas en la aprehensión.
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Además de los impuestos de comercio exterior, existían las alcabalas que, en cuestiones comerciales, correspondían a administraciones estatales y tenían sus normas propias. Por ejemplo, en 1830 su cobro se realizaba cuando las mercancías se llevaban a un distinto suelo, es decir, cuando cruzaban los límites estatales; si un producto extranjero transitaba por varios estados, debía cubrir esta cuota en cada territorio (Sierra y Martínez, 1973, pp. 36-37).
En lo relativo al control fiscal del comercio exterior, la estructura de la Secretaría de Hacienda hacia 1896 incluía tres instancias: aduanas, renta del timbre y gendarmería fiscal. El proceso de importación de mercancías iniciaba en el extranjero, el interesado acudía a la embajada mexicana para solicitar y pagar una factura consular, firmada por el canciller y expedida con base en las notas de compra y el cotejo de las mercancías correspondientes. En esta parte del proceso, los empleados aduanales verificaban de diversas formas los productos y los comprobantes que los acompañaban.
Las acciones del proceso de importación de mercancías conforme a la ley no culminaban en la aduana, los interesados debían portar su documentación siempre que transportaran objetos extranjeros y así poder comprobar su legal introducción en cualquier momento. Ahora bien, se han identificado anomalías entre lo que determinaban las ordenanzas generales de las aduanas y las prácticas de los funcionarios de los recintos fiscales.
El límite territorial entre México y Estados Unidos se determinó en el siglo xix con base en dos tratados: el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que estableció en 1848 al Río Bravo como frontera noreste de México; y el Tratado de La Mesilla, que definió las coordenadas geográficas que marcarían el límite noroeste en 1853.
Luis G. Zorrilla (1981) identifica un largo proceso de demarcación de la línea divisoria entre México y Estados Unidos. Zorrilla refiere las 258 columnas que se colocaron para identificar los límites territoriales entre ambos países, las cuales fueron conocidas como monumentos. Las estructuras ‒algunas de basamento (véase figura 1)‒ se colocaron a lo largo de la frontera y la distancia que las separaba no era uniforme, podían estar incluso a más de 100 kilómetros una de la otra, como fue el caso entre la columna de Quitovaquita y la del río Colorado (St. John, 2011, p. 36). En total, la frontera norte del distrito de Altar, Sonora, contaba con once monumentos dispersos en 300 kilómetros, es decir, colocados entre el río Colorado y el Sásabe (Aguirre, 1889).
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En un territorio desértico, separado por grandes distancias entre localidades y centros de comercio, el tránsito por la zona fronteriza y el cruce de la línea invisible pronto formaron parte de la vida cotidiana de sus habitantes. Asimismo, Jorge Bustamante (1979) establece que las características de las regiones fronterizas no pueden limitarse a lo geográfico, sino que incluyen las relaciones que se producen a través de la frontera, las cuales marcan una diferencia en comparación con las del resto de su respectivo país. Se puede agregar que la línea internacional establece una dicotomía ilusoria, puesto que la división adquiere un carácter artificial al ser imposible eliminar los rasgos comunes locales.
En estos aspectos inherentes a las relaciones internacionales, que se desarrollaron a través de la línea divisoria, es donde se incluye el comercio transfronterizo (Sheridan, 1986); las fronteras, entonces, fungen como medio de control para esta actividad. Es aquí donde se puede identificar el carácter institucional de la aduana, pues su principal función es regular el proceso de la actividad comercial transfronteriza que incluye tanto la recaudación como los trámites (Piña, 2014).
De forma similar, John Blackburn (1993) describe que en el proceso de materialización de un límite nacional se producen relaciones de intercambio de diversa índole, mismas que llevan a acontecimientos como el surgimiento de tratados comerciales y la fundación de ciudades gemelas, entre otros. Para el análisis del espacio, Blackburn (1993, p. En cuanto a las relaciones comerciales, puede señalarse que este intercambio se debió a la presencia de economías desiguales contiguas.
Geográficamente, el estado de Sonora a finales del siglo xix se dividía políticamente en nueve distritos: Álamos, Guaymas, Sahuaripa, Hermosillo, Ures, Moctezuma, Arizpe, Altar y Magdalena. Al norte de la frontera, el territorio de Arizona se conformaba en 1889 por diez condados: Mohave, Yavapai, Apache, Yuma, Maricopa, Gila, Graham, Pinal, Cochise, Pima; diez años más tarde se dividió en trece y se anexaron los condados de Navajo, Coconino y Santa Cruz (Walker y Bufkin, 1979, p.
Así, la frontera que compartían Sonora y Arizona se estructuraba de la siguiente forma: el distrito de Altar colindaba al norte con los condados Yuma y Pima; el distrito de Magdalena con el condado Santa Cruz; y el distrito de Arizpe con el condado Cochise (véase mapa 1). Además de la cercanía, Sonora y Arizona compartían una baja densidad demográfica. Incluso, por esta característica, Arizona fue considerado como un territorio y no fue hasta el siglo xx que se le nombró como el 48° estado de la Unión Americana (Hernández, 1986, p. 359). En 1870 su mayor asentamiento era Tucson, con alrededor de 5 000 habitantes, aunque los territorios al sur de esta ciudad estaban casi despoblados, y aún en 1901 grandes extensiones de territorio en Arizona eran desérticas (véase mapa 1). Décadas después, en 1910, sus asentamientos más grandes estaban en las zonas de Tucson, Phoenix y Bisbee, con poblaciones aproximadas de 25 000 habitantes cada uno (Walker y Bufkin, 1979, p.
En Arizona, frente a la Aduana de Nogales, existía una pequeña ranchería a la que se le había nombrado Isaacson, en honor a Jacob Isaacson, el primer administrador de Correos del asentamiento. La llegada del ferrocarril también favoreció a esta pequeña población y propició su actividad comercial. En Arizona la situación era similar, para 1886 se contaban tres aduanas: Nogales (única frente a la línea), Tucson y Tombstone (Blackburn, 1993). El siguiente registro fue de la Aduana de Tombstone en 1890, una pequeña población ubicada varios kilómetros al norte de la línea fronteriza y con menos de 200 habitantes en 1870, pero que en 1910 rondaba los 5 000 habitantes (Walker y Bufkin, 1979, p. A finales del siglo xix, cercano a Tombstone se encontraba Bisbee, asentamiento que si bien no es considerado como una aduana en esta época, era una región de gran importancia cuprífera en el sur de Arizona; en su territorio se encontraba la Copper Queen Consolidated Mining Company (Granger, 1983), lo que pronto hizo sentir su relevancia, pues su población pasó de inexistente en 1870 a 25 000 habitantes en 1910 (Walker y Bufkin, 1979, p.
Así, mientras las normas fiscales internacionales complicaban la actividad comercial, las relaciones socioeconómicas entre Sonora y Arizona llegaron a ser tan estrechas que en la Ciudad de México se produjo cierta preocupación en cuanto a que la población de esta región se yanquificara (Tinker, 2010). De hecho, hubo casos de reciprocidad diplomática entre Sonora y Arizona, por ejemplo, el caso de Wiley Fitzgerald en 1890, un vaquero estadunidense que cruzó al lado mexicano en persecución de ganado que tenía a su cargo. Fitzgerald fue detenido, no obstante, algunos testigos manifestaron que era común e inevitable que, en el arreo y búsqueda de animales, los vaqueros de ambos lados cruzaran la frontera por no contarse con valla alguna, sin que esto representara un problema.
A partir del registro del contrabando y de las solicitudes de exenciones de impuestos, se puede concluir que los principales productos de importación y exportación eran los textiles y los minerales (oro y plata), respectivamente. En la frontera entre el distrito de Arizpe y el condado Cochise, la actividad principal en ambos lados era la minería, principalmente, la extracción de cobre. Arizpe destacaba a nivel nacional en su producción y esto no solo incrementó su población, sino que propició la llegada de las vías férreas a esa localidad.
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