Un día antes del último debate presidencial y cuando quedan pocas semanas para que los mexicanos elijan a su presidente, la campaña de Ricardo Anaya ha sufrido un golpe que está cerca de ser mortal, denunciado por presunto lavado de dinero y tráfico de influencias. El joven candidato de Por México al Frente era, hasta el momento, el único que había demostrado poder disputarle la victoria a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), candidato de Morena y líder indiscutible de todas las encuestas de intención de voto publicadas hasta la fecha.
La denuncia ha sido presentada ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el senador Ernesto Cordero, una acción legal que llega después de que se publicara un vídeo en varios medios de comunicación. En este vídeo, el empresario Juan Carlos Barreiro aseguraba haber donado dinero a la campaña de Anaya a cambio de favores recibidos cuando éste era diputado por el estado de Querétaro.
No ha sido hasta este lunes cuando la denuncia ha acaparado todos los titulares de prensa del país y ha amenazado con acabar prematuramente con la campaña de Anaya. Sobre todo, porque el ataque llega desde un sector de su propio partido, el PAN. El senador Cordero forma parte de ese grupo, contrario al candidato presidencial y cercano al ex presidente Felipe Calderón y a su mujer y ex candidata independiente Margarita Zavala, la cual renunció a sus aspiraciones electorales hace unas semanas. Esta guerra interna entre los dos sectores del partido amenaza ahora con liquidar las pocas esperanzas que el PAN tenía todavía de sentar en la butaca presidencial a uno de sus afiliados.
Tras presentar su denuncia, Cordero aseguró: «Lo que yo le estoy pidiendo al procurador son tres cosas: una, que tome en consideración para las investigaciones este vídeo donde se vincula sin ninguna ambigüedad a Ricardo Anaya en la red de lavado de dinero; que llame a declarar a los Barreiro y a Ricardo Anaya; y que pida a la autoridad financiera los estados de cuenta de los Anaya». También aprovechó para asegurar que en las próximas elecciones votará por el candidato priista Jose Antonio Meade, ya que: «Somos un partido de libertades y de gente honesta; lamentablemente, nuestro candidato no es una persona honesta. Yo creo que al final de cuentas al que deben expulsar del PAN es a Ricardo Anaya, quién entregó ideológicamente al partido y aparte es un deshonesto».
En su momento, cuando se conocieron los detalles del vídeo, Anaya se defendió al contraataque asegurando que el PRI estaba haciendo uso de los aparatos del estado para desprestigiar su campaña: «El contenido del vídeo es totalmente falso. Se trata de una estrategia orquestada e impulsada por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para dañar mi candidatura».
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Acusaciones sobre Triangulaciones Financieras y la Fundación Por más Humanismo
Recientemente, dos personas confesaron ante la Procuraduría General de la República haber sido contratadas por el empresario queretano Manuel Barreiro Castañeda para simular una serie de acciones financieras entre 2016 y 2017, que incluyeron triangulaciones en paraísos fiscales y el uso de empresas fantasma para allegar 53.7 millones de pesos a Ricardo Anaya Cortés.
Hace unas semanas, una investigación dio cuenta que la Fundación Por más Humanismo, una asociación civil creada por Anaya Cortés en Querétaro, fue utilizada para encubrir una compleja triangulación de recursos que, en un negocio inmobiliario, les dejó jugosas ganancias a empresarios cercanos al panismo queretano y a los directivos de esa fundación-fachada. Dado a que es altamente peligroso que exista un candidato a la Presidencia de la República bajo sospecha de formar parte de una red de tráfico de influencias y lavado de dinero, la coalición Todos por México exhorta a Ricardo Anaya Cortés a aclarar los graves señalamientos que pesan en su contra.
Demandas de Aclaración Pública a Ricardo Anaya
En específico, se pide a Anaya Cortés que, ante la opinión pública:
- Presente pruebas que certifiquen que ya no era apoderado legal de la cuenta de Santander de la Fundación Por más Humanismo cuando ésta recibió los recursos millonarios producto de la venta del edificio. Si no era él mismo, que especifique quién era el apoderado legal de la fundación al momento de la firma de la venta del inmueble.
- Responda si en sus declaraciones patrimoniales reportó la existencia de la Fundación Por más Humanismo y, que en caso de que no lo haya hecho, explique la razón de la omisión.
- Presente el informe mediante el cual el Partido Acción Nacional reportó, ante el Instituto Estatal Electoral de Querétaro, la existencia de la fundación y la adquisición del préstamo.
- Muestre la declaración fiscal de la Fundación que obtuvo de los 7.8 millones de pesos producto de la venta del inmueble.
Por cuanto hace a la nave industrial, se le invita a que:
- Exhiba el crédito que dice que obtuvo mediante la hipoteca de su casa-habitación, así como el crédito otorgado por el propio parque industrial con los que supuestamente financió la compra. Que explique los montos y condiciones de cada uno.
- Muestre los estados de cuenta de sus ahorros con los que supuestamente financió parte de la adquisición del terreno, pues en sus declaraciones 3 de 3, él reportaba tener ingresos menores a 100 mil pesos.
- Explique cómo hizo para que le rindiera tanto su salario como servidor público. Resulta inverosímil la versión de que, con sus ingresos como servidor público, pagaba viajes semanales a Atlanta, cubría la renta de su casa y las colegiaturas en esa ciudad estadounidense, y además le alcanzaba para tener un ahorro y construir una nave en un parque industrial. Las cuentas no cuadran.
- Detalle por qué no siguió los protocolos para que personas políticamente expuestas no reciban recursos de lavado de dinero.
Finalmente, se pide a Ricardo Anaya que explique cuál fue su participación en los procesos mediante los cuales el gobierno de Querétaro enajenó y cambió usos de suelos de dos predios en los que posteriormente se hicieron negocios que beneficiaron a empresarios cercanos a él y familiares suyos, dado que cuando tuvieron lugar dichas operaciones Anaya era secretario particular del Gobernador de la referida entidad. Lo que la opinión pública observa son operaciones concertadas, utilizando el poder político para alcanzar poder económico, partiendo de un tráfico de influencias y enajenando bienes del dominio público del estado de Querétaro a particulares que son amigos de Anaya a precios inferiores a los valores del mercado.
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Por el bien del proceso electoral y del país, se hace un llamado a la Procuraduría General de la República a que deslinde, sin filias ni fobias, de manera inmediata y completa, las debidas responsabilidades en este grave caso. Esto último evidenciado por la DEA.
Investigaciones de la FGR y el Caso Odebrecht-Reforma Energética
En medio de la supuesta “persecución política” contra Ricardo Anaya, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer la versión pública de las acusaciones contra el militante del Partido Acción Nacional (PAN), mismas que abordan el caso Odebrecht y los supuestos sobornos que el político habría recibido. Todo esto, a raíz de una confrontación pública entre el ex candidato presidencial y el Ejecutivo mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quienes en los últimos días han dado fuertes declaraciones sobre el tema, acusándose principalmente, por un lado, de orquestar una “persecución política”; y por el otro, de intentar escapar de la justicia.
Según las investigaciones de la FGR, Ricardo Anaya Cortés fue cabeza de una red de corrupción que en el 2013 se instaló dentro de la Cámara de Diputados, la que operó con dinero aportado por Emilio Lozoya Austin, para que se autorizara la Reforma Energética y con ello se legalizara el saqueo de los recursos naturales del país. En su declaración del 11 de agosto de 2020, rendida ante la FGR, Emilio Lozoya señaló que por instrucción de Enrique Peña Nieto y de Luis Videgaray se destinaron “importantes sumas de dinero a los grupos parlamentarios” para que aprobaran la Reforma Energética.
Emilio Lozoya cuantificó esas “importantes sumas” en por lo menos 80 millones de pesos, que recibieron directamente los senadores Ernesto Cordero Arroyo, Francisco Domínguez Servién, Jorge Luis Lavalle Maury, Salvador Vega Casillas y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, así como el diputado Ricardo Anaya Cortés, los que a su vez distribuyeron los sobornos entre los miembros de la bancada panista. Los sobornos para aprobar la Reforma Energética también alcanzaron a los legisladores del PRI, del PVEM y del Panal, y se estima -de acuerdo con una fuente de la bancada del PRD, que votó en contra de la Reforma- que los sobornos fueron por el orden de los 5 millones de pesos para cada legislador, los cuales se distribuyeron a través de sus coordinadores de bancada.
Mecanismos de Soborno en el Poder Legislativo
En el Senado, los sobornos a los legisladores los entregó, a la bancada del PRI, Emilio Gamboa Patrón; a la del PAN, Ernesto Cordero Arroyo; y a la del PVEM, Jorge Emilio González Martínez. En la Cámara de Diputados, a los priistas los sobornó el líder de fracción, Manlio Fabio Beltrones; a los del PAN, los sobornó Luis Alberto Villarreal García; a los del PVEM, Arturo Escobar y Vega; y a los del Partido Nueva Alianza (PANAL), Lucila Garfias Gutiérrez, según se refiere en las carpetas de investigación marcadas con los números FED/SEIDF/UNAICDMX/0000289/2019 y FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017.
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Como resultado de los sobornos a los legisladores de las dos cámaras, la de diputados y la de senadores, aprobaron la Reforma Energética: fueron 209 diputados del PRI, 107 del PAN, 28 del PVEM y diez del Panal, los diputados que sin restricción alguna y a pie juntillas siguieron la instrucción dictada por Enrique Peña y Luis Videgaray a través del titular de Pemex, Emilio Lozoya, para abobar la Reforma Energética. En la Cámara de Senadores, cuya mesa directiva en ese momento la encabezaban Raúl Cervantes Andrade (PRI), Ana Lilia Herrera (PRI), José Rosas Aispuro (PAN) y Luis Sánchez Jiménez (PRD), fueron 96 senadores, del PRI y del PAN, los que -también bajo el mandato del dinero- votaron a favor de la Reforma, mientras que otros 28, del PRD y PT, que se negaron o no les llegaron los sobornos, votaron en contra.
Pero no fueron solo los sobornos otorgados directamente a los legisladores del PRI, PAN, PVEM y Panal lo que permitió que la Reforma Energética, al igual que todas las iniciativas de ley que envió el presidente Peña Nieto, pasara sin cuestionamientos por el Poder Legislativo. La estrategia de control a través del dinero, ideada por Luis Videgaray y ejecutada por los coordinadores de esas bancadas, también se manifestó en apoyos discrecionales a todos los legisladores, principalmente diputados, quienes, por orden presidencial, tuvieron a su alcance fondos que se utilizaron sin ninguna regulación.
Un ejemplo de ello, de los 18 rubros -por lo menos- en que los diputados del PRI que votaron a favor de la Reforma Energética, pudieron echar mano de dinero oficial sin necesidad de justificación, fue el relacionado con el “Acuerdo por el que se Autoriza el Otorgamiento de Apoyo Único para Pago a Colaboradores y Gestión Social en Oficinas de Enlace Legislativo y Atención Ciudadana”, el cual no era otra cosa que una caja chica de la que los diputados se valieron para sus gastos personales, bajo los etiquetados de “Remuneraciones Adicionales al Personal de las Casas de Enlace, No Adscritos a la Cámara de Diputados”, “Gastos de Atención Ciudadana” y “Donaciones a Instituciones o Asociaciones”.
Tan solo en este renglón, por instrucción presidencial de Enrique Peña -a fin de mantener alineados a los diputados-, cada uno de los integrantes de las dos legislaturas que acompañaron a Peña Nieto en su gestión federal contó con un apoyo de 150 mil pesos mensuales, los cuales, incumpliendo con las normas de transparencia, no requirieron justificación documental para demostrar su debida aplicación. Bastaba con que el legislador firmara de recibido y determinara a su criterio los montos aplicados a cada uno de los conceptos estipulados en dicho acuerdo. Ejemplo de ello son los informes que presentó un grupo de nueve legisladores cercanos a David López Gutiérrez, en donde no hay mayor explicación de los gastos realizados que las asignaciones hechas a cada uno de los conceptos autorizados.
En la suma de todos los renglones de gastos discrecionales, cada uno de los legisladores de la Cámara Baja contó con un apoyo de un millón 200 mil pesos.
Despilfarro en el Senado y Fondos de Comunicación Social
Por lo que hace a la Cámara de Senadores, el despilfarro para contar con legisladores a modo, que avalaran las reformas de Estado del presidente Peña Nieto también fue mayúsculo. En el Senado, la estrategia empleada para facilitar dinero a cambio del voto tuvo una variante respecto a la aplicada en la Cámara de Diputados: aparte de los sobornos que entregaron los senadores directamente a los coordinadores de las bancadas del PRI y el PAN, enviados por el presidente Peña a través de su mensajero Emilio Lozoya a los legisladores afines, se les permitió sustraer dinero de la partida destinada al área de Comunicación Social.
De este modo, los gastos cargados a los programas de difusión de los trabajos legislativos fueron la fachada para el complemento de pagos de sobornos dentro del Senado. Solo así se entiende lo que revela el “Informe de Resultados de la Auditoría AU-15/2018”, preparado por la Contraloría Interna de la Cámara de Senadores y dado a conocer el 15 de noviembre de 2018: Allí se establece que, únicamente en lo que corresponde al ejercicio de enero a junio de ese año, tras revisar 505 contratos, órdenes de servicios y órdenes de inserción firmados con diversos medios de comunicación, que tuvieron un costo de 37 millones 385 mil 516 pesos, apenas se encontró evidencia documental de la aplicación correcta de 23 millones 200 mil pesos. Los otros 14 millones 100 mil pesos, destinados a esa partida, simplemente se desvanecieron.
En esa misma auditoría de los fondos destinados a Comunicación Social del Senado, la penúltima practicada a la Legislatura que acompañó la administración de Peña Nieto, la Auditoría Interna del Senado recomendó mayores mecanismos de control para garantizar la correcta aplicación de los recursos destinados a la publicidad y los servicios informativos del Senado, con lo que hizo patente la falta de transparencia en ese renglón, presuponiendo la forma en que la mesa directiva de la Cámara saqueó los dineros de la publicidad. Durante los seis años de gobierno de Enrique Peña Nieto, el Senado manejó un fondo para publicidad de 188 millones 594 mil 979 pesos, que fue más de dos veces superior al asignado en el gobierno de Felipe Calderón, cuando se aplicaron 87 millones 569 mil 918 pesos a los gastos de publicidad de ese sector legislativo. Conforme a las auditorías internas practicadas al Senado en el gobierno de Peña, se estima que por lo menos 30 por ciento de los recursos de gastos de publicidad ni siquiera fueron a dar a las cuentas de los medios de comunicación aliados, que aplaudían el ‘Momento Mexicano’, sino que esos fondos, más de 56 millones de pesos, se distribuyeron entre algunos senadores promotores de las reformas que impulsó el presidente de la República, con el respaldo de Ricardo Anaya.
Puntos Clave de las Acusaciones Públicas de la FGR
La FGR ha detallado las acusaciones contra Ricardo Anaya, incluyendo:
- El panista votó a favor de la Reforma Energética, gracias al soborno, para “entregar el patrimonio petrolero del país a intereses y a empresas extranjeras, con todas las consecuencias económicas y sociales que México ha sufrido”.
- Formó parte del esquema acusado por altos funcionarios brasileños de Odebrecht que pagaron 10 millones de dólares a Emilio Lozoya para “garantizar el control de la producción petrolera”.
- Asistió en diversas ocasiones a la oficina de Lozoya junto con otros legisladores, según diligencias ministeriales de Miguel “N” y Foylán “N”.
Frente a estas acusaciones, Anaya criticó desde sus redes sociales: «A AMLO SÍ le pueden donar un rancho, y él puede donarlo a sus hijos. En mi caso ¡prueba aportaciones de Lozoya!». Por otro lado, recalcó que una de las propiedades es de su madre desde 1993 y la otra de su suegra desde 1996. Y es que, de acuerdo con el diario Milenio, la esposa de Ricardo Anaya habría obtenido una de las propiedades, Club Campestre 404, en 2015 como donación de su madre. Supuestamente tras haber recibido los “sobornos” de Emilio Lozoya.
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