El panorama de los pagos en España ha experimentado una transformación significativa en los últimos años. Según una encuesta nacional del Banco de España publicada en 2021, el 93 % de las empresas aceptaba pagos con tarjeta y solo el 16 % había establecido un importe mínimo para su uso. Tres años después, el 88 % de la población española tiene tarjeta de crédito o de débito, y entre los menores de 24 años, la opción preferida suele ser las carteras electrónicas como Google Pay o Apple Pay. Este cambio en las tendencias de pago presencial ha llevado a muchas empresas a eliminar los umbrales de pagos con tarjeta para evitar perder ventas, especialmente considerando que el porcentaje de personas que afirman que no suelen llevar efectivo en su cartera se duplicó entre 2023 y 2024.
Importes mínimos para pagos con tarjeta
A pesar de la posible pérdida de ingresos, algunos establecimientos del mercado español siguen exigiendo un importe mínimo para usar tarjeta. Las tiendas eligen esta opción por diversos motivos, como incentivar las compras, evitar el uso de terminales de tarjetas en negocios tradicionales o minimizar las comisiones. Según el último informe del Banco de España, la cifra media de este gasto mínimo es de 11 €.
Aunque algunas empresas pueden ver razones válidas para establecer un importe mínimo, es importante reconocer los inconvenientes de rechazar el uso de tarjetas: se genera una peor experiencia del cliente, se proyecta una imagen negativa y se produce una disminución de las compras impulsivas. Es fundamental señalar que, si bien no existe una normativa específica que permita establecer límites de gasto, tampoco hay una prohibición al respecto. En última instancia, los establecimientos pueden hacerlo libremente, siempre que cumplan con las siguientes obligaciones:
- No aplicar recargos: Por muy bajo que sea el importe, si el cliente pide pagar con tarjeta, la empresa no puede aplicar un recargo, tal y como se especifica en el artículo 35.3 del Real Decreto-ley 19/2018.
- Avisar claramente: La empresa debe informar a sus clientes del umbral para pagos con tarjeta de forma explícita en la tienda, por ejemplo, con una pegatina en la puerta de entrada o con un cartel claramente visible en el mostrador.
Identificación del cliente y DNI
El Banco de España ha aclarado recientemente una duda frecuente entre los consumidores: la obligación de presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) al realizar pagos con tarjeta. Aunque algunos comercios pueden solicitarlo como medida de seguridad para reforzar la prevención de fraudes y asegurarse de que el usuario de la tarjeta sea su titular legítimo, no existe una normativa que obligue a los compradores a mostrar su DNI en estas situaciones.
Esta práctica no responde a un mandato legal, sino a una política interna de ciertos comercios. En caso de que un establecimiento se niegue a completar una transacción porque el cliente no presenta su DNI, se trata de una decisión propia del comercio. Los consumidores tienen el derecho de negarse a mostrarlo si así lo desean, ya que las entidades bancarias han implementado diversas medidas para reforzar la seguridad, como la autenticación en dos pasos, el uso de códigos PIN o la biometría.
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Marco regulatorio y seguridad en los pagos
Los servicios de pago están regulados mediante el Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, que transpone la directiva PSD2. Esta normativa establece sistemas de pago online más rápidos y seguros. Con el objetivo de aumentar la confianza, la directiva introduce el requisito de implementar la autenticación reforzada de la clientela (SCA), basada en al menos dos factores de autenticación (algo que se sabe, algo que se tiene y algo que se es).
La Directiva PSD2 también prohíbe que los vendedores realicen cargos adicionales a través de pagos online con tarjetas de crédito o débito, lo que supone un ahorro significativo para los consumidores. Todas las tiendas que realicen ventas online tienen la obligación de adaptar su sistema de cobro a estos estándares de seguridad, garantizando así un entorno fiable para el desarrollo ágil de las transacciones de pago en el mercado interior europeo.
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