Para tener un sistema funcional de justicia, especialmente en lo referente a la aplicación de leyes federales, los tribunales deben poder confiar en que el gobierno federal plantea argumentos y representaciones en buena fe. Sin embargo, la comunidad jurídica ha manifestado su preocupación ante una tendencia alarmante. A corto plazo, el sistema actual de pesos y contrapesos externos, incluyendo los tribunales federales, los colegios de abogados estatales y el Congreso, debe revitalizar sus funciones para subsanar esta deficiencia.
El Poder y la Responsabilidad del Departamento de Justicia
La capacidad de investigar y procesar las violaciones de las leyes federales en todo el país les concede a los abogados del DOJ un poder sorprendente. Como lo explicó el exfiscal general, Robert Jackson, en su famoso discurso de 1940:
El fiscal tiene más control sobre la vida, la libertad y la reputación que cualquier otra persona en los Estados Unidos … Él puede someter a la ciudadanía a investigaciones y, si es ese tipo de persona, puede hacerlo al son de declaraciones públicas y por medio de intimidaciones sutiles o evidentes … El fiscal puede ordenar arrestos, presentar casos ante un gran jurado en una sesión secreta y, con base a su presentación unilateral de los hechos, puede provocar que una persona ciudadana sea imputada y sometida a un juicio. Él puede desestimar un caso antes de que llegue a juicio, situación en la cual la defensa nunca tendrá la oportunidad de ser escuchada.
Aún las investigaciones o acusaciones que son, a la larga, retiradas pueden ocasionar daños reputacionales serios y resultar en limitaciones financieras considerables. Dado el alcance de este poder, los abogados del DOJ deben cumplir con los estándares más altos de conducta y ética profesional, y adherirse a los principios fundamentales de independencia, discreción basada en principios, imparcialidad y equidad. O como lo planteó el fiscal general Jackson: el papel del fiscal es el de “la búsqueda de la verdad y no la búsqueda de víctimas” y “estar al servicio de la ley y no de propósitos partidistas”.
Fuera del campo procesal, el DOJ tiene una influencia significativa sobre la conducta del gobierno federal. La División Civil representa a los Estados Unidos, a sus departamentos y agencias, frente a los tribunales federales cuando sus labores incluyen defender demandas contra programas o regulaciones federales. La Oficina del Asesor Legal asesora jurídicamente al presidente y a todas las agencias de la rama ejecutiva. Los abogados del DOJ a menudo trabajan con otros abogados de la agencia para anticipar y atender posibles demandas legales y, si es necesario, defender a esas agencias frente a un tribunal. Como el principal punto de contacto entre la rama ejecutiva y la judicial, el DOJ ayuda a garantizar que el gobierno federal se pronuncie unificadamente y adopte posturas jurídicas consistentes.
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Erosión de los Sistemas de Control Interno del DOJ
Desde el 20 de enero, la segunda presidencia Trump ha desmantelado sistemáticamente los controles internos del DOJ que ayudan a garantizar el cumplimiento con estos estándares. Estos sistemas sirven para vigilar contra los abusos de sus inmensos poderes y facultades en la aplicación de la ley -sistemas de control que ahora la actual administración ignora. Los abogados en el Departamento de Justicia de EE. UU. deben cumplir con los códigos profesionales y éticos estipulados en las regulaciones y políticas del departamento, con el reglamento del colegio de abogados estatal y las leyes federales.
En los años posteriores a Watergate, el Congreso y el DOJ desarrollaron y fortalecieron los organismos internos de control para prevenir los abusos de los inmensos poderes del departamento. Estos incluyen dos oficinas separadas de supervisión dentro del DOJ -la Oficina de Responsabilidad Profesional y la Oficina del Inspector General- para investigar acusaciones de mala conducta y abusos de la autoridad procesal. También surgieron estructuras informales de vigilancia. Una plantilla no partidista de profesionales de carrera del DOJ, la cual se desarrolló durante décadas, también ha jugado un papel importante a la hora de controlar el uso indebido partidista de las facultades del departamento. Y mientras que los abogados del DOJ están sujetos a las reglas de ética profesional en los estados en donde tienen licencia, y también en aquellos dónde ejercen, los tribunales y los colegios de abogados estatales a menudo han confiado en que el DOJ supervise a sus propios abogados. Ahora ya no pueden confiar en que el gobierno se regule a sí mismo.
Vigilancia Interna Formal
En 1975, en respuesta a los abusos éticos de altos funcionarios del DOJ durante el escándalo de Watergate, el fiscal general Edward Levi estableció la Oficina de Responsabilidad Profesional, la cual es un organismo del DOJ exclusivamente responsable de investigar acusaciones de mala conducta profesional por parte de los abogados del DOJ. La oficina, por ejemplo, investiga denuncias de que los abogados del DOJ hayan hecho declaraciones falsas ante su contraparte o el tribunal. También investiga a quienes incumplen las órdenes de un juez o el reglamento y regulación del departamento y abusan de la autoridad del DOJ o de la discreción procesal. La oficina refiere sus hallazgos de mala conducta a la Unidad de Revisión de Mala Conducta Profesional del departamento, la cual evalúa los hallazgos remitidos y determina el nivel apropiado de sanción para imponer. Esta unidad también puede autorizar a la Oficina de Responsabilidad Profesional a referir la cuestión a las autoridades del colegio de abogados pertinente para sanciones.
El Congreso estableció la Oficina del Inspector General del DOJ en 1989 como una agencia independiente y no partidista dentro de departamento para prevenir y detectar el desfalco, fraude y abuso. La oficina está autorizada para investigar acusaciones de actos indebidos penales, civiles o administrativos por parte de empleados de DOJ. Además, realiza auditorías y se encarga de investigaciones sensibles sobre las operaciones del DOJ o de sus empleados. El inspector general, por ejemplo, ha examinado acusaciones de investigaciones políticamente motivadas, acciones indebidas relacionadas con campañas electorales, la emisión indebida de citaciones basadas en la afiliación política e investigaciones mal administradas. Pero el Congreso expresamente dejó fuera las investigaciones sobre mala conducta de los abogados del DOJ, casos que son exclusivamente administrados por la Oficina de Responsabilidad Profesional del DOJ.
En algunas circunstancias limitadas, ambos despachos han investigado conjuntamente, como cuando examinaron acusaciones sobre la contratación politizada de abogados recién graduados en el competitivo programa de honores del DOJ desde 2002 hasta 2006. En 2008, por ejemplo, ambos despachos investigaron conjuntamente un escándalo de alto perfil sobre el despido ilegal de nueve fiscales federales por parte de la administración Bush. Estas investigaciones de alto perfil también sirvieron como un método de disuasión, ya que abogados de carrera del DOJ podrían señalar la posibilidad de investigaciones internas para prevenir a los nombrados a cargos políticos de los riesgos de la toma de decisiones con base en la política.
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Otra secuela de la era Watergate fue la Ley de Reforma del Servicio Civil de 1978, la cual permitió al DOJ crear una fuerza laboral dedicada a la aplicación de sus enormes poderes de manera no partidista. La ley creó la Junta de Protección de Sistemas de Mérito, una nueva agencia para adjudicar y remediar prácticas de personal prohibidas contra empleados federales. La ley también creó la Oficina del Fiscal Especial para investigar estas prácticas y recibir de forma segura los reclamos de quienes denuncian internamente.
El escándalo de Watergate también instó al Congreso a fortalecer el cumplimiento de estándares éticos con la aprobación de la Ley sobre Ética del Gobierno, la cual, entre otras cosas, creó la Oficina de Ética del Gubernamental para vigilar el programa federal de ética, incluido en el DOJ. La Oficina Departamental de Ética del DOJ trabaja con funcionarios especializados en conducta ética designados de cada una de las divisiones del DOJ para garantizar el cumplimiento con las leyes y regulaciones federales relacionadas con los conflictos de interés financieros, personales y políticos. Además, un fiscal general adjunto asociado -quien es el abogado de carrera de más alto rango en el departamento- es responsable de formular determinaciones éticas que involucran a altos funcionarios del DOJ.
| Mecanismo de Control Interno del DOJ | Propósito/Función Principal |
|---|---|
| Oficina de Responsabilidad Profesional (OPR) | Organismo del DOJ exclusivamente responsable de investigar acusaciones de mala conducta profesional por parte de los abogados del DOJ, incluyendo declaraciones falsas y el incumplimiento de órdenes judiciales. |
| Oficina del Inspector General (OIG) | Agencia independiente y no partidista dentro del departamento para prevenir y detectar el desfalco, fraude y abuso, e investigar actos indebidos penales, civiles o administrativos por parte de empleados. |
| Ley de Reforma del Servicio Civil de 1978 | Permitió al DOJ crear una fuerza laboral dedicada a la aplicación de sus poderes de manera no partidista, y creó la Junta de Protección de Sistemas de Mérito y la Oficina del Fiscal Especial para proteger a empleados federales y denunciantes. |
| Ley sobre Ética del Gobierno | Creó la Oficina de Ética del Gubernamental para vigilar el programa federal de ética, incluido en el DOJ, y garantizar el cumplimiento con leyes y regulaciones federales relacionadas con conflictos de interés. |
Acusaciones Judiciales y Desconfianza
Los abogados del DOJ históricamente se han beneficiado de las presunciones de regularidad y de buena fe en los tribunales federales. Bajo la presunción de regularidad, los tribunales asumen que los funcionarios del gobierno federal, incluyendo los abogados del DOJ, “han ejecutado debidamente sus deberes oficiales” a menos de que exista “evidentes pruebas de lo contrario”. En otras palabras, los tribunales han dado generalmente por sentado que las representaciones de los hechos que hacen los abogados del DOJ fueron examinadas y son precisas, y que sus posturas jurídicas están bien fundamentadas en la ley y los hechos. Algunos tribunales también han reconocido que existe una presunción relacionada de buena fe, en la cual se asume que un abogado del gobierno actúa con buenas intenciones. Mientras que estas presunciones pueden ser refutadas, hasta hace muy poco los tribunales rara vez han encontrado razones para hacerlo.
Este informe explica cuáles eran esos sistemas de control internos, cómo la administración los ha roto y cómo los tribunales están lidiando con las consecuencias mientras enfrentan a un DOJ que plantea posiciones jurídicas y fundamentos de hecho cuestionables, evade órdenes judiciales y se sobrepasa en sus facultades procesales. Durante los últimos meses, jueces federales, nombrados tanto por presidentes republicanos y demócratas, han acusado a los abogados del DOJ de la actual administración de incumplir con sus obligaciones profesionales y éticas básicas de actuar con honestidad, legalidad y buena fe.
Una jueza acusó a los abogados del DOJ de manipular a su tribunal. Otro juez inició un proceso por desacato para determinar si los funcionarios de la administración habían violados sus ordenes judiciales. En docenas de casos, como recientemente catalogó el medio informativo Just Security, los tribunales han demostrado estar preocupados por la falta de cumplimiento de las órdenes judiciales o desconfianza en las informaciones y representaciones del gobierno. Esta tendencia, con razón, ha alarmado a la comunidad jurídica y resalta la necesidad de reparar ahora el defectuoso sistema de control del DOJ y, mientras tanto, llenar los vacíos.
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El Desacato al Tribunal: Implicaciones de Ignorar Órdenes Judiciales
El desacato al tribunal sólo puede entrar en juego después de que un tribunal haya emitido sentencias, órdenes o decretos para regular el comportamiento de las partes. Una vez que un tribunal haya emitido dichas órdenes, es importante que las cumpla lo mejor que pueda y, al mismo tiempo, tome nota de cualquier posible violación por parte de su ex cónyuge, ex cónyuge o ex cónyuge. Se sabe que los tribunales se ofenden cuando una de las partes hace caso omiso de sus órdenes.
Si lo acusan de desacato al tribunal, debe actuar con rapidez. No hable de esta acusación con nadie más hasta que consulte con un abogado porque es posible que las acusaciones de desacato no sean en realidad desacato. Si el reclamo es legítimo de desacato, se pueden tomar medidas para mitigar la responsabilidad, dependiendo del comportamiento de desprecio reclamado. Si un tribunal lo declara culpable de desacato, tendrá la oportunidad de explicarse.
Los delitos graves son los cargos penales más graves y los cargos de desacato son los más graves, delitos generalmente menos graves. Dependiendo de las leyes estatales, un tribunal normalmente considerará el desacato como un delito menor o un delito menor, como una infracción o violación. Un tribunal puede declarar culpable a una persona de desacato penal al tribunal si la persona interfiere con los procedimientos administrativos del tribunal o es irrespetuoso con el tribunal. Las consecuencias por desacato al tribunal dependerán de la ley estatal e incluso pueden variar entre los condados de un estado. Si una persona es encontrada en desacato, podría recibir consecuencias. Para esto, “remedio” es una palabra mejor que “pena”. Rara vez se invoca el encarcelamiento, pero sí se solicita con frecuencia. Por lo general, se dan consecuencias para alentar a la parte despectiva a corregir o resolver su comportamiento despectivo.
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Caso Naasón Joaquín García: Abuso, Acusaciones y la Búsqueda de Justicia
En un giro inesperado y a tres días del inicio del juicio en su contra en Los Ángeles, Naasón Joaquín García, el líder de la iglesia La Luz del Mundo, se declaró este viernes culpable de tres cargos de abuso sexual de tres mujeres menores de edad. Admitió, en concreto, ser culpable de cometer actos lascivos con una niña de 15 años y de forzar a tener sexo con él a esta y a otra mujer menor de 18 años. Hace casi tres años que "el apóstol de Jesucristo", como lo conocen sus seguidores, fue detenido en el aeropuerto de la ciudad californiana y desde entonces había mantenido su inocencia. Enfrentaba 19 cargos judiciales por abuso sexual de menores, violación, posesión de pornografía infantil y tráfico de personas. El juicio en su contra debió comenzar en 2020, pero la pandemia del coronavirus y varias estrategias de su defensa retrasaron su inicio.
"Como líder de la Luz del Mundo, Naasón Joaquín García abusó de su poder para aprovecharse de niñas. Confiaba en quienes lo rodeaban para que le prepararan a fieles para abusar de ellas", dijo en un comunicado este viernes el fiscal general de California, Rob Bonta. "La explotación sexual nunca será aceptable en el Estado", añadió. "¿Cómo pueden hacer un acuerdo con un violador de niños y traficante de personas?", cuestionó Sochil Martin, la denunciante que sacó a la luz por primera vez el escándalo. "Denos paz, no un acuerdo", reclamó. En aquel momento pendían sobre el llamado "apóstol de Jesucristo" 25 acusaciones. La causa criminal se basa en el testimonio de cinco mujeres anónimas, videos y conversaciones mantenidas en apps telefónicas. La acusación sostuvo, por ejemplo, que tres menores, identificadas como Jane Doe 1,2 y 3, fueron invitadas a ser parte de un grupo "especial" que atendía al líder de la iglesia cada vez que visitaba Los Ángeles.
Joaquín García es el presidente internacional de La Luz del Mundo desde 2014. Cuando asumió la presidencia de la iglesia creó una estructura de comunicación en las redes sociales que le permitió aumentar el número de feligreses. Y paralelamente, según la Fiscalía General de California, entre 2015 y 2018 Joaquín García y algunos de sus colaboradores habrían aprovechado la estructura para cometer abusos sexuales y otros delitos. Por esos señalamientos fue arrestado el 3 de junio de 2019, junto con una de sus asistentes, Susana Medina Oaxaca, tras su llegada al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) en un jet privado. La cercanía con el poder no solo la ha tenido en México. El 19 de mayo de 2019, puso la primera piedra de la Ciudad La Luz del Mundo, un inmenso desarrollo inmobiliario en El Salvador, en un acto que compartió con el entonces presidente electo, Nayib Bukele.
Hasta este viernes Joaquín García se había declarado no culpable y había rechazado todos los cargos. Lo hizo en la audiencia del 15 de septiembre de 2019 ante el juez Ronald S. Coen, repitiendo las palabras que su abogado Alan Jackson le dictaba. "¡Cuántas humillaciones, cuántas burlas, cuántas ofensas, cuántas mofas hemos tenido que soportar! El escarnio público, el que se mofen de mi persona o la iglesia, el linchamiento mediático", exclamó en un mensaje difundido en diciembre de 2020. "Voy a enfrentar dignamente este caso. Lo único que podrán hacer es exhibirme. Nada podrán probar de lo que se me acusa, porque nunca lo hice. La estrategia es exhibirme (...). No tengo miedo del final, voy a aceptar si ellos dicen que me quedaré en este lugar, pero como hijo le diré (a Dios) 'ten compasión de mí'". Su defensa sostuvo desde el principio que la Fiscalía estatal manipuló las pruebas para implicar al acusado en actos en los que no tuvo nada que ver.
Susana Medina Oaxaca, quien fue arrestada junto a Joaquín García en el aeropuerto de Los Ángeles en 2019, Alondra Ocampo y Azalea Rangel Meléndez son las coacusadas en el caso. Medina Oaxaca se declaró culpable el viernes y fue condenada a un año de libertad condicional no vigilada por un cargo de agresión por medios que probablemente causarían lesiones corporales graves. Ocampo, una estadounidense de 39 años, se declaró culpable de cuatro cargos en octubre de 2020. Y Azalea Rangel se encuentra en busca y captura.