Las Entidades Superiores de Fiscalización, (en inglés Supreme Audits Institutions) son organizaciones complejas y únicas. En los últimos treinta años, estas organizaciones han ganado relevancia y se han convertido en órganos críticos para la promoción de la rendición de cuentas, la transparencia y la evaluación de la gestión pública en un país (Ocampo, 2016; Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico [OCDE], 2016; Hay y Cordery, 2021).
No obstante, se discute poco sobre las características, funciones, paradojas y retos de estas organizaciones, puesto que se suele limitar su razón de ser, al de auditar. Usualmente, cuando se estudian a las entidades superiores de fiscalización de las entidades federativas, el principal enfoque es revisar los procedimientos y resultados de las auditorías. No obstante, se analiza poco sobre aspectos de la organización: su estructura, mecanismos de toma de decisiones, autonomía, recursos, lógicas de información, por mencionar algunas.
Para comenzar, Pollit y Summa (1997) definen a las entidades superiores de fiscalización como órganos nacionales que tienen el poder para demandar la rendición de cuentas en materia de la gestión de los fondos públicos y desempeño a otras organizaciones públicas. En esta primera definición, las auditorías tienen competencias distintas a las de otras agencias nacionales, además de que delimitan su labor a la revisión del gasto del presupuesto público y a la evaluación del desempeño de los servidores públicos.
Las auditorías solían limitarse a las financieras, pero en la actualidad, las entidades de fiscalización realizan diversos tipos de auditorías que contribuyen a una gestión pública más efectiva, por medio de auditorías de desempeño, por poner un ejemplo (Bourn, 2007; Pollitt et al., 1999; Power, 1997). El trabajo de las entidades de fiscalización tiene consecuencias de largo alcance en distintos ámbitos de gobierno.
Blume y Voigt (2011) defienden que este impacta en la política fiscal debido a que el gasto público repercute en los ingresos gubernamentales y en los niveles de déficit; también repercute en la eficacia del gobierno, debido a que el control del comportamiento del gasto de las oficinas gubernamentales contribuye a la disminución de niveles de corrupción, al mismo tiempo que aumenta la eficacia del gobierno a un nivel más general; y mejora la productividad general de los recursos utilizados en la economía.
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Por consiguiente, las auditorías como productos de las entidades de fiscalización promueven la transparencia, la rendición de cuentas, la eficiencia y mejora el control anticorrupción (Gustavson, y Sundström, 2018). Por esta razón, la Organización Internacional de Instituciones Superiores de Fiscalización (INTOSAI, por sus siglas en inglés) (2013) afirma que estas entidades generan valor público al garantizar la rendición de cuentas del sector público y mejorar las acciones gubernamentales.
Las ESF generan valores como la rendición de cuentas, de forma que impactan positivamente en la reducción de la corrupción, el ahorro en el gasto público y la consolidación de contrapesos. Para lograr la legitimidad, la independencia y la autonomía de estos organismos permiten que la población confíe en ellos (Gustavson y Rothstein, 2013). Finalmente, las auditorías requieren ser de alta calidad y estar en constante contacto con medios de comunicación, el debate público y la ciudadanía en general.
En esta misma línea, Bonollo (2019) arguye que las auditorías generan beneficios para la gestión pública de tres maneras: en el ahorro y eficiencia de recursos, en el mejoramiento de los entes auditados y en beneficios para la ciudadanía y políticos. En este punto, puede notarse que las entidades superiores de fiscalización persiguen distintos objetivos y sus auditorías tienen fines diversos que no necesariamente son coherentes entre sí (Morin y Hazgui, 2016; Gutiérrez, 2016; Bonollo, 2019). Las auditorías de desempeño tienen una función muy distinta a las financieras, por lo que las ventajas y beneficios también varían.
Por medio de una revisión sistemática de la literatura, fue posible identificar 10 dimensiones desde las cuales evaluar las capacidades y funciones de las entidades superiores de fiscalización. Para la recolección de la información, se incluyeron las leyes de fiscalización estatales, planes anuales de auditoría o de trabajo, según sea el caso, del 2022¹, manuales de operación, códigos de conducta, e informes anuales del mismo año, sitios web y documentos presentes en ellos. Esta recolección no solicitó entrevistas a funcionarios públicos, retomando la aproximación de Pollit y Summa (1997), “para evitar las racionalizaciones y justificaciones que los auditores pueden ofrecer” (p.
Con la información recolectada, es posible realizar un estudio organizacional, limitado a un aspecto puramente formal, es decir, observa aspectos visibles, legales y normativos de las organizaciones. Por consiguiente, cuestiones como los procesos de toma de decisiones que ocurren por medio de vías informales, las relaciones sociales, la cultura organizacional y las interacciones entre sus miembros, así como con otras organizaciones no está disponible en esta investigación.
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A partir de la evaluación de las 32 entidades superiores de fiscalización locales, fue posible clasificarlas por cada dimensión, construida en tres niveles que describen sus capacidades organizacionales formales: mínimas, relativas y altas. Estas categorías fueron construidas mediante un análisis de conglomerados (clusters en inglés). A partir del análisis de los clústeres pueden recuperarse algunos hallazgos generales, y otros relacionados específicos para cada una de las 10 dimensiones.
Cabe señalar que este es un primer panorama de las entidades. Este enfoque de ir de lo visible de la organización a elementos más ocultos favorece el planteamiento de interrogantes, así como de puntos de análisis. De manera general, las entidades fallan en la fiscalización debido a las bajas posibilidades de revisión y control, por lo que su papel dentro de los sistemas locales anticorrupción está en entredicho. Adicionalmente, sus avances y capacidades son relativamente bajas y con serias deficiencias.
La comunicación en general de las entidades de fiscalización con la ciudadanía es limitada y deficiente. Las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) son un grupo de principios que los auditores deben seguir al examinar los estados financieros de una organización. Sus lineamientos son utilizados en más de 130 países para exponer la información contable de un negocio a las partes interesadas.
Generar transparencia para la confianza empresarial es la finalidad de las normas internacionales de auditoría (NIA). Estas regulaciones dirigen la evaluación de estados financieros con el fin de crear la fiabilidad en la calidad de los informes.
Estructura de las NIAs
Como cualquier plan bien ejecutado, las normativas internacionales están sistematizadas para mostrar coherencia al momento de referir los índices de auditoría. Te mostramos cómo está conformada la estructura de las NIAS:
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- Introducción: cada lineamiento comienza con la explicación de su propósito, el alcance y el tema. Asimismo, se mencionan las responsabilidades del auditor y las circunstancias en las que se aplica la norma.
- Objetivo: predial cuál es la finalidad del profesional en la evaluación de un área específica de auditoría.
- Definiciones: explican los términos utilizados en la norma para conseguir una interpretación clara de los resultados.
- Requisitos: su cumplimiento no es opcional, por eso son expresados con la frase “el auditor deberá”.
- Solicitud y material explicativo: aquí se aportan aclaraciones acerca de los requisitos.
Clasificación de las normas de auditoría
La función dentro de la revisión contable divide las NIAS en tres categorías.
| Categoría | Descripción |
|---|---|
| Normas generales | Establecen la ética, la independencia y la competencia profesional |
| Normas de planificación | Se basan en procedimientos que el auditor debe seguir antes de comenzar la auditoría |
| Normas de ejecución | Regulan la forma como se obtienen las pruebas y la aplicación de controles |
| Normas de informe | Incluyen los lineamientos que rigen el informe final de la auditoría |
Ejemplos de Normas Internacionales de Auditoría (NIA)
Actualmente, se registran 36 normas distribuidas en las respectivas categorías. Estas son algunas de las más conocidas:
- Principios generales y responsabilidades
- NIA 200: establece los principios básicos de la auditoría de estados financieros.
- NIA 210: determina los términos del contrato de auditoría.
- NIA 220: facilita el control de calidad del trabajo del auditor.
- NIA 240: define la responsabilidad del auditor respecto al fraude y el error.
- Planificación
- NIA 300: determina la planificación de la auditoría.
- NIA 315: ayuda a identificar y evaluar riesgos de incorrección material.
- NIA 320: regula la importancia de materialidad en la auditoría
- Evidencia y procedimientos de auditoría
- NIA 500: establece los requisitos para los recaudos de evidencia.
- NIA 520: explica cómo debe ser el uso de procedimientos analíticos.
- NIA 530: define el control del muestreo de auditoría.
- NIA 540: específica cuáles deben ser las estimaciones contables.
- Informe y conclusiones
- NIA 700: señala las pautas para elaborar el informe del auditor sobre los estados financieros.
- NIA 705: dictamina las condiciones para emitir una opinión modificada en del informe.
- NIA 706: trata las responsabilidades y usos de párrafos de énfasis en contenidos escritos.
Además de estas normas, existen otras consideraciones aplicables en las normas de auditoría en México y otros países.
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