La situación política en México se ha tensado considerablemente tras una serie de acusaciones cruzadas que involucran a figuras de alto nivel tanto del partido oficialista Morena como del Partido Acción Nacional (PAN). Por un lado, la dirigencia nacional del PAN, encabezada por Jorge Romero, ha retomado una ofensiva política contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tras las acusaciones de Estados Unidos sobre presuntos nexos con el narcotráfico.
La ofensiva del PAN contra Rubén Rocha Moya
La licencia que apartó del cargo de forma temporal al gobernador de Sinaloa no ha frenado la presión en su contra. El PAN ha presentado ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político y una petición de desaparición de poderes en el Estado. Acompañado de legisladores que sostenían una lona con la leyenda “Soberanía, sí; narcogobierno, no. Presidenta, entregue a Rocha”, Jorge Romero aseguró que su partido agotará todos los recursos legales para impedir que el caso quede impune.
El coordinador de los diputados del PAN, Elías Lixa, ha señalado que la solicitud de juicio político busca impedir cualquier eventual regreso del gobernador al cargo: “Solicitamos la separación definitiva del cargo de Rubén Rocha Moya, que no pueda bajo ningún tipo de escrito reincorporarse al Gobierno”. Por su parte, el coordinador de los senadores panistas, Ricardo Anaya, ha endurecido el tono al afirmar que existieron pactos entre operadores políticos y grupos criminales que se habrían traducido en posiciones de protección dentro de corporaciones policiales.
Escalamiento internacional y respuesta del oficialismo
La oposición ha elevado el conflicto al plano internacional al anunciar una denuncia ante la Corte Penal Internacional de La Haya. El líder panista ha rechazado que las investigaciones abiertas en Estados Unidos constituyan una agresión contra la soberanía mexicana, argumentando que el problema es la constatación de que hubo asociación entre gobernantes y crimen organizado. Mientras tanto, el oficialismo ha defendido de manera implícita a Rocha Moya, denunciando una campaña de intervención extranjera y señalando que no existen pruebas judiciales concluyentes en México contra el gobernador.
Señalamientos de corrupción contra figuras vinculadas al PAN
En un giro mediático, la presidenta Claudia Sheinbaum ha expuesto casos de corrupción que involucran a figuras del espectro panista. Durante una conferencia matutina, la mandataria detalló la situación de Mario Alberto Ávila, empresario y ex candidato del PAN al gobierno de Campeche. Ávila es buscado por el gobierno de Estados Unidos por su presunta participación en actos de corrupción dentro de Petróleos Mexicanos (Pemex).
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Detalles del caso de corrupción en Pemex
El Departamento de Justicia de EE UU reveló que ciudadanos mexicanos fueron acusados de sobornar a funcionarios para obtener contratos lucrativos. A continuación, se presenta un resumen de los implicados y las acusaciones:
- Mario Alberto Ávila: Ex candidato del PAN, actualmente prófugo de la justicia estadounidense.
- Ramón Alexandro Rovirosa: Procesado por las autoridades de EE UU.
- Modus operandi: Pago de al menos 150 mil dólares en sobornos, incluyendo artículos de lujo (productos Louis Vuitton y Hublot).
- Objetivo: Obtener contratos con Pemex y su subsidiaria PEP por al menos 2.5 millones de dólares.
- Cargos: Conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).
El fiscal Alejandro Gertz señaló que el empresario solicitó una consideración para suspender el proceso a cambio de pagar la reparación del daño. En caso de ser declarados culpables, los acusados enfrentarían una pena de hasta cinco años de prisión por cada cargo. Mientras tanto, en el Congreso mexicano, dominado por Morena y sus aliados, tanto el juicio político contra el gobernador de Sinaloa como las investigaciones en torno a estos casos mantienen un camino incierto y altamente politizado.
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